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Siglo
XX: Seminario
“La cultura
democrática aporte de la Carta Democrática Interamericana” realizado
el ultimo 26 de noviembre de 2002 por el Ministerio de Relaciones
Exteriores lo que La ONDA digital esta publicando es la intervención
del senador del Encuentro Progresista, Rodolfo Nin Novoa , desde
el panel “Promoción de una Cultura Democrática: Prácticas y
valores. Lo que siguen son las palabras del legislador del
progresismo uruguayo. -
Celebramos la iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores
de organizar este Seminario dirigido a promover una reflexión
conjunta sobre el alcance
de la Carta Democrática Interamericana. La
potencialidad de instrumentos jurídicos como el que nos ocupa
depende en gran medida de la capacidad de difundir y promover sus
contenidos como forma de garantizar que sea algo más que un
texto, algo más que un Documento, convirtiéndose en conciencia e
identidad sentida y asumida por los pueblos. Que
no sea letra muerta, y que devenga, por el contrario, en viva y
sentida realidad. La
aprobación de esta Carta Democrática no debe pasar desapercibida
ni debe ser minimizada su significación en términos de avance
del Derecho Internacional y de la idea democrática a escala
continental. Es sabido que el Derecho Internacional se abre paso
lentamente y enfrentando dificultades e intereses poderosos. Pero
la paz, la libertad y la democracia requieren de esos avances y
estos deben justipreciarse cuando son alcanzados. Los
primeros interesados y los beneficiarios principales del avance
del Derecho Internacional somos las Naciones pequeñas, porque
aunque sea cierto que aún donde hay Derecho puede imponerse la
fuerza, esta se vuelve brutal, incontenible e impune en ausencia
del Derecho. En
ese sentido, esta Carta constituye un paso trascendente a efectos
de lograr que la defensa de la democracia comience a ser algo más
que un mero objetivo proclamado en tanto pone en funcionamiento un
instrumento concreto para la preservación y profundización
democrática. La
incorporación de cláusulas democráticas en organismos
continentales o en bloques regionales ha venido a desalentar
tentaciones golpistas, constituyendo un disuasivo probadamente
efectivo en la materia. La
Comunidad Internacional deja así de ser indiferente ante la
suerte de la democracia y asume un rol activo en pro de su
consolidación. Las
inmensas dificultades económicas y sociales –a veces más que
dificultades verdaderos dramas humanos- que atraviesa la región
no debe hacer perder de vista el avance registrado en la última década
en términos de afianzamiento y consolidación de nuestra
institucionalidad democrática. De
hecho, sinuosas encrucijadas y callejones
que otrora se hubieran resuelto a través del expediente
simplista y primitivo de la ruptura institucional, en un
continente que ha recurrido con frecuencia al mesianismo
autoritario, han encontrado salidas políticamente más maduras y
avanzadas dentro del marco institucional establecido. La
Carta Democrática Interamericana debe ser leída como causa y
efecto de este proceso. Es por cierto, el producto resultante de
una larga y sufrida evolución nacida del padecimiento de
dictaduras y autoritarismos, del cercenamiento de libertades y
garantías, de vejaciones ultrajantes de los derechos humanos. Al
calor de innumerables y sacrificadas luchas libertarias y democráticas
se fue forjando un estado de conciencia colectiva en nuestras
sociedades en torno a la necesidad de defender y desarrollar
nuestras democracias. Pero,
al mismo tiempo, esperamos que sea, deberá ser si lo aprovechamos
debidamente, causa y motor propulsor de una profundización democrática
en el continente, asumiendo los retos aún pendientes de una auténtica
expansión de la democracia económica y social. Es
fundamental que actores políticos e institucionales, agentes de
la economía y organismos multilaterales asuman a cabalidad que
una democracia sustentable requiere de algo más que un conjunto
de procedimientos formales e instituciones con arreglo a derecho;
es imperioso que se comprenda que la sustentabilidad requiere del
avance efectivo en las dimensiones económicas y sociales de la
democracia. Entrando
de lleno en algunos contenidos de esta Carta que nos importa
subrayar avanzaremos siguiendo su orden, sección por sección. De
la sección titulada “La democracia y el sistema
interamericano” nos interesa resaltar tres conceptos: El primero es un enunciado
breve y enfático que descarta cualquier disyuntiva que obligue a
elegir entre libertad y justicia, entre democracia o igualdad
social: “La democracia –dice el artículo 1 de la Carta-
es esencial para el desarrollo social, político y económico
de los pueblos de las Américas”. El juicio, que compartimos
