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Proyecto de ley de libertad de comercio y defensa de la competencia

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Este proyecto de ley tiene como principal objetivo amparar  en sus derechos a amplísimas capas de nuestra población. En primer lugar a los consumidores y usuarios. Este proyecto apunta a proteger el derecho a elegir  a la hora en que cualquier ciudadano se enfrenta a la necesidad de adquirir un bien, de primera necesidad o no, o a utilizar un servicio. El derecho a elegir la oferta más conveniente está íntimamente ligado al derecho a comerciar de quienes ofrecen esos bienes y servicios. Nada de esto se logra si se constituyen monopolios, oligopolios o hay empresas que abusan de sus posiciones dominantes  en el mercado. Este proyecto de ley propone  sistemas que impidan  esas realidades que perjudican a la gente común.

Por otra parte, en momentos en que nuestro país enfrenta la mayor crisis de desempleo desde el retorno a la democracia (al momento de presentar este proyecto superamos  ya el 14%) debería ser un objetivo central de la sociedad uruguaya el promover y, en caso de competencia desleal, proteger, a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente a las empresas familiares que indudablemente se han constituido en la principal respuesta que la propia gente ha dado a la falta de empleo. Hoy en día las PYMES representan más del 50% del empleo nacional. Dentro de ellas, la vasta red de pequeños y medianos comerciantes, que indudablemente está siendo sometida a una situación de competencia, muchas veces desleal, por parte de los grandes concentraciones, debe ser también objeto central de nuestra preocupación a la hora de legislar.

La producción nacional, corazón de la generación de riqueza y de empleo en nuestro país, también es objeto central de este proyecto. La imposición de condiciones que ponen en peligro su misma viabilidad como empresas, tanto agropecuarias como industriales, que sufren hoy en día buena parte de los proveedores nacionales  que surten nuestra plaza, debe ser también objeto de una nueva legislación que permita un desarrollo armónico y equitativo a estos sectores.

El Uruguay de hoy está inmerso en una economía de mercado y la  competencia representa un elemento consustancial de esa economía. Debe ser responsabilidad del Estado asegurar que esa competencia se desarrolle libremente sin distorsiones provocadas por grupos económicos poderosos. La defensa de la competencia, por tanto, de acuerdo con las exigencias de la economía en general, y en su caso, de la planificación, ha de concebirse como un mandato a los poderes públicos que se relacionan directamente con los artículos 7º. , 36º y 50 inciso 2º de la Constitución. 

NUESTRAS NORMAS 

En nuestro país los grandes fenómenos comerciales  están asociados no sólo a novedosas promociones y a la inauguración de superficies con más metraje, sino que además nos pone en presencia de enfrentamientos, reglas de juego y operativas removedoras   para nuestra realidad empresarial. Esto nos enfrenta en algunas oportunidades a situaciones de concentración empresarial con su riesgo para la fluidez y transparencia del mercado. Pero además varias de las prácticas , utilizadas en la relación con sus proveedores, extrañas por esta margen del Río de la Plata plantean un real abuso de las posiciones dominantes que esas grandes cadenas detentan en nuestro pequeño mercado .

Fueron los pequeños y medianos comerciantes ( competidores desiguales de esas cadenas) que obtuvieron la sanción de una “ Ley sobre grandes superficies “ ( Ley No. 17.188, promulgada el 20 de setiembre de l999). La misma reglamenta la instalación de nuevos emprendimientos  de gran tamaño ( al menos en la dimensión de nuestro mercado) al someterlos al examen de Comisiones Departamentales de protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal, que actuando con autonomía técnica, estudian la conveniencia del Proyecto , su impacto en el comercio circundante y adopta una resolución fundada asesorando al Intendente Departamental. Cabe mencionar que aunque los dictámenes no sean obligatorios para las autoridades comunales de toda forma implica un retardo en el proceso de instalación de nuevas “ grandes superficies comerciales “.

