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La presión por la autonomías de la región, no corresponde
al tradicional sentimiento separatista, que siempre existió

Crisis revela los límites de la
democracia boliviana

por el profesor Luiz Alberto Moniz Bandeira

En una declaración realizada en el Senado de los EE.UU., en marzo de 2000, el general Charles Wilhelm, comandante en jefe del Southcom (Comando Sur), reconoció que en Ecuador, como en otras naciones en su área de responsabilidad, América del Sur, “la democracia y las reformas de libre mercado no estaban propiciando resultados tangibles para el pueblo”.  Dijo que muchas naciones estaban peor económicamente que antes de la restauración de la democracia y preguntó: “Puede la democracia sobrevivir sin el sistema económico que produzca una adecuada subsistencia y servicios para sus ciudadanos?”.

El fin de las dictaduras militares y la liberalización de la economía no trajeron resultados tangibles ni para el Ecuador ni para Bolivia, donde en 1952, ocurriera una revolución que nacionalizó las minas de estaño, promovió la reforma agraria, extinguiendo las relaciones de servidumbre e incorporando los indios a la sociedad, y desmanteló el Ejército, sustituido por milicias operarias y campesinas, bajo el comando de la Central Operaria Boliviana.

Las fuerzas de izquierda, sin embargo, no tuvieron condiciones de avanzar, y los EE.UU., bajo la Presidencia de Dwight Eisenhower, optaron por una estrategia de conciliación, lo que permitió al presidente Víctor Paz Estensoro reconstruir el Ejército, cuyos oficiales pasaron a recibir formación avanzada en base militar en el Colegio Interamericano de Defensa (Panamá), absorbiendo la doctrina de la acción cívica y la estrategia de contra-insurrección.

Estas enseñanzas se infiltraron en la estructura del comando del nuevo Ejército y el general René Barrientos, en 1964, desfechou un golpe militar.  Bolivia entró en otro período de turbulencia.  El régimen democrático sólo fue restablecido en 1982 y, a fin de controlar la hiperinflación, el presidente Víctor Paz Estensoro, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que volviera al gobierno en 1985, impuso un programa de ajuste estructural.  Sus sucesores, Jayme Paz Zamora (1989-93), del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-98), del MNR, aplicaron con cierto éxito el mismo programa neoliberal, dado que la hiperinflación lo tornara aceptable para la población.

Desde que Argentina, Brasil y EE.UU. dejaran de alentar golpes de Estado, el régimen democrático se estabilizó en el país y, de 1990 a 1998, su economía creció a una tasa media de 3.9%, y la inflación cayó de 7.000%, en 1985, a 3%, en 1999. 

Sin embargo, en el inauguración del seminario “Estrategia boliviana de reducción de la pobreza” (EBRP), el propio presidente Hugo Banzer deploró que la estabilidad económica en 15 años no hubiese contribuido para disminuir los índices de pobreza, en que más de la mitad de la población (63%), en especial la de origen indígena, vivía en 2000.

En el área rural, más del 80% de la población estaba reducida a la miseria.  La cuestión agraria se tornó otra vez un grave factor de tensiones sociales, y los conflictos irrumpieron. El aumento de las tarifas de agua en la ciudad de Cochabamba, como consecuencia del contrato con una empresa extrajera, desencadenó en abril de 2000 un levantamiento popular, que se extendió a los productores de coca, en la región de Chapare, y a otros campesinos y de trabajadores de otras ciudades.

La Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de Bolivia inició el bloqueo de rutas y, ante la amenaza de convulsión social, el presidente Hugo Banzer decretó el estado de sitio por 90 días.  La agitación siguió por días y sólo disminuyó después que él firmó convenios con los campesinos intermediados por la Iglesia Católica y por organizaciones de derechos humanos.  Prometió la reactivación de la economía y pidió perdón por los pobles que un sistema social excluyente producía.


 Las tensiones, sin embargo, volvieron a agravarse, cuando se anunció la construcción de tres bases militares en la región de Chapare, con el apoyo de los EE.UU., como pretexto de combate a las drogas.  Ocurrieron entonces manifestaciones de protesta, bloqueo de rutas y violentos choques entre tropas del Ejército y campesinos que se oponían a la erradicación del cultivo de coca.  El alejamiento de Banzer se constituyó en la única salida para apaciguar el país y, el 6 de agosto de 2001, él presentó su renuncia al Congreso.

Gonzalo Sánchez de Lozada, que gobernó el país de 1993 a 1997, fue electo indirectamente por el Congreso Nacional, derrotando a Evo Morales, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), importante líder campesino y acusado por los EE.UU. de estar involucrado con el narcotráfico por defender intereses de los plantadores de coca, actividad milenaria de los indígenas bolivianos.

Sánchez de Lozada promovió entonces una serie de reformas neoliberales y privatizó desde la distribución de agua hasta la explotación y exportación de gas y petróleo.  Pero no consiguió mantenerse en el gobierno cuando concedió autorización para que los EE.UU. y España (Repsol) exportasen petróleo por medio del territorio perdido para Chile, en el litoral del Pacífico, desde la guerra de 1879-84.
Publicado Inicialmente
en Folha de S. Paulo

Ante fuertes manifestaciones populares en 2003 y después de ordenar una violenta represión en octubre, que dejó 78 muertos, y razias en barrios populares, él tuvo que renunciar y se exilió en Argentina. 

Lo que otra vez detonó la crisis en Bolivia fue la discusión de la Ley de Hidrocarburos – gas y petróleo – en el Congreso, en lo que se refiera a la cobranza de royalties e impuestos.  El presidente Carlos Mesa apoya la propuesta del según la cual las empresas que explotan el gas boliviano deben pagar al Estado 18% por concepto de royalties, y Evo Morales, entendiendo que el porcentaje debe ser de 50%, desencadenó el movimiento de oposición, con dirigentes sindicales.  Carlos Mesa, frente a la agitación, presentó su renuncia, rechazada por el Congreso.

Los EE.UU. también constituyen parte de la crisis en Bolivia, donde mantienen una embajada con cerca de 900 funcionarios y una enorme cantidad de tropas de las Fuerzas de Operación Especiales, que desde 1999 ya entrenaron más de 6.000 militares bolivianos y actúan principalmente en las regiones coqueras de Chapare y Yungas.

Hay intereses para alentar el sentimiento separatista de Santa Cruz de la Sierra, un vasto territorio muy rico, geográficamente localizado en la malla hídrica de América del Sur, que es el sustento económico de Bolivia.  Pero según políticos bolivianos, la presión por la autonomía de la región, recientemente desencadenada, no corresponde al tradicional sentimiento separatista, que siempre existió allá, pero resulta de una operación montada por las compañías de petróleo después de la aprobación de la nueva ley de Hicrocarburos en el plebiscito de 2004 y que aún debe ser reglamentada. 

Traducida para LA ONDA DIGITAL por Cristina Iriarte

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