plenamente, tira por tierra cualquier tentativa de construir el
desarrollo económico o social de los pueblos, sin observar el
prerrequisito de la democracia como forma de gobierno. Escapando
por un instante del plano estrictamente normativo y deslizándonos
hacia una digresión ideológica, luce como un acierto, trazado un
balance de los debates y experiencias vividas en el siglo XX la
superación de una dicotomía maniquea planteada por versiones hoy
obsoletas del liberalismo y el marxismo, por las que o bien se
renunciaba a la igualdad en pro de la libertad, o bien se abdicaba
de la libertad en aras de la justicia.· El
segundo, también sucinto y enteramente compartible es el que
define a la democracia representativa como base del estado de
derecho, pero estableciendo en forma categórica que –cito
textualmente- “la democracia representativa se refuerza y
profundiza con la participación permanente, ética y responsable
de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo
orden constitucional”. Democracia representativa y democracia
directa; delegación y participación; nada de antagonismo sino
complemento enriquecedor. Para mayor abundamiento el artículo 6
de este mismo capítulo establece: “La participa ción de la
ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es
un derecho y una responsabilidad. Es también una condición
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio
de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de
participación fortalece la democracia”. Consideramos sabia la
formulación contenida en la Carta por cuanto reivindica
instancias de participación directa, que podrán ser ya
plebiscitos o referendos ciudadanos de acuerdo al orden
constitucional de cada Nación como el desarrollo y el activo
protagonismo de organizaciones de la sociedad civil, ya sean
sindicatos, cooperativas, movimientos sociales y culturales,
asociaciones vecinales o religiosas, agrupamientos medio
ambientalistas o antidiscriminatorios, entre tantos que componen
el variopinto espectro del asociacionismo en las sociedades
diversas y dispersas de nuestro tiempo. Si bien es cierto que el
mito de una democracia directa pura y permanente, asamble
ística o plebiscitaria
puede esconder tentaciones demagógicas y totalitarias no es menos
cierto que el rechazo a veces visceral a las asambleas, a las
expresiones más o menos organizadas o más o menos espontáneas
de la sociedad civil o a los plebiscitos o referendos es
demostrativo de un temor conservador cuando no reaccionario a las
manifestaciones o pronunciamientos populares, a los que aristocráticamente
se juzga como plebeyos. La formulación de la Carta Interamericana
se ubica en un correcto equilibrio y debe celebrarse por su
acierto. La
tercera es la somera enumeración de caracteres distintivos de la
democracia representativa: “el respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio
con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen
plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e
independencia de los poderes públicos”. Se podrá decir, y
nosotros mismos lo diremos más adelante, que las democracias
requieren de otras condiciones o atributos, pero lo que es
indiscutible es que no hay democracia posible si alguno de los
elementos reseñados en el artículo 3 de la Carta está ausente.
Aún tratándose de formas o procedimientos ellos son esenciales,
sustantivos, condición sine qua non para definir si estamos o no
ante un régimen democrático. De
la Sección II de la Carta, titulada “La democracia y los
derechos humanos” nos importa destacar:
la consagración en el artículo 8 de una instancia supranacional
que asegure y garantice la plena vigencia de los derechos humanos.
La posibilidad de interponer denuncias o peticiones ante el
sistema interamericano –procedimiento en creciente expansión en
los últimos años- consolida una tendencia a colocar a los
derechos humanos en un plano superior, intentando volver imposible
que un falso patriotismo o un nacionalismo fariseo sirva de excusa
para impedir la vigilancia de la comunidad internacional en
materia de derechos humanos. Las dictaduras siempre recurren al
expediente nacionalista para desprestigiar a los defensores de los
derechos humanos. Todos lo hacen pero alcanzó una expresión que
no debe olvidarse en un slogan publicitario utilizado por Videla y
secuaces que decía: “Los argentinos somos derechos y humanos
” como respuesta a la campaña internacional en su contra,
mientras derecha y humanamente arrojaban a cerca de 30.000
personas al Río de la Plata por el hecho de disentir, en uno de
los más monstruosos casos vividos en la región, y en el cuál
como dice el politólogo Guillermo O’Donnell se configuró “el
caso de un estado que clandestinizó su propia represión”.
