Brasil como potencia regional
La importancia estratégica
de América del Sur
en su política exterior*
por el profesor Luiz Moniz Bandeira

Extensión territorial, poder económico y poder militar son tres factores que deben ser considerados para calificar a un país como potencia y comprender su posición jerárquica entre Estados. Estos son los factores que permiten a un Estado actuar independientemente e influir sobre otros  Estados y, por lo tanto, determinar en que condiciones se expresa como potencia regional internacional. Un Estado, que dispone de potencial económico, fuerza militar y extensión territorial (asumiendo, por supuesto, que su población se corresponda al espacio que ocupa), puede tornarse hegemónico, el líder y el guía de  un sistema de alianzas y acuerdos de variado alcance. 

 

Para contar con todos los factores que garantizan la seguridad de victoria, tanto como sea posible de prever, es necesario que el Estado tenga capacidad de ejercer presión diplomática, i. e., capacidad para obtener parte de lo que podría ser el resultado de una guerra victoriosa sin necesidad de combatir realmente.  Asimismo, la paz interna, como reflejo del ejercicio eficiente de los grupos sociales y de su función interna hegemónica, es indispensable, si el Estado pretende ser una potencia internacional. En otras palabras, como ponderó Kart W. Deutsch, el potencial del status de poder es una simple estimación de los recursos materiales y humanos que pueden ser usados para prever cuánto éxito podrá tener un país en una disputa contra otro país, si usa sus recursos como ventaja.   De acuerdo con Deutsch, un país tendrá tantas más condiciones de afirmarse como potencia cuanto más extenso sea y cuanto  más numerosa sea su población y los recursos que puede movilizar para la consecución de una política (57). Poder, pura y simplemente, es la habilidad de un actor de tener supremacía en un conflicto y superar los obstáculos, si usa con ventaja sus recursos. 

Con más de 196 millones de habitantes (en 2007), la extensión territorial de Brasil es apenas un poco menor que la de los Estados Unidos continental, incluyendo a Alaska.  Suma cerca de 8.514.215 millones de kilómetros cuadrados y su litoral se extiende por 7.367 kilómetros.  Tiene 15.735 kilómetros (cerca de 8.000 millas) de fronteras, sin litigio, con todos los países de América del Sur (excepto Ecuador  y Chile). Y dentro de este vasto territorio, sus recursos naturales son abundantes: tierras fértiles para la agricultura, reservas inmensas, yacimientos de hierro y otros minerales metálicos, uranio, biodiversidad, enormes reservas de agua y recursos hidroeléctricos. Y, de acuerdo a las estimaciones de Asociación Brasileña de Geólogos de Petróleo (ABGP), los campos descubiertos en la Cuenca de Santos, litoral del Estado de S. Paulo, contienen 33 mil millones de barriles, lo que cuadruplica las reservas de petróleo de Brasil de 13 mil millones de barriles (comprobados) a cerca de 46 mil millones de barriles. Solamente en el campo de Tupi (litoral de Santos) hay cerca de 5 a 8 mil millones de barriles. Los datos son todavía muy imprecisos, pero según Stephanie Hanson, del Council on Foreign Relations, el volumen de petróleo  en la capa pretsal, que probablemente se extiende por 800 kilómetros, desde Espíritu Santo, norte de Río de Janeiro, a Santa Catarina, debe ser del orden de  70 a 100 mil millones de barriles, además del gran volumen de gas.  El Producto Bruto Interno de Brasil (PBI), según la paridad del poder de compra, utilizado por el Banco Mundial, era en 2007 del orden de U$S 1,849 trillón, más de tres veces mayor que el de Argentina, estimado en U$S 526 mil millones (2005), mayor que el de Canadá,  calculado en U$S 1,271 trillón (est. 2007), que el de México, U$S 1,353 trillón (2007 est.), que el de España U$S 1,361 trillón, (est. 2007), igual al de Italia  U$S $1,8 trillón, (2007 est.), un poco menor que el de Francia U$S 2,075 trillones, (2007 est), que el de Rusia U$S 2,097 trillones, (2007 est.) y del Reino Unido U$S 2,13 trillón, (2007 est.).

 

No sin razón, ya en 1976, al ser interpelado, en el House Foreign Affairs Commitee, si los Estados Unidos habían elevado a Brasil al status de potencia mundial, por haber firmado los dos países un acuerdo de consulta, Henry Kissinger, entonces secretario de Estado en la administración del presidente Gerald Ford (1974-1977), replicó:

 

“(...) This agreement does not make Brazil a world power. Brazil has a population of 100 million, vast economic resources, a very rapid rate of economic development. Brazil is becoming a world power, and it does not need our approval to become one, and it is our obligation in the conduct of foreign policy to deal with the realities that exist”.

 

La percepción de Kissinger en cuanto al papel que Brasil desempeñaba o pretendía desempeñar tenía fundamento histórico.  Desde la segunda mitad del siglo XIX, Brasil se configuró como una potencia regional. Al separarse de Portugal, mantuvo, sin ruptura de orden político, un aparato burocrático-militar capaz de defender la vasta extensión de su territorio e imponer, tanto interna como externamente, los intereses de su elite dirigente, debido al hecho de que no era un simple sucesor del Estado portugués. Era el propio Estado portugués, que se había trasladado hacia América del Sur, se había ajustado a las condiciones económicas y se había amoldado a la estructura social de la colonia, pero había conservado su contexto institucional, asentada en el dogma de soberanía y una indivisible de la Corona, la jerarquía, las leyes civiles, los métodos administrativos, el estilo político, el instrumental bélico y diplomático, con experiencia internacional, y el vicio de potencia. De ahí el porqué, en 1854, el diplomático Martin Maillefer, ministro plenipotenciario de Francia en Montevideo, llamó a Brasil la “Rusia tropical”, que tenía “la ventaja de organización y perseverancia en medio de los Estados turbulentos y mal constituidos de América del Sur” .

 

Luego de la Guerra de la Triple Alianza con Paraguay, que comprometió gravemente las finanzas de Brasil, Argentina se consolidó como Estado nacional y, a pesar de que las economías de los dos países no compitiesen e, inclusive, se complementasen, sus relaciones se caracterizaron cada vez más por una fuerte rivalidad, generando tensiones y graves crisis, entremezcladas con esfuerzos de entendimiento y de cooperación, a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, con la implantación de la industria pesada, y particularmente con la implantación de la siderúrgica, el desarrollo de Brasil se disparó, mientras que la economía de Argentina, asentada sobre la agropecuaria, continuó dependiendo de las exportaciones de carne y cereales e importaciones de bienes de capital, cada vez más caras, para sustentar una industria con características livianas, de bienes de consumo.