La Ley No. 17.250 de Agosto de  2000 y su discutida entrada en vigencia regula las “Relaciones de consumo “, pero no limitado meramente a la defensa del consumidor. En la misma existe un verdadero repertorio de deberes y obligaciones empresariales, que deberán ser en el futuro observados con atención por los agentes económicos. Muchos malos hábitos y prácticas comerciales  deben ser desterrados, corriendo en caso contrario sus autores el riesgo de ser sancionados administrativamente o de incurrir en responsabilidad patrimonial.

El supermercadismo y sus asociaciones y las fundadas quejas de muchos de sus proveedores por los abusos en que incurren reiteradamente algunas de las grandes cadenas de compras, trascendieron de las noticias para recibir consagración legislativa.Ley No,.17.243  de 29 de junio de 2000 ( llamada Ley de Urgencia por haber adoptado esta modalidad de consideración legislativa ) ; esta Ley incluye un capítulo entero (IV) a las “ normas de Defensa de la Competencia “ . Con bastante retraso respecto de la región y del resto del mundo, se aprueban  en nuestro país tres escasos artículos de normas de defensa de la competencia que apenas cumplen con la misión de poner el tema en el calendario empresarial, académico y legislativo, a cuenta de la impostergable sanción de normas correctivas, interpretativas y suplementarias. Llaman la atención dos notables carencias de la Ley: la falta de un régimen sancionatorio y la renuncia del poder público a fiscalizar este indelegable tema. En todas las legislaciones conocidas  existen claras y duras sanciones aplicables a los infractores. Además poseen una repartición pública, o mejor aún, un Tribunal ( por las garantías que otorga a la partes) que realiza el seguimiento, recepciona las denuncias, autoriza las concentraciones empresariales , y oídas las partes dicta resoluciones . Todo esto en los tres artículos comentados no existe. Además las posibilidades de someter las diferentes controversias  a arbitraje, no pasa de la esfera de las buenas intenciones pero es muy poco aplicable. También hoy existe esta posibilidad e incluso los damnificados pueden recurrir a los Tribunales y sin embargo ello no ocurre. Entre otras razones la interdependencia de los agentes económicos, hace que el denunciante directo pasible de represalias comerciales se abstenga. Por eso algunas legislaciones permiten que puedan actuar en esta materia las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos cuando resulten afectados los intereses de sus miembros; en esta tarea se encuentra la Liga de Defensa Comercial. Cabe agregar que en el Proyecto de ley de  Presupuesto Nacional se ha incluido en el ámbito del Ministerio de Economía y finanzas el Art. 107 donde se pretenden sancionar las actos y conductas prohibidos por el art. 14 de la ley de urgencia. 17.243 de 29 de Junio de 2000, allí no se explicita, quien, como, donde, y de que forma se van a aplicar las referidas sanciones. 

TRATAMIENTO DEL TEMA EN OTRAS LATITUDES.

El tema “ Defensa de la competencia “ desde hace años ha sido laudado y resuelto en el resto del mundo. Así el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en el capítulo sobre política en materia de competencia , monopolios y empresas del Estado , consagra el artículo 1501 a la legislación en materia de competencia : “cada una de las partes (Canadá, México y Estados Unidos) adoptará o mantendrá medidas que prohiban las prácticas de negocios contrarias a la competencia y emprenderá las acciones que procedan al respecto, reconociendo que estas medidas coadyuvarán  a lograr los objetivos de este Tratado “

