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Las relaciones Laborales en el 1er semestre del 2005
Informe de coyuntura de la Universidad Católica del Uruguay
En este primer semestre del año
asumió el nuevo gobierno electo en el 2004. Aunque solo han
transcurrido tres meses se han registrado importantes cambios en
las relaciones laborales. Algunos de estos cambios se originan
en que el Poder Ejecutivo adoptó una postura radicalmente
diferente a los anteriores en este terreno, otros en cambios
legales muy significativos. Pero sobre todo se ha ingresado en
un período de intensas negociaciones sobre el salario y muchos
otros temas en las que los actores sociales desempeñan roles
absolutamente diferentes a los últimos quince años.
Hay un gran fortalecimiento de la presencia y la acción
sindical, mientras los empresarios indican que algunos de sus
derechos básicos no son contemplados. Este conjunto de factores
configura un clima de fuerte tensión que el índice de
conflictividad laboral no refleja. Es posible conjeturar que se
va camino hacia una nueva etapa en las relaciones laborales de
características muy diferentes a las existentes en los años.
1. La política laboral
Los primeros meses del nuevo gobierno marcaron un importante
cambio en el ámbito de las relaciones laborales, al priorizarse
el tripartismo para desarrollar un nuevo modelo de país. Varias
fueron las medidas adoptadas: a) Se convocaron a las
organizaciones más representativas de empresarios y trabajadores
a formar un ámbito de trabajo conjunto para llegar a un
“Compromiso Nacional para el Empleo, los Ingresos y las
Responsabilidades”.b) Se institucionalizó el Consejo Superior
Tripartito y el Consejo Superior Rural, con competencias
originales para categorizar los sectores de actividad y proponer
modificaciones a la ley de Consejos de Salarios, luego ampliadas
para analizar otros temas de interés común. c) Se creó un
Consejo Bipartito ante la necesidad de promover instancias de
diálogo y negociación en los funcionarios públicos. d) Se
instalaron los Consejos de Salarios en los 20 grupos de
actividad definidos por el Consejo Superior. Aunque con distinto
grado de preferencia tanto los sindicatos como las
organizaciones empresariales se mostraron dispuestas a
participar en todos los ámbitos a los que fueron convocados.
Sin embargo, luego de instalados todos los ámbitos tripartitos,
se dieron dos medidas fuera de estos ámbitos institucionales: la
derogación del decreto que facultaba al Ministerio del Interior,
a expresa solicitud de la empresa, a autorizar el ingreso de la
fuerza pública en locales ocupados por sus empleados y proceder
a su desocupación y la presentación de un Proyecto de Ley de “
Libertad Sindical” actualmente a estudio de la Comisión de
Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
Ambas medidas fueron bien recibidas por los sindicatos porque
reclamaban el fuero sindical para poder reorganizarse, alegando
que día a día se agudizaban las represalias y los despidos de
dirigentes sindicales fundamentalmente pertenecientes a
organizaciones recién constituidas y porque siempre vieron en la
ocupación una prolongación lícita del derecho de huelga.
En cambio, no fueron del agrado de las organizaciones
empresariales, que manifestaron su preocupación por las
ocupaciones llevadas a cabo después del 2 de mayo y la
indefensión frente a las mismas y que reclamaron una coherencia
en la acción del gobierno, respetando el tripartismo que fue la
medida que se les propuso para mejorar las relaciones laborales.
2. La política
económica y salarial
El gobierno anunciaba que los ejes articuladores de su
acción económica serán el crecimiento económico y la mejora en
la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos,
incluyendo la mejora de los niveles de ingreso salarial.
Respecto al último punto uno de los primeros anuncios fue el
aumento del salario mínimo nacional a partir del 1 de julio del
2005 que pasará de $2.050 a $2.500. Este aumento fue considerado
insuficiente por los trabajadores, que reclaman un monto de
$3.000 y transitorio, o sea que vuelva a ajustarse en un período
breve. A partir de estas diferencias se ha instalado una mesa de
negociación entre gobierno y trabajadores sobre este punto. Si
bien no se conocen los resultados, parecería que el monto será
el propuesto por el gobierno.
En el sector público es donde parece haber más discrepancias. La
propuesta del Poder Ejecutivo, en la cual se ha mantenido firme,
es un ajuste del 2.5% a partir del 1 de julio (inflación pasada
del semestre y un 0.6% de recuperación), cifra que los
trabajadores consideran absolutamente insuficiente, y sobre la
cual continúan las negociaciones.
En cuanto al sector privado, a principios de mayo se dieron a
conocer las pautas salariales para los convenios, que tendrán un
año de duración con dos ajustes semestrales: el primero de julio
del 2005 y el primero de enero del 2006. Luego de algunas
discusiones las pautas fueron modificadas y antes de fin de mayo
se conocía la nueva versión. Los ajustes tendrán tres
componentes: 1) un ajuste por concepto de inflación pasada, que
busca en cierta forma nivelar los salarios dado que muchos
trabajadores no han tenido ajustes por años, 2) un ajuste por
concepto de inflación esperada y 3) un porcentaje por concepto
de recuperación que no podrá ser superior al 2% en cada uno de
los dos ajustes. Para asegurar este último punto se agrega un
correctivo a fin del convenio. Es en este sector donde ha habido
avances, como se detalla más adelante.
