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"Uruguay
país natural": si hay algo que atenta Palabras
del diputado de la Alianza Progresista, Gustavo Guarino, miembro
interpelante del ministro de Ganaderia, Agricultura y Pesca, ing.
Martín Aguirrezabala, sobre maíz transgénico, efectuada en la
Cámara de Representantes el día 19 de agosto de 2003. SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: esta interpelación es una etapa más en el tratamiento de la autorización para la introducción del evento genético llamado MON 810 en el genoma del maíz destinado a la producción del grano de dicha especie. La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara comenzó a analizar este tema tan complejo el 17 de junio y, en primer término, recibió al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca ?que entonces era el ingeniero agrónomo Gonzalo González?, acompañado de diez asesores, quienes explicaron los distintos puntos de vista de la Cartera. Tres días después, el 20 de junio, se firmó la resolución que tomó estado público el 1° de julio en una publicación del Diario Oficial, casi coincidiendo con la renuncia del ingeniero agrónomo Gonzalo González. Al lado de la firma del señor Ministro también aparecía la del señor Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry. Frente a esta situación, planteamos la conveniencia de considerar tan importante temática en el plenario de la Cámara y se resolvió solicitar al Poder Ejecutivo que postergara la aplicación de la resolución del 20 de junio, publicada el 1° de julio y que no tiene número. Esto tuvo lugar en esta Cámara el día 16 de julio. Posteriormente, el señor Ministro hoy interpelado también compareció en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, acompañado de un importante número de asesores, y manifestó su postura favorable a autorizar la liberación de los cultivares del MON 810. En ninguna ocasión se respondió a la solicitud concreta de la Cámara del 16 de julio de 2003. Por este motivo, y tomando como negativa la respuesta no dada con relación a lo resuelto por la Cámara de Diputados, planteamos la necesidad de interpelar al señor Ministro Martín Aguirrezabala en lo que tiene que ver con la autorización firmada por su antecesor, el ingeniero agrónomo Gonzalo González, en vías de implementación en estos momentos. En esta sesión, entonces, interpelaremos al señor Ministro. Se plantearán las distintas ópticas sobre este asunto y veremos qué resuelve la Cámara al respecto. Queremos aclarar que no pretendemos la censura del señor Ministro ?también lo hemos dicho públicamente?, sino, nada más y nada menos, que se deje en suspenso la resolución que habilita el cultivo de este maíz transformado genéticamente. El país se debe un debate sobre este tema; este Parlamento también se debe un debate sobre el punto. Esa discusión es necesaria para definir políticas de Estado; hay que analizar cómo se desarrollan estas nuevas tecnologías a nivel nacional, en el marco de nuestro sistema de producción, particularmente el agropecuario. Este tema ya fue encarado en forma tenue en el Parlamento, en ocasión de discutirse la Ley N° 17.283, llamada ley general de protección del medio ambiente. Es un tema que mucho tiene que ver con el futuro de nuestro país y no debería teñirse de aspectos político-partidarios, ni ser un asunto en el que el Poder Ejecutivo de turno crea tener las atribuciones para hacer definiciones por sí solo, ya que cualesquiera que sean estas, afectarán a varias generaciones de uruguayos. La referida ley general de protección del medio ambiente es muy rica desde el punto de vista conceptual; posiciona a Uruguay como un país con un marco legal avanzado para el tratamiento de los temas ambientales. En el artículo 6° ?"Principios de política ambiental"?, del Capítulo II, "Disposiciones generales", hay dos conceptos que me interesa resaltar, porque se relacionan con el tema que estamos considerando. En el apartado A) se establece: "La distinción de la República en el contexto de las naciones como 'País Natural', desde una perspectiva económica, cultural y social del desarrollo sostenible". En el apartado B) se determina: "La prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas". En el artículo 22 se establecen las normas que nos obligan al mantenimiento de la diversidad biológica. El artículo 23 refiere a la biodiversidad y establece las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como custodia de todo lo relacionado con la creación, manipulación, utilización o liberación de organismos genéticamente modificados. Esta ley la votamos nosotros en esta Legislatura. Han existido otras incursiones parlamentarias respecto al mismo tema. El señor Diputado Sande, del Partido Colorado, en la sesión del 2 de agosto del año 2000 realizó una exposición durante la media hora previa en la que claramente alertaba sobre los riesgos que los organismos genéticamente modificados representan para la salud y el ambiente. También manifestaba su preocupación por salvaguardar el contenido de "País Natural". Posteriormente, el 1° de marzo de 2001, los quince Diputados de la bancada de la Lista 15 presentaron un importante proyecto de ley que determina las normas para el etiquetado y la comercialización de los productos alimenticios destinados al consumo humano y animal que contengan ingredientes genéticamente modificados. Esto se aplicaría tanto para la producción nacional como para los alimentos importados; en los dos casos deberían especificar esa condición en sus envases. Este proyecto de ley, cuyo envío a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca hace muy pocos días fue votado por la Cámara, está actualmente a estudio de dicha Comisión. Fue presentado ?reitero, y lo resalto? por la totalidad de los señores Diputados de la Lista 15, con una importante fundamentación de motivos que abre valoraciones sobre los transgénicos. Este aspecto tiene mucho que ver con el tema que hoy tratamos. Diría que se trata de una norma ambiciosa; inclusive, en la Unión Europea se acaban de definir aspectos similares, en especial en lo relacionado con los alimentos para animales, los cuales, antes del 2 de julio de 2003, no eran obligatoriamente etiquetados. Como expresé, seguramente trataremos este proyecto en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes. También han incursionado en este tema otros señores Diputados: el señor Diputado Legnani ha manifestado reiteradamente inquietud y preocupación por el punto, y el señor Diputado Arrarte Fernández, ingeniero agrónomo, planteó este asunto específico del maíz en la Cámara y en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es un tema típico en cuanto a que requiere la más amplia participación política y de la sociedad civil. En el mundo se ha producido una concentración de la investigación científica en manos privadas, lo que significa un verdadero problema para los intereses generales de la humanidad. En los últimos años se han registrado importantes avances en el campo biotecnológico y, entre ellos, los vinculados a la producción de alimentos, que se han concentrado en muy pocos países y en muy pocas empresas. Una de ellas, la Monsanto, controla aproximadamente el 90% de la producción de transgénicos en el mundo. La producción de cultivos genéticamente modificados ?es bueno tener claro este aspecto? se concentra en cuatro países: Estados Unidos, Argentina, Canadá y China. Estos países concentran más del 95% del comercio mundial de estos organismos ?cifras más, cifras menos?, entre los cuales predomina notoriamente Estados Unidos, desde donde sale la mayor parte de las innovaciones en este aspecto. El vértigo con el que se desarrollan estas nuevas tecnologías y se liberan al ambiente es directamente proporcional a la incertidumbre que ellas generan desde el punto de vista de su impacto en la salud humana y animal, en el ambiente y en los procesos comerciales. Los consumidores, en particular los del mundo desarrollado, sobre todo los de la Unión Europea ?aunque también los de Estados Unidos y Japón?, observan estos procesos cada vez con mayor incertidumbre. La seguridad alimentaria pasó a tener un peso fundamental en la preocupación de los consumidores, particularmente después de la crisis de la vaca loca, de la fiebre aftosa en Europa y del problema de las dioxinas en Bélgica. Jorge Riechmann, en su libro "Cultivos y Alimentos Transgénicos", expresa: "A lo largo de 1996, el caso de las 'vacas locas' evidenció dramáticamente el tipo de problemas que genera el modelo agropecuario dominante, sometido a intensas presiones productivistas que con frecuencia llevan a desdeñar los riesgos para la salud pública. Aunque en este caso no intervienen técnicas de manipulación genética, sí se ha puesto palmariamente de manifiesto el fracaso de las estructuras de evaluación de riesgos de las industrias agropecuarias y de las instancias públicas que las controlan". Es notoria la desconfianza que existe, sobre todo en Europa, en las agencias estatales Estos elementos parecen indicarnos que la prudencia y la profundidad de análisis son fundamentales a la hora de definir políticas nacionales al respecto. Recientemente participamos en una jornada de trabajo convocada por el Centro Latinoamericano de Ecología Social ?CLAES?, en la que se presentaron dos modelos utilizados para la toma de decisiones sobre la incorporación de organismos genéticamente modificados, que están en pleno proceso de desarrollo. Es el caso del Reino Unido y de Nueva Zelandia. La presentación fue realizada por los investigadores de dicho Centro, señores Eduardo Gudynas y Gerardo Evia. Quiero hacer referencia a ello porque creo que es importante considerar algunos aspectos, sobre todo para evaluar qué es lo que estamos haciendo en nuestro país, y de alguna manera tener referencias o poder contrastar la información. En el Reino Unido ?país que hoy tiene una moratoria sobre estos temas?, el proceso de toma de decisiones tiene procedimientos tradicionales ?por llamarlos de algún modo?, similares a los de otros países; pero por otro lado ahora se inició un nuevo proceso. Entre los primeros, es decir, los tradicionales procedimientos de evaluación, tienen al Departamento de Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales ?DEFRA?, que es la agencia responsable del control y del manejo de la liberación de los organismos genéticamente modificados; además, está encargada de la bioseguridad y de las relaciones internacionales, incluyendo la Unión Europea y los tratados ambientales internacionales. En paralelo, existe una iniciativa de evaluación de importancia a cargo de la Agencia de Estándares de los Alimentos, la FSA. A raíz de la complejidad del tema, el Gobierno del Reino Unido ha instrumentado un nuevo mecanismo. El proceso es llamado "de tres senderos", y transcurre en tres niveles: el debate público, la revisión de la información científica actual y un estudio económico de la relación costo?beneficio. Diversos documentos del Gobierno sostienen que los organismos genéticamente modificados no son fines en sí mismos, sino que su uso debe ser contrastado con las políticas nacionales en áreas clave; entre ellas, se indican especialmente las políticas en agricultura y ambiente, rural, ciencia, innovación y competitividad, seguridad, calidad de los alimentos y desarrollo internacional. Este aspecto es importante en el contexto de nuestros países latinoamericanos, ya que en muchos casos no es evidente la preexistencia de políticas nacionales en algunas de estas áreas como para contrastar y evaluar el impacto de estos transgénicos. En cuanto al debate público, refiere a la organización a nivel de toda la comunidad, de toda la sociedad y en todo el país de un amplio debate al cual pueden acceder ciudadanos de cualquier punto; es concretado por un Consejo Coordinador Independiente, que debe encontrar las vías formales e informales para canalizar esa discusión y sacar las conclusiones. La línea científica, es decir, el sendero científico para un análisis de este tema, parte de las preguntas que emergen del debate público y busca generar respuestas a esas interrogantes. El comité está formado por científicos e investigadores de diferentes Universidades, industrias y organizaciones ambientalistas. Este comité ya ha producido un informe, que destaca: "La evidencia y los estudios son todavía limitados.- Aceptan las posturas de las personas que rechazan los OGM como forma de mejorar la estrategia". Creo que este punto es muy importante, sobre todo en lo relativo al tratamiento que tiene en nuestro país, donde a veces parece haber resistencia a incorporar ideas o formas de opinión diferentes a las oficiales. Expresa este informe preliminar: "Los riesgos para la salud humana son bajos, pero a pesar de ello el reporte es muy cauteloso, ya que riesgo bajo no significa inexistente.