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Tres documentos:

Leer artículo Resolución general del encuentro formativo de seguridad social de la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur CCCSCS
Leer artículo Análisis sobre conflictividad laboral en Agosto 2002 realizado por el Programa Modernización de las Relaciones Laborales de la Universidad Católica
Leer artículo El nuevo rumbo debe pasar por una visión de la tierra (recurso no renovable) patrimonio de la nación patrimonio de la nación
MADUR Movimiento Agropecuario del Uruguay
Ing. Pedro Hernandez

Resolución general encuentro formativo de seguridad social coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur CCCSCS

Los representantes de las 8 centrales sindicales nacionales (CGT y CTA de Argentina; CUT, CGT y FS de Brasil, CUT de Chile, CUT de Paraguay y PIT-CNT de Uruguay)[1] de los 5  países integrantes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) reunidas en Montevideo, entre el 27 y 30 de agosto de 2002, convocadas por dicha Coordinadora, con la organización del PIT-CNT y el auspicio de la ORIT – CIOSL, resuelven recomendar a las centrales nacionales e internacionales, así como promover en sus respectivos países, en la región,  a nivel internacional y en las organizaciones relativas al tema, lo siguiente: 

1.- Nuevamente el movimiento sindical advierte a la comunidad internacional, y en particular a los trabajadores/as y sus familias, a los millones de pobres y excluidos, las graves consecuencias de las reformas impuestas bajo el modelo del Banco Mundial en América Latina y en particular  la capitalización individual administrada por sociedades anónimas (AFP, AFJP, AFAPs, AFORES),  están causando para las grandes mayorías nacionales, para los países y sus estados, en pérdida brutal de derechos humanos fundamentales, laborales y de seguridad social,  rebaja de cantidad y calidad de las prestaciones, produciendo creciente endeudamiento externo y pérdida de soberanía, aumentando los costos individuales y generales (incluídos los de transición no previamente estudiados), con riesgos e incertidumbres críticas. En particular, en la subregión, esto es claramente apreciable en Argentina, Uruguay y Chile. 

Los cotizantes a las administradoras a diciembre del 2001 han caído al 44 % de los afiliados; los jóvenes, las mujeres y los pobres e informales son particularmente perjudicados, además de las poblaciones en general, especialmente por sus más bajas aún densidades de aportación;  las comisiones de administración en general siguen subiendo promediando a la misma fecha el 27 % del aporte en bruto y 39 % del neto, desmintiendo las promesas de bajar el costo anterior;  el endeudamiento externo ha crecido a un ritmo superior al doble del crecimiento del PBI;   la cobertura  (o sea la protección a los trabajadores/as y sus familias, a la población en general) cae, y en particular en los países privatizados, como lo señalan recientes informes de OIT, CEPAL, etc;  las rentabilidades prometidas no se cumplen y caen;  en Chile estudios oficiales estiman que el 50 % de los afiliados a las AFP no llegarán a alcanzar la pensión mínima (y el 60 % de las mujeres), luego de más de 20 años de régimen;  la reciente crisis financiera evidencia claramente que los riesgos y las incertidumbres son exclusivamente asumidos por los trabajadores/as mientras incluso las administradoras informan de sus ganancias empresariales propias, lo cual confirma el importante negocio lucrativo que realizan. 

2.-No obstante ello,  fruto de la lucha de los trabajadores y los pueblos, de la investigación y formación, de los expertos y organizaciones serias, y principalmente del fracaso de los regímenes llamados de ahorro individual y de las reformas implantadas en la región, y del crecimiento del conocimiento y la conciencia de la gente, se observa un enlentecimiento del empuje neoliberal en este terreno y el avance de las fuerzas progresistas, con algunos síntomas como la detención de estos procesos en países de Europa central y del este donde habían comenzado con tanta fuerza como en América Latina impulsado también por el mismo modelo del Banco Mundial;  las fuertes críticas del ex vicepresidente del mismo Joseph Stiglitz y otros especialistas;  el plebiscito en Nueva Zelanda rechazando este modelo;  el proceso de análisis para una reforma del sistema que se inicia en Argentina; la propuesta elaborada por los trabajadores en Uruguay desde 1999; el compromiso del gobierno chileno para producir necesarios cambios del sistema previsto para el 2003;  la importancia de varios aspectos de la resolución de la 89ª. Conferencia de OIT ;  los avances del Foro Social Mundial en cuanto a políticas sociales;  etc. 