3. La conflictividad laboral
 En
ese contexto de negociaciones, en el primer semestre del año la
conflictividad fue muy baja, la más baja registrada en los
últimos diez años. Esto se observó en el número de conflictos,
que fue sensiblemente menor a otros años, pero sobre todo en las
jornadas perdidas en relación a las laborables, lo que se
expresa en el Índice de Conflictividad. Como se observa en el
Gráfico 1, la conflictividad laboral del primer semestre fue un
65% menor a la del mismo semestre del año anterior en términos
globales y un 74% menor considerando solamente los conflictos
sectoriales. Esta comparación se repite con años anteriores, en
particular respecto al 2000, año con iguales características al
actual ya que asumía un nuevo gobierno.
Además de la importante reducción de la
conflictividad se pueden destacar dos características: la fuerte
caída en la conflictividad del sector público y el aumento de
las ocupaciones como tipo de medida.
 Respecto
a lo primero, desde fines del 2003 y durante el 2004 la
conflictividad fue básicamente en el sector público. Sin embargo
desde comienzos del 2005 la relación se invirtió, siendo la
mayoría de los conflictos en el sector privado, aunque menores
en todos los casos (Gráfico 2).
Como se mencionó en informes anteriores, la reducción de la
conflictividad y en particular la del sector público, se podría
explicar por la asunción del nuevo gobierno, por primera vez de
izquierda, partido al que adhieren la mayoría de los dirigentes
sindicales. Sobre este punto y respecto al primer paro general
realizado el pasado 30 de junio, varios dirigentes sindicales
aclararon que el paro no era contra el gobierno sino contra las
entidades empresariales en el marco de un endurecimiento en las
negociaciones en los Consejos de Salarios, más allá de que en el
discurso marcaron diferencias con el gobierno y que los
trabajadores del sector público expresaron un fuerte rechazo al
aumento salarial propuesto.
 En
cuanto a las ocupaciones, si bien hay una tendencia creciente en
los últimos años, se observa un aumento en este primer semestre,
básicamente luego del 2 de mayo cuando se derogaron los decretos
que facultaban al Ministerio del Interior a autorizar el ingreso
de fuerza pública en locales ocupados (Cuadro 1).
Entre enero y junio se registraron 42 conflictos que incluyeron
un paro general parcial, por los que se perdieron 74.171
jornadas laborables y en los que se involucraron 89.796
trabajadores.
La industria
manufacturera fue la rama con mayor conflictividad
 La
conflictividad del sector privado representó el 80% del total
sectorial del semestre, y dentro de este la industria
manufacturera fue la rama más conflictiva (Gráfico 3). Se
sumaron allí varias de las ocupaciones mencionadas (Brignoni,
Donna Pasta y Lorinsal por salarios, Calvinor por empleo y
Alumex y Leomac por reconocimiento sindical). Le siguió el
transporte de pasajeros con un paro importante en febrero por la
muerte de un guarda en una rapiña. Dentro de la administración
pública se registraron paros y ocupaciones en las Intendencias
de Rocha y Artigas y paros puntuales en algunas dependencias.
Salarios fue la causa principal
 El
68% de la conflictividad del semestre se explica por conflictos
salariales, donde se incluyó el paro general, que si bien tuvo
una amplia plataforma como es habitual, se centró en defensa de
la negociación colectiva y de los Consejos de Salarios.
Condiciones de trabajo fue la segunda causa en importancia, muy por
debajo de la anterior, donde lo principal fue el reclamo de
mayores medidas de seguridad en el transporte.
4. La negociación
La negociación colectiva revivió con la intensidad
tradicional y aún una intensidad mayor ya que alcanzó por
primera vez en la historia a los trabajadores rurales y a la
totalidad de los funcionarios públicos.
Todos los Consejos de Salarios, tanto privados como públicos y
rurales fueron constituidos y actualmente se encuentran
negociando. Sin embargo en el semestre, fueron casi inexistentes
las negociaciones que culminaron con convenios colectivos. Esto
se explica por varios factores: a) porque se volvió a recuperar
el nivel de negociación de rama o sector de actividad lo que
paralizó las negociaciones a nivel de empresa, b) porque la
ausencia de pauta salarial original, y las idas y venidas
posteriores al dictado de la misma, demoraron las negociaciones,
c) porque existen reales dificultades para fijar salarios base
ante la heterogeneidad proveniente del régimen de libre
negociación y d) porque el hecho de que la pauta no haya sido
previamente consensuada con los actores determina que
básicamente los trabajadores reivindiquen recuperar el salario
perdido desde la última ronda de Consejos cosa que no contempla
la pauta ni aceptan los empresarios.