- Los OGM pueden tener impactos ambientales adversos y solo se pueden autorizar por evaluación de riesgo caso por caso". Es necesaria una evaluación nacional. En forma paralela, el Gobierno encomendó un estudio de campo a gran escala, que está en marcha y en desarrollo. En cuanto a la línea económica ?aspecto no menor, sobre todo respecto a lo que veremos más adelante en el análisis que haremos con relación a nuestro país?, en el Reino Unido se formó una unidad estratégica, que depende directamente del Primer Ministro. Tiene por objetivo analizar los temas estratégicos transectoriales asociados a la innovación. Tiene una mirada prospectiva; piensa el país a diez y quince años para adelante. Su integración es multidisciplinaria; ninguno de los integrantes del equipo trabajó para organizaciones con intereses financieros en cultivos o en alimentos derivados de organismos genéticamente modificados, y tampoco estuvieron asociados a campañas sobre estos organismos. Según el Gobierno, debe aparecer un análisis balanceado y abarcador de los costos y beneficios de un posible cultivo comercial. Otro aspecto importante de la estrategia de análisis de este tema en el Reino Unido, que tampoco es menor, es la transparencia. Los resultados de las tres líneas de trabajo a que hacíamos referencia son publicados por Internet y los participantes deben declarar siempre sus intereses o el de las instituciones a las que están asociados. Los investigadores que trabajen en proyectos financiados por empresas con intereses vinculados a organismos genéticamente modificados deben declararlo, y una Comisión resuelve si deben participar o no en las evaluaciones. Creo que esto también es importante para tener transparencia en los mecanismos de evaluación. El que se aplica en Nueva Zelandia es el otro modelo analizado, que creo de interés comentar acá. No hablo de dos países cualesquiera, sino que han sido referencia de nuestro sistema productivo, particularmente del agropecuario, y creo que es bueno que veamos cómo hacen el análisis. En el año 2000, el Gobierno de ese país crea la Comisión Real de Modificación Genética, integrada por un destacado jurista, un Obispo de la Iglesia Anglicana, un experto en bioquímica y un médico de reconocido prestigio nacional. Nótese qué composición más amplia, más variada, más heterogénea y más abarcativa. Posee un marco regulatorio ya existente, fuerte y robusto, en el sector de la biotecnología, sector que han determinado como estratégico. Los agricultores han indicado a esta Comisión, en sus primeros avances, que los transgénicos más ampliamente difundidos en el mundo son para producción de "commodities" y que no se adaptan a su interés. Ello significa que, probablemente, pasarán varios años antes de que sean liberados con fines comerciales. Se plantean la posibilidad de coexistencia, y para ello se requieren tres elementos esenciales. En primer lugar, se requiere un sistema regulatorio sólido que proteja el ambiente y la seguridad de la población; en segundo término, que se efectúe un análisis caso por caso, y en tercer lugar, que haya un enfoque de toda la cadena de producción para atender cualquier preocupación de los diversos sectores. Voy a hacer referencia al marco regulatorio en Nueva Zelandia. Ya existen dos cuerpos regulatorios en esta área: la Autoridad Ambiental de Manejo de Riesgo ?ERMA?, que regula cualquier introducción de nuevos organismos, incluyendo los genéticamente modificados, y Estándares Alimentarios de Australia y Nueva Zelandia, que regula la seguridad y etiquetado de los alimentos modificados. Un alimento que es a la vez un organismo vivo, requiere la aprobación de ambas divisiones. Todo el trabajo de la Comisión Real de Modificación Genética tiende a despejar al máximo las dudas antes de levantar la moratoria hoy existente. Nótese que tienen el marco regulatorio, los organismos con especificidad para actuar en ese marco regulatorio y, además, esta Comisión Real de Modificación Genética para estudiar los casos. Se valora altamente a nivel de esta Comisión el concepto de la oportunidad, ya que un organismo genéticamente modificado puede pasar los diferentes análisis de riesgo, pero, si no aporta a la estrategia del país, no será liberado. Apuestan a tener en funcionamiento un sistema operatorio que, con los principios ya señalados, permita la efectiva coexistencia antes que cualquier organismo sea introducido, a diferencia de muchos de nuestros países, en los que los productos genéticamente modificados son liberados y después se generan las normas. La coexistencia ?me refiero a la coexistencia de distintos sistemas de producción, donde podrán estar los transgénicos y los tradicionales, y donde deberán estar los orgánicos? implica la previa definición de responsabilidades claramente establecidas para cada uno de los actores. El Estado asume su responsabilidad de establecer un marco mínimo para regular los conflictos entre particulares. El marco de toma de decisiones establece claramente, además, que si los beneficios no son superiores a los riesgos no deberán aprobarse las solicitudes. Aparte de estos dos casos emblemáticos, debemos conocer la gran preocupación de los Gobiernos de la Unión Europea y el conjunto de normas aprobadas para dar garantías a los consumidores que, en definitiva, son los que mandan. Existe el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la trazabilidad y el etiquetado de organismos genéticamente modificados y de los alimentos y piensos producidos a partir de estos. El 2 de julio pasado se reafirmaron rigurosas condiciones que obligan a etiquetar todo alimento y derivado que contenga más del 0,9% de organismos genéticamente modificados, con el objetivo de dar la máxima tranquilidad y libertad de elección al consumidor. Ya se ha establecido el marco legislativo europeo para estos organismos genéticamente modificados. El Consejo de Ministros ha adoptado formalmente dos propuestas de la Comisión Europea relativas a los organismos genéticamente modificados, mediante las cuales se instaura un sistema comunitario claro de trazabilidad y etiquetado y se regula la comercialización y el etiquetado de los alimentos y los piensos obtenidos de estos alimentos, es decir, los alimentos destinados al consumo de los animales. Esta nueva legislación consolidará un enfoque fiable y seguro respecto a los organismos genéticamente modificados y los alimentos y piensos modificados genéticamente. Asimismo, permitirá que se efectúe la trazabilidad a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la explotación agrícola hasta el consumidor, y se informe al consumidor por medio del etiquetado acerca de todos los alimentos y de todos los piensos compuestos u obtenidos a partir de estos organismos o los que los contienen. Al respecto, Estados Unidos ha protestado fuertemente; considera que esta medida es una discriminación, puesto que notoriamente el consumidor ha demostrado que, pudiendo elegir, espontáneamente elige lo natural y orgánico. Es cierto que no hay una exigencia directa para el etiquetado de carnes o lácteos provenientes de animales alimentados con transgénicos, pero también es cierto que en la última reunión del Parlamento Europeo, de 2 de junio de 2003, existió una fuerte demanda de los consumidores y de organizaciones ambientalistas para que se obligue también al etiquetado de dichos productos, como ya lo exigen las normas sobre la carne orgánica. Greenpeace lamentó que no se haya hecho extensivo a productos derivados de animales alimentados con transgénicos, tales como huevos, leche y carne, y urgió a los productores a que lo informen voluntariamente, ya que ellos sí sabrán qué materia prima adquieren. El 23 de julio pasado, la Comisión de la Unión Europea aprobó las recomendaciones para elaborar las estrategias y mejores prácticas nacionales, con el fin de garantizar la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencional y la ecológica. Se trata de la misma coexistencia a que hacíamos referencia antes, cuando hablábamos de Nueva Zelandia. Es un amplio documento, con recomendaciones generales y específicas a grado de detalle ?me veo tentado a leer algunas, pero no lo haré para no ser muy extenso?, de las normas que tienen que existir para que se puedan liberar organismos y se contemple esa coexistencia con las garantías suficientes para el modelo productivo que pretenden desarrollar los países de la Unión Europea. Sobre la base de que toda la producción de alimentos tendrá una rigurosa trazabilidad y etiquetado, se recomiendan normas severas para la coexistencia que aseguren la segregación de la producción y manejo de los productos, sin riesgo de contaminación. En este marco que hemos venido definiendo es que queremos analizar cómo se ha procesado esta liberación del MON 810 en nuestro país. Tal como se comentó ampliamente en el debate anterior, a través del Decreto N° 249/000 se crea la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados. Es en ese marco que se aprueba el evento MON 810. Debemos destacar que posteriormente a ese decreto, esta Legislatura aprobó la Ley N° 17.283, que, a nuestro criterio, define la doctrina nacional sobre medio ambiente y otorga potestades de decisión al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sobre los organismos genéticamente modificados, por lo que la legalidad de la resolución adoptada el 20 de junio de este año habilitando el MON 810, basada en un decreto, también está cuestionada. Del tercer inciso del artículo 23 de la Ley N° 17.283 ?al que hicimos referencia anteriormente? se desprende que la autoridad competente para otorgar la autorización a fin de introducir estos organismos, al menos desde la vigencia de mencionada ley, es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y la autorización fue otorgada por otros dos Ministerios, por lo que se desconoció expresamente el mandato de la ley. Al respecto, tenemos la opinión de un destacado constitucionalista que creemos que es contundente, por lo que nos vamos a permitir leerla en Sala. Como han dicho algunos colegas ?recuerdo especialmente al compañero Diputado Díaz Maynard?, lo de la ley no es lo de menos, sino que es lo de más. Creo que también en este caso, aunque no tenga una relación directa con los aspectos técnicos, de estrategia comercial y de estrategia de país, es muy importante respetar la ley y realizar los procedimientos de acuerdo con ella. Entonces, voy a leer la opinión, especialmente elaborada para el análisis de este caso, del doctor José Aníbal Cagnoni, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Quienes están en el mundo de las leyes conocen muy bien la valía de su opinión. Me voy a permitir leerla ?creo que merece ser leída en su totalidad?, aunque pueda resultar un poco tediosa por el lenguaje jurídico, porque, como decía, esto no es lo de menos y puede ser lo de más. Establece lo siguiente: "I? En el plebiscito del 8 de diciembre de 1996 el Cuerpo Electoral sancionó reformas a la Constitución, incorporando, entre otras, la disposición del artículo 47: 'La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores'. El artículo 36 consagra un derecho individual: 'Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes'.- II? La Ley N° 17.283 de 28 de noviembre de 2000 desarrolla (reglamenta) la disposición constitucional y consagra: 1? El derecho de protección en el goce de un ambiente sano y equilibrado para todos los habitantes ?artículo 2°?; 2? Consecuentemente, el deber de abstención también para todos de depredar, destruir, o contaminar gravemente el medio ambiente ?artículo 3°?; 3? Como 'principio' de la 'política nacional ambiental' el de distinguir al Estado Uruguayo frente a todas las demás naciones de la Tierra como 'País Natural'; artículo 6° A; 4? El criterio 'prioritario' de la prevención 'frente a cualquier otro (criterio) en la gestión ambiental' no pudiendo argumentarse la falta de certeza técnica o científica absoluta para no adoptar medidas de prevención cuando exista peligro de daño irreversible ?artículo 6° B; III? ¿Qué se desprende de la disposición del artículo 47 de la Constitución de la República y de las disposiciones reglamentarias de la Ley que vienen a citarse?.- Para todas las autoridades del Estado" ?lo subraya? "sin excepción, que al deber resolver autorizaciones como la del 20 de junio de 2003 (Resolución s/n, Diario Oficial del 1° de julio siguiente) tiene el deber jurídico de: a? preferir medidas que favorezcan el interés general (artículo 47 de la Constitución) frente a un interés individual (artículo 36 de la Carta); b? adoptar medidas que tiendan a mantener y acrecentar las condiciones de 'País Natural' ante actos de las personas o sus hechos tendientes a modificaciones de la naturaleza; c? actuar con el criterio prioritario de prevención frente a cualquier otro criterio (por ejemplo de interés productivo, económico, fiscal, etcétera) de manera tal que aun sin la certeza técnica o científica absolutas de la posible irreversibilidad de un daño grave, no puede evadirse la prioridad de la prevención.