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“No vemos a la política social como que tienda a corregir los
malos efectos de la política económica, sino como una parte
inseparable de ella”
Principales
lineamientos de la política económica En la medida de nuestras posibilidades, pretendemos mantener un contacto muy estrecho e intenso con el Parlamento porque, reitero, no sólo es un protagonista absolutamente fundamental en la vida nacional, sino que es aquí, en este recinto, donde pueden gestarse reflexiones muy importantes que el Gobierno tendrá en cuenta en la definición de sus acciones. He venido acompañado por el señor Director de Planeamiento y Presupuesto, economista Carlos Viera, por el señor Presidente del Banco Central, economista Walter Cancela, por el señor Subsecretario de Economía y Finanzas, economista Mario Bergara, y por el Jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo. De esta manera, estaremos en condiciones de satisfacer adecuadamente las inquietudes que puedan plantearse en esta Sala. Trataremos de hacer una breve exposición inicial donde remarquemos lo que, a nuestro juicio, son aspectos fundamentales de la conducción económica y luego, si les parece bien, pasaríamos a una etapa de diálogo entre todos nosotros, en la cual podremos intercambiar ideas al respecto. Partimos de tres objetivos ampliamente compartibles, seguramente, por todos los señores Legisladores y, al mismo tiempo, compartidos por todos los partidos políticos como parte de ese entendimiento realizado en el área económica, en este caso con la participación de representantes de todas las colectividades. El Uruguay necesita lograr un ritmo de crecimiento económico alto y sostenido, y sabemos que esa es la única vía para alcanzar niveles de empleo que el país no tiene en este momento, ni desde el punto de vista cuantitativo ni desde el cualitativo. A su vez, nuestro país sabe también que ésta es la única vía para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y, particularmente, de aquellos que han venido sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de la crisis. Crecimiento, empleo y mejora de la calidad de vida, entonces, presiden la definición de las acciones que componen los planes de la conducción económica que hoy venimos a compartir con los señores Legisladores. Esto requerirá, en primer lugar, la realización de importantes transformaciones estructurales en el país. En buena medida, me refiero a reformas postergadas durante mucho tiempo, por diferentes razones que ahora no interesa analizar porque lo que importa es mirar hacia el futuro. La primera gran transformación estructural que necesita el Uruguay es, precisamente, en el terreno de la producción. Recién decíamos que el Uruguay necesita un ritmo más alto y sostenido de crecimiento, y esto tiene un solo significado: es absolutamente imprescindible lograr niveles más altos de inversión bruta. El país se ha caracterizado por tener niveles de inversión bruta interna muy bajos. Es más: el nuestro es uno de los países que durante un largo período ha venido exhibiendo los niveles más bajos de inversión bruta interna de América Latina -lo cual es decir, porque este continente no es una región de inversión alta- por lo que ahora es menester lograr incrementos importantes en ellos. Para tener una referencia al respecto, nos hemos propuesto intentar la duplicación de los actuales niveles de inversión bruta interna durante el transcurso de este período de Gobierno. Obviamente, alcanzar niveles más altos en este tipo de inversión significa poner en marcha procesos absolutamente imprescindibles como la especialización productiva, con definiciones vinculadas a los sectores o complejos de actividades que exhiben ventajas competitivas más fuertes. Asimismo, necesitamos un ambiente propicio para la inversión, lo cual exige, al mismo tiempo, disponer de reglas de juego claras y permanentes, y un Gobierno comprometido con el respeto hacia ellas y hacia los contratos así como la promoción intensa y sistemática de las ventajas que el Uruguay ofrece -sobre todo en la comparación regional- a la inversión del exterior. Dicho sea de paso, la inversión privada y, concretamente, la proveniente del exterior, tendrá que jugar un papel muy importante, habida cuenta de las características estructurales que hoy exhibe el país en la materia. También tendremos que impulsar cambios de fondo en el sistema financiero. Precisamente, la semana pasada estuvimos discutiendo en este ámbito un aspecto relativo al sistema financiero, que no es más que una demostración adicional de los cambios que hay que ir logrando paulatinamente. El objetivo no puede ser otro que la formación de un mercado de capitales en moneda nacional a mediano y largo plazo, objetivo central del sistema financiero uruguayo, desde hace mucho tiempo divorciado de la inversión productiva. Perseguir ese objetivo tiene muchos significados, como el de ir desdolarizando la economía uruguaya, el de generar confianza en la moneda nacional y el de vincular la operación de intermediación financiera a la inversión que, por definición, siempre es de mediano y largo plazo. Esto significa la puesta en práctica de reformas estructurales en la banca estatal -si los señores Legisladores lo creen del caso, podremos conversar sobre esto más en detalle con el economista Walter Cancela- que, al mismo tiempo, suponen reformas institucionales. Ello implica promover nuevos instrumentos, como la Unidad Indexada o un Seguro de Depósitos como el Fondo de Garantía de Depósitos que ya instauramos la semana pasada. Todo esto significa la generación de nuevos productos financieros que permitan ir progresando desde este punto de vista. Me permito citar el caso del fideicomiso, los certificados de depósitos o los “warrants”, que son productos que ya tienen amparo legal en el país, pero también nuevos productos que aún no lo tienen. Siempre pongo como ejemplo el caso del “leasing” de inmuebles rurales, que incluso motivó una iniciativa del Partido Nacional en el anterior Período Legislativo, que entiendo que ahora deberíamos retomar. En todo caso, son ejemplos de nuevos productos financieros que el país debe proponerse alcanzar. La reforma del Estado es un largo y complicado proceso que el Uruguay deberá comenzar lo antes posible. Aun cuando no negamos que ha habido avances parciales en el pasado e, incluso, en el pasado reciente, es evidente que tenemos que persistir en el camino de inyectar cada vez más solvencia profesional en la dirección de las instituciones públicas, además de estatutos objetivos en materia de funcionarios, descentralización de la gestión y mayor control social de esa gestión. Sobre todo, estamos convencidos de que hay que continuar en el camino de preparar a nuestras empresas públicas para la competencia. Es un proceso inexorable -por diversas razones en cada caso- pero, entre otras cosas, para que nuestras empresas públicas puedan seguir siendo nuestras y cada vez más fuertes, tienen que estar preparadas para competir. Estos son ejemplos de reforma del Estado que deberemos proponernos y llevar a la práctica durante el transcurso de este período de Gobierno. Nos proponemos desarrollar una reforma tributaria importante, guiada por tres criterios: el de justicia, el de eficiencia y el de coherencia con ese gran objetivo que es el de incrementar la inversión productiva interna. La base de esa reforma será la instauración del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Aclaro que no digo que será la base del sistema, sino de la reforma, que son dos conceptos diferentes. Como ya fue dicho, esa reforma pretenderá reducir el número de tributos nacionales y, al mismo tiempo, implicará una presión fiscal coherente con nuestro objetivo de incrementar la inversión. Sin embargo, esta reforma no será posible en su aplicación, aunque esté muy bien formulada, si no reformamos la Dirección General Impositiva, que hoy necesita llevar a la práctica lo que la ley ya autorizó en el Período pasado. Ahora, ojalá que sobre la base de acuerdos con sus funcionarios, debemos poner en práctica, a través del mecanismo de la dedicación exclusiva de sus funcionarios, la incompatibilidad con funciones de asesoramiento a la empresa privada y la incorporación de progreso tecnológico, que son características que deberán estar presentes en esta reforma. Por otro lado, trabajando en coordinación con otros ámbitos del Gobierno, como por ejemplo la Cancillería, queremos propiciar rumbos claros en materia de política económica exterior, esto es, de inserción económica internacional del país. Es natural tener como punto de referencia el MERCOSUR, al que nuestro país ingresó mediante el Tratado de Asunción en 1991, pero al mismo tiempo queremos encarar esta tarea sobre la base de diversos puntos de partida que nos parecen fundamentales. En primer lugar, para nosotros el proyecto MERCOSUR es de región abierta y no cerrada; no es estación terminal para el país. Por el