Por supuesto que el país más importante del capitalismo, Estados Unidos, ha sido un adelantado en esta materia. La más conocida es la Ley Sherman  Act. de l890 , arranque de una serie de disposiciones contra los monopolios en la medida en que afecta el funcionamiento del mercado de libre competencia . La misma Ley en su fracción dos dice “ toda persona que monopolice … una rama cualquiera de la industria o del comercio … será considerada culpable de un delito … “. En realidad esta disposición, y la  “ Clayton Act. 2 “ ( que prohibe las fusiones empresariales cuando reducen sustancialmente la competencia, aún cuando de ellas pudieran derivar una mayor eficiencia competitiva o mayor productividad) ubican a la legislación norteamericana junto con la mejicana en las únicas que penalizan al monopolio en sí, por el sólo hecho de existir, sin necesidad que existan riesgos anticompetitivos concretos, ejemplo: resolución judicial recaída en el affaire  Bill Gates –Microsoft . Por  su parte México, a través de la Ley Federal de Competencia Económica de l992, dispone de un completo cuerpo normativo, que penaliza los monopolios, el abuso de la posición dominante y las prácticas que puedan poner en peligro la competencia. Junto con Estados Unidos, ha sido en Europa donde este tema de la defensa de los mercados competitivos más se ha tratado, legislado y estudiado.

El Tratado de Roma de l957 de la hoy Unión Europea en los artículos 85 a 90, contiene disposiciones similares a las hoy existentes en nuestro país, tendientes a evitar que la competencia en el mercado se restrinja, se impida o se falsee.Toda la legislación comunitaria europea, la concordante existente en los países miembros de la Unión Europea ( España, Portugal, Alemania, Francia,  Italia, etc. ), la de aquellos países europeos que todavía no la integran, así como también la de Japón, de Australia, de Nueva Zelanda, de Israel,etc. y aún  la de los países americanos ( Venezuela , Perú , Chile, etc. ) adoptada en la década del 90 presentan sin excepción como denominador común :

- la prohibición de todos aquellos actos o conductas que limiten, restrinjan o distorsionen  la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado.

- la necesidad que la fusiones o concentraciones empresariales relevantes sean aprobadas  por un organismo o Tribunal  estatal .

- la imposición de duras sanciones a las conductas que pongan en peligro la libertad de la competencia. 

EN LA REGION

El Protocolo de Defensa de la competencia del MERCOSUR, aprobado por decisión No. 18/96 de fecha 17 de diciembre de l996, del Consejo del Mercado Común  en su artículo 4º. consagra que constituyen infracciones a esta normativa “ independientemente de la culpa , los actos individuales concertados , de cualquier forma manifestados , que tengan por objeto o efecto , limitar , restringir , falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado , o que constituyan abuso de posición dominante en el mercado relevante de bienes o servicios en el ámbito del MERCOSUR  y que afecten al comercio entre los Estados parte “. Los artículos siguientes del Protocolo enumeran una serie de conductas consideradas prácticas restrictivas de la competencia y consagra el compromiso para los países miembros de adoptar normas similares en el plazo de dos años. En realidad en nuestro caso transcurrieron cuatro años hasta que se sancionó la Ley de Urgencia con tan solo tres artículos.

Nuestros socios del MERCOSUR hace años que cuentan con Leyes para impedir las distorsiones en el libre funcionamiento de los mercados competitivos. En la República Argentina, rige la Ley 25.156 que fuera promulgada el 16 de setiembre de l999 ( derogatoria de una anterior de l980). El otro socio del bloque, Brasil, cuenta con la Ley 8.158 de l991 denominada Ley de Defensa de la Concurrencia. Lo llamativo es que ambos socios del MERCOSUR  aprobaron estas disposiciones en pleno vigor de las corrientes desregulatorias, y ello es así porque todos los teóricos de estas tendencias de desregulación, aconsejan que a medida que los mercados se abren  , se deben adoptar férreos marcos legales que prohiban y sancionen todas las patologías que distorsionan la efectividad de la competencia.  