- IV? Lo referido precedentemente es aplicable a cualquier autoridad del Estado ?en el caso de la Resolución, los Ministerios actuantes? que debe reconducir su deliberación, antes de resolver sobre tema que pueda afectar al medio ambiente a los principios que la Ley citada desarrolla en consonancia con el artículo 47 de la Constitución de la República.- V? A lo dicho, se agrega" ?lo subraya? "que más allá del asesoramiento de la Comisión de Evaluación de Riesgos creada por un decreto anterior a la Ley en el tiempo ?agosto de 2000? e inferior en jerarquía normativa (el Considerando II de la Resolución o motivo del acto alude a 'la información aportada por el interesado y la evaluación de los posibles riesgos identificados'), la ausencia en la Resolución de la voluntad jurídica del Ministerio competente en materia de medio ambiente". Es decir, la ausencia del Ministerio en la firma de dicha resolución. Y continúa: "En efecto, el artículo 8° de la Ley atribuye al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 'la coordinación exclusiva de la gestión ambiental integrada del Estado'. [...] Adviértase dos calificativos contundentes: La coordinación, a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordnamiento Territorial y Medio Ambiente, se define como 'exclusiva', es decir, que solo a ese Ministerio compete; y para otra forma de actuación habrá que reformar la Ley.- La gestión ambiental del Estado es adjetivada como 'integrada', de manera que no puede fragmentarse (sino por Ley).- Y la coordinación, como actividad jurídica, es, precisamente, la que se dirige a, tiene como finalidad, armonizar la actuación de dos o más órganos del Estado, en materia compartida, para evitar contradicciones en vista de intereses que deben ser tomadas en consideración, en el caso. VI? Repárese que carece de valor lógico-jurídico una posible objeción en cuanto a que en la Comisión de Evaluación de Riesgos, creada por el decreto de agosto de 2000, actúa un delegado del MVOTMA, y que se presume, haya contribuido al asesoramiento que menciona la Resolución s/n, de autorización a la importación pedida por el interesado.- Porque la Ley de noviembre de 2000, exige la voluntad expresa del Ministerio, la voluntad manifestada jurídicamente por el titular del órgano: el Ministerio, el órgano actuando por el soporte humano que es el Ministro tiene potestad ?el poder-deber? de expresarse como coordinador exclusivo de la gestión ambiental integrada del Estado.- VII? Que la prevención, específicamente, es competencia del MVOTMA resulta indudablemente de la letra clara de la Ley.- La prevención es de interés general, ?artículo 1° D.? Es principio, entre otros, de política nacional ambiental, artículo 6° B.? Es competencia específica del MVOTMA: artículo 23 de la Ley.- Por tanto, al ejercer su competencia de coordinación debe expresar el MVOTMA, su voluntad de prevención.- VIII? Y como esa voluntad no aparece en la Resolución, va de suyo que esta no puede tener efectos jurídicos desde que hay incompetencia orgánica por ausencia de la voluntad de uno de los órganos que debió actuar.- La Resolución, pese a la invocación formal en el texto del Atento, se dictó desconociendo a la Ley," ?subraya "desconociendo"? "particularmente en su disposición contundente, como es la del artículo 8°.- La Resolución, violatoria de la Ley, es nula. Y, de manera oblicua pero terminante, al desconocer el precepto legal reglamentario, desconoce la protección que la Constitución quiere para el medio ambiente, artículo 47 de la Carta.- 18 de agosto de 2003.- Dr. José Aníbal Cagnoni? Catedrático Derecho Constitucional ? Catedrático Derecho Administrativo". Creo que, a pesar de lo extenso, era importante manejar la opinión de este distinguido catedrático, pero debo decir que hay otros dos recursos planteados: uno administrativo, interpuesto en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el 23 de julio de 2003, y otro, de amparo, presentado ante la Justicia, que se encuentra en trámite. No obstante lo anterior, queremos analizar los aspectos tomados en cuenta por la CERV para asesorar a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas y que dan sustento a la Resolución S/N del 20 de junio de 2003. Acá hay aspectos que tienen que ver con el Decreto N° 249 del año 2000 y si lo analizamos a la luz de las pautas y criterios utilizados en otros países ?en especial los dos ejemplos mencionados anteriormente y los de la propia Unión Europea? advertiremos lo estrecho del procedimiento de evaluación que tenemos en nuestro país. La CERV ?Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados? está constituida por un grupo de técnicos prácticamente representantes del Poder Ejecutivo. Directivos de las gremiales de productores que tienen representación en el INIA y en el INASE ?porque tienen un representante en esos organismos? han manifestado públicamente e inclusive en Comisiones de la Cámara, que la designación del técnico delegado de esas instituciones no fue discutida en sus Consejos Directivos ni se les ha pedido opinión a la hora de efectuar las designaciones. Tampoco han sido evaluadas en sus Juntas Directivas las opiniones de dichos técnicos, más allá de que la independencia técnica es una de las características que deben tener. Concretamente, el Instituto Nacional de Semillas manifestó en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, el 12 de agosto de este año, que institucionalmente nunca había adoptado una posición. Otro aspecto que ofrece reparos es que integrantes técnicos de la Comisión de Evaluación de Riesgo, en varios artículos y entrevistas, demuestran ser defensores de esta tecnología, muchas veces utilizando líneas argumentales similares a las de empresas biotecnológicas. La Comisión de Evaluación de Riesgo se basó en los aportes técnicos realizados por el interesado, la empresa Monsanto, sin que existieran estudios de impacto ambiental y sobre la salud a nivel nacional. No se difundió suficientemente la información que dio la empresa Monsanto. Hubo dificultades en acceder a dichos materiales por parte del público, con la dificultad adicional de que estaban en inglés. Tengo por acá los avisos que los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas publicaron para dar cumplimiento a una de las normas del decreto, que era dar vista pública de los documentos; cuando aparecieron, ocupaban voluminosas cajas y estaban en inglés, tal como los aportó la empresa, que no los tradujo. El aviso para que se diera la vista pública y la posterior convocatoria a la audiencia pública, fue publicado en "Últimas Noticias" el 28 de agosto de 2000 ?lo tengo en mi poder? y en "El País", en un espacio de tres centímetros por tres centímetros, con una letra minúscula. Inclusive, en el caso del diario "El País" figura al lado de una publicación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre un tema común y corriente, ¡pero que es cuatro veces más grande que el aviso que da estado público a algo que puede estar afectando todo el futuro de nuestro país! Creo que hubo una clara intencionalidad de que esto tomara estado público, pero bien poquito. No hay estudios sobre las plagas del maíz en el Uruguay ni de cómo actuaría este evento sobre ellas; simplemente se extrapoló información de Argentina. No existió la voluntad política de destinar recursos a dichas evaluaciones, es decir, a las evaluaciones agronómicas sobre el tema del comportamiento frente a las plagas de estos cultivares que estaban siendo evaluados. En ese sentido, son claras las expresiones del ingeniero Estramil, vertidas en la sesión del 12 de agosto ?hace poquitos días? de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en representación de la Facultad de Agronomía. Dice el ingeniero Estramil: "La Facultad de Agronomía viene procesando la discusión de este tema. Inclusive, hace un año y medio, a raíz de una invitación del anterior Ministro y del actual Ministro, personalmente participé en representación de la Facultad en una reunión de alto nivel en el Ministerio, con las cinco Direcciones, a la que también estaba invitado el ingeniero Paolino en representación de INIA Las Brujas. En esa oportunidad discutimos todos estos aspectos y planteamos la necesidad de obtener algún recurso rápidamente, porque daba la impresión de que el sistema de evaluación oficial o el INIA no lo iba a hacer, y de que la empresa tampoco iba a hacer ensayos. Nos daba la impresión de que con US$ 10.000 o US$ 15.000 en dos o tres años se podía diseñar un ensayo, pero lamentablemente no hemos tenido recursos para hacer estos ensayos". Por lo tanto, también nos quedamos sin estos ensayos y hubo que sacar la resolución sin ellos. En la Comisión de Evaluación de Riesgo no se contemplaron los requisitos imprescindibles propuestos por la DINAMA; al menos, así nos lo trasmitió el Director Nacional de Medio Ambiente en su comparecencia en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Acá tenemos un documento, que es un memorándum que el Director Nacional de Medio Ambiente, doctor Aramis Latchinian, eleva al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el que hace una serie de planteamientos sobre el proceso que había tenido la liberación de este evento. No lo voy a leer todo porque ya nos hemos extendido durante un buen rato, pero sí dos o tres conceptos que nos introducen en el tema. Dice el doctor Aramis Latchinian: "Si bien existen argumentos suficientes para establecer que el estudio de la introducción y liberación de organismos genéticamente modificados se debe realizar 'caso a caso', es imprescindible que ese estudio se realice en el marco de una estrategia nacional. [...] De esto parece desprenderse que nuestra estrategia se delineará en torno a la producción de alta calidad más que de grandes volúmenes, y aspirar así a mercados especialmente exigentes". Después de varios considerandos expresa: "Respecto a los OGM no solo existe temor sino que también existen dudas razonables respecto a su inocuidad ambiental, por parte de científicos de primera línea en distintos países". Y concluye solicitando al Ministerio que se tengan en cuenta varios aspectos que ni la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados ni los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas consideraron cuando aprobaron la Resolución S/N de 20 de junio, que han sido conocidos y que creo que es importante mencionar porque hacen mucho a cómo se va a seguir adelante con esto, si continuara en pie. La Dirección Nacional de Medio Ambiente hace una sugerencia que ?bueno es decirlo? después terminó en una resolución específica del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, firmada por el señor Ministro, que está en nuestro poder. Concretamente, me refiero a la Resolución ministerial N° 236 A/2003, en la que, después de mencionar en los considerandos las obligaciones que le encomienda la Ley N° 17.283 ?que ya citamos y cuyo alcance quedó claro a través de la opinión del doctor Cagnoni?, asume algunas competencias y establece condiciones que no están en el decreto. Por ejemplo, se indica la condición de que haya aviso público, es decir, la necesidad de que todos los que importen o vayan a sembrar tengan que hacer un aviso público en un diario de difusión nacional. También se establece la obligación de que existan cultivos refugio, es decir, áreas vinculadas al cultivo transgénico sembrado con MON 810, junto con otras variedades no transgénicas, de forma tal que sirvan de refugio para retrasar, al menos, el surgimiento de una posible resistencia al insecticida Bt, indicando un área de 10%. Creo que esta es una de las pocas cosas que considera la resolución de 20 de junio. Establece zonas de amortiguación ?de las que nada se dice en la mencionada resolución del 20 de junio de 2003?, indicando que no se podrá cultivar el evento de transformación MON 810 a menos de 250 metros de los límites del predio en explotación con los predios linderos, así como a igual distancia de cualquier tipo de caminería de uso público. También se detallan algunos aspectos más de los que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente llama zonas de amortiguación. Establece una cuarta condición, relativa a la declaración jurada de todos los productores que siembren este cultivo; es decir que, en un plazo de quince días, una vez sembrado, ante la DINAMA deben declarar la ubicación de su predio y la caracterización que permita su rápida ubicación. También establece plazos. Creo que esto es algo muy importante, y un detalle que tampoco se tuvo en cuenta por parte de la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados ni por la resolución de 20 de junio de 2003, que expresa que las condiciones establecidas en dicha resolución se mantendrán