contrario, siempre lo hemos visto como una plataforma de lanzamiento hacia objetivos más ambiciosos desde este punto de vista. En segundo término, debemos reconocer que hoy el MERCOSUR tiene problemas muy importantes y tenemos que contribuir, como país, a resolverlos. Algunos de ellos son muy elementales porque, por ejemplo, podemos coincidir en que desde el punto de vista comercial hemos sufrido un importante retroceso en el funcionamiento del proyecto, y ni qué hablar en materia de otras carencias, como la falta de coordinación de las políticas económicas, que representa un grave inconveniente a los efectos de funcionar más adecuadamente. Reconocer que estos problemas existen es una condición fundamental para tomar como punto de referencia el MERCOSUR. En tercer lugar, el Uruguay no debe dejar de persistir en sus intentos de mejorar su inserción internacional fuera de la región y hacer que esto no resulte incompatible con su pertenencia al proyecto regional y su trabajo en él. Me parece que incluso en los últimos años -y en ese sentido cito el Tratado con México- se ha demostrado que esto es posible, o sea, que es posible pertenecer al MERCOSUR, trabajar con coherencia en ese ámbito y, al mismo tiempo, mejorar la inserción extrarregional del país sin incurrir en contradicciones con la pertenencia al proyecto. Es obvio que para un país pequeño como el nuestro, que no puede poner al servicio de su trabajo poderío y tamaño económicos, el tener un enfoque de este tipo aumenta las posibilidades de obtener buenos resultados en todos los ámbitos en que se trabaja. Si bien no está directamente relacionado con la política económica, no puedo dejar de mencionar hoy aquí -y si los señores Legisladores lo entienden conveniente podremos incluso hacer alguna incursión en este tema- que el Gobierno se propone realizar transformaciones muy importantes en materia social. No me refiero sólo al Plan de Emergencia que es, quizás, la medida más inmediata que podamos citar al respecto, sino también a los cambios estructurales en el campo de la salud, de la educación, de la vivienda, etcétera. En ese sentido, no vemos a la política social como una política que tienda a corregir los malos efectos de la política económica, sino como una parte inseparable de ella. Entonces, hoy podemos hablar de política económica, pero tenemos que tener claro que ella está absolutamente articulada a nuestra concepción estructural de las condiciones de vida de la población. En particular, no quiero dejar de mencionar -referido a la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social- que tenemos la firme decisión, en la medida en que el país vaya teniendo posibilidades financieras, de mejorar la situación del progreso científico y tecnológico, algo esencial para un país que se proponga profundizar su especialización productiva, sobre todo a altos niveles de calidad, como nos parece debe ser el camino estratégico a seguir por el Uruguay. Estos son algunos ejemplos, de transformaciones estructurales que el país necesita, pero también importan los que solemos llamar instrumentos de corto plazo de la política económica. Desde este punto de vista, quiero compartir con los señores Legisladores que el Gobierno tiene claro que sólo una conducta fiscal muy cuidadosa, muy rigurosa, puede hacer compatibles los cambios que proponemos, con la situación muy comprometida que emerge del fuerte endeudamiento público que exhibe hoy el Uruguay. Sin esa conducta fiscal rigurosa que, entre otras cosas, suponga ahora, en el corto plazo, un superávit primario muy importante, no será posible, a nuestro juicio, encarar los procesos de transformación que nos proponemos desarrollar a mediano y largo plazo. Entendemos que es esa conducta fiscal rigurosa la que nos permitirá tener un programa sostenible de tratamiento del endeudamiento público. Nos proponemos, obviamente, en la negociación con los organismos internacionales, obtener las mejores condiciones para el país, pero sabemos que en la base de esas negociaciones estará este comportamiento fiscal al que he aludido. A cuenta de mayor cantidad, si los señores Legisladores lo desean, posteriormente podremos profundizar en estos asuntos, pero aclaramos que desde este punto de vista nos proponemos mantener la actual política monetaria, el actual régimen de política monetaria, lo que no significa descartar administraciones flexibles en el manejo de instrumentos concretos que pertenecen a este régimen o que están integrados a él como, por ejemplo, la administración de diversas fuentes de financiamiento al servicio de las necesidades del país, que tienen mucho que ver con el manejo de la política monetaria y sus repercusiones en el campo cambiario. Repito que si los señores Senadores lo desean, podemos profundizar esta afirmación, sobre todo con el Presidente del Banco Central. Queremos mejorar en la práctica el funcionamiento de la Ley de Inversiones de 1998, que nos parece un instrumento adecuado para seguir trabajando con este objetivo. En resumidas cuentas, y de acuerdo con lo manifestado anteriormente, un manejo muy responsable de las cuentas públicas estará siempre en el centro de nuestras preocupaciones, precisamente por los fundamentos que acabo de señalar. No quiero extenderme más porque creo que tenemos que dejar espacio para el diálogo; pero antes, señor Presidente, quisiera solicitar autorización para que, en primer lugar, el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Carlos Viera, y luego el señor Presidente del Banco Central, el economista Walter Cancela, puedan referirse a algunos aspectos de la conducción económica que están directamente vinculados con las instituciones a cuyo frente están trabajando.
Director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto La idea de un país que tenga un desarrollo integral, donde lo económico y lo social estén comprendidos y armonizados; la idea de un país con proyección innovadora donde podamos tener cambios estructurales en nuestra inserción internacional a partir de ese componente tecnológico; la idea de un país, en lo social, perfectamente coherente con las necesidades de la gente; la idea de un país con transformaciones en lo que es el ejercicio de la ciudadanía, transformaciones estructurales en la gestión y en la administración pública, así como la idea de un país integrado al MERCOSUR y al mundo son, realmente, ejes sobre los que nos proponemos profundizar y aportar desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A la Oficina le corresponde, justamente, ese rol de asesorar al Poder Ejecutivo acerca de las decisiones que se van tomando en el corto plazo para que no se pierda de vista ese fin último al cual todos debemos abocarnos. Concretamente, el Presupuesto debe plasmar este encuadre -no digo restricción, sino encuadre, porque me parece más apropiado- que es el que surge de la mirada a largo plazo, y debe hacerlo porque por suerte tenemos un Presupuesto quinquenal y por programas que establece un orden de prioridades que tendría que estar, justamente, en función de ese proyecto país al que queremos aportar. En ese terreno, es objetivo del Gobierno duplicar la tasa de inversión en el quinquenio con relación al producto. El sector público debe estudiar e integrar aportes y gestiones de diversa índole para establecer de qué manera participa en esa tarea de invertir más en lo que es la totalidad del país. Estamos hablando de inversión en su conjunto, privada y pública, con énfasis en la privada pero donde el sector público va a tener su parte. En ese sentido estamos pensando también en crear puentes entre lo social y lo económico, puentes entre lo sectorial -como son los empeños de las empresas públicas- y el programa global, puentes entre lo que son las gestiones y labores independientes y autónomas de las Intendencias Municipales con el programa global, y puentes entre el desarrollo local y el desarrollo global. Precisamente creemos que todos estos puentes van a ser nuestra permanente tarea desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En particular nos proponemos reestudiar -no digo revisar porque implicaría un juicio de valor- los criterios que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se proponen para que la Comisión Sectorial de Descentralización Financiera -prevista en el artículo 230 de la Constitución de la República- los haga suyos, los maneje y decida. Dichos criterios tienen que ver con un relacionamiento entre el Gobierno Central y los Gobiernos municipales, lo que ha sido objeto de algunos análisis no inclusivos dentro de lo que hoy se está manejando. Por lo tanto, proponemos que nuestra primera labor tenga que ver con adaptar los objetivos generales que se han expresado a la situación concreta de cómo el Gobierno Central se relaciona con los Gobiernos departamentales a través de ese valioso instrumento que es la Comisión de Descentralización, que está dispuesta, reitero, en el artículo 230 de la Constitución de la República.