 

Así, la expansión económica de Brasil, a partir de los gobiernos de los presidentes Getúlio Vargas (1951-1954) y Juscelino Kubitschek (1956-1961), tomó un enorme impulso y, luego de la crisis en la primera mitad de los años 1960,  su PBI desde 1968 pasó a crecer a tasas del 9%, 10% y 11% a.a., contrastando con el relativo estancamiento de Argentina, lo que aumentó el desequilibrio de poderes cada vez más en América del Sur. Un siglo después, Brasil pudo entonces restablecer la hegemonía que mantuviera en la Cuenca del Plata, hasta 1876, cuando retiró las tropas del Paraguay, derrotado en la Guerra de la Triple Alianza.

 

La América del Sur en la política exterior de Brasil

Como destacó el embajador Samuel Pinheiro Guimarães, en su obra Quinhentos anos de periferia, América del Sur es la “circunstancia inevitable, histórica y geográfica del Estado y de la sociedad brasileña”. Y, con la intensificación de su desarrollo industrial, en los años 1950, Brasil, cyos intereses hasta entonces se concentraban en la Cuenca del Plata, se volvió cada vez más hacia los países de la región amazónica, o sea, hacia Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Surinam y Guayana, cuya densidad demográfica, en el conjunto, representaba alrededor de la primera mitad de los años 80 del siglo XX un mercado del orden de 87 millones de habitantes, el equivalente al 61% de la población brasileña, esparciéndose hasta el Océano Pacífico y el Caribe. Era necesario abrir mercados para sus manufacturas y el comercio de la región amazónica con las repúblicas del Pacífico saltó de U$S 173 millones, en 1972, para U$S 2,3 mil millones en 1982. Y su fomento, apuntando a la integración y unificación de América del Sur, requería el desarrollo de esta inmensa  región, la Amazonia, que separaba los mercados a ambas márgenes del Pacífico y del Caribe de los centros industriales de Brasil, situados en el litoral del Atlántico.

El desarrollo de la Amazonia dependía, entre tanto, de la cooperación con los países vecinos, por cuanto siete de las diez fronteras internacionales de Brasil se ubicaban casi integralmente en aquella región, sumando 12.114 km, lo que representaba cerca del 80% del total de su frontera terrestre. Así, con el propósito de incrementar el desarrollo entre fronteras, el Itamaraty, durante el gobierno del general Ernesto Geisel (1974-1979) emprendió las negociaciones, a cargo del embajador Rubens Ricupero, para la celebración, el 3 de julio de 1978, del Tratado de Cooperación Amazónica. Lo que inspiró la negociación de este Tratado, con características similares al Tratado de la Cuenca del Plata, fue posibilitar su ocupación de forma racional y evitar que potencias extrañas a la región se introdujesen en la Amazonia, bajo cualquier pretexto. Esta preocupación llevó al presidente João Batista Figueiredo a evitar que los Estados Unidos, en 1981, interviniesen en Surinam, de acuerdo a lo que el presidente Ronald Reagan pretendiera, para deponer al gobierno de Desiré Delano (Desi) Bouterse, bajo la argumentación de que iba a aproximarse políticamente a Cuba. Asumió la tarea de resolver el problema. Y lo consiguió.

 

Mercosur versus ALCA

El tema Mercosur/ALCA se tornó así el principal punto de las divergencias entre Brasil y los Estados Unidos, por albergar profundas contradicciones, en las cuales se entrelazaban intereses económicos, políticos y estratégicos. El ALCA no le convenía a los intereses de Brasil, que no estaba dispuesto a permitir, como lo hizo Argentina, que su parque industrial se desmantelase,  se transformase en chatarra, bajo la nueva y devastadora reducción de aranceles, ni a soportar crecientes saldos negativos en la balanza comercial. El embajador Samuel Pinheiro Guimarães, que había sido uno de los encargados de las negociaciones de los acuerdos de integración Brasil-Argentina, en 1986/1987, cuando todavía era el consejero y jefe de la División Económica del Itamaraty, denunció el ALCA como parte de una estrategia de mantenimiento de la hegemonía política y económica de los Estados Unidos, “que realizarían su designio histórico de incorporación subordinada de América Latina a su territorio económico y a su área de influencia político-militar”, e  insistió en que el gobierno brasileño debía abandonar los acuerdos para su implementación. “El ALCA conducirá a la desaparición del Mercosur” – advirtió.

 

Gran parte del empresariado brasileño también temía las  consecuencias del ALCA, cuya implementación implicaría serios riesgos  para la industria nacional. Y el  presidente Fernando Henrique Cardoso, en medio de las crecientes dificultades generadas, dentro del Mercosur, por la desvalorización, en 1999, de la moneda brasileña, el real, reavivó el concepto de América del Sur, que el proyecto de ALCSA consustanciaba y había sido eclipsado durante su primer mandato (1995-1999).  La ampliación del comercio con los países de América del Sur implicaba, sin embargo, una serie de proyectos y el presidente Fernando Henrique Cardoso convocó a una reunión de cúpula de los jefes de Estados de América del Sur, realizada en Brasilia, durante los días 31 de agosto y 1° de septiembre de 2000, con el objetivo de discutir la integración regional, fundamentalmente las interconexiones energética y vial. El plan tendría financiamiento del BID y de CAF (Corporación Andina de Fomento) y México se mostró contrariado por no haber sido invitado, imaginando que se trataba de una maniobra con la intención de aislarlo. Fernando Henrique Cardoso mandó hacer ver al gobierno mexicano que el plan de interconexiones no podría llegar a América del Norte, no había cómo, de modo que por este motivo la presencia de México no había sido considerada. Para dirimir cualquier duda en este sentido, invitó para la reunión al Ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge G. Castañeda, en calidad de observador. Pero, evidentemente, la disculpa era apenas una verdad a medias, pues no podía explicar los objetivos políticos implícitos en la convocatoria de la cúpula de Brasilia.

 

Estos objetivos quedaron en evidencia en un artículo publicado en la prensa, en el cual Fernando Henrique Cardoso, antes de la reunión, definió el acontecimiento como de “reafirmación de una identidad propia de América del Sur como región”, donde la democracia y la paz abrían la perspectiva de una integración cada vez más intensa entre países que mantenían una relación de vecindad”.  y resaltó:

 

“La vocación de América del Sur es la de ser un espacio económico integrado, un mercado ampliado por la reducción o eliminación de las dificultades y obstáculos al comercio, y por el perfeccionamiento de las conexiones físicas en transportes y comunicaciones”.