vigentes por el plazo de dos años, renovable automáticamente por períodos iguales, salvo que hubiera variaciones en este tema. Esto es importante porque, en base a estos conceptos de la DINAMA y a los expresados en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca cuando sus autoridades concurrieron, queda claro que la resolución adoptada por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas no contempla una visión ambientalista y sí una puramente comercial, sectorial, que claramente fue apresurada. Este fue el término utilizado por el Director Nacional de Medio Ambiente. Es bueno aquí analizar algunos aspectos de la Resolución S/N de 20 de junio, que dejan muchas dudas y que claramente coliden con la resolución que con posterioridad aprobó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el 28 de agosto. Como recién manifesté, esa resolución, que tiene la firma del Ministro arquitecto Irureta, según trascendidos de prensa habría sido vetada por el Poder Ejecutivo. No sabemos si esto es así porque no ha sido publicada ni la hemos podido encontrar en la página web de la Presidencia de la República. Con respecto a las contradicciones que existen entre los criterios manejados en la resolución de 20 de junio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y los de la DINAMA, quiero resaltar algunos aspectos. En primer lugar, la sola existencia de la resolución de la DINAMA evidencia que desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hay un claro cuestionamiento a la resolución adoptada por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, que reivindica la potestad de dicho Ministerio sobre el tema y que establece importantes condiciones para que se pueda sembrar el maíz transgénico. Hace un momento hablábamos sobre ellas. En segundo término, muestra una clara divergencia entre dos Ministerios. Frente a la magnitud de esas divergencias, parece evidente que la resolución de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas autorizando la liberación del elemento MON 810 es, por lo menos, un acto apresurado. En tercer lugar, la Resolución S/N de 20 de junio determina una serie de requisitos para que pueda ser producido o importado el maíz MON 810. Entre los requisitos, no se contemplan medidas precautorias a efectos de que puedan coexistir diferentes sistemas productivos de maíz; no se establece qué pasará con los productores de maíz convencional u orgánico; no se establecen criterios para definir quién pagará los costos en caso de que una chacra que produzca maíz-Bt ?es decir, con transformación genética? contamine a una de un productor vecino, que no sembró maíz modificado; no se establecen criterios para una buena información entre los productores; nada se dice respecto a cómo solucionar litigios entre productores vecinos; no se prevén precauciones para el manejo segregado de estos maíces en la cadena de transporte, almacenamiento y procesamiento. Esto implica que en Uruguay, a partir de esta liberación, todo lo que contenga maíz quedará bajo sospecha de ser transgénico o contaminado con transgénico. No se previó antes ni se prevé en la resolución ningún tipo de normas para la coexistencia. Recuerden el voluminoso documento de la Unión Europea, al que no quise dar lectura, pero del que disponemos; sé que el señor Ministro también dispone de él porque se encuentra en Internet. Antes de establecer la coexistencia de distintos cultivos, este documento determina una cantidad de requisitos, otorgando un período de dos años a los Estados miembros para que vayan asumiendo esto. Entonces, bueno es recordar estas recomendaciones. La única previsión que adopta la resolución del 20 de junio, por la que se autoriza la liberación de este maíz, en cuanto a prácticas agronómicas, es asignar a la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados la función de supervisar un programa de manejo de resistencia específica para Lepidópteros, que implementará la Cámara Uruguaya de Semillas ?privada? y que fiscalizará el INASE. Esto se refiere a los cultivos refugio, como decía hace un instante. Es bueno observarlo: parecen no tener claro los roles. En primer lugar, el Decreto N° 249, de 2000, solo asigna potestades de asesoramiento a la CERV y, por lo tanto, no está facultada para cumplir labores de supervisión. En segundo término, la Cámara Uruguaya de Semillas es una agremiación privada que voluntariamente desarrollará un programa, pero no tiene por qué atenerse a responsabilidades legales de ningún tipo. En cuanto al INASE, como contralor, como fiscalizador de ese programa, si se generaliza el cultivo transgénico de maíz, tenemos dudas de que esas funciones pueda realizarlas en forma eficaz, debido a la escasez de recursos materiales y al poco personal técnico de campo con que cuenta. Si estas observaciones a la resolución de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas son preocupantes y evidencian improvisación, graves son las contradicciones en las que entran con la cuestionada resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, antes mencionada. En ella se establecen condiciones muy concretas tendientes a mitigar ?como se habrá advertido cuando las leí? las ausencias y vacíos dejados por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas. Ya mencioné las condiciones y no las voy a desarrollar. Como advertiremos, esta resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente establece algunas condiciones básicas aunque de dudoso aval técnico, pero al menos demuestra voluntad de velar por que se mitiguen los impactos ambientales que este evento puede generar. No sabemos si estas condiciones, finalmente, están vigentes o fueron vetadas. La verdad, no lo sabemos. Hemos leído en algunos semanarios que normalmente están bien informados, cuestionamientos en cuanto a que estén vigentes. De cualquier manera, esto muestra el grado de contradicción dentro del Poder Ejecutivo y, sobre todo, la improvisación en un tema tan trascendente. Estas marchas y contramarchas en temas de liberación y regulación de un organismo genéticamente modificado en el seno del Poder Ejecutivo no contribuyen para nada a la imagen de un país serio que quiere mostrarse al mundo como país natural. Más bien, dejan una pobre imagen de república bananera. Demuestran también la necesidad de un amplio debate entre los involucrados para definir esta y otras cosas. Creo que queda claro que hubiera sido más razonable que mientras no se tuviera una estrategia definida, no se autorizaran nuevos eventos transgénicos. Basta ver que en este caso no se sabe bien quién tendrá la competencia de supervisión y fiscalización. Tenemos a la CERV por un lado ?que no está fundamentada en el decreto? y, por otro lado, está la DINAMA y el INASE. Podríamos seguir analizando este tipo de contradicciones. Otro aspecto tiene que ver con la publicidad y la transparencia. Mencionamos lo minúsculo del anuncio, de letra casi invisible, que decía que los interesados podían tener a la vista los documentos. Pero también sabemos que la audiencia pública, que es un requisito que marca el decreto, no se cumplió, o al menos no se culminó y quedó frustrada frente a conocidos problemas de orden. Tampoco se reiteró dicha audiencia antes de la aprobación de la resolución final. En los primeros días después de levantarse la audiencia, los propios representantes oficiales decían que esta se había interrumpido; la delegada de la Dirección de Medio Ambiente nos dijo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que no tenía claro si la audiencia se podía dar por realizada o no, porque, en realidad, no se llegó siquiera a exponer y simplemente se recogieron preguntas de algunas personas. Esto es lo que nos informan, ya que nosotros, naturalmente, no estuvimos allí. Sin embargo, supimos que hubo gente que pudo acercar por escrito sus interrogantes, pese a no poder ir a la presentación. En ese caso, también se nos informa que no hubo una respuesta a las preguntas formuladas. No me canso de reiterar la importancia del debate público y de los caminos de discusión abiertos en esos dos países que a veces sirven de referencia ?que hoy también podemos ver en Brasil?, cuando observamos la estrechez del debate público que existió sobre este tema. Tampoco se alentó el debate, ni siquiera entre los grupos de interesados directos, y se desconoció, expresamente, el dictamen de la Facultad de Agronomía ?no lo vamos a leer porque ya es bastante conocido y se ha hablado mucho del tema?; no es algo menor que nuestra principal casa de formación agronómica haya elaborado un informe que, además, es resultado del trabajo de una Comisión Técnica Interdepartamental instalada por el señor Decano de la Facultad de Agronomía, para dar continuidad a la Resolución N° 1.015 del Consejo de Facultad, de fecha 4 de octubre de 2001. Allí se hacen varias consideraciones, de las cuales solo voy a leer una porque creo que, técnicamente, es importante. Dice lo siguiente: "¿Es efectivo el evento MON 810 maíz-Bt para una estrategia de manejo de plagas del cultivo del maíz en el Uruguay?". Luego aclara la resolución: "1.1. MON 810 fue desarrollado para combatir [...]" ?al barrenador europeo del tallo? "(Ostrinia nubilalis), especie plaga que no está presente en Uruguay.- 1.2. El informe de la CERV señala la efectividad de MON 810 sobre otro conjunto de especies plaga. El 'barrenador del tallo del maíz' (Diatraea saccharalis) no es la especie plaga de mayor importancia en el país. Sí lo es la 'lagarta del cogollo' [...] Sin embargo: no existe información experimental local en condiciones de cultivo para evaluar la efectividad del MON 810". A continuación, se desarrolla el punto de vista entomológico y se hace un cuestionamiento a los supuestos beneficios que esto podría traer. Finalmente, el informe concluye señalando que no están dadas las condiciones para que se produzca la liberación de este evento y que faltan elementos de juicio al respecto. SEÑOR AGAZZI.-
¿Me permite una interrupción? --Continúa la consideración del asunto en debate. Puede continuar el
señor Diputado Guarino. Nos parece importante entrar en un tercer aspecto del análisis, que puede contribuir a esclarecer y ayudar al debate de este tema. Me refiero a la evaluación de orden socioeconómico que, como vimos en los casos de análisis antes citados, ocupa tanto en el Reino Unido como en Nueva Zelandia un lugar muy importante. Basta ver la complejidad ?a la que se refería el señor Diputado Agazzi? de lo que puede ser la alteración del ambiente y los desequilibrios que pueden generarse cuando el hombre manipula algo tan sensible como el cambio de genes entre especies, para reconocer las importantes repercusiones que puede tener sobre la economía. La verdad es que no hemos podido encontrar ningún análisis socioeconómico sistemático que plantee diferentes escenarios y una visión prospectiva del país con una perspectiva de mediano y largo plazo. Es bueno incorporar la opinión de alguna de las gremiales que tienen que ver con el hacer y la producción nacionales. Por supuesto que puede haber distintas opiniones, pero creemos importante resaltar una declaración ?muy breve? de la Federación Rural, que establece lo siguiente: "De acuerdo a lo establecido por la Ley 17.283 de protección del medio ambiente [...], basándose en los principios de prevención y precaución, la Federación Rural entiende que debe suspenderse la liberación del evento MON 810 (maíz transgénico Bt).