Ya
que el artículo de la Carta que nos ocupa refiere especialmente a
la “eliminación de toda forma de discriminación, especialmente
la de género, étnica o racial” digamos que en estos planos es
mucho lo que al Uruguay le queda por hacer. Soy de los que
creen que durante mucho tiempo nos autopercibimos como campeones
de la democracia e hicimos como el avestruz a la hora de
enfrentar, por ejemplo, la marginación, la segregación, la falta
real de oportunidades y perspectivas de grupos o colectividades
como la colectividad de raza negra en nuestro país. El hecho real
de que Uruguay fuera durante décadas una isla de democracia en
medio de un continente plagado de dictaduras hizo que tal vez nos
regodeáramos en un cierto sentimiento de superioridad que nos
impidió percatarnos de nuestros déficit democráticos, y no hay
otra manera de superar los problemas que reconocerlos y
enfrentarlos con políticas activas impulsadas con determinación. La Sección IV de la Carta resulta de una trascendencia especial Bajo
el título “Democracia, desarrollo integral y combate a la
pobreza” tematiza sobre un aspecto crítico entre nosotros,
probablemente el que más cuestiona y amenaza a nuestras
democracias en América Latina. Así
lo establece la propia Carta Democrática Interamericana cuando en
su artículo 12 expresa: “La pobreza, el analfabetismo y los
bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden
negativamente en la consolidación de la democracia”. No puede
sino celebrarse la claridad con la que el texto se adscribe a la
concepción de la democracia incluyente. Es
obvio que estamos frente a la más grave y comprometedora de las
asignaturas pendientes que debilitan a las democracias
latinoamericanas. Son –con todas las letras- democracias
excluyentes, y este proceso de exclusión social y cultural lejos
de revertirse se expande y multiplica de manera alarmante. Digamos
las cosas como son: la ausencia de una democracia integradora
supone un rotundo fracaso desde la óptica de cualquier proyecto
humanista. En
nuestra concepción la libertad sólo se alcanza con una
democracia no excluyente y es sólo una democracia incluyente la
que puede traer consigo un continente –y un mundo- menos injusto
y menos violento. Quienes
estamos presentes en esta sala participando de este seminario
sabemos del valor y la significación de la democracia. Cuando
digo que conocemos de su valor no pienso sólo en nosotros –público
con necesidades básicas satisfechas y ciertos niveles de consumo
y confort- sino también para que los postergados, los sumergidos,
en suma, los excluidos puedan contar con mayores posibilidades de
avance y superación. Puede que en otros tiempos alguien haya
descreído de esta superioridad intrínseca de la democracia, pero
la experiencia de la dictadura fue suficientemente dura como para
poner las cosas en su sitio. Recuerdo un graffiti inscripto en una
pared de un local partidario que rezaba: “Si me dan a elegir
entre el pan y la libertad, elijo la libertad para luchar por el
pan”. Me resultó una sabia modalidad popular de resolver esa
falsa antinomia, que tanto daño ha hecho, entre libertad e
igualdad. Pero
para percatarnos de la amenaza que la pobreza y la exclusión
significan para las democracias reparemos por un instante en la
interrogante de que es lo que puede sentir una mujer o un hombre
que viven en un asentamiento precario, sin saneamiento, con la
basura como única fuente de sustento, con cinco, siete o diez
hijos a los que no se puede ni alimentar, ni educar, ni sanar ante
cualquier enfermedad, rodeado de promiscuidad y violencia
inimaginables, cuyos únicos destinos posibles son el carrito para
hurgar entre los deshechos de otros o el delito para acceder a
algo de lo que la sociedad de consumo le muestra sin darle
oportunidad alguna para alcanzarlo honradamente ¿cuán intensa
puede ser su convicción respecto a los beneficios y virtudes de
la democracia? He
aquí un tópico en el que políticos y técnicos, técnicos y políticos,
de países pobres y de países ricos, junto a funcionarios y
jerarcas de organismos multilaterales de crédito deberán
concentrar sus esfuerzos y reflexiones en la búsqueda de enfoques
y emprendimientos superadores de esta problemática.
