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Declaración del encuentro
sindical iberoamericano
Cartagena, 17 21 de septiembre
del 2007
Declaración final de los sindicatos
iberoamericanos (América Latina, España y Portugal)
y que se entregará a los Jefes de Estado y de
Gobierno antes de la Cumbre de Santiago de Chile que
se celebrará entre los días 8 al 10 de noviembre.
Se trata de un documento en que los
sindicatos reclaman que la cohesión social (tema
central de la Cumbre) tiene que estar fundamentada
en el diálogo y concertación social y en la
capacidad de los Estados en poder realizar políticas
públicas y para ello es necesario que existan
sistemas fiscales que procuren ingresos suficientes,
una de las carencias estructurales de los países de
América Latina.
DECLARACION
Reunidos/as en Cartagena de Indias,
Colombia,
con motivo de la celebración del Seminario “El
diálogo social y la concertación vehículos de la
cohesión social iberoamericana del
18 al 21 de septiembre de 2007, representantes de
los sindicatos iberoamericanos y de las
organizaciones regionales americanas de la
Confederación Sindical Internacional, la ORIT y la
CLAT, acuerdan transmitir a los Jefes de Estado y de
Gobierno Iberoamericanos que se reúnen en Santiago
de Chile durante los días del 8 al 10 de noviembre
próximo, bajo el eje de trabajo de “La cohesión
social y el desarrollo de políticas sociales para
alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica”,
la siguiente Declaración:
La globalización imperante registra
elevados costos sociales y productivos para
nuestros pueblos y no sólo en las regiones
marginadas sino incluso en los países donde la
globalización es percibida como un proceso exitoso.
La aplicación del modelo neoliberal ha significado
la fragmentación social reflejada en un creciente
deterioro de los niveles de vida de amplios sectores
de la población afectados por la creciente
desocupación, tercerización, flexibilización,
precariedad laboral, deterioro de la calidad de
vida, incremento de la pobreza, persistencia de la
explotación laboral infantil, crecimiento de la
desigualdad social. La primacía o la exclusividad
del interés en las ganancias del capital ha incidido
negativamente sobre los abundantes y desprotegidos
recursos naturales, sobre el cuidado del medio
ambiente, ha generado el abaratamiento y la
precarización de la mano de obra, la persistente
violación de los derechos humanos y sindicales
fundamentales especialmente en las maquilas, las
desigualdades de género y el acoso laboral, la
discriminación por clase, raza y etnias considerados
todos ellos como alicientes en la radicación de
inversiones, lo que cuestiona seriamente la
viabilidad sostenible de importantes regiones de las
Américas. El grave déficit de trabajo decente está
destruyendo los sistemas de seguridad social,
volviendo meramente declarativos los derechos del
trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo
social, y haciendo ilusorio el compromiso social de
las empresas, así como el compromiso político de los
Estados por impulsar el cumplimiento de los acuerdos
sociales establecidos en las diferentes Cumbres
Iberoamericanas.
Cohesión Social y Desarrollo
Sostenible
El movimiento sindical de
Iberoamérica expresa que la Cohesión Social no puede
constituir una mera expectativa retórica sino la
efectiva concreción de metas económicas, sociales,
políticas, productivas y educativas destinadas a
elevar la calidad de vida de los hombres y mujeres
de Iberoamérica, en términos de calidad democrática,
generación de pleno empleo decente y trabajo digno,
de un papel activo y transformador de los Estado
Nacionales, de mecanismos permanentes de diálogo
social, y la construcción de un modelo de desarrollo
orientado a la inclusión social.
Las Políticas Públicas deben estar
orientadas a la eliminación de las desigualdades y
la exclusión que sufren gran parte de nuestros
ciudadanos y ciudadanas. La construcción de una
ciudadanía incluyente exige políticas fiscales
destinadas a mejorar sustantivamente la distribución
de la riqueza, estableciendo un sistema tributario
suficiente, equitativo y progresivo que grave la
riqueza y garantice el consumo de los bienes básicos
para toda la población, que limite las inversiones
volátiles y promocione las inversiones productivas,
destinadas a la integración productiva de las
diversas regiones nacionales y creando redes
productivas integradas con mayor valor agregado en
las subregiones. El crecimiento económico no se
traduce en gran parte de nuestros países en una
mejor distribución de la riqueza. La fiscalidad
constituye la base de las políticas públicas
y, por tanto, los Estados deben comprometerse
fehacientemente a tomar medidas activas para evitar
prácticas fiscales que lleven a la evasión
impositiva, castigando el fraude y la elusión
fiscales, en particular los movimientos meramente
especulativos y la fuga de capitales.