- Montevideo, 11 de noviembre de 2002". Esto fue bastante tiempo antes de que se tomara la resolución. Luego, este tema fue analizado y discutido en el Congreso de la Federación Rural realizado en el mes de mayo en la ciudad de Colonia, que fue muy concurrido por productores de todo el país. Allí se decidió recomendar al Consejo Directivo de la Federación Rural trabajar sobre el tema y seguir bregando para que el país se mantenga como país natural y para que estos eventos se controlen adecuadamente. En forma posterior a la resolución del Ministerio, el Consejo Directivo de la Federación Rural publicó una carta dirigida al señor Ministro expresando su desagrado por tal medida y reiterando su posición. También son conocidas las declaraciones en diversos medios de prensa de integrantes de la Asociación Rural del Uruguay, que fueron ratificadas conceptualmente en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el 13 de agosto pasado por el ingeniero Roberto Symonds. En esas declaraciones de prensa dice: "Uruguay ha trabajado la imagen de productor de alimentos naturales, por lo cual con los transgénicos se puede poner en riesgo este logro de todos". Asimismo comentó: "[...] el maíz-Bt, en el mediano plazo se puede transformar en una barrera comercial. [...] el maíz no es un cultivo de mayor importancia en nuestro país, además existen variedades que ya se utilizaban que dan muy buen resultado". Esto lo decía para "El Heraldo", del departamento de Florida. Este mismo dirigente, recientemente, frente a la resolución aprobada, señaló: "Llama poderosamente la atención que, a pocos días que Europa aprobó el etiquetado obligatorio de productos transgénicos, incluso conociendo la gran resistencia de varias cadenas de supermercados que no quieren venderlos ni etiquetados, en Uruguay se admite el uso de maíz-Bt". Además, reitera: "[...] desde el punto de vista comercial, mañana puede ser un impedimento para vender ciertos productos. [...] Hoy el que manda es el que compra", y la aprobación del uso del maíz genéticamente modificado "se contrapone con la imagen de país natural que vende Uruguay". También dijo: "[...] que el uso de transgénicos puede ser un impedimento para las exportaciones agropecuarias de productos lácteos". Otro dirigente de la Asociación Rural del Uruguay, el ingeniero Manuel Lussich, sostuvo que Uruguay "debe cuidar su mercado principal que es el europeo, que no acepta productos transgénicos". Y también expresó: "[...] está muy claro que Europa se opone a este tipo de productos, no así Estados Unidos. Uruguay hasta ahora ha apostado a ser un país natural y no se ha autorizado, por ejemplo, el uso de hormonas lo cual significa para los productores de carne la pérdida de un potencial productivo, pero se consideró que era razonable perder esos kilos de más por una imagen". El dirigente de la Asociación Rural del Uruguay agregó: "Nosotros creemos que esa decisión fue acertada y hay que seguir en la misma línea de trabajo y entonces lo que hay que analizar es si esto puede o no ser alterado por la utilización de ciertos productos transgénicos en el país". El ingeniero Lussich continúa diciendo: "[...] que no hay que apurarse a tomar decisiones porque en este tipo de temas luego que se toma una determinación no tiene vuelta atrás". Esto fue publicado en el diario "El País". La Asociación de Cultivadores de Arroz ha manifestado en distintas oportunidades su preocupación por el tema. El ingeniero Tabaré Aguerre y Carlos Botello, en un seminario organizado por la Facultad de Agronomía en 2001, en nombre de la Asociación de Cultivadores de Arroz concluían: "Entonces, a nivel de investigación y con los mayores controles de seguridad, hay que avanzar con los transgénicos. Pero a nivel comercial es conveniente que no salgan variedades con transgénicos a la venta.- Nuestra posición no está encarando consideraciones de tipo filosófico, ni pretende juzgar la ética de la manipulación genética, es sencillamente una posición que analiza el problema desde un punto de vista comercial. En este mundo donde cada vez es más difícil abrir mercados, un camino válido puede ser la reducción de costos, pero en arroz creemos que debemos apuntar a lograr valor agregado. Y ser libre de transgénicos puede llegar a ser una alternativa válida para conseguirlo". Es conocida la expresión del Presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, el señor Hugo Manini, en un seminario, cuando dijo: "[...] los transgénicos son al arroz lo que la aftosa es a la carne desde el punto de vista comercial". En su reciente comparecencia en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, el 12 de agosto de este año, explicó lo que podría representar la introducción de arroz transgénico para los mercados del arroz uruguayo, especialmente el de Irán, que es nuestro segundo comprador y por razones religiosas no acepta el uso de transgénicos. También habló del mercado europeo, que si bien hoy no es importante, en algún momento lo fue y en el futuro puede serlo nuevamente. También tenemos la declaración de la Comisión Nacional de Fomento Rural del 29 de julio de 2003, que expresa: "Su apoyo a la inmediata revocación de la resolución que autoriza la producción e importación del evento MON 810, desconociendo informes técnicos como el de la Facultad de Agronomía. Esto lo solicita la mayoría de las gremiales representativas de los productores y consumidores del país, a lo que debe agregarse la resolución tomada el pasado 16 de julio por parte de la Cámara de Representantes. Se encomienda entonces al Poder Ejecutivo, a dejar en suspenso la resolución, a fines de dar tiempo a la generación y desarrollo de un debate a fondo del tema, con participación de todos los sectores involucrados". Esta posición fue ratificada en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el 13 de agosto pasado por su Presidente, señor Fernando López, quien también manifestó su preocupación por cómo este evento puede perjudicar a los pequeños productores ?que son la mayoría de los que agrupa esta Comisión Nacional de Fomento Rural? y, en especial, a los productores de miel. El 17 de julio, al otro día que la Cámara aprobara la resolución a que hacíamos referencia, en la Sala 15 del Edificio Anexo, 23 organizaciones ?gremiales, ambientalistas y de consumidores? emitieron un comunicado reafirmando el concepto de "Uruguay Natural" y rechazando la liberación del evento MON 810. Ayer, 18 de agosto, se emitió una declaración en un sentido similar, con la firma de 35 organizaciones, algunas de las cuales podrán ser cuestionadas, como hemos visto que lo hacen algunos miembros del Poder Ejecutivo, que en vez de adoptar el criterio de aquellos que hoy estudian este tema en otros sitios y de considerar las opiniones contrarias, tratan de desacreditarlas, pero por otro lado, cuando tienen alguna opinión favorable, la levantan. Se trata de 35 organizaciones que no voy a mencionar para no hacer más tediosa la sesión. También existen pronunciamientos de algunas Juntas Departamentales, concretamente la de Río Negro y la de Montevideo. Recientemente recibimos una versión taquigráfica donde figura una intervención en la Junta Departamental de Maldonado. Hay muchas Juntas Departamentales donde el tema está en plena discusión, afortunadamente, a raíz de este debate parlamentario, porque si ya podemos decir que esta interpelación ha tenido algo de bueno es porque ha permitido que el tema se haya venido ventilando desde hace varios días, ha permitido que el tema haya salido del sigilo, ha permitido que se empiece a comentar el tema en los grandes medios de comunicación y en todos los medios, que el Parlamento hable del asunto y que se ventile en la opinión pública. Por lo tanto, esto ha repercutido en muchas Juntas Departamentales; diariamente nos llaman por teléfono o nos solicitan información por "e-mail", porque este tema ha pasado a ser considerado por los plenarios de las Juntas Departamentales y por las Comisiones correspondientes, lo que le hará mucho bien al país y al esclarecimiento futuro del tema. Tenemos un comunicado del Movimiento Uruguay Orgánico, organización que quizás a raíz de toda esta discusión se conozca más. Se trata de un movimiento que agrupa al conjunto de organizaciones y de empresas que trabajan en emprendimientos orgánicos, es decir, en un sistema productivo que se diferencia del tradicional porque tiene que cumplir estrictas normas que les marcan los estándares internacionales, sobre todo de prácticas amigables con el ambiente, de no uso de determinados productos químicos y de manejo en las distintas áreas. Este Movimiento Uruguay Orgánico tiene una Directiva que está integrada por el Frigorífico Tacuarembó ?cuyo representante la preside?, por el Frigorífico PUL, por COOPAR en el arroz, por Punto Verde ?que son productores orgánicos hortícolas?, por Fuente de Piedra ?que son productores orgánicos de miel?, y por APOU ?Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay?, que agrupa a la mayoría de los pequeños y medianos productores de cultivos orgánicos, en su mayoría destinados al consumo interno, y que, inclusive, han contado con el apoyo del propio Ministerio para ir generando un espacio por el potencial que este sistema productivo tiene en los mercados. Este Movimiento Uruguay Orgánico, el día 7 de agosto ?es decir, hace muy pocos días?, sacó un comunicado muy breve. Dice así: "Dado el estado público que ha tomado el tema referido a la introducción de organismos genéticamente modificados (en particular maíz, del evento de transformación MON 810), en el día de hoy, reunida en sesión extraordinaria la Comisión Directiva del Movimiento Uruguay Orgánico, en representación del Sector, reitera su oposición a dicha introducción. Hasta tanto no se resuelva el tema en los ámbitos correspondientes, no considera oportuno participar en negociaciones o reuniones". Creo que queda clara su oposición, y con este último agregado también quedan claras las presiones a las que han sido sometidas muchas de estas organizaciones para ver si cambiaban su posición. Pido que se tengan en cuenta estas situaciones y se las compare con las precauciones y las modalidades de análisis de otros casos mencionados. En el aspecto económico ?al que nos referiremos ahora? queremos recordar la recomendación neozelandesa, que dice: "Si los beneficios no son superiores a los riesgos no deberían aprobarse las solicitudes". Sin entrar a evaluar el aspecto de la salud y el ambiental, que ya se ha comentado y que el señor Diputado Agazzi desarrolló, queremos hacer una sencilla reflexión sobre esta relación de costo-beneficio dentro del esquema de país productivo de base agropecuaria al que aspiramos. Creo coincidir con todos en cuanto a que la fortaleza de nuestro país está en su riqueza agroecológica, en lo natural de sus pasturas, cañadas, arroyos y ríos. Tenemos para ofrecer al mundo un producto diferenciado, nuestras carnes, nuestros lácteos, nuestros granos naturales, nuestras mieles, nuestros vinos y nuestros paisajes, y yo agregaría, nuestras ciudades, nuestros hombres y mujeres uruguayos. Cierto es que no hemos podido desplegar una estrategia exitosa que diferencie nuestra producción. Mayoritariamente vendemos nuestras carnes como "commodities", pero ya se comienzan a realizar experiencias de producciones orgánicas. Ya está consolidada la experiencia de los Frigoríficos PUL y Tacuarembó de venta de carne para el Proyecto PLASMON, por el que se abastece de carne a empresas italianas que se especializan en la preparación de comidas para bebés. Hoy también se busca expandir un programa de carne orgánica para el cual hay 700.000 hectáreas bajo certificación. Quiero recordar que en una oportunidad en que concurrimos a un encuentro en Italia, un grupo de Diputados de origen italiano, en plena crisis de la vaca loca, cuando había una desconfianza generalizada, en muchas revistas y diarios de ese país vimos la propaganda de estas comidas para bebés, en donde parte de lo que resaltaban era el origen de las carnes uruguayas naturales, sin problemas de vaca loca. Más de un Diputado de los que hoy están aquí lo habrá visto. El Instituto Nacional de Carnes ?INAC?, está promoviendo la marca "Carne Natural del Uruguay". Ha desarrollado una estrategia, ha concurrido a las ferias internacionales más importantes de la carne y tiene un protocolo que me gustaría leer porque es muy gráfico, pero no lo voy a hacer por respeto. Se trata de un protocolo que identifica la carne uruguaya, tiene elementos explícitos de Uruguay, de la carne bovina y de cordero natural certificada, tiene su propio logotipo y lo desarrolla con la estrategia de que nuestro país vende confianza en el mundo, debido a los sistemas y a las prácticas ganaderas amigables con el ambiente, en base a pasturas. Creo que es un buen programa que marca la trazabilidad, lo que permite dar seguridad al consumidor europeo cuando la carne vaya certificada. Inclusive, se va a poder determinar la trazabilidad del proceso productivo de la alimentación de los animales y de la tecnología industrial. Se trata de un extenso protocolo en el que se hace mención a todos los elementos involucrados en la alimentación y a las exigencias que deben tener los ganados para poder entrar en este programa de Carne Natural Certificada. Reitero que la fortaleza de Uruguay no estará nunca en producir cantidades. Basta saber que Brasil ya exporta cinco veces más carne que Uruguay. Nuestro valor agregado está en el proceso de producción y en la marca de origen natural. Está más cercano agregar valor a nuestros productos por su caracterización de naturales que por proceso de transformación. Hoy no podemos tener la tecnología y los canales de acceso para producir el plato preparado, pero sí tenemos la calidad de los ganados que se crían y crecen a cielo abierto en base a pasturas y a alimentos libres de organismos genéticamente modificados. Siempre me gusta repetir una expresión del señor Senador Mujica, que dice: "Uruguay tiene para ofrecer al mundo carne de vacas que comen pasto y que conocen toro". Esto no es menor. Estoy convencido de que eso tiene cada vez más valor, sobre todo para los consumidores de alto poder adquisitivo, que cada vez quieren consumir más alimentos de sistemas productivos amigables con el ambiente. Pero hay otras expresiones en