CONCLUSIONES

En nuestro país, las normas aisladas descriptas anteriormente, especialmente  los tres articulos de la ley de urgencia 17.243 de 29 de junio de 2000, también lo que se pretende introducir a través del Proyecto de Ley de Presupuesto art.107 referente a las sanciones, reflejan un panorama de falta de seriedad en el tratamiento del tema al hacerlo en forma de retazos en diferentes leyes y las que tendrán que venir, ya que la normativa enumerada anteriormente refleja a  través de un estudio sistemático y exegetico graves carencias, que por una cuestión de oportunidad no analizamos aquí. Pero si decimos que en base a ello deriva la importancia de este Proyecto de ley  de Defensa de la competencia que se promueve que nos deja a la misma altura que nuestros socios del MERCOSUR  y de otras partes del mundo.

El principio de libertad de competencia o concurrencia, esto es la libertad de desarrollar conductas dirigidas en forma lícita a captar, aumentar y/o mantener la clientela a expensas o contra los intereses de otros comerciantes, resulta ser un corolario del principio de libertad del comercio, puesto que si ésta existe, también debe existir la consecuente libertad de las personas de acceder o concurrir al mercado en el mismo momento, lugar y en relación a una misma actividad económica.… “ la simple conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor eficiencia del agente económico en relación a sus competidores , no constituye violación a la competencia …”( Art. 5º. Protocolo de Defensa de la Competencia del MERCOSUR ) .

Este es el objetivo de la Ley cuya sanción se promueve: la libertad de iniciativa, la apertura de los mercados, la participación justa y equitativa de medianas, pequeñas y micro empresas, la desconcentración del poder económico y la prevención  de monopolios, oligopolios y usos indebidos de posesiones de dominio económico y comercial.  

 Artigas Barrios       Ruben Obispo       Víctor Rossi
REPRESENTANTES NACIONALES


PROYECTO DE LEY DE LIBERTAD DE  COMERCIO Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto la promoción y defensa  de la competencia, la promoción de la eficiencia económica, la libertad de iniciativa, la apertura de los mercados, la desconcentración del poder económico y los usos indebidos de posiciones de dominio.

CAPITULO II 

DE LOS ACUERDOS Y PRACTICAS PROHIBIDAS.

ARTICULO  2º. - Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente Ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.  

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras normas.  

ARTICULO  3º.- Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del artículo 1º. , constituyen prácticas restrictivas de la competencia :

a)   Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto;

b)   Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;

c)   Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento;

d)   Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;

e)   Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;

f)    Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en el mercado o excluirlas de éste;

g)   Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra o de venta de bienes, de prestación de servicios o de producción;

h)   Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;

i)    Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien;

j)    Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;

k)   Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales;

l)    Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;

m)  Suspender la producción de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés público;

n)   Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o servicios.

o)   Interrumpir o reducir en gran escala la producción sin justa causa comprobada;

p)   Cesar parcial o totalmente las actividades de la empresa sin justa causa comprobada.

q)   Retener bienes de producción o de consumo, excepto para garantizar la cobertura de los costos de producción. 

ARTICULO 4º.- Quedan sometidas a las disposiciones de esta Ley todas las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional, sin perjuicio de las limitaciones que se establecieren por Ley y por razones de interés general ( Artículo 7º. y 36º. de la Constitución de la República ) o que resulten del carácter de servicio público de la actividad de que se trate . 

CAPITULO III

DE LA POSICION DOMINANTE

ARTICULO 5º.- A los efectos de esta Ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en perjuicio de éstos.

ARTICULO  6 º .- A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado, deberán considerarse las siguientes circunstancias:

a)   Su participación en dicho mercado y si puede fijar precios unilateralmente o restringir el abasto en  el mercado relevante sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;

b)   La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;

c)   La existencia y poder de sus competidores;

d)   Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos;

e)   Su comportamiento reciente.

f)    Los demás criterios que se establezcan en el reglamento de esta ley.