El desarrollo sostenible de los
países iberoamericanos exige la conjunción de
políticas macroeconómicas, productivas, sociales, y
medioambientales con el fin de orientarlas a la
generación de trabajo digno.
La Plataforma Laboral de las Américas
denuncia que el modelo neoliberal ha promovido a
través de la privatización de los bienes y servicios
públicos, la polarización social de nuestros países.
En consecuencia es necesario un programa que
reconstruya la cohesión social a través de metas de
reducción del analfabetismo, la universalización de
los sistemas públicos de salud de calidad para todos
los habitantes, y elevar sustancialmente la
inversión pública en programas de educación básica y
media. Adicionalmente, resulta imprescindible
reconstruir sistemas nacionales de educación técnica
que vinculen la formación con el mundo del trabajo,
componente casi ausente en los países de América
Latina.
Cohesión Social y Diálogo Social
Reafirmamos nuestra voluntad de
trabajar para que el diálogo social y la
concertación se constituyan en un importante
vehículo de la cohesión social que permita hacer
avanzar la democracia participativa y
representativa en nuestros países, fortaleciendo al
Estado solidario con justicia social y el respeto a
los derechos humanos y laborales fundamentales.
Comparativamente con la tradición
europea de diálogo social, en América Latina y el
Caribe la mayoría de las
experiencias nacionales muestran una notoria falta
de cumplimiento por parte de los
empleadores(públicos y privados) sobre los
compromisos asumidos. La mayor parte de las
declaraciones sobre diálogo social resultan difusas,
discontinuas y sin monitoreo sobre plazos y
objetivos.
Los Sindicatos iberoamericanos
afirman que sólo se podrá avanzar en el cumplimiento
de los acuerdos establecidos en las Cumbres de
Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, si se
promueve un auténtico diálogo social, basado en la
preservación y fortalecimiento de la función
normativa de la OIT, así como en el cumplimiento de
la Resolución de la Conferencia del 2002 sobre
Diálogo Social y Tripartismo. El diálogo social
requiere de actores sociales (trabajadores y
empleadores) representativos y comprometidos con
dicho proceso y que reconozcan la capacidad de
interlocución de las partes y su autonomía.
Los gobiernos deben garantizar el
pleno ejercicio de los derechos económicos,
políticos y sociales, en particular el derecho a la
vida, el cual es permanentemente violado en países
como Colombia, Guatemala y El Salvador, así como la
libertad de asociación sindical, negociación
colectiva y huelga.
Asimismo, demandamos a los gobiernos
despenalizar el conflicto social y respetar el
derecho a la libre manifestación de las
reivindicaciones económicas, sociales y políticas de
todos los sectores de la población, eliminando las
prácticas represivas.
Iberoamerica debe atender en forma
urgente la problemática de los y las migrantes de la
región. La cohesión social exige establecer
políticas de reconocimiento de los derechos de los y
las migrantes y sus familias, comprendiendo el
impacto de desafiliación social que impregna a los
trabajadores y las trabajadoras obligado/as a
emigrar de su entorno, así como también el impacto
económico que genera la fuga de cerebros, proceso
que profundiza la desigualdad entre las naciones en
detrimento de los países no desarrollados.
Las organizaciones sindicales de
Iberoamérica proponen la implementación de un
mecanismo tripartito que permita darle seguimiento a
los diferentes acuerdos establecidos en las Cumbres
de Presidentes y Jefes de Estado
Cohesión
social y fortalecimiento de los componentes de
diálogo político y de cooperación en los
acuerdos entre la Unión Europea y
América Latina y el Caribe
El sindicalismo iberoamericano
reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los
procesos de integración económica política que
tengan una fuerte dimensión social, tanto si se dan
en un ámbito regional como es el caso de la Unión
Europea, como los que tengan una dimensión
subregional, en América Latina, como es el reciente
caso del proyecto UNASUR y otros procesos de
integración ya establecidos. Los procesos de
integración regional constituyen la alternativa
frente a los tratados de libre comercio e inversión,
que encubren formas de dominación de unos países
sobre otros.
El sindicalismo iberoamericano apoya
en el ámbito nacional y en los procesos de
integración regionales y subregionales la creación
de instituciones abiertas a la participación real de
la sociedad y un sistema de toma de decisiones más
eficaz y representativo de las necesidades reales y
aspiraciones de nuestros pueblos, de libertad,
democracia, justicia social y paz. Preconiza,
igualmente, la colaboración entre las instituciones
de estos sistemas y los de la Unión Europea, con
participación de los interlocutores sociales en la
definición, aplicación y seguimiento de las
políticas resultantes de esta colaboración.