 

No se trataba, por lo tanto, de América Latina, sino de América del Sur, una región geográficamente definida, reconocida por los  presidentes, en el Comunicado Conjunto, como una región con características específicas que la distinguían en el escenario internacional y en la que sus peculiaridades y la contigüidad geográficas creaban una agenda común de desafíos y oportunidades. Su cohesión constituía, también, un elemento esencial hacia una inserción más favorable en la economía mundial, de forma que pudiese convertir la globalización en un medio eficaz para ampliar las oportunidades de crecimiento y desarrollo de región y mejorar de forma sustentada y equitativa sus padrones de bienestar social, enfrentando los efectos desiguales  generados para diferentes grupos de países, vis-à-vis sobre todo de América del Norte.

 

La Cúpula de Brasilia tuvo un carácter estratégico y avanzó en la posibilidad de integración, no sólo física, económica y comercial, sino también política, como el presidente Fernando Henrique Cardoso insinuó, al decir que era “el momento de reafirmación de una identidad propia de América del Sur como región donde la democracia y la paz abren la perspectiva de una integración cada vez más intensa entre países que conviven en un mismo espacio de vecindad”. Y la afirmación de esta “identidad propia”, diferenciada, por consiguiente, de América del Norte, era lo que preocupaba a Washington, según expresó Kissinger en su obra Does America Needs a Foreign Policy? Pero la integración política pasaba necesariamente por la perspectiva de integración del espacio económico de América del Sur, mediante el entendimiento entre “el Mercosur ampliado y la Comunidad Andina (CAN), con la aproximación creciente a Guayana y a Surinam”, de acuerdo a lo que señaló el presidente Fernando Henrique Cardoso, destacando:

 

“Un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Comunidad Andina será la espina dorsal de América del Sur como espacio económico ampliado. Debe, por lo tanto, ser visto como un objetivo político prioritario”.

 

A propuesta de Brasil, se reconoció la necesidad de implementación de integración de América del Sur, a partir de la formación de un Área de Libre Comercio Sudamericana (ALCSA), iniciada en 1993, en épocas del gobierno del presidente Itamar Franco, que tenía como canciller al embajador Celso Amorim. Y la propuesta de integración regional no se limitó a los aspectos comerciales. Existió acuerdo sobre la necesidad de desarrollo de una Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), que modernizase las relaciones y potencializase la proximidad sudamericana, rompiendo con los obstáculos fronterizos y formando un espacio ampliado a través de obras y articulaciones en las áreas de transportes, energía y comunicaciones.

 

El objetivo político prioritario, en la propuesta de integración del espacio económico de América del Sur, se evidenció aún más cuando Fernando Henrique Cardoso declaró que el “Mercosur es más que un mercado, el Mercosur es, para Brasil, un destino” – dijo el presidente Fernando Henrique Cardoso, en 2001, agregando que el ALCA era “una opción”, a la cual podría adherir o no.  Y esta frase suya, expresando la continuidad esencial de la política exterior de Brasil, repercutió en los Estados Unidos , lo que llevó a Henry Kissinger a constatar que el Mercosur tendía a presentar las mismas tendencias manifestadas en la Unión Europea, que buscaba definir una identidad política europea no sólo diferente de la de los Estados Unidos, sino en manifiesta oposición a los Estados Unidos. 

 

“Especialmente en Brasil, hay lideres atraídos  por la perspectiva de una América Latina políticamente unificada confrontando a los Estados Unidos y al NAFTA” – resaltó Kissinger. Según observó, mientras el ALCA era concebido como una simple área de libre comercio, el Mercosur era una unión aduanera, allende fronteras, que tendría, por su naturaleza, aranceles más elevados hacia el mundo (arancel externo común) que entre los estados asociados, pretendiendo evolucionar hacia un mercado común, y eso no le convenía, porque, probablemente, afirmaría la identidad latinoamericana (sic) como separada y, de ser necesario, opuesta a los Estados Unidos y al NAFTA.  “(...) Todo eso ha creado un potencial debate entre Brasil y los Estados Unidos sobre el futuro del Cono Sur” – reconoció Kissinger. En efecto, la diplomacia brasileña tornó la integración de América del Sur, la afirmación de su identidad propia, la condición previa para cualquier esfuerzo de integración hemisférica, tal como el que los Estados Unidos estaban proponiendo, con el proyecto del ALCA.

 

Conflictos en América del Sur

Brasil estaba ejerciendo de hecho el liderazgo de América del Sur, aceptado consensualmente por parte de los demás gobiernos de la región, dado su enorme peso económico, político y estratégico, sin pretensiones de hegemonía, respetando las particularidades de cada pueblo. Y la Segunda Reunión de Presidentes de América del Sur se realizó en Guayaquil, Ecuador, entre el 26 y el 27 de julio de 2002, cuando fue aprobado el “Consenso de Guayaquil sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para el Desarrollo”, manifestando el propósito de construir “un futuro de convivencia fecunda y pacífica, de permanente cooperación” y declarando “América del sur como Zona de Paz y Cooperación”. La  turbulencia social, política y militar en los países andinos dificultaba, sin embargo, la consecución de tal objetivo y preocupaba a Brasil.  El 26 de enero de 1995, el conflicto armado entre tropas de Ecuador y de Perú, en una frontera conflictiva en torno del río Cenepa, había perturbado la paz de la región. El presidente Fernando Henrique Cardoso actuó en el sentido de obtener el cese del fuego, llevando a los dos países, después de esporádicos combates, a firmar un acuerdo, en Brasilia, bajo los auspicios de los cuatro Estados garantes del Protocolo de Río de Janeiro, de 1942 -  Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Brasil ejerció el liderazgo en el proceso de Paz entre Ecuador  y Perú y el Ejército brasileño, en Misión de Observadores Militares Ecuador -Perú (MOMEP), fiscalizó en la región del río Cenepa, frontera entre los dos países, el cumplimiento del acuerdo.

 

Brasil también intervino, diplomáticamente, para evitar que la crisis política, en Paraguay, en abril de 1996, resultase en un golpe militar, después que parlamentarios, vinculados al general Lino Oviedo, votaron contra el proyecto de ley para construir un segunda puente entre Paraguay y Brasil, lo que impidió a las empresas del presidente Juan Carlos Wasmosy obtener la concesión de las obras. Wasmosy decidió entonces pasarlo a retiro y Oviedo, en rebeldía, se atrincheró en su unidad, amenazando derramar sangre si la medida no fuese revocada.

 

La crisis solamente no culminó con la quiebra de legalidad constitucional, debido a la interferencia de los embajadores del Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay), de los Estados Unidos y del propio secretario ejecutivo de la OEA, César Gaviria, que negociaron un acuerdo, mediante amenazas de boicot y aislamiento económico y político de Paraguay, así como del congelamiento de su participación en el Mercosur y otras sanciones punitivas: Oviedo no fue apresado y presentó voluntariamente el pedido de pasar a retiro.