el mismo sentido, que no son del señor Senador Mujica, que son muy elocuentes y que comparto, aunque yo no sería tan radical en algunas afirmaciones. Alguien refiriéndose a Uruguay dijo: "[...] en donde tenemos un ganado, que sin ninguna duda es un ganado que se alimenta en medios naturales. Ustedes saben además" ?se refería a un auditorio integrado mayoritariamente por europeos? "que el Uruguay es un país ganadero, no es un país agrícola el Uruguay. El Uruguay no es un país agrícola salvo en el arroz; realmente en el arroz sí somos un país agrícola y un país importante en la agricultura. Somos el quinto exportador de arroz del mundo, producimos en un ritmo de 6 mil kilos por hectárea promedio, lo que es una producción sana y buena y sin otra cosa que la capacidad de nuestra gente y la bondad de nuestra tierra. No es un país agrícola porque no tenemos clima estable. En el Uruguay tenemos un clima más o menos diferente cuatro veces al día. Por la mañana es uno, al mediodía es otro, a media tarde puede pasar alguna cosa diferente y a la noche hace un poquito de frío. Por tanto, luchamos contra la fungosis, ¿no? ¿verdad?, o sea, tenemos que estar atrás de los trigos a ver cuándo llega el hongo correspondiente, y cuando plantamos un árbol frutal también nos pasa lo mismo. No tenemos un clima estable, pero somos un país ganadero realmente formidable y lo podemos ser mucho más en la medida en que apliquemos una buena y amable combinación de ingenieros agrónomos y veterinarios". Más adelante agrega: "[...] el Uruguay está en condiciones de ofrecerle, fundamentalmente a nuestros hermanos europeos, una carne natural, sin ningún tipo de problemas, en donde todavía nos damos el gusto de poder llegar al campo y ver un conjunto de vacas o de novillos pastando graciosamente. [...] Sobre todo en un lugar que tiene un nombre muy interesante y que refleja la actitud de sus animales, acá hay un lugar que vende carne ?el dueño va a quedar muy contento cuando yo lo mencione? que se llama 'El Novillo Alegre'. Y es así, acá son alegres los novillos, aunque su destino es nuestro plato". Como seguramente podrán haber inferido, esto lo expresó el señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle, en la sesión de apertura del XXI Congreso Mundial de Buiatría, realizado en Punta del Este el 4 de diciembre de 2000. Fíjense qué importante es ?aunque quizá haya sido un poco radical en algunos conceptos? su evaluación del problema de nuestro clima como una limitante real en los temas agrícolas. Yo no excluiría otras alternativas, porque notoriamente se demuestra que hay posibilidades agrícolas. Pero sí tomo el vigor de la declaración en cuanto a que la fortaleza de nuestro país está más que nada en nuestra ganadería. Esta idea fuerza del señor Presidente Batlle parece definir una estrategia de país que aparentemente es compartida por todos. No es casualidad que desde el Ministerio de Turismo se identifique al país en su folletería y en sus materiales con el logo de "Uruguay Natural". También Uruguay XXI lo utiliza en su logotipo, al igual que el INIA y el INAC, tal como ya vimos, que además aplican estrategias de desarrollo del país como "Uruguay Natural"; muchos frigoríficos lo incluyen en su etiquetado. En cuanto a la política de trazabilidad individual para los bovinos, que tanta discusión ha levantado y tantas dudas genera y que es necesario discutir, el Ministerio ha demostrado la voluntad de llevarla adelante, a punto tal que ha licitado y, según ha trascendido en la prensa, ha adjudicado la primera tanda de caravanas con chip, los sistemas para su lectura y el sistema que va a soportar toda esa información. Se ha invertido una parte muy importante, y si se extiende a toda la ganadería, seguramente será muy grande la inversión. Esa política de trazabilidad individual de los ganados bovinos se inscribe como una acción de precaución tendiente a asegurar los mercados europeos ?por lo menos, así se ha argumentado?, que hoy no la exigen, pero que pueden hacerlo en el futuro. En efecto ?tenemos información directa de la Comisión de la Unión Europea?, nos consta que hoy no hay una exigencia de trazabilidad individual, y seguramente no la habrá hasta el año 2005. Sin embargo, el Estado, a través de su Ministerio, se embarca en esta operación, incurre en gastos y empieza a desarrollar el programa. Parece ser parte de esa estrategia. El 24 de julio de este año, en oportunidad de concurrir a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Aguirrezabala, su asesor, el ingeniero Diego Payssé, refiriéndose a la justificación del sistema de trazabilidad individual, dijo: "Todo surge como consecuencia de la preocupación de los consumidores de alimentos en los últimos 20 años, por los problemas que se presentaron, principalmente en Europa, como la vaca loca, los transgénicos y también la aftosa". Escúchese bien: surge por los problemas de seguridad alimentaria que se presentaron en Europa, como la vaca loca, los transgénicos y también la aftosa. Continúa: "Como consecuencia de esto y debido a los problemas que vivimos con el mercado europeo, hace tres años, el MGAP, empezó a definir una política para estar mejor posicionado con los mercados que están preocupados con este tema de la seguridad alimentaria". Por otro lado, crecen en el mundo tanto la producción de orgánicos como la demanda de tales productos. Entre los naturales, los productos orgánicos registran precios un 15% superior en promedio y la demanda crece a demandas de 25% a 30% anual desde hace más de diez años. La FAO informa que el mercado de los productos orgánicos en 2002 alcanzó US$ 3.000:000.000 en los Estados Unidos, US$ 4.000:000.000 en Europa, y se prevé un incremento de US$ 2.000:000.000 en Europa para 2003. Uruguay fue calificado como sexto país natural del mundo en el ranking de sustentabilidad ambiental por el World Economic Forum, de modo que tenemos el potencial para ofrecer lugares naturales al turismo y producción de alimentos naturales. Para darle cuerpo a esta estrategia diferenciadora que sea capaz de agregar valor a nuestros productos y servicios, se requieren estrategias coherentes. No se resalta lo natural en una cosa, y en otra se lo cuestiona o se le ponen dudas. Todas las acciones y actos de gobierno, de sus industriales, de sus exportadores, de sus productores, de sus trabajadores, de las diversas organizaciones de la sociedad civil, deben apuntar en el mismo sentido. Cuando queremos imponer una imagen y una marca de origen como país, se debe, en primer lugar, tener las condiciones para hacerlo. Uruguay las tiene y es uno de nuestros valores diferenciales, a pesar de nuestro tamaño. Tenemos 16:000.000 de hectáreas con pocas modificaciones; como ya dijimos, tenemos cañadas, ríos y arroyos de aguas limpias, no contaminadas, paisajes poco alterados por la acción del hombre, ciudades de dimensión humana y, hasta ahora, un sistema productivo agropecuario básicamente natural, especialmente en la ganadería. En segundo término, se requiere tener normativas legales y procedimientos que conserven esa condición. En tercer lugar, poder demostrarlo permanentemente, es decir, poder estar bajo la lupa de los certificadores más exigentes. En cuarto término, debe ser un sentimiento nacional, de modo que guíe las acciones de sus ciudadanos en todos los ámbitos de expresión, tanto en lo productivo como en los servicios relativos al turismo. Si tenemos políticas pendulares será muy difícil dar sustentabilidad al concepto de país natural. Y si hay algo que hoy atenta directamente contra dicho concepto es el tema de los transgénicos, especialmente el del maíz-Bt, que se ha transformado en un cultivo emblemático para los consumidores, en especial los europeos. El maíz-Bt ?este maíz MON 810?, por llevar incorporados genes para producir insecticida ?como muy bien lo explicaba el señor Diputado Agazzi? y por su sistema de polinización abierta que lo hace altamente contaminante con el efecto de sus genes insecticidas, es el maíz más rechazado. Encuestas europeas dicen que el consumidor lo asocia directamente con el consumo de un veneno. Es en función de esto que debemos discutir la liberación al ambiente del país del evento MON 810. Suponiendo, inclusive, que no tuviera ningún efecto adverso sobre el ambiente y la salud, deberíamos evaluar la oportunidad de su aprobación en el marco de la estrategia país. Recientemente estuvo en Uruguay ?no sé si aún se encuentra? el doctor Fernando Lema, un biotecnólogo que lleva más de veinte años de desarrollo y de trabajo en el Instituto Pasteur de París. Tuvimos oportunidad de hablar con él, y si bien su especialidad es la biotecnología y nos decía las cosas fantásticas que se logran por la vía de la investigación y del avance biotecnológico, también advertía acerca de los peligros que representa la alteración de los débiles equilibrios que existen en la naturaleza, que se han ido generando a lo largo de muchísimos siglos. No debemos temer, pero sí tomar todas las precauciones. Me decía otra cosa que creo importante destacar: que en el caso de Uruguay, conociendo la experiencia europea, no resulta secundario todo este aspecto en cuanto a la estrategia comercial. El nicho de producción de alimentos para Uruguay, con su potencial de producir alimentos naturales, debería ser el aspecto central para la toma de una decisión, sin que eso represente no investigar en aspectos de biotecnología. Decía el doctor Lema: "Debemos preguntarnos cómo la liberación de este maíz transgénico afectará la imagen de 'Uruguay Natural', cómo repercutirá en nuestro comercio exterior, particularmente en nuestras principales exportaciones, tales como carnes, lácteos, miel," ?con el empuje que esta ha tenido en estos últimos años? "que son los rubros más sensibles a ser rechazados" por el consumidor europeo, de Japón y de Corea, y ahora el tema también se debate en Estados Unidos. Continúa: "Se nos podrá decir que para carnes y lácteos las normas de la Unión Europea no exigen hoy el etiquetado para carnes que provienen de animales que han consumido transgénicos. Es cierto, pero como ya vimos, es algo que posiblemente en un futuro cercano lo tengamos, ya que está demandado por los consumidores. Hoy ya existe una gran red de supermercados en Europa que directamente no venden esos productos si no se tiene la garantía de que la alimentación de los animales ha sido libre de transgénicos". Esto lo pudimos apreciar cuando vino a la Comisión el ingeniero Symonds, quien relató su experiencia en Inglaterra. Cuando concurrió el 5 de agosto a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el Ministerio del ramo a fundamentar que hoy no se exige el etiquetado de carnes y lácteos, el ingeniero Peyrou decía: "Luego de revisar los antecedentes ?este es un tema muy cambiante? al hacer el informe OPYPA no identificó ningún tipo de traba a la comercialización de productos animales [...]". Fíjese, señor Presidente, la afirmación: "este es un tema muy cambiante". Es un reconocimiento explícito a que realmente el tema está en la discusión, y tengo información de que eso ya está ocurriendo. Más allá de la normativa, hay cadenas de supermercados ?concretamente la Carrefour, en Francia? que hicieron contratos para comprar soja brasileña no transgénica para que los proveedores de carne alimenten su ganado con raciones no transgénicas. Una de las cadenas de tiendas más importantes del Reino Unido, Marks & Spencer, anuncia que estaría eliminando todas las carnes de animales que hayan sido alimentados con transgénicos. En Estados Unidos, varias compañías ya no aceptan productos transgénicos. A su vez, a raíz de la demanda de los clientes por problemas con los alimentos, EUREPGAP ?que es la asociación de los principales supermercados de Europa? ha establecido un sistema de certificación de buenas prácticas agrícolas, que hoy es obligatorio para todas las frutas y hortalizas que compran, y pronto lo será para carnes y granos. En Uruguay, LATU Sistemas se ha especializado en certificar las normas de EUREPGAP, que también se están certificando en Chile, en Brasil y en otros países. Obviamente, lo que no cuente con esa certificación alcanza mercados menos exigentes y con precios inferiores. Ya se está hablando de que a partir de 2004 el agrupamiento de supermercados de toda Europa rechazará todos los alimentos que provengan de animales que hayan consumido transgénicos. Algunos supermercados europeos hablan de que a partir del 1° de enero todos los productos agrícolas ?tanto los importados como los suministrados internamente? deberán tener la certificación EUREPGAP, cuyas normas definen los estándares mínimos aceptables y están por encima de las normas de la Organización Mundial de Comercio. Se trata de una acción privada, por la que se tiene el derecho a comprar lo que se considere mejor para la venta a los consumidores. Lamentablemente, no pudimos acceder