ARTICULO 7º.- El abuso en la posición dominante consiste en usar la posición de dominio del mercado para restringir en forma ilegítima el acceso a él mismo de las demás empresas que concurren a formarlo; con daño para el interés económico general, (art. 2do. de la presente ley).- 

CAPITULO IV 

DE LAS CONCENTRACIONES Y FUSIONES

ARTICULO 8º.- A los efectos de esta Ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas a través de la realización de los siguientes actos.

a)  La fusión entre empresas;

b)  La transferencia de fondos de comercio;

c)   La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre la misma;

d)   Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de  una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.

ARTICULO 9º.- Se prohiben  las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser diminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. 

ARTICULO 10º.-:Todo proyecto u operación de concentración de empresas deberá ser notificado a la Comisión Nacional  de Defensa de la Competencia cuando:

a) Como consecuencia de la operación se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al qiunce por ciento ( 15%) del mercado nacional, o de un mercado geográfico definido dentro del mismo, de un determinado producto o servicio;

b) La reglamentación de la presente ley determinará cual es el volumen de negocios total  de una empresa o grupo de empresas requerido para que se considere que la concentración económica pueda encuadrarse en las previsiones del art. 8º como que conceptos, y rubros integran el mismo.

 Los tipos de negocios y los montos de los volúmenes que una empresa o grupos de empresas deberá notificar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que se crea por la presente ley, por encuadrarse dentro de las previsiones de los artículos precedentes en forma previa a su conclusión , para que la misma los examine y resuelva sobre la legalidad y validez de los mismos. Asimismo se establecerá la forma y contenido adicional de la notificación de los proyectos de concentración económica y operaciones de control de empresas de modo que se garantice el carácter de confidencialidad de las mismas.

ARTICULO 11º.-: En todos los casos sometidos a la notificación dispuesta en el articulo anterior , la Comisión deberá expedirse , por resolución fundada, dentro del plazo de cuarenta y cinco días (45)  de presentada la documentación respectiva , autorizando o denegando la operación o subordinando la misma al cumplimiento de condiciones que la Comisión establezca, antes que estas puedan producir efectos entre las partes o respecto de terceros , de acuerdo con previsiones de la presente ley.

Transcurrido el plazo previsto en la cláusula anterior sin que medie resolución, la operación se tendrá por autorizada.

Las operaciones de concentración económica y las resoluciones dictadas por la Comisión, se inscribirán en un Registro Público que se denominará Registro Nacional de Defensa de la  Competencia. 

CAPITULO V

ORGANIZACI ÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 12º.- El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Comercio, será la autoridad nacional de fiscalización de la presente ley. 

ARTÍCULO 13º.-La Dirección General de Comercio, además asesorará al Ministerio de Economía y Finanzas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de libertad de comercio y libre competencia. 

ARTÍCULO 14º .-Créase la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, unidad jerárquicamente dependiente de la Dirección General de Comercio, que gozará con la más amplia autonomía técnica en el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 15º.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estará integrada  por cinco miembros.  El Poder Ejecutivo designará directamente a su Presidente. A los restante cuatro miembros, que serán honorarios, los designará en base a ternas que respectivamente propongan el Consejo Superior Empresarial (COSUPEM), la Intergremial de Comercio Tradicional y Pequeñas Empresas, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) y las gremiales que nuclean a los productores agropecuarios que proveen a nuestra plaza comercial.

Sólo serán designados quienes tengan reconocida competencia e idoneidad  en la materia.

Los miembros de la Comisión durarán cinco años en el desempeño de sus cargos. 

ARTÍCULO 16º.- Compete a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia:

a)     Controlar y fiscalizar  la aplicación de las disposiciones de defensa del libre comercio y la libre competencia establecidas en esta ley. A estos efectos:

   Realizará los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes, pudiendo requerir a personas físicas y jurídicas y a las autoridades del Estado, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y de las Intendencia Municipales la documentación y colaboración que juzgue conveniente.