 

De cualquier manera, Brasil no estaba dispuesto a permitir un golpe de estado en Paraguay y contaría con el respaldo de Argentina y de Uruguay, dado que la ruptura de la democracia política sería intolerable dentro del Mercosur, así como en términos del Grupo del Río y de nueva concertación en el hemisferio. El compromiso con la democracia, o sea, la llamada “cláusula democrática” del Mercosur, estaba implícito en el Tratado de Asunción, tanto que Brasil y Argentina, desde la Declaración de Iguazú, en noviembre de 1985,  nunca cesaron de reiterar la adhesión a los principios democráticos, como fundamento de cooperación y de integración, no sólo en términos bilaterales, sino también con respecto a los demás países de América del Sur. El Foro de Consulta y Concertación Política del Mercosur (FCCP) dio un gran énfasis a la implementación de la llamada “cláusula democrática”, lo que llevó a la adopción del Protocolo de Ushuaia por parte de los países del Mercosur y Bolivia y Chile. La preservación de la democracia en Paraguay continuó, sin embargo, constituyéndose en la gran preocupación de Brasil. Poco después de controlada la crisis, Fernando Henrique Cardoso, en junio de 1996, visitó Asunción, con la intención de reiterar el respaldo al orden constitucional, y en el mismo año los presidentes de los cuatro países integrantes del Mercosur firmaron una declaración, asumiendo el compromiso de consultarse y aplicar medidas punitivas, dentro del espacio normativo del bloque, en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático en algún estado miembro.

 

La débil democracia instalada en Paraguay, luego de la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner, en 1989, continuó, sin embargo, bajo la amenaza de colapso, al intensificarse la lucha por el poder dentro del propio Partido Colorado, que todavía controlaba más del 80% del aparato del Estado. Condenado a 10 años de prisión, por comandar la rebelión militar de 1996, el general Lino Oviedo no pudo competir por la sucesión del presidente Juan Carlos Wasmosy, pero Raúl Cubas, que lo sustituyó como candidato del Partido Colorado, venció la elección, con el slogan “Cubas en el gobierno y Oviedo en el poder”, y le concedió el indulto, cinco días después de asumir el gobierno, en agosto de 1998. El asesinato de Luis Carlos Argaña, el principal adversario del presidente Raúl Cubas, que se opusiera a la liberación de Oviedo, desencadenó la grave crisis política, en medio de choques callejeros,  y una vez más, los jefes de gobierno de Brasil y de Argentina tuvieron que intervenir, amenazando aislar a Paraguay económica y políticamente y apartarlo del Mercosur, de conformidad con la cláusula democrática del Tratado de Asunción en caso de que se consumase un golpe de estado. Esta advertencia la escuchó Raúl Cubas directamente de Fernando Henrique Cardoso, que le aconsejó renunciar a la presidencia, antes de que la crisis se agravase y produjese la ruptura de la legalidad, y percibió que no estaba en condiciones de resistir, dado que Brasil absorbía cerca del 30% de las exportaciones de los productos Paraguayos, como algodón y soja,  y esta dependencia llegaba a alcanzar al 70%, considerando el total estimado de sus re-exportaciones. Así, el  28 de marzo de 1999, víspera de la decisión del Senado sobre el impeachment, Cubas Grau renunció a la presidencia de Paraguay y se asiló en Brasil, luego de que Oviedo partiera hacia Argentina, donde el presidente Carlos Menem le dio refugio. Entre tanto, ocurrió otro intento de golpe, en la madrugada del 18 para el 19 de mayo de 2000,  cuando integrantes del Primer Cuerpo del Ejército, teniendo como epicentro la primera División de Caballería, y de la Policía Nacional, promovieron la Operación Aratirí (rayo en el idioma guaraní), cuestionando la legitimidad del presidente Luis González Macchi e invocando el derecho constitucional a la rebelión. Los insurgentes, luego de ocupar las instalaciones de algunos medios de comunicación, pretendieron dirigirse hacia el Congreso, sin embargo la Marina y la  Fuerza Aérea se declararon leales al gobierno y sofocaron el levantamiento, sin encontrar resistencia. 

 

La guerra civil en Colombia constituía otro foco de inestabilidad, que preocupaba a Brasil, debido, sobre todo, a la posibilidad de una intervención militar, efectuada o articulada por los Estados Unidos. El Plan Colombia, lanzado por el presidente Bill Clinton un día antes de la Reunión de los Presidentes de América del Sur, en Brasilia, preocupó al gobierno brasileño, dado que circunscribía el conflicto exclusivamente en su dimensión armada, destinando más de U$S 1,2 mil millón – cerca del 80% de los U$S 1,3 mil millón prometidos por los  EE.UU. – a la compra de material bélico, inclusive aviones, 30 helicópteros tipo Black Hawk y 33 tipo Huey, por parte del Ejército colombiano, y apenas U$S 238 millones a la promoción de los derechos humanos y al refuerzo de la democracia y del sistema judicial. Él había sido concebido como una estrategia de guerra, y todo indicaba que los Estados Unidos repetirían la táctica usada en Kosovo, bombardeando intensamente las regiones dominadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), junto con la aspersión de agentes biológicos sobre los cultivos de coca, dado que una intervención por tierra en las provincias de Caquetá, Putumayo, en la Amazonia colombiana, costaría muchas pérdidas de vida.

 

Brasil temió el impacto que la ejecución del Plan Colombia produciría sobre su territorio, llevando guerrilleros o militares colombianos a invadirlo, y temió que hongos (Fusarium orysporum) u otras armas químicas y biológicas, eventualmente empleadas por los  Estados Unidos, para destruir las plantaciones de coca, contaminasen los ríos de la Amazonia. A su entender, no se podía vincular la necesidad de combatir el negocio de las drogas con el problema de la insurgencia, que era de competencia interna de Colombia y debía ser políticamente resuelto, aunque esta posición no significase simpatía por ninguna solución tendiente a ceder a las FARC y al ELN las zonas conquistadas, por implicar una renuncia del estado colombiano a la soberanía sobre su territorio. Entre tanto, el gobierno brasileño consideraba que la vía militar, como los Estados Unidos  proponían,  no resolvería la crisis y se rehusó terminantemente a permitir la utilización de cualquier base u otras instalaciones militares en su territorio para operaciones en Colombia.