Desde la Cumbre de Montevideo, la
novedad más importante para la Comunidad
Iberoamericana es la extensión de negociaciones de
acuerdos de asociación entre la Unión Europea y las
subregiones latinoamericanas, cubriendo MERCOSUR,
CAN, Centroamérica y parte del Caribe. En este
marco, las organizaciones sindicales advierten del
gran desafío que establecen para los Estados
Iberoamericanos, los acuerdos de cooperación
económica, de diálogo social y comercio actualmente
en negociación, para la preservación del desarrollo
sostenible centrado en la generación de pleno empleo
y trabajo digno.
El sindicalismo toma nota de que
el mandato negociador de la Unión Europea coloca
como temas todos aquellos presentes en los tratados
de libre comercio firmados por EEUU en la región, a
manera de “OMC-plus”, aun cuando también introduce
un capítulo promotor del desarrollo sostenible
con previsiones relativas al comercio
y a la inversión extranjera. Por esta vía, se
aspira a “asegurar y facilitar los estándares
medioambientales y sociales, maximizando los
impactos positivos y minimizando los negativos del
acuerdo, y considera las asimetrías a través de la
determinación de productos sensibles y períodos de
transición en los países que lo requiriesen”.
Hemos sido testigos de cómo los
Tratados de Libre Comercio y los Tratados de
Protección y Promoción de Inversiones con Estados
Unidos han venido configurando verdaderas
plataformas productivas que a manera de nuevos
enclaves exportadores benefician principalmente a
las empresas multinacionales que al amparo de dichos
acuerdos se han venido instalando en nuestros
países, profundizando sus desequilibrios productivos
estructurales, obstaculizando el objetivo de la
creación de pleno empleo y trabajo digno y
provocando la desarticulación de los procesos de
integración subregionales.
La experiencia acumulada en cuanto a
los impactos productivos y socio laborales de los
acuerdos firmados con México(2000) y Chile(2001) nos
alertan también sobre algunos de los desequilibrios
derivados:
Ø
de un creciente déficit comercial en
beneficio de un comercio intracorporativo de
empresas multinacionales que reexportan bienes con
bajo contenido nacional y sin ningún beneficio a los
productores locales.
Ø
de flujos de inversión extranjera
directa localizados en los polos regionales de mayor
desarrollo nacional aprovechando los incentivos
fiscales y las infraestructuras creadas.
Ø
servicios de alto costo y baja
calidad sin criterios sociales, en los servicios
públicos esenciales privatizados, como la salud, el
agua y la energía.
Ø
participación de empresas europeas en
el sistema financiero y bancario alejada de
criterios sociales y productivos que permitan
orientarlo al logro del desarrollo sostenible,
mediante el apoyo crediticio y financiero al
desarrollo.
Para la adopción de una estrategia
puntual respecto de estas negociaciones, el
sindicalismo iberoamericano tiene como antecedentes
varias declaraciones sindicales, incluyendo la de
la Cumbre sindical de Viena en el 2006, cuyos
contenidos ratificamos, y que en su capitulo
productivo expresa:
Ø
la oposición a cualquier acuerdo
comercial que se base en criterios neoliberales de
libre comercio y no apueste por un comercio justo y
equilibrado.
Ø
el rechazo de la estrategia de
aquellas multinacionales y elites empresariales
locales, dirigida a sacar el máximo provecho de
estos acuerdos olvidando su responsabilidad social.
Ø
la necesaria vinculación que debe
haber entre estos acuerdos y las visiones
productivas que, como la desarrollada en la
Plataforma Laboral, lleva a poner en marcha una
economía de nuevo enfoque que impulse el desarrollo
sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y
al trabajo digno, reconociendo un rol activo del
Estado.
A ello debe agregarse la perspectiva
que promueve un acuerdo comercial diferente, que
implica relaciones comerciales basadas en el
intercambio solidario y equitativo, que no se base
sólo en la competitividad sino también en la
complementariedad, que permita la diversificación de
bienes internos, el fortalecimiento de los mercados
locales y del papel regulador de los Estados en los
procesos de inserción económica internacional, sobre
todo para la satisfacción de las necesidades más
urgentes y necesarias de los sectores históricamente
excluidos. En consecuencia, ratificamos la condena
al bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU
contra Cuba.
A partir de este eje, las
organizaciones sindicales de Iberoamérica ubican
otros requerimientos, en el campo de lo sociolaboral
y participativo, completamente dirigidos a
fortalecer el componente de cooperación y de diálogo
político que incluyen los actuales acuerdos en
negociación:
Ø
la incorporación de los derechos
sociolaborales, recogiendo los convenios de la OIT,
otros instrumentos del derecho internacional
vigentes así como la legislación sociolaboral más
avanzada de cada uno de los bloques firmantes.