  Requerirá el acceso y realizará inspecciones en locales, almacenes, depósitos, fábricas, comercios o cualquier dependencia  o establecimiento de proveedores, definidos de acuerdo al  artículo 3º,  Ley 17.250 de 17 de agosto de 2000. Para el cumplimiento de las tareas inspectivas podrá requerirse el concurso de la fuerza pública, si se entendiere pertinente.

   Realizará las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás elementos conducentes a las investigaciones que lleve adelante.

b)   Instruir los expedientes de denuncias, celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciantes, damnificados, testigos y peritos,  recibirles declaración y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, si se entendiere pertinente.

c)   Dictar los actos administrativos de Resolución sobre los asuntos instruidos.

d)   Asesorar al Director General de Comercio sobre las acciones a desarrollar en protección del libre comercio y la libre competencia.

e)   Coordinar con la Dirección del Área de Defensa del Consumidor todas las acciones comunes de investigaciones, inspecciones, asesoramientos e informaciones que sean convenientes.

f)    Integrar el Comité  de Defensa de la Competencia del MERCOSUR, suscrito el 17 de diciembre  de 1996, en calidad de órgano nacional de aplicación (artículo 8º del Protocolo).

g)   Organizar el Registro Nacional de Defensa de la Competencia previsto en esta ley.

h)   Solicitar al Juez competente  medidas cautelares que estime convenientes.

i)    Dictar su reglamento interno. 

ARTÍCULO 17º.- La Comisión dispondrá de un cuerpo inspectivo.

El funcionario que compruebe una infracción, labrará acta en la que figurarán  los datos completos, identidad y domicilio del presunto infractor, la descripción circunstanciada de la infracción y el nombre y domicilio de testigos si los hubiere.

 Se asentará en el acta toda referencia  que resultara útil a la sustanciación del  procedimiento.

Previa lectura el acta será firmada por el funcionario actuante y el presunto infractor o, en caso de que éste se negare a firmar, por dos testigos hábiles o un funcionario policial.

El funcionario actuante dejará en poder del presunto infractor copia firmada del acta labrada.

ARTICULO 18º.-Los miembros de la Comisión tienen la obligación de excusarse  en todos los asuntos en que puedan tener interés directo o indirecto. La inobservancia de esta disposición acarreará la revocación en el cargo.

ARTÍCULO 19º.- Las sanciones que determina la presente ley serán aplicadas por la Dirección General de Comercio. Esta Dirección podrá delegar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la potestad sancionatoria en esta materia. 

ARTÍCULO 20º.- El Ministerio de Economía y Finanzas dotará a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

CAPITULO VI

DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 21º.- El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia realizada por asociaciones de consumidores y usuarios, por organizaciones gremiales de productores, industriales, comerciantes o de servicios o por cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada. 

ARTÍCULO 22º.- La Comisión deberá expedirse sobre la pertinencia de la denuncia en un plazo de quince (15) días. En caso de que así lo verificara, correrá traslado al presunto responsable, que podrá comparecer con asistencia letrada  por el término de diez (10) días, para que dé las explicaciones que estime conducentes . Lo mismo sucederá en el caso  que el procedimiento se iniciara de oficio, en cuya situación se dará traslado al presunto responsable de la relación de hechos y fundamentos que lo motivaron. El rechazo de la denuncia deberá hacerse en forma fundada.

ARTÍCULO 23º.- Contestada la vista o vencido el plazo, la Comisión resolverá en el plazo de veinte (20) días sobre la procedencia de la instrucción del sumario. 

ARTÍCULO 24º.- La Comisión contará con un plazo de treinta (30) días para la instrucción del sumario, concluido el mismo, se considerará satisfactorias las explicaciones brindadas o por si cualquier causa entendiera que no existe mérito para continuar el procedimiento, la Comisión podrá decretar el archivo del mismo.

En el caso que la Comisión resolviera continuar el procedimiento, notificará a los presuntos responsables, para que en un plazo de quince (15) días efectúen sus descargos y ofrezcan la prueba que a su derecho corresponde.