 

A partir del final de los años 90, las relaciones de Brasil con Venezuela, donde Hugo Chávez ascendiera al gobierno, tendieron a estrecharse cada vez más. En la Cúpula de las Américas, en Quebec entre el 20 y el 22 de abril, Hugo Chávez se alineó con Fernando Henrique Cardoso, en las críticas al ALCA, y compareció a la reunión de Cúpula del Mercosur, realizada en Asunción, el 21 y 22 de junio, cuando formalizó el pedido para el ingreso de Venezuela en el Mercosur y,  haciendo alusión a lo que Fernando Henrique Cardoso dijera de que el “ALCA es opción y nuestro destino es el Mercosur”, concluyó en que “este es nuestro destino, el sur, la Cruz del Sur”.  En los primeros años de la década de 2000, la situación se agravó, sin embargo, en casi todos los países de América del Sur. El proceso de paz fracasó en Colombia, donde los Estados Unidos profundizaron su intervención en la lucha contra las FARC, no precisamente para combatir el narcotráfico, sino, sobre todo, a fin de garantizar el flujo del petróleo, que salía de allá y de Ecuador.  Y, en diciembre de 2001,  Argentina entró en colapso financiero, bancarrota, en medio de una dramática convulsión social y crisis política tan profunda que llevó a Fernando Henrique Cardoso a advertir al presidente George W. Bush sobre el peligro de una ruptura institucional, en caso de que el gobierno de Eduardo Duhalde no recibiese ayuda internacional. También en Ecuador la situación se configuró inestable y los indígenas, en febrero de 2002, anunciaron que realizarían nuevas manifestaciones de masas, en Quito, contra las privatizaciones promovidas por el gobierno de Gustavo Noboa con el propósito de protestar contra el no cumplimiento del acuerdo que puso fin  al levantamiento, a comienzos de 2001.

 

Venezuela, con la cual Brasil trataba de estrechar su relacionamiento, comenzó a enfrentar crecientes dificultades políticas, fomentadas por la CIA, DIA y otras agencias de los Estados Unidos. Del 11 al 12 de abril de 2002, en Venezuela tres generales aprehendieron al presidente Hugo Chávez, lo llevaron para el Fuerte Tiuna, y el general Lucas Rincón Romero, jefe del Estado Mayor del Ejército de Venezuela, anunció su renuncia a la presidencia de la República. Pedro Carmona Estanca,  presidente de Fedecámaras, asumió el gobierno de Venezuela, con el apoyo de los medios de comunicación y el respaldo no tan encubierto de la administración del presidente americano George W. Bush, que se disponía a reconocerlo. Y a fin  de facilitar esta decisión, dado que la Carta Democrática Interamericana condenaba cualquier ruptura de la legalidad, Phillip Chicola, funcionario del Departamento de Estado, pidió, el día 12, que la transición conservase las formas constitucionales, o sea, que la Asamblea Nacional y la Corte Suprema aprobasen la renuncia de Chávez y nuevas elecciones, con observadores de la OEA, fuesen convocadas dentro de un plazo razonable. La maniobra, sin embargo, fracasó. Mientras las capas más pobres de la población, favorables a Chávez, ocupaban las calles de Caracas, saqueando las tiendas, extendiéndose la agitación por las ciudades de Guarenas, Los Teques, Coro y Maracay, la brigada de paracaidistas, comandada por el general Raúl Baudel, así como otros  regimientos se sublevaron contra la presidencia de facto de Pedro Carmona.

 

Al no tener condiciones internas de sustentarse, apenas respaldado por las clases medias y altas, el gobierno de coalición empresarial-militar, emanado del golpe del 11/12 de abril, se enfrentó además con enormes dificultades externas para su reconocimiento. El Grupo de Río, que realizaba en Costa Rica la XVI Cumbre presidencial, reprobó rápidamente la ruptura del orden constitucional en Venezuela y solicitó al embajador César Gaviria, secretario-general de la OEA la convocatoria urgente del Consejo Permanente, de acuerdo con el Art. 20 de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en sesión plenaria del 11 de septiembre de 2001, incorporando la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91). El tema había sido planteado en primer lugar por parte de Brasil y los embajadores en la OEA aprobaron una resolución, en la que condenaron “la alteración del orden constitucional en Venezuela”.

Solamente frente a la actitud de todos los demás estados de la región, inclusive México y Canadá, de repudiar el golpe contra el gobierno de Hugo Chávez, la delegación de los EE.UU. se resignaron a suscribir la moción de la OEA. Pero recién lo hicieron el sábado, 13 de abril, cuando las manifestaciones de masas habían obligado a Carmona a renunciar y Chávez retornó al poder.

 

Unión de Naciones  Sudamericanas

La crisis en Venezuela no cesó. Y Brasil tuvo una actuación aún más decisiva, apuntando a asegurar la estabilidad en Venezuela, en diciembre de 2002, cuando el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, con el aval del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, decidió vender al gobierno del presidente Hugo Chávez  un navío petrolero con 82 millones de litros de combustible para enfrentar el desabastecimiento provocado por la huelga de los trabajadores de Petróleo de Venezuela SA (PdVSA) y evitar su desestabilización. A pesar de las críticas, por parte de la oposición en Venezuela, a la cual le había desagradado la iniciativa de Brasil, el gobierno de Lula, enseguida que fue inaugurado, intentó intermediar una solución pacífica para la crisis y envió a Caracas al profesor Marco Aurélio Garcia, asesor  de Asuntos Internacionales del Presidente. Brasil tenía inversiones en Venezuela, intereses económicos, políticos y estratégicos, y no podía permitir la desestabilización del gobierno de Chávez, que había sido electo dos veces y había obtenido el 60% de los votos, según destacó el presidente Lula. Y de ahí el porqué propuso la formación de un grupo de amigos de Venezuela (no sólo de Chávez) con la participación de los Estados Unidos y de España, coordinado por el secretario-general de la OEA, César Gaviria, con la finalidad de intermediar una solución pacífica, legal y constitucional para el impasse que perduraba hacía varios meses.

 

El presidente Lula, desde el inicio de su mandato, demostró que su política exterior trataría de robustecer la asociación estratégica con Venezuela y profundizar los vínculos con Argentina, su principal socio en el Mercosur, y que la integración de América del Sur era su prioridad número uno. Él entendió que la base económica y no exclusivamente política debería propagar el liderazgo de Brasil en América del Sur y que éste exigía el aumento de los intercambios comerciales, en el contexto de un comercio regional más equilibrado. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), bajo la dirección del profesor Carlos Lessa, desempeñó un importante papel en el cumplimiento de esta política. Fue abierta una línea de crédito para  financiar la venta al mercado brasileño de máquinas, componentes y piezas fabricadas en el Mercosur, en especial en Argentina, al mismo tiempo en que se preveía dar un tratamiento similar a los del producto nacional en los financiamientos de la Finame bienes de capital fabricados en Argentina, Uruguay y Paraguay. El BNDES también aprobó un crédito de U$S 200 millones para la ampliación de un gasoducto en Argentina, con la construcción y montaje de la tubería, en un trecho de 508,85 kilómetros, expandiendo la capacidad de transporte de gas natural de la Compañía de Inversiones de Energía (Ciesa), ligada a la filial de Petrobrás (Petrobrás Energía S/A, ex-Pérez Companc), a través de los gasoductos General San Martín y Neuba II, y ampliando la oferta de gas natural y electricidad en la región del Gran Buenos Aires.