Ø
mecanismos regulares y oficiales de información,
consulta y participación durante las negociaciones y
el seguimiento del acuerdo, abriéndose instancias
claras de consulta para conseguir una participación
activa de los interlocutores sociales y de la
sociedad civil organizada tanto en Europa como en
América Latina y Caribe. Sostenemos, igualmente las
propuestas del CC-SICA, del CCLA, del FCES MERCOSUR
y del CESE, en favor del reconocimiento y puesta en
marcha de comités conjuntos de estos organismos.
Ø
Las empresas multinacionales deben
asumir su responsabilidad social y compromiso con el
desarrollo sostenible, ajustando obligatoriamente su
actuación a las Directrices sobre Empresas
Multinacionales de la OCDE, la Declaración
Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales,
el Global Compact de las Naciones Unidas y los
Acuerdos Marco Internacionales vigentes, suscritos
con las Federaciones Sindicales Internacionales,
organizando sus relaciones laborales sobre la base
de la negociación colectiva, nacional y
supranacional, garantizando su responsabilidad
social y la de sus empresas satélites y
contratistas.
Ø
La cooperación entre Europa y América
Latina y el Caribe debe orientarse a la construcción
del desarrollo sostenible. Las asimetrías entre
ambas regiones imponen condicionamientos que deben
ser observados, y la obligación de definir políticas
compensatorias de fondos estructurales y de cohesión
social que reduzcan las diferencias. En este
sentido, los objetivos comerciales y económicos no
deben tener primacía sobre las propias metas
sociales.
Demandamos a los Presidentes y Jefes
de Estado de Iberoamerica para que se incluya en
todos los acuerdos de asociación y cooperación
económica y política la exigencia del pleno respeto
a los derechos fundamentales de los trabajadores y
trabajadoras.
Vemos con preocupación que los
Mandatos de Negociación definidos por la Comisión
Europea para los países Andinos y de Centroamérica y
el Caribe, se asemejan a los Tratados de Libre
Comercio firmados con Estados Unidos, alejándose de
la tradición social europea que ha sido referente
importante para los países de América Latina y el
Caribe.
Sobre las relaciones con las
organizaciones empresariales iberoamericanas y la
SEGIB
Tras analizar la situación del
diálogo social y la negociación colectiva en las
naciones iberoamericanas, que presenta grandes
diferencias entre ellas y una situación de deterioro
o debilidad en gran número de países, las
organizaciones sindicales presentes en el Encuentro
de Cartagena de Indias acuerdan:
a)
Demandar a las
organizaciones patronales que contribuyan a eliminar
los obstáculos para que, en todos los países
iberoamericanos, se produzca un desarrollo de la
negociación colectiva y el diálogo social acorde con
los derechos fundamentales del trabajo y las normas
y orientaciones de la OIT.
b)
Exigir a las
organizaciones representativas de los empresarios
iberoamericanos un compromiso activo para la
erradicación de la violencia y la represión de las
actividades sindicales legítimas y pacíficas,
especialmente allá donde –Colombia, Guatemala, El
Salvador - los sindicalistas son asesinados,
desaparecidos, amenazados y desplazados por el
ejercicio de los derechos sindicales.
c)
Proponer que, en el
próximo encuentro iberoamericano de organizaciones
empresariales y sindicales, se aborden los problemas
existentes en la negociación colectiva y el diálogo
social nacionales, con la voluntad de encontrar
soluciones concretas para remover los obstáculos que
en buen número de países atentan contra el
desarrollo eficaz de los mismos, al tiempo que se
trata de facilitar los instrumentos de la
negociación colectiva supranacional siguiendo las
directrices de la OIT, la OCDE y Naciones Unidas, y
la práctica de los acuerdos marco desarrollada por
las federaciones sindicales internacionales con un
número creciente de empresas multinacionales.
En las declaraciones de la Cumbre
Sindical de Madrid (2005) y Montevideo (2006)
valoramos el papel que podría jugar la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) para facilitar el
diálogo de los interlocutores sociales en su ámbito
geopolítico, y establecer para los mismos los
procedimientos de información y consulta con los
responsables políticos de la Comunidad
Iberoamericana. En las declaraciones conjuntas de
las organizaciones sindicales y empresariales
iberoamericanas de 2005 y 2006, también se pedía la
creación en la SEGIB de un Espacio Permanente de los
interlocutores sociales para alcanzar estos
objetivos. Las organizaciones presentes en el
Encuentro Sindical de Cartagena confían en una
pronta puesta en marcha de esta estructura
representativa de las organizaciones sindicales y
empresariales iberoamericanas, en los términos
previstos en el borrador de acuerdo de constitución
que han conocido y que recoge sustancialmente las
propuestas que realizaron en los encuentros
sindicales iberoamericanos de Madrid y Montevideo.
LA
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