Presidente del Banco Central del
Uruguay El Banco Central, como todos sabemos, sufrió un golpe importante a su reputación, la que constituye el capital más significativo de cualquier Banco Central. Un Banco Central produce bienes públicos y confianza y ésta se basa en la reputación de la institución. Los cambios producidos a partir de junio de 2002 en la política monetaria y en la orientación institucional del propio Banco Central, comenzaron un proceso de recuperación de esa reputación que pretendemos profundizar en este Período. En ese sentido, los principales asuntos que afrontamos en la agenda tienen que ver, básicamente, con cinco aspectos, sin perjuicio de que existan otros a los que debemos poner atención a partir de las finalidades que define la Constitución y la Ley Orgánica de la propia institución. El primer asunto refiere a la propia institucionalidad del Banco Central del Uruguay. Se le ha encomendado a esta institución, por disposiciones constitucionales y legales, el cumplimiento de cuatro finalidades básicas que refieren a velar por la estabilidad del valor de la moneda, a asegurar el funcionamiento del sistema de pagos internos y externos, a asegurar el nivel adecuado de reservas internacionales del país, y a asegurar el funcionamiento del sistema financiero. Esas finalidades las cumple en un régimen de autonomía similar al de los Entes Autónomos del Estado y de hecho implica una responsabilidad política por parte del Directorio del Banco Central frente al Poder Ejecutivo así como, también, una exigencia de rendición de cuentas. Creemos que, más allá de las disposiciones legales vigentes, es conveniente que el Banco Central rinda cuentas al conjunto de la ciudadanía, en particular ante este Poder del Estado, que es el representante, finalmente, de la soberanía popular. En ese sentido intentaremos llevar adelante una política de comunicación con este Poder del Estado, como corresponde -a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con el ordenamiento constitucional-, a los efectos de que esté permanentemente informado y tenga la posibilidad de pedirnos cuentas de las acciones que llevamos adelante. El cumplimiento de las cuatro finalidades que mencionaba y que están en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Banco Central, le impone una estructura organizativa a la institución, puesto que ha colocado dentro de su seno las funciones de regulación y supervisión de la actividad financiera en sus diferentes aspectos, y eso ha dado lugar ‑porque se ha ido haciendo por, digamos, aluvión- a la creación de estructuras organizacionales internas que es preciso revisar para cumplir una función más adecuada, teniendo en cuenta lo que ocurre con los sistemas financieros en el mundo y en particular en el Uruguay. En este aspecto, entonces, estamos tendiendo a una revisión -y aquí sí utilizo el término “revisión” con la connotación que mencionaba el economista Viera- de la estructura de la función de supervisión, lo que derivará en modificaciones reglamentarias internas y probablemente en proyectos de ley que estaremos enviando para su consideración al Parlamento durante el correr de este año. La función que generalmente aparece como principal del Banco Central, que es la de velar por la estabilidad de la moneda nacional, se relaciona con la política monetaria, con la producción de un bien público, como es el dinero, que el Banco Central produce en carácter de monopolista. Esto le impone una restricción de partida, como cualquier otro monopolio; el Banco Central puede fijar una de dos cosas: el precio o la cantidad del bien que produce. Si fija el precio, la cantidad quedará determinada por la demanda de ese bien, y si fija la cantidad, el precio será determinado por la demanda de ese bien. Hago referencia a este símil del Banco Central, como monopolista en la producción de dinero, con otros monopolios, en la medida en que hasta junio del año 2002 el Banco Central operó como monopolista fijando el precio de la moneda en términos de otra moneda, es decir, fijando el tipo de cambio, mientras que el mercado fijaba la cantidad de dinero que producía el Banco Central. Si el Banco Central produce más dinero que lo que la demanda requiere, entonces está generando un desequilibrio en el mercado monetario que lleva a la desvalorización del bien que produce y, por lo tanto, contradice el propósito de aumentar la confianza en la moneda nacional y desdolarizar la economía nacional. Por lo tanto, en materia de política monetaria, continuaremos con el régimen establecido a partir de junio del año 2002, en el sentido de que el Banco Central deja de fijar el precio y pasa a fijar cantidades, mejorando los instrumentos de política monetaria, de modo tal de procurar que el equilibrio en el mercado monetario, es decir la oferta de dinero que el Banco Central genera, tenga su correlato con una demanda de dinero que permita que no se generen los desequilibrios que llevan a la inflación, a las modificaciones bruscas y no deseadas de tipo de cambio y que, por lo tanto, generan incertidumbres en las expectativas de los agentes que tienen que decidir inversiones. Finalmente, y para completar brevemente los puntos de esta agenda, me voy a referir al papel del Banco Central en la promoción del mercado de capitales, elemento que está ligado con los objetivos a largo plazo que planteaba el señor Ministro de Economía y Finanzas, y que atañen al Banco Central en tanto regulador y supervisor del funcionamiento del mercado de valores en el país. En este sentido, somos conscientes que también hay que revisar el marco legal del mercado de valores, la estructura interna del Banco Central en materia de supervisión de esta área, que se liga mucho con la supervisión de seguros la que está incorporada al Banco Central por la ley que desmonopolizó el mercado de seguros, creando una Superintendencia de seguros y reaseguros dentro del Banco y que debe funcionar muy cercana y articuladamente con el área de supervisión del mercado de valores y del control de AFAP que forman parte de un conjunto muy entrelazado entre sí. Desde ese punto de vista, tenemos el propósito de hacer modificaciones institucionales, de promover marcos legales más adecuados para el desarrollo del mercado de valores y para permitir el desarrollo de nuevos instrumentos financieros -tal como expresaba el señor Ministro de Economía y Finanzas- todo eso en un marco de asegurar la transparencia del funcionamiento del mercado y la responsabilidad de sus operadores. Eso quiere decir que tenemos que progresar mucho en hacer efectiva la responsabilidad de quienes intervienen en el mercado de valores, me refiero a los operadores, a los corredores de Bolsa intervinientes en el mercado, a las calificadoras y a las firmas de Auditoría que son partes fundamentales en la construcción de la confianza que está por detrás y que sustenta toda transacción financiera en cualquier economía. Dejo para el final una mención a la necesidad de mejorar los mecanismos de comunicación que el Banco Central tiene con la sociedad y con la opinión pública, no sólo a nivel de los agentes especializados en materia monetaria y financiera, sino también y sobre todo, a nivel de la comprensión por parte de todo el público, de sus derechos y obligaciones en materia de transacciones financieras. En este sentido, todavía tenemos un debe institucional importante que también vamos a asumir como una de las prioridades de este período.
Preguntas y debates,
intervenciones de Diputados y
Senador Sergio Abreu
(PN): Aclaro que no haré una exposición, señor Presidente, sino que me referiré a tres puntos, porque estamos hablando de la política económica en toda su dimensión, que tiene connotaciones y ramificaciones en toda la vida del país. Aquí de lo que se trata es de hacer una contribución, a la cual agregaremos tres preguntas sobre tres temas concretos: la inversión, la inserción externa y la política social. Ha dicho el señor Ministro, con razón, que la inversión del Uruguay es casi una de las más bajas de América Latina respecto del Producto Bruto Interno. Si esta situación no se modifica positivamente, no habrá posibilidades de crecimiento, de redistribución ni de aplicación de recursos para ninguna de las actividades del país, por más preocupación y dedicación que se pueda tener sobre algunos temas sociales que a todos nos han preocupado desde siempre. La inversión se da por confianza, en determinados sectores de la economía que permiten la competencia y por la atracción que pueda tener el mercado nacional. En tal sentido, la pregunta tiene dos aspectos. ¿Se van a mantener los monopolios estatales en determinadas empresas? Se habla de asociación y de ingresar a las empresas públicas al Derecho Privado, lo cual, obviamente, son pasos que hemos intentado muchos gobiernos sin éxito, por razones políticas que no es del caso explicar, ni tampoco de estar ajustando cuentas en este momento porque estamos pensando en el mañana. Repito: ¿los monopolios públicos se mantendrán o no? En caso de ser afirmativa la respuesta, quisiera saber en qué condiciones y, si no, cuáles son las medidas concretas que piensa llevar adelante el Gobierno para su desmantelamiento y asociación. Desde nuestro punto de vista, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones internacionales que tenemos en el ámbito regional, es incompatible el funcionamiento de los monopolios en las empresas públicas. La segunda pregunta está relacionada con la inversión. La Ley de Inversiones Públicas de 1998 -que, naturalmente, fue aprobada en otra Administración con resultado de votaciones distintas- tiene algunos lineamientos de carácter general. ¿Los acuerdos y tratados de inversión y doble tributación con Estados extranjeros -como por ejemplo el celebrado con los Estados Unidos- se van a impulsar, se van a mantener o se van a modificar? Se trata de señales muy claras para el inversor y también para el mercado, que les permitirán saber cómo va a mirar los niveles de competencia que la sociedad está mostrando así como los canales y los instrumentos formales que el Estado determina para relacionarse con el exterior. Otra de las preguntas tiene que ver con la inserción externa. El señor Ministro ha dicho -y compartimos- que estamos sobre la base de un concepto de apertura. Esa apertura que ha sido cuestionada durante tanto tiempo y que para nosotros no es un producto de expresión ideológica sino de la realidad, es la que debemos administrar con un concepto pragmático y estratégico. Coincidimos con la idea de que no debe ser una apertura indiscriminada como falta de sensibilidad, sino como estrategia de país. Se trata de un elemento destacado por el equipo económico y por el señor Ministro, que nosotros queremos subrayar. Esta apertura tiene que ver, reitero, con la estrategia del país y con la política comercial. En realidad, más que preguntas voy a formular algunas reflexiones, porque no estamos en un ámbito de confrontación, sino en uno donde debemos procurar razonar y buscar los entendimientos conceptuales que luego