 

Igualmente con Venezuela, considerada uno de los pilares de la integración de América del Sur, Brasil trató de profundizar la asociación principalmente en el área energética. La Petrobrás y la PdVSA firmaron 15 acuerdos que incluían, entre otros proyectos, la explotación de gas y extracción de petróleo pesado, por parte de la industria brasileña, en la región del río Orinoco, y la construcción de una nueva refinería en Brasil, con una inversión prevista de cerca de U$S 2 mil millones, con capacidad para una producción diaria de entre 150.000 y 220.000. La entrada de Petrobrás en la explotación de gas en Venezuela rompió el monopolio virtualmente ejercido por las empresas de los Estados Unidos y de Europa y la Compañía Vale do Rio Doce proyectó constituir con la venezolana Corpozulia una empresa binacional, para la explotación de las reservas de carbón natural de Socuy, en Venezuela. Durante su visita a Caracas, Lula firmó con Chávez veinte acuerdos de cooperación e inversiones, que incluían la venta de 20 aviones militares, modelo Tucano, y créditos para la construcción del subterráneo de la ciudad, así como en el área de defensa y vigilancia de la Amazonia, donde se previó la posibilidad de realización de ejercicios conjuntos de los ejércitos de Brasil y de Venezuela. “La solución para la economía de Venezuela, de Brasil y de otros  países de América del Sur no está en el Norte, más allá del océano, sino en nuestra integración” – dijo Lula. Estos acuerdos entre Brasilia y Caracas causaron, por cierto, la inquietud de Washington, que intentaba abusivamente aislar al gobierno de Hugo Chávez, por no subordinarse a sus designios.

 

El presidente Lula dio continuidad al proyecto de integración física y energética, elaborado en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, ampliándolo con la participación del BNDES. Sin embargo, explicitó y enfatizó aún más el proyecto de formación de una Comunidad Sudamericana de Naciones, creada en la Tercera Reunión de los Presidentes de América del Sur, el 8 de diciembre de 2004, en la ciudad de Cuzco (Perú), cuando fue firmada la Declaración de Cuzco por los  presidentes y representantes de los 12 países de la región, i. e., los cuatro países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), los cinco de Comunidad Andina (Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador  y Bolivia), así como Chile, Surinam y Guayana. En dicha ocasión el presidente Lula anunció la construcción de la Ruta Interoceánica, que Brasil y Perú estaban implementando. Era mucho más que un proyecto bilateral. Interesa a todos los países de la región. Y, según declaró Lula, muestra que la Comunidad Sudamericana de Naciones,  lo que estaba inaugurando, no era un mero ejercicio de retórica, pues expresaba el empeño de los países de la región en superar las distancias que aún los separaban.

 

Esta obra, la Ruta Interoceánica, con 1.100 kilómetros de extensión, uniendo el estado de Acre a los puertos peruanos de Matarani, Ilo y Maratani, en la región de Madre de Dios, en el sudeste peruano, apuntaba a posibilitar que Brasil alcanzase más fácilmente los mercados de Asia, a través del Pacífico, y llevar más de medio millón de turistas al sur de Perú, donde nació el imperio inca y están las ruinas de Machu Pichu. Ella había sido presupuestada en U$S 700 millones, U$S 417 millones (60%), financiados por Brasil por medio del Proex (Programa de Financiamiento a las Exportaciones, administrado por el Banco de Brasil), y por Perú (40%), con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Además de la construcción de la Ruta Interoceánica se firmaron más de 31 proyectos de infraestructura para la región, lo que significaba, en principio, consolidar la agenda estratégica de integración física y energética que, desde hacía algunos años, estaba siendo definida.

 

El canciller Celso Amorim, en una entrevista otorgada a la prensa, resaltó que la Comunidad Sudamericana de Naciones, basada inicialmente en una área de libre comercio y en proyectos de infraestructura, iba a reforzar la capacidad de negociación de los países de la región, aumentando su poder de negociación vis-á-vis de los grandes bloques económicos, y admitió la posibilidad de que fuese a  generar un proceso de integración similar al de la Unión Europea, objetivo estratégico de Brasil.  Este proyecto, sin embargo, se enfrentaba con una situación bastante complicada en algunos países, como Ecuador , Bolivia y Perú, donde la turbulencia social y política no cesaba, más allá de las incertidumbres en el relacionamiento entre Colombia, instigada por los  Estados Unidos, y Venezuela, y entre Chile y Bolivia, cuyo plan de exportar gas a trvés del territorio chileno había generado la crisis que terminó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (17/10/2003) y frente a cual Brasil decidió no involucrarse, directamente, como lo hiciera en el caso del golpe en Venezuela.

 

Esta conexión de Bolivia con Chile no le convenía virtualmente a la Petrobrás, que no sólo era su mayor compradora de gas, incorporándolo a la matriz energética de Brasil y aliviando el consumo de petróleo del parque industrial, sino que también se dedicaba a la explotación, distribución y comercialización del petróleo, a través de dos subsidiarias - Empresa Boliviana de Refinamiento y Empresa Boliviana de Distribución.  Sus inversiones en Bolivia sumaban cerca de U$S 2 mil millones, entre 27 multinacionales que actuaban allá, con un peso equivalente a cerca del 10% del PBI boliviano. Y el fracaso de Washington en el intento de impedir la caída de Sánchez de Lozada, su protegido, permitió a Brasil conquistar una posición vital en la región. Impedida la salida del combustible hacia el oeste y congelado el proyecto de construcción del gasoducto, que uniría Tarija a Chile, las exportaciones de Bolivia debían volverse hacia el este, a través de un gasoducto de 3.150 kilómetros, trazado por la Petrobrás desde Santa Cruz de la Sierra, con ramificaciones hasta Canoas, en Río Grande del Sur, y capacidad para transportar 24 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales cerca de 4 millones eran importados por Argentina, donde la Petrobrás había comprado la compañía petrolífera Pérez Companc. Cuando, sin embargo, la crisis volvió a agravarse, en los primeros meses de 2005, el gobierno de Lula, temiendo que el presidente Carlos Mesa fuese depuesto y se diese una quiebra institucional,  buscó intermediar el conflicto entre el gobierno y Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, al mismo tiempo en que defendía los intereses de la Petrobrás.