Lo que se requiere es analizar la construcción del
concepto de democracia universal no excluyente en un nivel de
complejidad y articulación superior e innovador. Los
valores de libertad y de justicia social, de tolerancia y de
solidaridad o fraternidad habrán de precisarse como parte de un
proyecto universal de democracia de todos y para todos (en la célebre
tradición “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”) con
mediaciones a crear y a fomentar desde la sociedad civil pero con
roles y responsabilidades intransferibles por parte del Estado que
no deberá abdicar de sus cometidos esenciales en el combate
frontal contra la pobreza y la marginación y en la construcción
de una auténtica igualdad de oportunidades que haga de la
democracia una Democracia con mayúscula, con plenas posibilidades
de realización, disfrute y desenvolvimiento para todos sus hijos. La
dimensión de la tarea –enorme y compleja- no debe paralizarnos.
Hemos asistido en las últimas décadas a discursos
“desencantados” que justifican el abandono de todo intento
como “rechazo a las utopías” o por “realismo político”.
Es necesario revisar también con espíritu crítico todo
entusiasmo frívolo o liviano con “milagros económicos” que
en la región luego de finiquitada la ilusión revelan su
verdadero rostro: auténticos y devastadores desastres económicos
y sociales y hasta éticos y culturales. La
otra amenaza que en
nuestros tiempos jaquea a las democracias, indudablemente con
vinculaciones con la exclusión social, pero no explicada
exclusivamente por ella es el miedo, el temor, la inseguridad. El
paradigma hoy dominante provoca situaciones de inseguridad de todo
orden y naturaleza: inseguridad individual, familiar, comunitaria,
nacional e internacional. Esta
poderosa sensación de inseguridad, que puede sentir el ciudadano
común frente a la perspectiva de perder el empleo o el que ya lo
perdió de no volver a conseguir otro, se suma a la también común
y generalizada que cualquiera en nuestras familias puede sentir y
siente frente al crimen organizado o frente a nuevas modalidades
delictivas que impactan por su insanía, crueldad y virulencia. Pero
también las Naciones poderosas están hoy amenazadas por la
inseguridad que provocan en el ciudadano medio actos terroristas
como el del 11 de setiembre en los Estados Unidad o el más
reciente del teatro de Moscú, pasando de tanto en tanto con
alguna nueva acción criminal e impía de ETA en España,
ejemplo claro de que, como decíamos antes no siempre el terror se
asocia a la pobreza o a la exclusión. Como decía recientemente
el filósofo Fernando Savater ni España ni el País Vasco conocen
de pobreza ni exclusión, de modo que no son esas las raíces de
la violencia insana y criminal de ETA. Ciertamente
las democracias deben tomar muy en serio estas amenazas y deben
ser eficaces en la preservación y defensa de la seguridad pública
o ciudadana, porque puede ser una tentación muy fácil y muy
humana visualizar atajos de “mano dura”, de Estados policíacos
o militarizados; en suma tentaciones autoritarias en la búsqueda
de una seguridad que se percibe las “democracias liberales” no
están en condiciones de garantizar. Las
democracias deben por tanto ser eficaces en la lucha contra el
delito y para ser eficaces no deben ser demagógicas ni
simplistas, sino que deben abordar la problemática con toda su
complejidad a cuestas. Como decía Tony Blair ante el Congreso del
Partido Laborista británico hace algunos años atrás: “duros
con el crimen y duros con las causas del crimen”. La democracia
debe ser severa en el tratamiento del delito, pero debe ser
conciente que en la mayoría de las ocasiones se ha generado un
modelo de exclusión social y marginalidad, que es un verdadero
caldo de cultivo para que el delito crezca a escala geométrica. Asimismo,
es necesario ser eficaz en la lucha contra toda forma de
terrorismo y el gran desafío en términos democráticos es como
librar esta batalla por la seguridad sin perjuicios para la propia
democracia. Asistimos hoy con preocupación
al avance de una concepción que nosotros juzgamos como
antidemocrática para la cuál derechos y garantías individuales
son secundarias respecto al objetivo supremo de la seguridad. Hoy
en los Estados Unidos asumir una defensa intransigente de los
derechos humanos, bregar por la intangibilidad de libertades y
garantías puede convertir a un ciudadano en un “casi cómplice
del terrorismo”. Tiempos difíciles para los amantes de la
libertad y para los activistas de derechos humanos. Naturalmente,
después de un episodio tan traumático y deleznable como el
acontecido el 11 de setiembre de 2001 es comprensible que exista
un sentimiento popular de esa naturaleza. Pero son los Gobiernos
quienes tienen el deber de guardar el equilibrio, y restablecer