nos permitan trabajar en los consensos así como también en los eventuales disensos. El primero es el que tiene que ver con la institucionalidad, es decir qué piensa el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto al relacionamiento con las otras órbitas del Estado en el manejo y proyección de la política comercial, o sea, cómo piensa instrumentar y coordinar -porque esto es muy importante y lo ven los distintos países en los escenarios negociadores- con la Cancillería, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con el de Industria, Energía y Minería, que tienen negociaciones y negociadores vinculados a determinadas estrategias. Es importante saber qué expresión institucional va a tener el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, una pregunta concreta es qué va a hacer con el Uruguay XXI, porque es parte de la estrategia del país en su inserción y su venta. También debemos saber qué va a hacer respecto de la expresión institucional en el equipo de negociación. En ese sentido, la segunda pregunta se refiere a si se piensa fortalecer los equipos negociadores y se comparte con la Cancillería -como hemos planteado durante mucho tiempo- la idea de que los negociadores uruguayos deben ser muchos más de los que son ahora, que son buenos y pocos, transformándose en una expresión profesional del país que le permita defenderse en todos los escenarios que se plantean ‑multilaterales, regionales y bilaterales- que cada día se multiplican más, con requerimientos técnicos y profesionales cada vez más exigentes. La tercera pregunta se vincula, obviamente, a la competitividad. Hizo muy bien el señor Ministro en incluirla dentro de esta segunda categoría, que es la política comercial, y referirse a las grandes dificultades que atravesó el proceso de integración así como al efecto que sobre la competitividad de nuestras producciones -no sobre la productividad en algunos aspectos, que es un concepto más integral- ha tenido la errática expresión de los tipos de cambio, particularmente en el ámbito del MERCOSUR. Todos sabemos que las preferencias comerciales que se hicieron en el MERCOSUR o en los acuerdos regionales, que tienen que ver con la creación de comercio, terminaron siendo resumidos en desviación de comercio por alteración de los tipos de cambio sin que los acuerdos de integración pudieran consolidar la coordinación de políticas macroeconómicas. En definitiva, mi pregunta es si, dentro de la política externa, el tipo de cambio va a ser el objetivo central en el manejo de las variables del proyecto regional en el MERCOSUR. Si es así, ¿el Ministerio está en condiciones de proyectar y coordinar una idea clara sobre cómo va a ser la coordinación de políticas macroeconómicas en el ámbito del MERCOSUR, para fortalecer la credibilidad de un proyecto en el que, como dice el Gobierno -y compartimos- el MERCOSUR está en el centro de su preocupación? Además, en el centro de su preocupación debe estar el mensaje al exportador para que las reglas de juego no se modifiquen con condiciones unilaterales de los socios, que terminan siendo quienes arbitran y deciden el destino de las inversiones hacia el país y la suerte de los comerciantes y productores del país. Por otra parte me quiero referir a la política social. Obviamente, las preocupaciones del Gobierno en cuanto a la política social son claras y se vinculan a lo que es la conducta fiscal. El Gobierno tiene una meta fiscal que cumplir y, como dice muy bien el señor Ministro, tiene un determinado objetivo que alcanzar en el año respecto a las obligaciones con los organismos financieros internacionales respecto al superávit fiscal primario que, si no me equivoco, debe estar aproximadamente en el 3,7% o 3,8%. Esto, naturalmente, repercute sobre la política fiscal y la relación de ingresos y gastos públicos. Todos sabemos que los dos tercios del gasto público del Uruguay están vinculados a los gastos de previsión social y de salarios. De manera que cualquier tipo de conducta que tenga que ver con el cumplimiento de estas metas pero que no sea el resultado de un crecimiento sostenido y de una repercusión de la economía global sobre el resto de las finanzas públicas, va a influir sobre las expectativas de los sectores y de los pasivos, que tienen una esperanza cifrada en una eventual modificación de sus retribuciones. Tal vez puedan decir que no, pero este escenario los está limitando. En definitiva, mi pregunta concreta es si el Gobierno o el equipo económico va a modificar el régimen de previsión social respecto de las AFAP o no. ¿Cómo se orienta el sentido de su estrategia? Esto es muy importante porque influyen aspectos de la inversión del país y de las normas de la inversión relacionadas con las AFAP. Hoy acabamos de leer el reconocimiento internacional dado a AFAP República, aumentándole la calificación, por ser una de las mejores empresas administradas en el país por su eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. Por tanto, en el ámbito de las políticas sociales y con las limitaciones fiscales, pregunto si las AFAP se van a mantener, no se van a mantener o se va a emitir una señal un tanto contradictoria, como la que hemos escuchado ahora por parte de algunos futuros integrantes de la Administración que tienen visiones diferentes o una interpretación distinta. Hago la pregunta porque creo que es importante tener una visión concreta. Esas son las tres preguntas que deseo realizar, a cuenta de un mayor abundamiento en los momentos en que volvamos a recibir al señor Ministro, a iniciativa suya o de la Comisión, para seguir buscando los lineamientos y entendimientos que favorezcan al país. Respuetas del
Ministro Astori En primer lugar, he dicho que estamos convencidos de la necesidad de preparar a las empresas públicas para la competencia. Eso significa que vemos el debate sobre la reforma del Estado desde esa perspectiva, es decir, sobre la base de los conceptos de monopolio y competencia, mucho más que de propiedad pública y privada. Por diversas razones los monopolios están cayendo y, a nuestro modo de ver, este proceso continuará. Por otra parte, también hemos anunciado nuestra convicción de seguir trabajando en la búsqueda de oportunidades de asociación de nuestras empresas públicas con capitales públicos o privados y, en cada caso, habrá que buscar la mejor opción. En segundo término, tanto el Presidente electo como quien habla, anunciamos nuestra voluntad de ratificación del Tratado de Inversiones con los Estados Unidos y ahora estamos a la espera de la respuesta del Parlamento. Entendemos que el Tratado es positivo para el país y sería bueno ratificarlo, pero no me quiero entrometer en los asuntos internos del Parlamento, que es el que debe definir esa cuestión. De todos modos, como ya dije, nuestra posición es favorable al Tratado y ya la hemos adelantado públicamente. En tercer lugar, esta conducción económica tiene la firme convicción de mantener una economía abierta, que es la mejor manera de obtener buenos resultados para un país pequeño como el nuestro, sin renunciar en ningún caso a los instrumentos a los cuales puede apelar el país, al amparo de los convenios internacionales y de las instituciones de las que forma parte para proteger, o más bien, para defender -creo que el verbo “defender” es más adecuado que “proteger”- la producción nacional contra la competencia desleal. Manteniendo una economía abierta, vamos a recurrir a todas las herramientas e instrumentos a los que estamos autorizados para defender nuestra producción de la competencia desleal, pero, sin duda, también vamos a tratar de mejorar la institucionalidad de la política exterior. Hace pocos días el Canciller revelaba algo que nos debe preocupar a todos y es el alto número de agencias gubernamentales que intervienen en la negociación económica internacional del país. Nosotros creemos que, precisamente, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Cancillería deberían trabajar coordinadamente en el liderazgo de esta negociación internacional. Al respecto, debo decir que estamos trabajando para progresar en ese sentido. Precisamente, en el marco de esas conversaciones en estos días estamos dialogando acerca del destino del Uruguay XXI. Aquí hay una tercera Cartera a la cual es preciso consultar -además del Ministerio de Economía y Finanzas y la Cancillería- que es el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Estamos conversando con los Ministros correspondientes para definir este destino; pronto lo conoceremos y lo podré hacer público, pero estamos trabajando en eso. En cuanto a la competitividad, debo decir que se trata de un concepto muy complejo que depende de muchos factores. El tipo de cambio no es el único factor que pesa en la competitividad de la producción nacional. Mal haríamos los uruguayos en seguir insistiendo en el peso de este factor si queremos algún día desdolarizar la economía uruguaya. Si estamos todo el tiempo mirando las pizarras va a ser muy difícil desdolarizarla. No le estoy quitando importancia a la incidencia del tipo de cambio, pero quiero señalar que por esta interpretación que estoy compartiendo con los señores Legisladores éste no es un objetivo central en materia de coordinación de políticas económicas. Es un factor más, por cierto, a tener en cuenta, pero no el que explica la competitividad.
Abreu:
Yo no dije eso, señor Ministro.
(Dialogados) Lo aliento a seguir por el mismo camino. Entonces, nosotros tenemos que estimular la coordinación de políticas económicas no sólo en esta área sino en todas las que tienen peso y significación en la actuación de los diferentes socios del proyecto regional. De todas maneras, no quiero dejar de decir que desde este punto de vista vivimos la mejor situación que yo recuerde desde que existe el MERCOSUR. Nunca el MERCOSUR tuvo, como tiene ahora, políticas monetarias muy similares, con una estabilidad muy particular en los tipos de cambio relativos desde el punto de vista de la región. Así que en este aspecto me parece que hemos progresado; no hemos ido para atrás. En materia de política social, por supuesto vamos a analizar este tema midiendo siempre sus repercusiones fiscales. Lo primero que tenemos que asegurar ‑lo voy a decir con las palabras más sencillas que sea capaz de pronunciar- es que podamos tener política social en el futuro. Ahora es fundamental tener un escenario sólido, estable y confiable para saber que no sólo hoy tendremos un plan de emergencia, sino que mañana, con criterio de mediano y largo plazo, también tendremos política de educación, de salud, de vivienda, de seguridad social. Eso exige analizar la repercusión fiscal de las políticas sociales. Con respecto a los sistemas de seguridad social, tanto el Presidente de la República como quien habla hemos ya compartido públicamente en diferentes oportunidades que no proyectamos modificar el sistema de seguridad social, pero estamos abiertos a toda posibilidad de mejorarlo. ¿Quién podría negarse a mejorar un sistema? Todos los sistemas son mejorables y esa es nuestra posición al respecto.