 

La victoria de Tabaré Vázquez, en Uruguay, en 2004 tendió a fortalecer la iniciativa para la consolidación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Los acuerdos en el sector energético,  que los gobiernos sudamericanos estaban celebrando, cumplían una función estratégica hacia el proyecto de fortalecimiento de integración económica y política en el continente. Estaba previsto un acuerdo energético con  Venezuela que permitiría a Uruguay recibir petróleo a un precio más barato, en parte pagado a través de una línea especial de crédito y el resto, con el suministro de carnes, lanas y lácteos. El acuerdo de cooperación energética, firmado el 2 de marzo de 2005, en Montevideo, donde la PdVSA  programaba la apertura de una oficina, tenía como objetivo fundamental fortalecer los mecanismos de solidaridad, complementariedad y cooperación para dar respuestas a los problemas de ambas naciones, y se insertaba en el esfuerzo de creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Más allá de los acuerdos con Brasil y Uruguay, Venezuela ya firmó convenios con empresas petroleras de Paraguay y de Argentina. Dando secuencia al proyecto de Venezuela de establecer acuerdos estratégicos con los países del Mercosur, el presidente Chávez investigaba estimular la formación de una empresa petrolera de los Estados sudamericanos, la Petrosur.

 

Era de incertidumbres y conflictos

Venezuela, a partir del final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pasó a ocupar un papel relevante en la política exterior de Brasil, no sólo sirviendo de contrapeso para Argentina sino también conformando con ella el triángulo estratégico, en el proceso de integración de América del Sur, el establecimiento de una unidad económica y política entre los países de la región, condición necesaria e indispensable a una inserción equilibrada en el escenario internacional. Entre tanto, así como Alemania y Francia constituyeron la fuerza propulsora de la Unión Europea, Brasil y Argentina, desde los órigenes, configuraron los pilares básicos del Mercosur, el núcleo de la Comunidad Sudamericana de Naciones en construcción. Y la perspectiva era de que Argentina llevase adelante una política externa coherente, constante, una política externa de Estado, sin oscilar en función de los humores coyunturales, y funcionase como factor de aglutinación de los países hispano-sudamericanos, lo que ella estaría en condiciones de hacer, pero solamente respaldada y coligada con Brasil, lo que significaba unificar América del Sur.

 

Brasil iba a ejercer el liderazgo en una era de incertidumbres, en una región marcada por una creciente inestabilidad económica y política y tensiones militares, debido en gran medida a la presencia de los Estados Unidos, particularmente en Colombia, Ecuador y Bolivia. Brasil no admitía que el Estado colombiano se desintegrase, con las FARC controlando el 40% de su territorio, pero se rehusaba a confundir el combate al narcotráfico con la represión de la insurgencia, y veía con desconfianza la presencia de los Estados Unidos en las repúblicas del Pacífico, en la región de la Amazonia. De ahí el porqué procuró evitar que degenerase en un conflicto militar el incidente diplomático entre Colombia y Venezuela, por causa de la violación de su soberanía con la captura ilegal, posiblemente con la ayuda de la CIA, de un dirigente de las FARC en Caracas. La política de Brasil vis-à-vis de Colombia mantuvo la misma directriz, desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, consustanciada en el apoyo al proceso de paz, que en verdad nunca avanzó, desde la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2001), defensa de soberanía nacional y repudio a la intervención extranjera en los asuntos internos del país.

 

Además Brasil continuó condenando el embargo al que había sido sometida Cuba por parte de los Estados Unidos, desde 1960, en medio de presiones y amenazas contra el régimen de Fidel Castro. El presidente Lula, no obstante, visitó La Habana, en 2003, donde firmó 12 acuerdos de cooperación, inclusive para la explotación de Petróleo por parte de la Petrobrás, y rechazó las presiones internacionales para que intercediese por la libertad de presos políticos en Cuba. “No es buena política que un jefe de Estado se meta en asuntos internos de otro país. Voy a tratar los intereses de Brasil. No voy a aventurar opiniones en la política interna de otro país”, afirmó Lula en México. Posteriormente, apeló para que Castro entendiese que “Brasil puede ayudar a construir el proceso democrático en Cuba”, y reiteró la condena al embargo impuesto hace más de 40 años por los  Estados Unidos, diciendo: “Tenemos mucho que hacer por la democracia en Cuba. Tenemos que ayudar en la lucha contra el embargo (económico impuesto por los norteamericanos hace cuatro décadas). Brasil tiene una chance de ayudar a dar normalidad en las relaciones de Cuba.” El asunto del régimen político en Cuba era lo que más dificultaba su acercamiento, según lo deseado por Fidel Castro, debido a la “cláusula democrática”.

 

Aunque contrariase la tradicional política exterior de no involucrarse militarmente en asuntos en el Caribe y en América Central, tradición ésta quebrada apenas cuando el presidente, general Humberto Castelo Branco, también envió una tropa hacia Santo Domingo, en 1965, el gobierno de Lula decidió despachar un contingente de 1.100 soldados hacia Haití, también como fuerza internacional de paz (integrada por americanos, franceses, canadienses y de los países del Caribe), de acuerdo con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, con la misión de estabilizar el país luego del derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristides, con el velado apoyo de los Estados Unidos, como todo lo indicaba. Esta controvertida iniciativa provocó fuertes reacciones internas, de izquierda del PT, de la CUT y del MST, por herir el principio de no-intervención en los asuntos internos de otros países, consolidado por la Constitución brasileña.  Según los críticos, el hecho de que Haití hubiera sufrido un golpe de Estado, apoyado por los Estados Unidos, tornaba a cualquier tropa extranjera en Haití en una fuerza de ocupación y no como parte de una misión de paz de la ONU.

 

Consultado sobre la razón de tal iniciativa, el canciller Celso Amorim explicó que Haití era un país latino, con las mismas raíces culturales de Brasil y no le interesaba verlo convertirse en un narco-Estado. Lo que Brasil procuró, sin embargo, fue dar una demostración de que estaba dispuesto a ejercer un prominente papel internacional, por lo menos en el ámbito del hemisferio, y a fortalecer su posición de candidato a un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este tema, el pretendido lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, era el que alimentaba un clima de desconfianza y fricciones entre Brasil y Argentina, reavivando una rivalidad residual que no tenía ningún sentido. En primer lugar, no había ninguna posibilidad inmediata de una reforma de la ONU, a pesar de que fuese necesaria, pues los cinco miembros permanentes, principalmente los Estados Unidos, no estaban dispuestos seguramente a dar el mismo poder de veto a otros países. En segundo lugar, evaluando el peso específico, tanto económico como  político y estratégico, si América Latina fuese a tener dos representantes en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno sería, forzosamente, Brasil, dado su status de potencia regional que continuaba insistiendo en la obtención de un lugar (prometido además por el presidente Franklin D. Roosevelt al presidente Getúlio Vargas, debido a su participación en la Segunda Guerra Mundial), con el objetivo de denunciar el congelamiento del poder mundial, su estratificación, favoreciendo apenas a cinco potencias, que detentaban capacidad nuclear.