3.- Ratificar las resoluciones adoptadas en distintos eventos del movimiento sindical latinoamericano y del Conosur,  realizados acerca de la seguridad social, en particular, desde setiembre de 1998 en México convocados por OIT, así como sus antecedentes del mismo año  en Santiago y Montevideo, las  de los cursos de formación en OIT Turín de 1999 y 2002, la del Seminario de Evaluación y Seguimiento de Viña del Mar en diciembre 2001 y otras afines, así como en especial, la posición del movimiento sindical latinoamericano representado en la Comisión de Seguridad Social de la 89ª. Conferencia de OIT de junio  2001, destacando su incidencia en ese ámbito tripartito mundial para la Resolución finalmente allí adoptada. 

4.- Conformar un Equipo permanente técnico sindical del Conosur a partir de esta reunión, objetivo central de la misma, para apoyar la acción en cada país y de cada central; que de seguimiento a los procesos; que apoye a las organizaciones y sus representantes, que elabore diagnósticos y propuestas serias y posibles; que contribuya a la información, difusión, educación en este derecho humano fundamental; que reclame y desarrolle una mayor participación coordinada en la OIT y otros ámbitos internacionales en actividades, investigaciones y cooperación.

En este sentido, especialmente se recomienda a las centrales  que los representantes sean permanentes e idóneos. 

5.- Reclamar la inclusión de cláusulas de protección social en los acuerdos internacionales , y alertar en particular sobre la inclusión de condicionamientos que afectan la seguridad social en las negociaciones en curso en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el peligro del ALCA que está previsto entrar en vigencia para el 2005. En este sentido, como lo dice la Resolución de la 89ª. Conferencia de OIT: Ante la mundialización, la seguridad social es más necesaria que nunca; 

6.- Tomar acciones concretas y coordinadas de todas las centrales del Conosur para la denuncia ante OIT del incumplimiento de los convenios internacionales y bilaterales de seguridad social, en los países de la región con la aplicación de estos regímenes de capitalización individual obligatoria administrada por sociedades anónimas, así como otras formas y medidas adoptadas. A tales efectos se coordinará una acción concreta entre expertos jurídicos de las centrales hacia dicho objetivo a partir de esta reunión, solicitando a las centrales que remitan antes del 30 de noviembre un informe nacional de los principales incumplimientos . El objetivo es  que el/los documentos estén aprobados por la CCSCS en el primer semestre de 2003, antes de la Conferencia de OIT de junio . En este contexto, fortalecer y desarrollar el marco jurídico de las normas nacionales e internacionales, impulsar su implementación,  en sus contenidos y órganos de aplicación(como el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social aún no vigente).  

7.- Compilar todos los datos e información de los países de la región, utilizar el  sitio web (www.redsegsoc.org.uy) y Base de Datos demográfica, socio económica y de seguridad social elaborada por el ERT para OIT/ACTRAV Lima, y procurar los instrumentos para su permanente actualización 

8.- Solicitar a las centrales nacionales en cada país un informe actualizado sobre diagnóstico y propuesta de cambio posible, con sustento técnico, en un plazo de 3 meses, a presentar antes del 30 de noviembre 2002, tratando que en aquellos países donde hay más de una central, se busque el  consenso entre las mismas.

Dichos informes serán inicialmente resumidos por el ERT para convocar a una reunión del Equipo de la CCSCS integrado por lo menos por un representante por central a realizarse en Montevideo, donde se elaborará un documento básico de diagnóstico y propuesta subregional, que será remitido posteriormente a todas las centrales nacionales para su consideración previa a la realización de un próximo evento similar al presente, para adoptar una resolución al respecto, que deberá realizarse en el primer semestre del 2003. 

Dichos informes deberán considerar aspectos claves como la extensión de cobertura, la realidad demográfica (incluyendo las expectativas de vida indebidamente aplicadas por las aseguradoras), el financiamiento progresivo y sustentable, etc. 

9.- La Propuesta general básica a impulsar por las centrales de trabajadores/as del Conosur, de acuerdo a los análisis y discusiones de esta reunión y a los antecedentes de las ya citadas, debe contemplar, de acuerdo a las realidades nacionales, las correlaciones de fuerzas sociales y políticas y las posibilidades financieras, los siguientes principios y criterios: 

Una seguridad social fundamentalmente pública que no significa volver atrás, sino reivindicar la universalidad de modo de alcanzar progresivamente a la totalidad de la población y prioritariamente a los más excluidos y nuevos excluidos;  con progresividad también hacia la integralidad de las diferentes prestaciones de largo y corto plazo, de pasividad y de actividad;  con suficiencia de las mismas y financiamiento progresivo y sustentable;  con justicia social;  con una administración democrática, eficiente y participativa, fundamentalmente pública;  con solidaridad vertical y horizontal;  considerada como un derecho humano fundamental y una responsabilidad ineludible del Estado, que fortalezca las instituciones públicas de seguridad social. 