a los protocolos que se manejan; pero tenemos información cierta en el sentido de que, a partir de 2004, esta será una traba real para la venta de nuestras carnes y nuestros lácteos. Por supuesto que esto afecta directamente a la producción de carne orgánica o al denominado Proyecto PLASMON, del que ya hablamos, ya que en su protocolo se excluyen expresamente los transgénicos en la cadena de producción de carne. Otro caso a tomar en cuenta es el de la miel, que está posicionándose fuertemente en el Uruguay, ya que en la actualidad se están exportando 10.000 toneladas de este producto. Con seguridad, esto llevará a que nuestros apicultores tengan que operar en mercados secundarios. Nos parece importante hacer algunas consideraciones en cuanto a la carne, al ser uno de nuestros principales rubros de exportación. En el análisis de riesgo ?si lo podemos llamar así? que hace el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, solo se nos informa que hoy no existen problemas de etiquetado en la Unión Europea; pero eso puede cambiar. Como argumento central se dice que Argentina logró ampliar su cuota Hilton en 10.000 toneladas. Nada se analiza sobre otros sistemas productivos existentes, como la venta de carne a Italia ?que hoy mencionaba? en el Proyecto PLASMON. En los últimos años se han exportado cerca de US$ 40:000.000, y en algunos años nuestro país llegó a ser el único abastecedor de carne para la fabricación de alimentos infantiles, como ya dijimos. Este negocio es real; exige que se esté libre de transgénicos y seguramente ahora se dificultará, ya que habrá que demostrar que los terneros utilizados para los embarques no comieron maíz como complemento de la crianza, alimento que es habitual que utilicen algunos productores que abastecen de animales a este negocio; en él participan los frigoríficos PUL, Tacuarembó, Carrasco y Schneck. Tampoco se analizan los proyectos ya implementados de producción de carne orgánica, a los que hacíamos referencia, ni cómo pueden estar incidiendo. Otro aspecto a estudiar es cómo repercutirá esta estrategia del Proyecto "Carne Natural del Uruguay" de INAC a la que hicimos referencia. El no contemplar la inexistencia de componentes transgénicos en la alimentación es una debilidad notoria del protocolo de INAC. Quizás no lo hayan tenido en cuenta por la soja que existe en nuestro país, que es una fuente importante de proteína para la alimentación animal. Pero considero que debería tenerse presente y que se tendrían que buscar sustitutivos ya que, sin duda, esta es una debilidad del Proyecto "Carne Natural del Uruguay" certificada. Va a resultar muy difícil convencer al comprador de carne de Europa, de Japón, de Corea y de los propios Estados Unidos de que un alimento que contenga transgénicos en sus componentes, o que los haya tenido en el proceso de alimentación del animal, pase por natural. Porque si hay algo seguro en el tema de los transgénicos es que no son naturales. Podrán ser buenos o malos, pero no hay discusión de que no son naturales: son organismos producto de la manipulación genética por parte del hombre. Creo que ese gran esfuerzo intelectual y económico que ha realizado el Instituto Nacional de Carnes se puede caer antes de comenzar, si no se tienen en cuenta los aspectos mencionados. Esto es algo que prevemos y que decimos públicamente, con la responsabilidad que ello significa, porque estamos convencidos de que realmente se trata de un punto débil. ¿Qué pasará si mañana se tiene que poner que a la ración o al maíz con el que se complementó la alimentación de un ternero o de un novillo no se les conoce el origen y que pueden contener transgénicos? Notoriamente, en el país no contamos con condiciones de manejo segregado del maíz convencional del posible maíz transgénico, lo que no se regula en la resolución del 20 de junio de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas. En cuanto al efecto económico que esto pueda acarrear a nuestro principal rubro exportable, la carne, hemos hecho un breve análisis económico sobre nuestras exportaciones de carne vacuna en mercados con restricciones al acceso de alimentos genéticamente modificados. Como ya hemos dicho a lo largo de nuestra intervención, hoy se identifican claramente la Unión Europea, Japón y Corea, siendo la primera la de mayor peso como destino de nuestras exportaciones. Llevamos a cabo un procedimiento similar al realizado por la OPYPA en su Anuario Estadístico 2001, en uno de sus trabajos: "Biotecnología, OGM y Sector Agropecuario", y analizamos desde el año 1997 hasta junio de 2003. Estos mercados, con posibles restricciones, ocupan en promedio aproximadamente un 29% de nuestras exportaciones de carne; pero cuando vamos a los precios ?esto no estaba en el trabajo de la OPYPA; lo incluimos nosotros? nos encontramos con que tienen un valor diferencial, por encima del 60%. El precio promedio pagado por la tonelada de carne en esos mercados en riesgo, en el año 1999 llegó a ser el 87,56%, porcentaje superior al de 2002, que fue el 83%. En lo que va del año 2003, la Unión Europea ocupa el 25,3% de nuestras exportaciones y tiene un diferencial de precio del 48%. De manera que si nos ponemos en riesgo o introducimos elementos que puedan traernos restricciones en esos mercados, estaremos hipotecando el 29% de los compradores que mejores diferencias de precios pagan por nuestras carnes. Si hablamos de la miel, hay que saber que se trata de un rubro en crecimiento, que ocupa a 2.500 apicultores con 350.000 colmenas, de los cuales más del 50% son pequeños productores, con menos de 50 colmenas cada uno. En lo que va de 2003 se ha exportado en el entorno de las 10.000 toneladas, con un valor que supera largamente los US$ 25:000.000. Las exportaciones van a los Estados Unidos en un 55%, por lo menos en este último año, y en un 45% a Europa, sobre todo a Alemania. Las exigencias para estos negocios son muy fuertes y Uruguay hoy se destaca por sus mieles naturales ?parte son orgánicas?, las que cubren ampliamente los análisis de residuos; esto ha permitido tener los mejores precios. ¿Qué pasará con el maíz-Bt? Las incertidumbres son muchas, ya que si bien la abeja no tiene una preferencia por el maíz, también acude a él. Como ya se vio, el maíz es una planta altamente productora de polen, que también contamina sus cercanías, donde trabajan las abejas. Si en la miel se encuentra polen transgénico, seguramente se le puede rechazar o etiquetar, como marcan las normas, y pasan esos negocios al mercado secundario, en el mejor de los casos con precios que rondan por debajo de la mitad. Esto es así claramente en Alemania, que es un gran centro mundial de compra y redistribución de miel. Argentina ?exportador de primer orden? ya tuvo el año pasado serios problemas con su miel en Inglaterra a raíz de esto. Para dimensionar realmente el tema hay que tener claro que las exportaciones de miel son más del doble que las exportaciones de vino y que su valor es mayor que el valor bruto de toda la producción de maíz de Uruguay. En este breve análisis de la posible incidencia económica que este evento MON 810 puede traernos, es bueno ubicar cuál es la importancia relativa del maíz. En la zafra 2002-2003 ocupó un área de 42.400 hectáreas, lo que significó el 5,9% del total del cultivo de ese año agrícola, es decir, un poquito menos del 6% de lo que se planta entre todos los cultivos en el país. Uruguay ha sido marginal en la competitividad del cultivo del maíz por problemas no vinculados a las plagas. Así lo dicen los diferentes trabajos del INIA y así lo indica el resumen de un trabajo de la ingeniera María Stella Zerbino, que figura en la publicación de la Serie Técnica número 112 del INIA "La Estanzuela", como resumen de un largo trabajo sobre las plagas en el cultivo del maíz. Allí establece: "En cuanto a los insectos plagas, este cultivo tiene alta tolerancia al daño. Por lo tanto, los niveles poblacionales que causan daño económico generalmente son altos y como consecuencia son muy pocas las situaciones en que se justifica el control químico. En general cuando es atacado en forma severa en períodos de estrés (casi siempre falta de agua), el uso del control químico no resulta económico dado que el rendimiento ya está previamente comprometido", pero en este caso por el estrés hídrico. Coincidimos también en ese aspecto con las palabras del señor Presidente de la República, cuando hacía las consideraciones que limitaban a nuestro país para algunos cultivos. Más bien, las limitantes de este cultivo en el Uruguay son de las del tipo climático y de suelos. No competimos con Argentina, que tiene suelos mucho más profundos y fértiles que los nuestros y una amplia zona de producción. Aun si consideráramos que las plagas nos afectan duramente, tampoco hay certeza de que la estrategia de utilizar este maíz-Bt sea la más eficaz, en primer lugar porque no hay trabajos nacionales al respecto, como ya se ha dicho, y los pocos que hay afirman otra cosa. En un trabajo de tecnología de control del barrenador del tallo ?"Diatraea saccharalis"? del INTA Pergamino, realizado en cuatro localidades ?el INTA es el instituto de investigaciones de Argentina, similar a nuestro INIA?, se compara el margen bruto de híbridos convencionales con híbridos Bt y se concluye que el híbrido no Bt supera al transgénico en el margen bruto, con y sin tratamiento. Cuando el híbrido convencional se trató con insecticida, llegó a dar un margen bruto superior al Bt, en el entorno de los US$ 67. El trabajo es muy rico y creo que hay que analizarlo, pero no viene al caso extendernos ahora. Trabajos de este tipo hubieran sido de utilidad en el país; lamentablemente, no existieron esos US$ 10.000 o US$ 15.000 a los que hacía referencia el ingeniero Estramil, y hoy tal vez nos tengamos que comer los transgénicos ?en este caso el maíz-Bt transgénico?, con consecuencias en todos esos aspectos de los que hablábamos, por no haber dispuesto de esos recursos. Habría más elementos técnicos para incorporar. Creemos haber sido extensos y queremos concluir redondeando la idea básica de este planteamiento. Uruguay tiene excelentes condiciones para caracterizar su producción de alimentos como naturales. Eso debería ser parte de toda una estrategia que apunte a un concepto aún más amplio de "País Natural", que permita que en el exterior se asocien nuestros productos y nuestros servicios como naturales. Nuestra producción tradicional de carnes, lácteos, arroz, miel, vinos, no debería verse afectada por la incorporación de este maíz transgénico, así como tampoco se debe afectar el turismo sin un previo debate en el seno de toda la sociedad. La importancia del maíz en el país es mínima en relación con esos rubros. La competitividad del maíz en Uruguay no está comprometida por un problema de plagas, sino relacionada con las condiciones del clima y los suelos. Existen alternativas de manejo de plagas en el cultivo de maíz, para los años en que estas puedan ser un problema, que pueden atenuar el uso indiscriminado de insecticidas. La introducción de este maíz no debería hacerse sin analizar cómo comprometería la estrategia de "Uruguay Natural", generando dificultades a nuestros principales rubros exportables y comprometiendo seriamente las posibilidades de producción orgánica, sistema productivo que crece en el mundo a tasas superiores al 20% anual y en el que Uruguay tiene enorme potencial para posicionarse bien en varios rubros de su producción agropecuaria. En un mundo en el que cada vez el consumidor rechaza más los alimentos transgénicos, y los valores relativos de los alimentos han comenzado a revertir la tendencia de finales del siglo pasado, la diferenciación de nuestra producción natural debería ser el objetivo país. En ese marco es que entendemos que esta liberación del transgénico MON 810 no se justifica. No se justifica por las incertidumbres que generan sus posibles impactos ambientales y para la salud y no se justifica por los impactos que puede acarrear a todo nuestro comercio agroexportador. Por eso creemos necesario cumplir con la resolución tomada por este Cuerpo el día 16 de julio pasado, que solicita suspender la resolución de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas y abrir un ámbito de amplio debate en la sociedad, de modo de pensar entre todos mecanismos y procedimientos que mejoren el análisis de esta solicitud, así como las que ya están en curso en la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados. Además, debe buscarse retomar la senda de la legalidad. Sobre todo, profundicemos en una estrategia sobre qué modelo de país necesitamos y qué papel asignamos a la producción agropecuaria. En función de lo anterior, usemos el sentido común y recompongamos un ámbito de debate nacional, en el que se incorpore a la sociedad civil con sus diferentes actores, los productores y consumidores; incorporemos a la