Senador Washington Abdala (PC): El señor Ministro de Economía y Finanzas hizo referencia a cambios en el sistema financiero en procura de formar un mercado de capitales en moneda nacional, y me gustaría saber qué tipo de instrumentos -algo ya mencionó- se van a utilizar al respecto y qué idea de crecimiento hay acerca de este mercado. Tengo un segundo aspecto a señalar, a fin de aprovechar la mirada del señor Ministro con relación a la desdolarización de la economía. Francamente, entiendo que hay un tema de carácter cultural difícil de cambiar como vector en la cabeza de los uruguayos, pero presumo que algún elemento habrá para referir. Hay una tercera pregunta que va dirigida al contador Viera, con respecto a la inversión pública -él insinuó una mayor incidencia de la inversión pública- y en ese sentido me gustaría conocer los aspectos cualitativos y cuantitativos, es decir, en qué está pensando, en qué áreas y de qué volúmenes estamos hablando. Digo esto para ser medianamente serios y no lanzar un planteo al aire que luego no tenga un aterrizaje. Es evidente que debo hacer una cuarta pregunta -estoy completamente obligado a ello- sobre el Impuesto a la Renta a las Personas Físicas para saber qué idea hay sobre su globalidad, progresividad, territorialidad, etcétera, y si hay algún boceto al respecto. Estas son las cuatro interrogantes que deseaba plantear; tres para el señor Ministro y una para el señor Director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento.
Ministro Astori: Se trata de dos procesos que van juntos, que son casi como dos caras de una misma moneda; no se puede formar un mercado de capitales en moneda nacional sin desdolarizar el país y tampoco se puede desdolarizar el país sin fortalecer la confianza en la moneda nacional. Por ello hemos establecido, por ejemplo, coberturas diferentes del Fondo de Garantía para depósitos en moneda nacional y en moneda extranjera. Quiero recordar que el decreto que se aprobó reciente establece que la cobertura para los depósitos en moneda extranjera es de hasta U$S 5.000 y en moneda nacional es de hasta 250.000 Unidades Indexadas, que hoy es el equivalente a unos U$S 15.000. Es decir que se cubre el triple en moneda nacional que lo que se cubre en moneda extranjera. Por otra parte, la prima del seguro para depósitos en moneda extranjera duplica a la prima para los depósitos en moneda nacional, ya que hablamos del dos y del uno por mil, respectivamente. Todos estos instrumentos apuntan al mismo objetivo, que es la formación del mercado de capitales o el estímulo para ello, y también a la desdolarización del país. Quiero unir este tema brevemente con el último punto de la respuesta al señor Senador Abreu. Un mejoramiento del sistema de seguridad social, del sistema de ahorro individual obligatorio, es decir, el sistema mixto que tiene el Uruguay- también apunta en el sentido de mejorar el funcionamiento y el volumen del mercado de capitales en moneda nacional que tiene el país. La desdolarización apunta en el mismo sentido y casi diría que es una parte del proceso que acabo de comentar, con un ingrediente que mencionó el señor Senador Abreu, que comparto absolutamente, en cuanto a que también hay un rasgo cultural de por medio: los uruguayos no ahorramos en moneda nacional. Esa es la verdad, y tendremos que enfrentar esa realidad. Digo esto, porque aun cuando en estos días que corren ha habido una apreciación de la moneda nacional y una depreciación de la moneda estadounidense -y este no es un tema nacional, sino internacional- el uruguayo sigue ahorrando en moneda extranjera. Es decir que sigue ahorrando en la moneda que se deprecia y no en la que se aprecia. Entonces, aquí hay un factor cultural de por medio que habrá que saber encarar, aunque aclaro que hoy no estoy en condiciones de decir cómo encararlo y, además, en general, son los factores más difíciles de enfrentar. Pero debemos saber que aquí hay un factor de significación y de peso en esta materia. El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas está comenzando a ser formulado como parte de un sistema tributario a través de una Comisión que acabamos de designar en el Ministerio de Economía y Finanzas, que recibirá una importante asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, con expertos en la materia que estarán contribuyendo con gran esfuerzo. Están los mejores cuadros del Ministerio de Economía y Finanzas al respecto. A la brevedad podremos compartir detalles instrumentales que hoy, sinceramente, creo que no sería conveniente plantearlos públicamente porque, entre otras cosas, estamos empezando a realizar el diseño. Ahora pido autorización para que el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto responda al planteamiento del señor Senador Abdala. Economista
Carlos Viera: Asimismo, hemos dicho que el énfasis deberá recaer sobre la inversión privada y estamos haciendo esfuerzos por involucrar a organismos internacionales y al sector privado, para que mejore el clima de negocios en el país y tengamos, entonces, mayores oportunidades para que el sector privado sea un gran partícipe en esta tarea nacional. Pero también es cierto que el sector público, de alguna manera, debe acompañar el proceso de inversión, porque generar condiciones de infraestructura más adecuadas es importante, justamente, para el tema que refería el señor Senador Abreu, que es el de la competitividad del país. Por lo tanto, también estamos en conversaciones con los organismos internacionales, para obtener los adecuados financiamientos, a fin de que el Gobierno, el sector público en su conjunto, participe de alguna forma en los procesos de inversión. Le diría al señor Senador Abdala que el Gobierno que recién se ha instalado, está trabajando, tiene planes y, por lo tanto, las prioridades concretas y la cuantía de inversión, evidentemente, surgirán de ese trabajo pero, por el momento, no puedo evacuar su pregunta de una manera más concreta. De todos modos, esperemos que en los próximos meses podamos tener, justamente, ese tipo de objetivos bien trazados.
Senador Luis A. Heber (PN): Existen grandes objetivos que todos estamos contestes en lograr, pero se ha dado una vieja discusión constructiva que en el pasado intenté plantear, cuando sostuve en el Parlamento que el sistema político uruguayo tenía puntos de encuentro. Cuando decía esto, veía algunas cabezas que lo negaban y otras que lo asentían, tal como lo están haciendo ahora. Me alegro de que el sistema político pueda tener puntos de encuentro, sobre todo en el área económica, porque es la principal del país y porque desde aquí se puede proyectar hacia otras áreas, lo que para nosotros es muy importante. Todas las interrogantes que deseaba formular fueron hechas por el señor Senador Abreu en representación de mi partido, pero me quedaron ciertas dudas de precisión ‑que no sé si será factible plantearlas ahora al señor Ministro y al equipo económico- luego de algunas respuestas a las inquietudes planteadas, que son las de nuestro partido. Por ejemplo, cuando se habla de ayudar a competir a las empresas públicas, nos encontramos con que naturalmente tenemos situaciones disímiles ya que hay una confirmación de un monopolio, a través de un plebiscito, en el caso de OSE, donde no creo que haya ningún margen para modificar el monopolio porque ha sido ratificado y además consta en la Constitución. En este caso no vamos a poder hacer nada al respecto, dada la realidad política y constitucional que tenemos. Hay una situación que ha generado enfrentamientos en el pasado pero que ha sido ratificada también por un plebiscito en el área de la telefonía básica, en la cual tampoco vamos a encontrar ninguna otra posibilidad de avanzar en cuanto a competencia. Por suerte, ya existe competencia para esta empresa en el área de la telefonía móvil que creo debemos asegurar. Nuevamente quiero señalar en forma pública que me ha parecido una excelente señal de parte del equipo económico, incluso en el período de transición, de que aquí se respetan los contratos que han generado concesiones y que me parece fundamental para la certeza y la seriedad del país en ese sentido. En cuanto a UTE, tenemos una situación de monopolio de hecho y solamente podremos avanzar en la generación de energía. No quiero extenderme mucho en este tema pero hoy tenemos una empresa en donde se puede avanzar en este sentido que es ANCAP. La respuesta del señor Ministro en cuanto a ayudar a la competencia y buscar una asociación no nos queda clara y nos gustaría saber si la forma de hacerlo es haciendo caer los monopolios, porque podemos buscar asociaciones pero manteniendo los monopolios. Nos gustaría tener una visión en ese sentido para tener claro si la asociación que podría realizar esta empresa implicaría en el futuro también la caída de su monopolio. Me parecen muy importante las anunciadas reformas de estructura del sistema financiero y del sistema de algunos bancos, pero tengo dos preguntas un poco precisas en este punto. Digo “un poco”, porque no abarca con precisión todo. Me gustaría saber si habrá alguna iniciativa para que en el Banco de Seguros del Estado caiga el monopolio de accidentes de trabajo. ¿El equipo económico tiene opinión formada en ese sentido? Es muy importante saberlo. Creo que es un monopolio que debe caer y, lamentablemente, no terminaron de venir medidas de cambio, de estructura y de desmonopolización en la anterior Administración. También quiero preguntar al señor Ministro -aunque ya lo he leído en la prensa, me parece que tiene otra importancia escucharlo en esta Comisión, por la formalidad y porque le está hablando al Parlamento- si se va a intentar vender el Banco Comercial. Lo ha dicho públicamente, pero estimo conveniente escuchar algún comentario por parte del equipo económico sobre lo que ha sido un esfuerzo compartido en cuanto a generar una nueva situación, un poco “sui generis”, para un banco que todavía no podemos ver con claridad si hay interesados en gestionarlo. Estas son las preguntas de carácter concreto y preciso. Me queda muy clara la posición del Gobierno -que comparto- sobre la política cambiaria, pero quisiera saber si hoy -y lo pregunto porque han habido voces públicas levantando alguna luz amarilla- a juicio del señor Ministro o del Presidente del Banco Central, hay o no atraso cambiario. ¿Podemos tener un comentario al respecto de modo de saber si existe una situación de atraso cambiario que pueda afectar -si bien no es la única razón- la situación de competitividad de nuestras empresas? Decimos sí a la reforma tributaria; vamos a estar con el señor Ministro. Nosotros no somos conservadores, y coincidimos con que tener 28 impuestos es un verdadero disparate. Nos parece importante empezar a discutir sobre el Impuesto a la Renta a las Personas Físicas; pero también creo que hay que llevar, en forma paralela -y esto no va a cuenta de pregunta sino de comentario- no sólo un control fiscal, sino también del gasto público, a fin de tratar que la reforma nunca esté condicionada por las emergencias y por las necesidades urgentes, que es lo que siempre ha pasado. Me parece que un plan de ajuste para gastar mejor y menos, cumpliendo la misión, es importante. Nos asustan, naturalmente, algunos comentarios que aparecen en la prensa, como por ejemplo el hecho de que se va a levantar la medida de prohibición de ingreso de funcionarios públicos, y nos asusta en cuanto al condicionamiento, porque todos sabemos que dos terceras partes del gasto público tiene que ver con el tema de la seguridad social y los sueldos. No sabemos si estos comentarios son o no oficiales, pero nos parece que la eliminación de esa prohibición puede comprometer mucho lo que podamos avanzar en cuanto a la reforma tributaria, porque después se esgrimirá la razón del artillero: precisamos recursos para pagar los sueldos. Reitero que esto me preocupa y me gustaría escuchar un comentario oficial por parte del equipo económico. Termino, señor Presidente, diciendo que con respecto a la pregunta del señor Senador Abreu sobre la reforma de la seguridad social, es importante destacar que siempre habrá buena disposición para mejorar el sistema, pero el sistema queda vigente. Creo que es el mejor mensaje que podemos enviar desde acá. Me gustaría que esto se pudiera subrayar.