con ponderación y mesura el verdadero valor de las cosas. Más
que juzgar este peligro antidemocrático que visualizamos con
nuestras propias palabras o conceptos, preferimos hacerlo
recurriendo al propio ideario de los Padres Fundadores de los
Estados Unidos de Norteamérica cuando con aquella sabiduría que
tanto admiró nuestro Artigas decían: “Un pueblo que, en aras
de preservar la seguridad está dispuesto a renunciar a la
libertad, merece perder la libertad y la seguridad”. Aunque hoy
acorralada y disminuida esa tradición representa la mejor versión
de Norteamérica, y esperamos para bien de la Humanidad toda que más
temprano que tarde recupere terreno y vuelva a prevalecer sobre
cualquier belicismo oscurantista. Finalmente,
dentro de esta misma Sección que consideramos sumamente
importante dadas las condiciones de severa crisis económica y
social que atravesamos y el alarmante deterioro de las condiciones
de vida de nuestra gente, queremos resaltar la trascendencia que
el artículo 16 asigna a la educación. “La educación –dice
la Carta- es clave para fortalecer las instituciones democráticas,
promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la
pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos”. Es
evidente el valor que la educación tiene en la promoción de una
cultura democrática, que arraigue de manera profunda en el
ideario y en el sentimiento de un pueblo. En particular para
nosotros los uruguayos esto es algo más que una elucubración teórica,
sin corroboración empírica. Por el contrario, es nuestra propia
experiencia, nuestra historia, nuestra tradición, la que nos ha
demostrado el vínculo estrecho e indisoluble que existe entre
educación y democracia. Nuestro
país sostuvo durante décadas una educación democrática e
integradora, que supo ser de vanguardia, y que forjó, ciertamente
lo mejor de nuestra propia identidad. La
tolerancia, el respeto, la convivencia pacífica comenzaban a
internalizarse en las aulas de una escuela y llegaron a
constituirse en verdaderas señas de identidad del Uruguay como
Nación. A tal punto la educación promovió los valores y
contribuyó a desarrollar las prácticas democráticas que aún
cuando sobrevino la dictadura y todo estaba prohibido y nada podía
hacerse ni decirse en lugares públicos,
la llama se mantuvo encendida en cada familia oriental y
los patéticos personajes que la protagonizaron –sobrecargados
de esa retórica nacionalista y patriotera tan cara a los
fascismos- nunca pudieron comprender que en esta tierra el
concepto de Patria o de Nación era indisociable de la idea de
Libertad y del concepto de tolerancia. Décadas
de educación universal, laica, gratuita, obligatoria, raigambre
democrática habían ganado una batalla porque el Uruguay era
ingobernable para los tiranos. La escuela había dejado su huella
y los valores de la democracia estaban firmes en la conciencia de
cada uno de los uruguayos. Educación
y democracia se retroalimentaron en nuestro país durante décadas
y fue como consecuencia de esta feliz interacción que pudimos
exhibir ante el mundo la mejor versión de nosotros mismos. Por
eso entendemos que es fundamental detener el deterioro del sistema
educativo uruguayo, relanzarlo, vigorizarlo; volver en suma a
convertirlo en el pivote de la democracia y el progreso. Si
este país tiene que definir prioridades –y sin dudas así será
porque las demandas son muchas y justas pero los recursos son
escasos- la educación está entre las primeras, porque no podemos
darnos el lujo de dilapidar por lentitud, pereza u omisión
nuestro más preciado capital, nuestra más importante ventaja
comparativa: el capital humano, el nivel educativo, el talento y
la inventiva de nuestra gente. Nosotros
queremos culminar nuestra intervención jerarquizando este papel
de la educación en la promoción de una cultura democrática. La
democracia no se enseña ni se aprende en un libro, ni en una
clase de Educación Cívica, aunque unos y otros pueden cumplir un
papel importante. La democracia debe cruzar transversalmente a la
educación. La democracia debe estar presente en las miradas
plurales de la historia, de la geografía, de la filosofía, en
las controversias suscitadas en la evolución de la ciencia. En
la escuela y en el liceo se debe vivir y respirar democracia, sin
discursos, sin retórica, sin impostaciones. Aprender a convivir
con quién es distinto, respetar al que discrepa con nosotros,
celebrar la diversidad y la diferencia, enriquecernos con el
discenso. En suma, crecer en, con y para la libertad,
comprendiendo al mismo tiempo que no hay realización plena de un
individuo si no hay solidaridad, fraternidad, amor al prójimo o
como se le quiera llamar. LA ONDA® DIGITAL |
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