A pesar de estas dificultades existe el convencimiento en las
autoridades del Ministerio de que el resultado final será
altamente positivo, determinando convenios en los casi 150
subgrupos que se encuentran negociando.
5. Algunas reflexiones
El Indice de conflictividad no refleja, en este semestre, el
nivel de contradicciones laborales existentes en el país. Esto
se explica porque las diferencias no se dirimen en el terreno de
los conflictos sino en lo que podría denominarse “las reglas de
juego” de las relaciones laborales. En este campo las
diferencias existentes son muy grandes.
Fue el Poder Ejecutivo quien dio los primeros pasos al anunciar
su decisión de fomentar la negociación colectiva y el equilibrio
de los negociadores. Estas dos decisiones tienen implicancias
laborales muy importantes. Sobre la primera, luego de más de
diez años de ausencia casi total de negociaciones a nivel de
sector y de muy pocos convenios de empresa, la creación de los
diversos ámbitos de negociación y sobre todo la convocatoria de
los Consejos de Salarios, suponía un cambio de rumbo radical con
respecto a los 12 o 13 años pasados.
En segundo lugar, lograr que existiera equilibrio en la
participación de los actores suponía fortalecer la organización
sindical y aumentar su presencia en los diversos ámbitos de
negociación. No puede olvidarse que desde los primeros años de
los noventa, cuando la negociación casi desaparece, los
sindicatos se debilitan y se reduce su tasa de afiliación,
particularmente en el sector privado.
Fortalecer el sindicalismo suponía, por otro lado un cambio en
las capacidades de presión relativas de los actores. En el
período de casi nula intervención del Ministerio de Trabajo, el
movimiento sindical cuestionó sistemáticamente esta postura,
mientras las Cámaras empresariales la apoyaban. Ahora se
invirtió el fiel de la balanza: las medidas gubernamentales
fueron apoyadas por el movimiento sindical mientras los
empresarios, sin cuestionarlas directamente, adoptaron una
postura de prudente distancia.
Existen datos de que la afiliación sindical tuvo un gran
crecimiento, así como la formación de nuevos sindicatos. Por
otra parte, mientras autoridades del Ministerio de Trabajo y los
sindicalistas indicaban que se registraban despidos de
dirigentes, los empresarios cuestionaban presiones del
Ministerio para lograr su reintegro.
La situación se hizo más tensa cuando el Ministerio del Interior
derogó el decreto que le autorizaba a intervenir ante
ocupaciones (que provocó un aumento significativo de las mismas)
y, sobre todo, cuando legisladores del Partido gobernante
propusieron un proyecto de ley de libertades sindicales
(aprobado por Diputados el 19 de julio), que incluía dos cambios
importantes en la legislación laboral como son la prohibición
del despido de todo afiliado a un sindicato y la obligación a la
empresa a demostrar la razón de un eventual despido.
Las Cámaras empresariales desplegaron, sin éxito hasta ahora,
innumerables gestiones para evitar la aprobación de la ley. Pero
su incomodidad notoriamente crecía. Ante la ocupación, por parte
del UNTMRA (sindicato metalúrgico), de una estación de servicio
en la que se había despedido a un afiliado -que el Ministro de
Trabajo calificó de apresurada-, la Cámara de Comercio decidió
retirarse de los Consejos de Salarios, en un medida que tiene
una trascendencia muy superior a la medida que la provocó y que
busca, tal como lo indican los dirigentes empresariales, un
cambio en las reglas laborales que se están conformando, en
especial, un reconocimiento de la propiedad privada y del
derecho del empresario a gestionar su empresa, derechos que
consideran amenazados.
Pese a que los índices de conflictividad no lo reflejan, la
situación laboral es actualmente de gran tensión, y ponen al
gobierno en una situación difícil. Las informaciones existentes
indican que la mayoría de los Consejos han logrado avances
importantes e incluso preacuerdos, por lo que podrían adoptar
resoluciones antes del 30 de julio, fecha fijada para la
conclusión de las negociaciones.
Pero si la Cámara de Comercio no vuelve a los Consejos
(participa en mas de 20 subgrupos), éstos pueden decidir por
medio del voto de los delegados sindicales y del Ministerio de
Trabajo o fijar salarios por decreto. El Poder Ejecutivo no
desea ninguna de estas dos opciones.
Todo indica que luego de un período en el que hubo un casi
absoluto desconocimiento del movimiento sindical, ahora se ha
ingresado en una etapa de signo contrario, donde los empresarios
entienden que sus derechos básicos no son contemplados. Como que
la báscula de la balanza paso de un extremo al otro.
Probablemente sea una etapa de transito hacia un nuevo período
en el que, ya sea por la autorregulación de los actores o por
una intervención mayor del Poder Ejecutivo se configuren
condiciones para que los consensos vuelvan a ser posibles y la
tensión se reduzca. Todo indica que esta etapa tendrá
características muy diferentes de los 10 años pasados. La
legislación laboral habrá tenido cambios importantes, así como
la institucionalidad de la negociación y la presencia en la
misma de los actores sociales.
LA
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