Ministro Astori : Quiero hacer referencia al repaso que hemos realizado sobre las diferentes situaciones de las empresas públicas y, sobre todo, a lo que tiene que ver con nuestra afirmación de prepararlas para la competencia. Este “prepararlas para la competencia” quiere decir muchas cosas, no sólo buscar posibles formas de asociación, sino también, en primer lugar, que estén bien dirigidas; en segundo término, que tengan estatutos objetivos en materia de funcionarios; en tercera instancia, que tengan un régimen tributario adecuado para la competencia, puesto que hoy no lo tienen y están muy sometidas a las necesidades fiscales del país, lo que les hace muy difícil funcionar como empresa. Es necesario revisar todos esos aspectos, incluyendo la descentralización y el control social de la gestión. Debo recordar que la Constitución de 1967 incorporó una disposición que nunca se cumplió adecuadamente en el país -y adviértase del período que estamos hablando- que es la obligatoriedad de las empresas de publicar periódicamente estados que permitan a la sociedad en su conjunto -que es su propietaria- saber qué está pasando dentro de ellas. Todo esto es “prepararlas para la competencia”, y es con ese criterio global que vamos a encararlo. Sobre el tema del Banco de Seguros del Estado, debo decir que aún no hay definición, entre otras cosas porque ni siquiera ha asumido su nuevo Directorio. Seguramente en la tarde de hoy el Parlamento considerará las venias e inmediatamente nos pondremos a encarar ese tipo de temas. No obstante, me permito recordar que no es una cartera atractiva para alguien ajeno al Banco de Seguros del Estado. Si se está pensando en una posible desmonopolización para encararlo por vía privada, no creo que sea un negocio atractivo. Es sólo una opinión personal que arriesgo acá, pero lo que importa es decir que el tema todavía no está definido. Con respecto al Nuevo Banco Comercial, debo decir que va a ser enajenado, es decir, va a volver al sector privado, tal como lo hemos anunciado públicamente. No es que vayamos a trabajar para venderlo sino que ya lo estamos haciendo; es algo que comenzó el Gobierno anterior y nosotros continuamos. Sí quiero anunciar que en muy pocos días más vamos a poder compartir públicamente los nombres de las nuevas autoridades del Nuevo Banco Comercial, quienes tendrán como objetivo fundamental el que acabo de mencionar. Aclaro que cuando digo “nuevas autoridades” me refiero a nuevo Directorio y también a nuevo gerenciamiento de la institución. Por otra parte, en mi modesta opinión -luego le voy a pedir al economista Walter Cancela que lo complemente- no existe atraso cambiario en el sentido riguroso del concepto. Para empezar, es un concepto relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere más de una fecha de comparación para analizar su evaluación. Si tomamos determinado punto de partida, podemos arribar a ciertas conclusiones, mientras que si tomamos otro, llegamos a conclusiones diferentes. Por ejemplo, si comparáramos con la situación preexistente a la crisis del año 2002, nadie podría decir que hoy existe atraso cambiario en el país porque en esa comparación relativa, como toda comparación, lo que estamos midiendo es, en realidad, el poder de compra de nuestra moneda frente al de los socios comercialmente relevantes para el país. Desde ese punto de vista, más allá de alguna oscilación específica que pueda haber -como la ha habido en la Argentina en los últimos tiempos- no creo que podamos hacer esa afirmación. Esto no significa restarle importancia al tema -nosotros lo estamos monitoreando permanentemente-, pero reitero que este no es el único factor de competitividad. Tengamos presente que además queremos desdolarizar la economía uruguaya. Puede llegar a haber, incluso, una contradicción esencial entre jerarquizar desmedidamente la importancia del tipo de cambio y la desdolarización de la economía. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No tenemos ninguna noticia en esta mesa acerca del levantamiento de prohibición de ingreso de funcionarios, de manera que, en lo que a nosotros respecta, lo desmiento totalmente; pero también agrego que sería tan preocupante levantar esta prohibición como violarla, y esta prohibición ha sido sistemáticamente violada en los últimos años. De manera que nos vamos a preocupar no sólo de no levantarla, sino también de evitar las violaciones. Señor Presidente: solicitaría se autorizara al economista Mario Bergara, Subsecretario de Economía y Finanzas, a opinar sobre el tema competitividad y empresas públicas, y luego me gustaría que tanto el economista Walter Cancela como el economista Fernando Lorenzo hicieran algún aporte en materia de tipo de cambio, competitividad y atraso cambiario.
Economista Carlos Viera:
En ese sentido, no todos los segmentos de servicios públicos están en la misma situación, ni desde el punto de vista del entorno legal, ni desde el punto de vista de la realidad. Es verdad que ha habido pronunciamientos ciudadanos en materia del sector de agua y del sector de combustibles, pero hay áreas para trabajar. En el sector de aguas el pronunciamiento es claro; sin embargo, es necesaria seguramente una ley sectorial que afine la situación, de manera de poder resolver incertidumbres que están planteadas hoy en cuanto a la participación del sector privado. En lo que tiene que ver con el área de telecomunicaciones, hay un marco legal que ha determinado que la telefonía básica se mantenga dentro de un esquema de monopolio, pero todos los demás segmentos, no sólo de telefonía internacional, móvil, sino también del resto de telecomunicaciones -transmisión de datos, acceso a Internet, etcétera-, están liberalizados, es decir, en régimen de intervención tanto del sector público como del privado. Obviamente, es muy importante la participación de las empresas estatales en telecomunicaciones, pero la apertura al sector privado ha sido clara y son esencialmente mercados en competencia. En cuanto al sector de energía y, en particular, de energía eléctrica, también es el marco legal votado en el año 1997 el que determina los monopolios en transmisión y distribución eléctrica. En el área de generación, que es la que tiene un marco de liberalización, la esperanza de una mayor competencia en este sector estaba esencialmente asociada a la interconexión con el mercado mayorista argentino, con quien tenemos una ruta de interconexión muy amplia. Ese mercado ha visto, de alguna manera, alterados y reprimidos los parámetros de funcionamiento en el último período y, por lo tanto, no ha sido sencillo avanzar en esa área. Sí ha quedado claro que es necesario fortalecer el relacionamiento de interconexión eléctrica y de otras áreas como el gas natural, y no solamente con la Argentina; es preciso contar con una mayor diversificación en ese sentido. Esto se asocia con la pregunta formulada por el señor Senador Abdala referida a la inversión pública. Hoy por hoy, necesitamos una mejor interconexión eléctrica, por ejemplo con el Brasil, y seguramente en esa área habrá participación de inversión pública en la concreción, lo que es absolutamente imperioso dadas las circunstancias del mercado de energía eléctrica en el Uruguay. Por lo tanto, en cuanto a cómo avanzar en materia de energía eléctrica y gas natural en un esquema de mayor competencia, decimos que el marco legal para el área de generación existe y ha determinado el monopolio en transmisión y distribución, pero hay circunstancias que rodean al país -ya sea por su propia infraestructura con relación a los vecinos, como por el hecho de cómo están funcionando los mercados energéticos en la región- que dificultan, en la vida real, avanzar en un esquema de mayor competencia. En cuanto al tema de los combustibles, el señor Ministro de Economía y Finanzas ha sido claro al respecto y seguramente el trabajo va a estar abierto a buscar las mejores formas de preparar y fortalecer a ANCAP en ese sentido, y si la solución va por la vía de la búsqueda de la asociación, es un terreno en el cual estamos cómodos. El último punto referido ya no a servicios públicos sino a privatizaciones, es el tema vinculado al Nuevo Banco Comercial. La intención de este Gobierno en ese sentido ha sido expuesta, dejando claro que el país muchas veces ha reprivatizado bancos y las experiencias han sido complejas. Por lo tanto, este proceso de retorno del Nuevo Banco Comercial a manos privadas, debe estar guiado y presidido por una cautela muy grande en cuanto a que no podemos “tirar” al Nuevo Banco Comercial al primero que pase, en aras de que sea un proceso más rápido. Tenemos que ser muy cuidadosos con el fin de asegurar que aquellos que se hagan cargo de él, garanticen las condiciones que deben requerirse en el Uruguay para que sean banqueros serios y responsables. Muchas gracias.