academia y a los distintos Poderes del Estado, en especial al Poder Legislativo. Aprovechemos la oportunidad para definir una política de Estado. El proceso de toma de decisiones es complejo; lo vemos en Europa. El ambiente científico no da certezas; la única certeza es que se seguirá avanzando en la biotecnología. Los consumidores están dominados por la incertidumbre; rechazan el consumo de organismos genéticamente modificados y exigen diferenciación. Frente a estas dos tendencias imparables y divergentes, posicionemos al Uruguay en el lugar que más convenga al interés general. Aprovechemos la oportunidad para favorecer la investigación nacional; afinemos los mecanismos de evaluación, seguimiento y controles; estudiemos la alternativa de coexistencia de diferentes sistemas productivos, en base a amplios acuerdos y a una fuerte regulación. Ventilemos el tema en la opinión pública y suspendamos la autorización de ingreso del MON 810, contribuyendo a ese clima de precaución que nos marca la ley. Sigamos mientras tanto aportando a nuestra fortaleza: Uruguay "País Natural". Señor Presidente: quizás hayan sido algo extensos, pero estos son los conceptos que sentía necesidad de expresar, porque realmente creo que el tema nos está exigiendo a todos los uruguayos introducirnos fuertemente en él. Finalmente, tenemos algunas preguntas que se las vamos a hacer llegar al señor Ministro y que vamos a leer. En realidad, estas preguntas no hacen más que recoger algunos de los elementos que hemos desarrollado a lo largo de esta intervención, para ayudar a agrupar. En primer lugar, ¿el señor Ministro está dispuesto a cumplir la resolución de la Cámara de Representantes del día 16 de julio del corriente año, que le solicita suspender la liberación del maíz-Bt MON 810? En segundo término, ¿qué visión tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la estrategia "Uruguay Natural" y cómo ubica esta liberación del maíz-Bt MON 810 en ella? En tercer lugar, ¿no cree el señor Ministro que las incorporaciones de maíz-Bt pueden afectar los mercados de nuestros principales rubros exportables, en especial la carne, los lácteos y la miel? En cuarto término, ¿cuál será la estrategia para conservar la producción de alimentos orgánicos, en especial carnes, lácteos, maíz y miel? En quinto lugar, la trazabilidad individual en los ganados bovinos se impone para dar satisfacción a los consumidores de mercados exigentes. ¿No cree el señor Ministro que debería aplicarse el mismo criterio para otros aspectos que también son cuestionados por los consumidores exigentes, como es el caso del maíz MON 810? En sexto término, ¿qué valoración hace el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del mandato de la Ley N° 17.283, de protección del medio ambiente, con relación a los principios de política ambiental? Por último, ¿qué opinión le merecen las observaciones y críticas efectuadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a la resolución de la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados y a la reciente resolución ministerial N° 236 A/2003, que establece acciones preventivas como condiciones para mitigar los riesgos ambientales y de bioseguridad que pudieran derivarse de la autorización de liberar el evento MON 810? Ha sido todo, señor Presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el miembro interpelante, señor Diputado Guarino. SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: seremos breves porque ya hemos sido bastante extensos ?por no decir otra cosa? y el señor Ministro también lo ha sido, de modo que sería bueno que se incorporaran otras opiniones al debate. Hay legisladores con interés en participar con enfoques desde diferentes ángulos, y creo que hay que procesar la reunión de la manera más ágil posible para poder enriquecer su contenido. No obstante, quisiera hacer algunas consideraciones más de tipo general. No voy a entrar en toda la parte técnica del tema, porque el señor Ministro fue lo bastante extenso respecto a las características del Bt, de los Lepidópteros, de las mariposas y de los aparatos que tienen para alimentarse. En primer lugar, quiero decir que es bueno que después de muchos meses en los que los Ministerios, en particular el de Ganadería, Agricultura y Pesca, tuvieron este tema para ser resuelto, ahora al señor Ministro le parezca bien discutirlo y traerlo al seno del Parlamento con un conjunto de documentos. Pero esa, notoriamente, no fue la voluntad de la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados, mientras duró dicha evaluación, ni tampoco fue la voluntad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y mucho menos del Ministerio de Economía y Finanzas, que en ningún momento manifestó públicamente opinión sobre el tema. El tamaño de los avisos que he visto parece el de los que se publican para agradecer a algún santo. ¡Un aviso de tres centímetros por tres centímetros para convocar a la ciudadanía a expresarse sobre este evento! ¿Qué miedos había en estos Ministerios? Es elocuente que el Ministro vino ahora a discutir al Parlamento este evento porque fue obligado a hacerlo. De lo contrario, no se habría discutido. De lo contrario, ni siquiera nos habrían informado de las supuestas bondades de las que ahora el Ministro nos pretende convencer. Con respecto a su opinión sobre el aspecto legal, creo que no tiene la profundidad que debería merecer esa preocupación. Dice el Ministro que eso, en definitiva, se resuelve haciendo firmar al Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Si las cosas se arreglaran así, sería muy fácil violar la ley, como se ha violado aquí. Porque por algo la ley atribuye estos temas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El informe del doctor en derecho que mencionábamos antes es muy claro en cuanto a que son atribuidos a ese Ministerio porque se supone que, en un país en serio, en esa Cartera está la especialidad en los temas medioambientales, están los que saben más de ello y está la política del Poder Ejecutivo en materia de medio ambiente. No es un dato menor que el Ministerio que debe controlar los temas del medio ambiente no firme la resolución, porque otros Ministerios se atribuyen el papel de ser los controladores del medio ambiente. Eso no tiene arreglo. Ahí se violó la ley y no se arregla con el concepto de que ahora le van a pedir al Ministro que firme, lo presionarán o quién sabe qué cosa. Aquí lo más amplio debe ser el concepto global de país serio, de país que respeta las leyes, pero que sobre todo, además de respetar las leyes, respeta los ámbitos de decisión que corresponden. En cuanto a la evidencia científica ?no me voy a extender en esto porque aquí hay Diputados que son destacadísimos médicos que han trabajado en el tema y lo conocen, y seguramente lo van a abordar?, me niego a creer que se puedan hacer afirmaciones tajantes y terminantes de que aquí no pasa nada, porque esto mismo pasó con otro maíz, el Starlink. Se dijo que no pasaba nada. Los técnicos de la empresa que lo promovieron decían que no pasaba nada, y pasó. Tengo por aquí ?no lo voy a leer porque no quiero extenderme? un documento que establece que la propia Agencia para el Medio Ambiente de los Estados Unidos cuestiona a la empresa y los documentos. Y hoy ese maíz ha generado problemas de salud, porque tiene efectos alergénicos. Ha sido retirado y ha habido millonarias demandas en dólares, y los que lo promovieron ?cuando lo promovieron? decían que no pasaba nada. Este maíz tiene siete años en los Estados Unidos, no veinte años de producirse. Tiene tres años en Argentina. Hay que saber eso. Además, en los Estados Unidos y en Argentina es muy difícil hacer un seguimiento para ver si tiene consecuencias en la salud porque no hay trazabilidad ni etiquetado. Mal podría saberse si los efectos experimentados en la salud pueden venir de este maíz, como mal podemos saber aquí, según el señor Ministro, si algún día nos va a generar algún efecto la polenta argentina que consumimos algunos, porque no hay ningún seguimiento de eso. De modo que creo que la evidencia demuestra que el riesgo en la salud es muy escaso pero puede existir, y no es bueno que se hagan afirmaciones tan tajantes sobre esas evidencias. Con relación al documento de la Embajada de Francia, que mencionaba el señor Ministro, quiero decir que tuve más suerte que él porque lo tengo en español. Se ha hablado de una parte muy chica, pero el documento ocupa más de cuarenta hojas y la conclusión ?que creo es lo importante? es que los consumidores no quieren consumir los productos transgénicos. En el documento se dice: "Un análisis detallado de las opiniones y de los comportamientos de los consumidores del Instituto Nacional de Investigación Agronómica muestra que la posición de los consumidores franceses frente a los OGM es básicamente la misma. La hostilidad de los consumidores incluso se extiende a todo lo que el hombre ingiere incluso los elementos utilizados en la fabricación de alimentos para animales, los medicamentos [...]". En ese documento ?siempre que estemos hablando del mismo; supongo que sí porque la Embajada de Francia no hace documentos muy seguido y este es de julio de 2002? se habla de la estrategia de Carrefour y se dice: "Carrefour se compromete públicamente a prohibir los productos que tengan OGM, considerando que el producto Carrefour es un producto auténtico, que refleja los valores éticos de la etiqueta". Además Carrefour pide a las pymes que no utilicen materias primas transgénicas si quieren abastecerlo; les da un plazo y después, afuera, porque no les compra más productos. Esto mismo va a pasar en la mayoría de los supermercados de Europa, por más que el señor Ministro diga que no hay ningún problema y que relativice la expresión de los técnicos de OPYPA que, en su informe ante la Comisión, dicen que esto es muy cambiante. SEÑOR MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GUARINO.- Un minuto, señor Ministro. Todos sabemos que esto es muy cambiante; ya hay demanda de los consumidores y hubo en la decisión del Parlamento europeo una voluntad expresa para que esto se incluyera. Finalmente no se incluyó y en parte se debió a los argumentos que el señor Ministro desarrolla: que en Europa hay mucho consumo de maíz transgénico en la alimentación animal, pero entendemos que los supermercados adheridos a EUREPGAP lo van a exigir a partir del año 2004. Quizás el señor Ministro tenga acceso a lugares a los que nosotros no pudimos acceder, como el de los certificadores de este programa, para conocer específicamente el tema; ya se habla de que esa norma se va a implantar. Además, voy a hacer una pregunta con relación a algo en lo que quiero centrar la atención. Para mí el tema de la carne es el más trascendente ?no voy a entrar en todos los otros temas? porque ese es nuestro principal producto de exportación, porque es el principal rubro de producción agropecuaria del país, porque la ganadería es la que ocupa el territorio nacional y su gente es parte de esa ocupación. No concebimos modelos que vengan embalados ?como ahora puede haber un modelo de embalaje con la soja?, que desplacen otros rubros de producción y generen expectativas. ¿Qué nos va a pasar? ¿Lo mismo que con el sistema financiero? ¿Todo esto sin controles? Después, ¿qué pasa si las cosas no salen bien? Habrá que enfrentar otra crisis, como lo tendremos que hacer si las cosas con este transgénico no salen bien. Todo el tema es muy complejo, pero quiero decir una cosa. El señor Ministro dice que en la reunión de la Unión Europea del 2 de julio ?donde se definen las normas de etiquetado y de trazabilidad? solo se avanzó en la obligación de etiquetar y trazar los derivados de los productos transgénicos como el azúcar o los aceites. Pero ahí hubo un avance sustancial en algo que es muy contundente ?que recoge el proyecto de la Lista 15 presentado a este Cuerpo? y es el etiquetado de los piensos, es decir, de los alimentos animales. ¿Para qué se etiquetan y rastrean los alimentos para los animales? ¿Será para que la gente los coma? Eso está notoriamente relacionado con la exigencia que viene de suyo: se van a rastrear para que las redes de supermercados, principales consumidores de la Unión Europea, puedan dar la garantía de que esas vacas de las que proviene la carne que venden no comieron productos transgénicos, que sus lecheras no se alimentaron con transgénicos, ni tampoco sus aves; si no, no tiene ningún sentido que se haya incorporado como cosa nueva en la norma el etiquetado de los forrajes. Creo que eso es fundamental. El otro aspecto al que me voy a referir es el de la coexistencia, pero antes concedo la interrupción que me había solicitado el señor Ministro. SEÑOR
PRESIDENTE (Chápper).- Puede continuar el señor miembro
interpelante. SEÑOR GUARINO.-
¿Me permite una interrupción? SEÑOR GUARINO.-
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