ARTÍCULO 25º.-La Comisión podrá ordenar la prueba que considere pertinente. Estas decisiones, como las que se refieran a la prueba ofrecida por las partes, serán irrecurribles. El período de prueba será de noventa (90) días. 

ARTÍCULO 26º.- En cualquier  momento del procedimiento la Comisión podrá decidir la convocatoria a audiencia pública si lo considera oportuno para la marcha de las investigaciones. Las audiencias deberán ser convocadas con una antelación mínima de veinte (20) días. 

ARTÍCULO 27º.- Reunida toda la prueba o concluido el período para realizarlo, las partes tendrán diez (10) días para alegar. Luego la Comisión contará con un plazo  de cuarenta y cinco (45) días  para dictar la resolución. 

ARTÍCULO 28º.- En cualquier estado del procedimiento, cuando la Comisión considere que algún hecho o conducta pudiere causar un perjuicio al régimen de competencia, podrá imponer el cumplimiento de condiciones que lo impidan u ordenar el cese o la abstención de las conductas que considere lesivas. 

ARTÍCULO 29º.- Hasta el dictado de la resolución prevista en el artículo 27 el presunto responsable podrá comprometerse al cese inmediato o gradual de los hechos investigados o a la modificación de aspectos relacionados con ellos. Si la Comisión aprobara el compromiso podrá decretar la suspensión del procedimiento. 

ARTÍCULO 30º.-  Las resoluciones de la Comisión se inscribirán el Registro Nacional de Defensa de la Competencia. 

ARTÍCULO 31º.- Los plazos previstos en este capítulo que se refieran al denunciado o al sumariado serán perentorios e improrrogables. Se aplicarán en subsidio las normas previstas para el procedimiento administrativo. 

CAPITULO VII

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 32º.-Comprobada la existencia de una infracción a las obligaciones impuestas por la presente ley, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, el infractor será pasible de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independientemente  o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso:

1.      Apercibimiento o amonestación

2.    Orden de cese definitivo de los actos o conductas prohibidas y la remoción de sus efectos

3.   En caso de actos que constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica  u oligopólica  en violación de las disposiciones de esta ley, se podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar  los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al Juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas.

4.    Multa de un mínimo de 500 UR (quinientas Unidades Reajustables) hasta un máximo de 250.000 UR (doscientos cincuenta mil Unidades Reajustables).

5.   Suspensión de hasta dos años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.

6.   Quienes no cumplan con las obligaciones que surgen de los artículos 10, 28 y 29 serán pasibles  de una multa diaria de hasta 500 UR desde el vencimiento de la obligación de ratificar la concentración económica o desde el  momento en que se incumple el compromiso ola orden de cese o abstención. Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder. 

ARTICULO 33º.- En el caso de que la gravedad de la infracción lo amerite , podrá ordenarse el cese provisorio  de los actos o conductas prohibidos, sin perjuicio de la iniciación del  procedimiento que corresponda. 

ARTICULO 34º.- Los criterios que se tendrán en consideración para determinar la gravedad de la infracción serán el daño causado, la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la participación del infractor  en el mercado, la duración de la práctica prohibida y la reincidencia o antecedentes del infractor. 

ARTICULO 35º.- La resolución definitiva imponiendo sanciones, a excepción de la prevista en el artículo 32 numeral 1, se publicará en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, a costo del infractor.  

ARTICULO 36º.- El testimonio de la Resolución administrativa firme que imponga pena de multa, constituirá título ejecutivo. 

CAPITULO VIII

VARIOS

ARTICULO 37º.- Derógase todas las leyes y disposiciones que se opongan a la presente ley, que el Poder Ejecutivo reglamentará dentro de los ciento veinte días de su promulgación.

Artigas Barrios       Ruben Obispo       Víctor Rossi
REPRESENTANTES NACIONALES

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