Jefe de la Asesoría Económica del
Ministerio Básicamente, quisiera hacer una primera consideración en el sentido de que cuando nos referimos al desafío competitivo que tienen las empresas del país y a la necesidad de proyección y fortalecimiento de la capacidad competitiva de nuestras empresas, estamos hablando de una situación que requiere permanentemente mejoras. La carrera competitiva y la de las mejoras de productividad no se juega en un día, en un mes o en un año y ahí se termina. Es una carrera continua; es un mundo que exige cada vez más progresos y mejoras relativas respecto a nuestros competidores. En eso consiste, básicamente, el corazón del problema de la competitividad. Por lo tanto, los instrumentos sobre los cuales cargar las tintas tienen que ser aptos para que esas mejoras continuas puedan viabilizarse a través de ellos. Quiero ser claro al decir que no veo la posibilidad, desde el punto de vista técnico, de que el tipo de cambio se pueda transformar en un mecanismo continuo de mejora de la competitividad. Los factores que permiten y potencian las mejoras de capacidades competitivas a lo largo del tiempo y de manera sostenida no pueden basarse en el tipo de cambio, ya que éste no puede crecer ni decrecer, en términos reales, ilimitadamente; es una variable que tiene imposibilidades desde el punto de vista de factibilidad. Ahora bien, si de lo que se trata es de decir que el tipo de cambio debe ofrecer condiciones para que los otros factores actúen, adelanto que la preocupación que tendremos en todo momento es que efectivamente, en lo que hace a la capacidad de competencia -medida a través de lo que el tipo de cambio aporta a ella- no ofrezca un ambiente que sea distorsivo y que genere problemas. La visión de competitividad que tiene el Gobierno es más amplia y engloba factores que sí pueden mejorar de manera continua la competitividad, evitando que sean por única vez. Pretendemos que permitan al país y a nuestras empresas competir en mejores condiciones en los mercados cada vez más exigentes que vamos a enfrentar. En consecuencia, en este aspecto deseo formular los ámbitos fundamentales sobre los cuales se pretende operar con programas específicos. Uno de ellos es el relativo a los ámbitos de innovación. No se trata de decir que es bueno el progreso tecnológico para los negocios, sino entender lo bueno que es para los negocios que se llenen de progreso tecnológico y avancen de manera continua en materia de innovación. Por lo tanto, los programas de innovación, para que ésta tenga efectos reales sobre la competencia de nuestras empresas, estarán en primer lugar. Por otro lado, el país necesita una política muy activa y fortalecida en materia de promoción de inversiones. No hay mejoras de productividad continua sin inversiones; la inversión es la portadora de las mejoras de productividad. El país tiene en su proceso de inversión uno de los déficit más importantes, que se ha acumulado durante décadas. La promoción activa por parte de toda la institucionalidad pública a los efectos de promover vehículos aptos para que potencien la inversión, será una línea que se seguirá en todos los ámbitos y frentes de acción que esto pueda tener. Por cierto que la promoción de inversiones no es solamente un problema de captación de inversión extranjera directa, más allá de que es un capítulo importante. Queremos captar la inversión de nuestras propias empresas canalizando el ahorro uruguayo hacia procesos de inversión. Desde nuestro punto de vista, la insuficiencia de inversión en el Uruguay no se debe a la falta de negocios. En nuestro país hay buenos negocios para hacer, pero está el problema de determinar cómo se disparan las condiciones para que esa inversión pueda surgir. Dada su estructura económica, para fortalecer su competitividad, el Uruguay necesita programas activos de promoción comercial y de procesos de internacionalización de nuestras firmas. Hay experiencias internacionales que debemos acompañar e intentar replicar para que nuestras empresas reales -no las que quisiéramos tener, sino las que existen hoy- sean capaces de competir en los mercados internacionales. Como dije, eso requiere de programas específicos. Estamos embarcados en estas tres cuestiones que tienen que ver con innovación, promoción de inversiones y comercial. El señor Ministro señalaba que en este mismo momento se está pensando en la posibilidad de utilizar de manera más integral y directa a Uruguay XXI como una herramienta en este sentido. Por último, quisiera manifestar que la competitividad para un país como el Uruguay, dada su dotación de recursos humanos y físicos, es necesariamente una exigencia de calidad. Elevar la calidad es elevar la capacidad de generar, con el mismo trabajo y esfuerzo, más recursos y bienestar para los uruguayos. Claramente, la visión que tenemos de la competitividad es que hay que fortalecer todas estas cosas. Debemos tener mucho cuidado para que el tipo de cambio no juegue como desestímulo para que estos procesos se puedan dar. En este momento no identificamos que esté planteada una amenaza, aunque debemos reconocer que no estamos acostumbrados, desde el punto de vista de cómo se hacen negocios en el Uruguay y de cómo se conducen las políticas públicas, al fenómeno de que en flotación cambiaria enfrentemos a un dólar depreciándose a nivel internacional. Esa es una novedad y estamos trabajando en ello, tratando de entenderlo y viendo qué instrumentos de política económica nos pueden ayudar a lidiar con ese tipo de problemas. Se trata de algo nuevo, que el país no había tenido en el pasado y que en este momento nos toca a nosotros enfrentar.
Senador Sergio Abreu (PN): Sin embargo, quiero aclarar que la vulnerabilidad del Uruguay es un hecho de la realidad. Nuestro país es un tomador de precios y de decisiones internacionales. Por lo tanto, como alguna vez se ha dicho, tiene que hacer un esfuerzo muy grande porque el ser uruguayo no sólo es una condición, sino que hoy se ha transformado en una profesión. Esto nos lleva a hacer una reflexión sobre el tipo de cambio. Yo me estaba refiriendo a la repercusión que sobre la economía uruguaya tuvo la depreciación monetaria brasileña y luego la argentina. O sea, no me refiero sólo a lo que es el concepto de competitividad desde el punto de vista teórico. Entiendo que hay que decirle al productor, al comerciante uruguayo, al que trabajó durante muchos años esperanzado en un proceso de integración, que esos mecanismos no fueron manejados en forma adecuada por nuestros socios e incluso, en algún sentido, hasta por el propio Uruguay en su estrategia, porque cuando vino la devaluación brasileña las exportaciones del empresario y del obrero uruguayo cayeron en U$S 500:000.000, y otro tanto pasó con la devaluación argentina, lo que determinó que, entre otras cosas, el Producto Bruto se redujera a U$S 12.000:000.000. Cuando hablamos de coordinación de políticas macroeconómicas no nos referimos a que el centro de la competitividad sea el tipo de cambio, pero la competitividad del país en el ámbito regional se tiene que defender tratando de preservar una coordinación con los socios; de lo contrario, no hay MERCOSUR, proyecto político, integración ni discurso de ninguna naturaleza que permita decirle al que trabaja en el Uruguay que su trabajo lo perdió simplemente por una circunstancia, sino que hay que decir la verdad, que el proyecto de integración en el que estaba esperanzado fracasó porque hubo problemas en el ámbito del tipo de cambio o en dificultades de coordinación macroeconómica del MERCOSUR. Eso es lo que quise decir. Es importante que la estrategia del país vuelva a fortalecerse en este tema y en ese sentido apuntaba mi pregunta, es decir, cómo los mecanismos de la integración hacen confiable la integración. No me refiero sólo al discurso político, que podemos compartir, ya que la integración es trabajo y posibilidades de certeza para el uruguayo que trabaja acá. Si no es así, no hay discurso político. El tipo de cambio hay que mirarlo, no en el aspecto de la competitividad integral, sino en el de la estrategia del Uruguay en la que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una gran importancia porque cumple un rol dentro del Consejo del MERCOSUR, en el caso regional y, obviamente, en los otros ámbitos económicos de la inserción internacional del país.