 

La política exterior de México se confrontaba con la de Brasil, país con el cual no mantenía un tratado de libre comercio. México había aceptado la subordinación a los Estados Unidos y estaba contribuyendo para la desarticulación política de los países del Tercer Mundo en las negociaciones económicas multilaterales y regionales, y, reforzando las presiones internas neoliberales, trató de atraerlos hacia la órbita de los Estados Unidos, temiendo el aislamiento del resto de América Latina. Las negociaciones sobre libre comercio o acuerdos preferenciales bilaterales con algunos países latinoamericanos – como Colombia y Venezuela, para formar el entonces G-3 – y el amplio acuerdo México-Uruguay, sin resultados comerciales pero que creó serias dificultades para el Mercosur, fueron parte de una estrategia para preservar las preferencias comerciales que México usufructuaba en ALADI, y amortiguar las reacciones al cambio radical en la política externa mexicana y hasta para abrir camino hacia las futuras negociaciones del ALCA. El ejemplo de México posibilitó que otros gobiernos latinoamericanos aceptasen la propuesta de los Estados Unidos para negociar la creación del ALCA. Sin embargo, como el embajador Samuel Pinheiro Guimarães destacó, “la posición geográfica especial de México y el acceso (legal o ilegal) de su población al mercado de trabajo de los Estados Unidos, con las consecuentes remesas de dinero de los inmigrantes, no son válidas para otros países latinoamericanos”. Lo mismo se podía decir con respecto a los demás países de América Central y del Caribe, todos dependientes de los Estados Unidos, particularmente de las remesas de dólares, realizadas por sus nacionales que emigraron para allá. En tales circunstancias, no tenía el menor sentido pensar en unidad de una América Latina, separada no sólo por el Canal de Panamá, sino dividida efectivamente por intereses y vínculos económicos y factores geopolíticos en conflicto.

 

Lo que le convenía a Brasil, así como a Argentina, era conducir, de forma realista, la consolidación del Mercosur y la formación de la Comunidad Sudamericana de Naciones como un sistema económico y político unificado, dentro de un sistema mundial, fuertemente competitivo y violento, en que los Estados Unidos trataban de concentrar y congelar el poder mundial. El proceso de globalización siempre significó el creciente dominio de las mega-corporaciones americanas, el esfuerzo de modelar un nuevo tipo de Imperio, con la transformación de los ejércitos de los países neo-colonizados en fuerzas de policía, para defender los intereses del capital financiero y la dolarización de sus economías. No obstante, el sistema mundial tendía la evolucionar hacia la multipolaridad, a pesar de la supremacía coyuntural de los Estados Unidos. Y ni Brasil ni Argentina debían considerar esta supremacía como definitiva y aceptar el destino de provincias avanzadas del gran Imperio. La previsión del banco Goldman Sachs era la de que, alrededor del año 2025, las economías del grupo conocido como BRIC (Brasil, Rusia, India y China, juntas, representarían más de la mitad de la economía del G6, formado por Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, tendiendo a suplantarla hasta el año 2050.  

 

Brasil, al estimular, en la reunión de Cuzco, el lanzamiento de la Unión Sudamericana de Naciones, después denominada Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), tuvo un objetivo estratégico, apuntando a tornarse, no precisamente él mismo, sino el conjunto de los países del sub-continente, una potencia mundial, no sólo económica, sino también política. Su dimensión excedía, por lejos, el carácter meramente comercial. Brasil no había abdicado del proyecto de tornarse una potencia mundial, sin embargo, había comprendido que la concreción de dicho objetivo pasaba por su integración con Argentina y, en una segunda etapa, con todos los demás países de América del Sur. La unión de Argentina y de Brasil no significaba una suma de dos países, sino una multiplicación de factores, como cierta vez el presidente Arturo Frondizi (1958-1962) resaltó.  Y la unión de los demás países de América del Sur con Brasil y Argentina, en una comunidad económica y política, conformaría una gran potencia, con un enorme peso en el escenario mundial.

 

Se planteaba necesario, por lo tanto, crear un marco institucional, un organismo más amplio, para abarcar y agregar a todas las naciones de América del Sur que no participan plenamente del Mercosur, con el objetivo de promover la realización de varios proyectos de integración, no sólo económica y comercial, sino también de comunicación, infraestructura, transporte, energética, educacional, cultural, científica y tecnológica. La celebración del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) fue un hecho de gran significación histórica. La UNASUR pasó a tener una personalidad jurídica, con la forma de una organización internacional, con un Consejo de Jefes de Estado y de gobierno, un Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y un Consejo de Delegados. Constituye un avance en el sentido de coordinación de políticas. Y dentro de este marco institucional debe concretarse el proyecto del Banco del Sur y del gasoducto desde Venezuela, pasando por Brasil, hasta Argentina. Dificultades, divergencias, contradicciones hay y siempre habrá, en virtud de la enorme asimetría que existe entre los países de América del Sur, principalmente entre Brasil y sus vecinos. No hay, sin embargo, ninguna perspectiva para los países pequeños a no ser unirse y formar un amplio espacio económico común, como forma de alcanzar una mejor inserción nacional.

 

Brasil constituyó, por si sólo, un enorme espacio económico, no obstante la asimetría existente entre los 26 Estados que lo componen.  Adquiere un peso internacional mayor. Mayor, sin embargo, sería el peso de América del Sur integrada. Compuesta por doce Estados, dentro de un espacio contiguo, poseía, en 2007, una población total de 360 millones de habitantes, cerca del 67% de toda América Latina y el equivalente al 6% de la población mundial (6.706.993.152 - 2008 est.), con integración lingüística, pues la inmensa mayoría hablaba portugués o español, y detentaba una de las mayores reservas de agua dulce y biodiversidad del planeta, más allá de inmensas riquezas en recursos minerales, pesca y agricultura. Y no sólo su población era mayor que la de los Estados Unidos (303.027.571, est. 2008). Su territorio, cerca de 17 millones de kilómetros cuadrados, era el doble del territorio americano, con 9.631.418 kilómetros cuadrados. En tales circunstancias, la Unión de Naciones Sudamericanas, una vez unificada políticamente, con un PBI del orden de los U$S 3,5 trillones (para el cual Brasil contribuía con U$S 1,849 trillones (est. 007), puede representar una extraordinaria fuerza económica y política, como fue demostrado en 2008 en la crisis desencadenada por la tentativa separatista de Santa Cruz de la Sierra y demás departamentos de la Media Luna de Bolivia. Quedó en evidencia, así, su capacidad de influenciar y obtener importantes resultados en el sistema internacional, en el que prevalecerán los grandes bloques, constituidos por los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China e India.

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