Economista Fernando Lorenzo: Ahora, a partir de las consideraciones del señor Senador Abreu quisiera hacer tres puntualizaciones. En primer lugar, el régimen cambiario actual del Uruguay, independientemente del que haya en la Argentina, en el Brasil y en el Paraguay, sin lugar a dudas, por sus propias características, permite absorber mejor que el anterior algunos de los efectos que provienen de estas perturbaciones, desalineamientos y cambios de paridades de nuestros vecinos. Diría que si algo tiene un régimen cambiario como el del Uruguay, de tipo de cambio fluctuante, es que es capaz de dar cuenta e internalizar mejor que otros regímenes cambiarios este tipo de cosas. Quisiera hacer esta advertencia porque eso sí depende de los uruguayos, porque lo podemos definir nosotros. Podemos decir que el problema de la coordinación macroeconómica para el Uruguay es una necesidad, porque decir que es una prioridad sería un poco exagerado, ya que eso no depende sólo de nosotros. Las prioridades las podemos poner en un primer lugar en la lista de preocupaciones del MERCOSUR, pero este es un problema que necesariamente requiere una acción coordinada y en cooperación con nuestros socios. No es algo que nosotros podemos definir a nuestro antojo diciendo que vamos a cooperar e imponernos. Si algo tienen las soluciones cooperativas es que no se pueden imponer y lo mismo ocurre con las soluciones coordinadas que se tienen que construir. En ese sentido, diría que el papel que tiene que retomar el Uruguay en el MERCOSUR es un papel en el cual todos los bienes públicos que el MERCOSUR tiene para darle a sus ciudadanos y a los del Uruguay se deben poner por delante y la estabilidad del clima de negocios, así como la influencia que tienen las inestabilidades cambiarias sobre el clima de negocios, debe estar dentro de nuestras primeras prioridades. Senador Sergio Abreu (PN): Apoyado.
Economista Fernando Lorenzo:
Presidente del Banco Central del
Uruguay De manera que no vemos un problema de atraso cambiario, ni tampoco uno de tendencia hacia un atraso cambiario, que sería algo más preocupante. En algún momento puede haber desalineamientos entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio real de equilibrio, pero éste es preocupante cuando siempre tiene un sesgo en el mismo sentido, para arriba o para abajo, porque estaríamos ante un problema de inadecuación de políticas. Para nosotros, desde el punto de vista de las funciones que tiene que cumplir el Banco Central, el régimen monetario cambiario vigente, como decía el economista Lorenzo, es el que nos permite una mayor capacidad de reacción frente a posibles impactos externos a los que estamos sometidos. Sin embargo, esto también tiene sus problemas y, por lo tanto, estamos trabajando en el sentido de perfeccionar los instrumentos de acción del Banco Central en el mercado. No tenemos experiencia de trabajar como monopolistas, fijando cantidades, sino fijando precios, haciendo referencia a la intervención anterior. Por lo tanto, tampoco tenemos evidencia estadística en cuanto a los efectos que producen determinadas decisiones en un mercado que funciona de esa manera. Esto se está viendo a medida en que se va funcionando en ese régimen. El Banco Central se encuentra en un proceso de aprender haciendo, incorporando experiencia internacional. Tenemos instancias planteadas de intercambio internacional con el Fondo Monetario Internacional y con otros países que se encuentran en el mismo régimen, con condiciones similares de dolarización de la economía. Para nosotros es importante monitorear la evolución del tipo de cambio pero, en todo caso, sobre lo que podemos actuar es sobre el tipo de cambio nominal y lo podemos hacer a través de la cantidad de dinero que es como el Banco Central está actuando. Monitoreamos las señales que nos da el mercado sobre la oferta de dinero del Banco Central a la demanda que el mercado está produciendo, o sea, al ajuste que se produce entre las ofertas y las demandas de divisas. Hoy vemos, por ejemplo, que todas las licitaciones de letras de regulación monetaria cuentan con una demanda, por parte de las instituciones, mucho mayor a la oferta que hace el Banco Central en materia de colocaciones. Aparentemente habría un exceso de liquidez de parte de las instituciones; es decir que hay un deseo menor a tener dinero que el que tienen. Eso se aprecia en las tasas de interés que se están pagando por estas colocaciones, que son en moneda nacional a 30 días del orden del 3% anual. En las colocaciones más largas, las tasas no superan el 6% en moneda nacional anual. Quiere decir que estamos en una situación de liquidez suficiente. Si uno mira la tasa “call”, que es la que se utiliza para cubrir necesidades de cobertura del “clearing” o de encajes de un día para el otro, observamos que se encuentra entre 0,5% y 1% entre los bancos. El Banco Central paga 0 por los depósitos “over night”. O sea que, desde nuestro punto de observación, no hay problemas de desequilibrio en el sentido de que haya una astringencia de dinero en el mercado que esté motivando que el tipo de cambio esté más bajo de lo que tendría que estar. El problema que tiene este régimen es que, de alguna manera, nos deja expuestos a las fluctuaciones que pueden introducir sobre el mercado los movimientos de capitales autónomos. Es decir, una entrada grande de capitales al país que no esté compensada por mayor importación o por disminución de pasivos del país puede generar una oferta de divisas en el mercado que haga mover fuertemente el tipo de cambio en un mercado que fluctúa. El tamaño del mercado cambiario en el Uruguay es del orden de los diez a quince millones diarios de transacciones; se trata de un mercado absolutamente minúsculo para cualquier movimiento de capitales que se pueda producir. En ese sentido, estamos estudiando mecanismos -a pesar de que hay mecanismos, que se aplican, de exteriorización y demás, de ese tipo de operaciones- que nos permitan prevenir impactos negativos de entrada de capitales sobre el tipo de cambio nominal que se trasladen después al tipo de cambio real, en la medida que desequilibre el nivel de gasto con el nivel de ingreso -uno de los fundamentos del tipo de cambio es el equilibrio macroeconómico de gasto de ingreso agregado de la economía- y que por esa vía tiendan a generar lesiones a la competitividad global de la economía. Las fluctuaciones del tipo de cambio van a seguir existiendo. No vamos a intervenir desde el Banco Central para evitar la fluctuación del tipo de cambio. No renunciamos a intervenir cuando haya que hacerlo para protegernos contra estos “shocks” que pueden provenir de circunstancias particulares; pero la determinación de cuál es el tipo de cambio nominal que el Uruguay quiere en definitiva proviene del Ministerio de Economía y Finanzas, del frente fiscal. Es decir, es a través de la política fiscal que hay que generar eventualmente superávit para comprar dólares, para levantar su nivel, o al revés para reducir; pero desde el Banco Central no vamos a fijar autónomamente el nivel del tipo de cambio. Nuestra política tiene que estar coordinada con los objetivos de la política macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos trabajando con rangos de metas inflacionarias a un año de horizonte, que se acuerdan conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. En función de eso, el Banco Central define sus instrumentos para operar en las metas en las que sí puede determinarse por sí mismo como, por ejemplo, la cantidad de dinero medida por la base monetaria. En conclusión, entonces, no debe esperarse que el Banco Central del Uruguay fije una meta del tipo de cambio, ni que el Presidente de esta institución anuncie una estimación del tipo de cambio para el futuro; espérese, sí, que el Presidente del Banco Central anuncie, el 30 de marzo, las metas de inflación y cantidad de dinero y, a partir de allí, el mercado tendrá que tomar sus decisiones económicas. En un régimen de flotación, las fluctuaciones afectan efectivamente las previsiones de negocios, no sólo en el sector real de la economía -exportaciones e importaciones- sino también en el sector financiero, en cuanto a constituir un depósito en moneda nacional o hacerlo en moneda extranjera. De esta manera, modificaciones que pueden ser muy favorables para el sector real de la economía son muy negativas para el sector financiero. Ya lo vimos en el año 2002, con una devaluación que mejoró rápidamente la competitividad de algunos sectores, pero debilitó e hizo caer en crisis al sistema financiero por la estructura de riesgo cambiario de la cartera de los bancos. Por lo tanto, hay que manejar estos aspectos de forma coordinada, hay que desarrollar instrumentos de protección frente a las incertidumbres del futuro y, como dijimos a través del equipo económico en momentos de aprobar el Fondo de Garantía de Depósitos, ya no hay más seguros implícitos de depósitos; el seguro es explícito. Tampoco en materia cambiaria hay más seguros implícitos de tipo de cambio -que luego pagamos todos- sino que, de ahora en adelante, habrá seguros privados y si alguien quiere asegurarse, deberá pagar a través de los futuros o los “forwards”.
Senador Isaac Alfie (PC): |
El
ministro de Economía Danilo Astori parece considerar que llegó
el momento de explicitar ante la sociedad uruguaya su proyecto
de economía. En la última semana realizó varias reuniones con
actores fundamentales de sociedad explicando los lineamientos de
su proyecto. La ONDA digital publica a continuación la
intervención del ministro Astori, que realizó durante tres horas
en las comisiones de Hacienda de Diputados