En particular, analizar propuestas inmediatas para Argentina, Uruguay y Chile, para la mejora del sistema y la cobertura en Brasil y para la creación de un auténtico sistema universal en Paraguay. 

10.- Apoyar el Proyecto E 5082 de formación de representantes de trabajadores, jubilados y pensionistas, empresarios y gobiernos en los organismos de seguridad social,  a consideración del Centro de Formación de  OIT Turín, solicitando la incorporación de Chile al mismo, como población beneficiaria.

[1] También participa como observador la UTI de Argentina.

Análisis sobre conflictividad laboral en Agosto 2002 realizado por el Programa Modernización de las Relaciones Laborales de la Universidad Católica

1. La conflictividad laboral aumentó

En el mes de Cuadro de texto:  agosto la conflictividad global medida a través del Índice de Conflictividad Laboral de la Universidad Católica del Uruguay se multiplicó casi por tres respecto del mes anterior y la conflictividad sectorial también aumentó en 86%. Se registraron en el mes un total de 26 conflictos, 13 de los cuales comenzaron en meses anteriores y se perdieron 300.642 jornadas laborales, involucrando a 226.676 trabajadores. 

Se confirma la tendencia creciente registrada en todo el año 2002. La conflictividad global del período enero-agosto fue 84 % mayor que la del año anterior, explicada por la sucesión de paros generales. La sectorial fue 60% mayor (Grafico 1) 

En este mes hubo dos paros generales. El 1º, limitado a Montevideo de 11 a 15hs., cuya plataforma fue “por soluciones alternativas para sacar al país de la crisis” y el día 7, en todo el país, de 10 a 24hs. con la plataforma: “en rechazo a la conducción económica, por democracia, en defensa de la soberanía y contra el FMI”. El principal conflicto sectorial fue el de la Universidad de la República, donde se está desarrollando un paro por tiempo indeterminado con suspensión de todos los cursos de grado. 

Hubo además movilizaciones sin paro donde, se destaca la del 25 de agosto, calificada como jornada cívica, bajo la consigna “la causa de los pueblos no admite la menor demora” convocada por el PIT-CNT, la Concertación para el Crecimiento y otras organizaciones sociales, en rechazo a la política económica y por medidas de reactivación productiva. 

2. El sector público fue el más conflictivo

Los confliCuadro de texto:  ctos  en el sector público representaron el 90% de la conflictividad sectorial.  Además de la movilización de la Universidad de la República y el paro por tiempo indeterminado a partir del 20 de agosto en el Hospital de Clínicas, hubo un paro de 72 horas de en Salud Pública (Gráfico 2). 

En el sector privado la mayor conflictividad se constató en la construcción donde se sumó una movilización contra la posible modificación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario y ocupaciones de obras ante atraso en el pago de salarios. Le siguió el transporte donde  sigue creciendo la inseguridad ante la reiteración de rapiñas, pero además hay inestabilidad laboral ante recortes de líneas y la extensión del sistema de conductor-cobrador. También hubo conflictos en la salud privada y en la banca, aunque en este caso representó sólo del 1% del total.  

3. Rechazo a la política económica fue la principal causa de conflictividad

Las plataformCuadro de texto:  as de los paros generales, se centran en el reclamo de soluciones a la crisis y en el rechazo de la conducción económica y representaron el 51% de la conflictividad global (Gráfico 3).  Le siguieron (44%) las movilizaciones contra la Rendición de Cuentas y muy lejos (3.%) el tema salarial ante atrasos en los pagos en diversas instituciones como el Instituto Superior de Educación Física, el Larghero, la Intendencia de Rocha (que ya se solucionó) y obras varias de construcción.  

4. Perspectivas 

La mayoría de los conflictos del mes no se solucionaron, por lo que se mantendrán el mes siguiente. La Rendición de cuentas, que motiva importantes conflictos en el sector público y la suspensión de cursos en la Universidad de la República y en algunos liceos, ha dilatado su aprobación por la oposición del Partido Nacional a votar en el Senado la totalidad del proyecto aprobado en Diputados. Mientras no sea aprobada es previsible que estas medidas sindicales se mantengan. 

Pero probablemente el sector de mayor tensión sea el financiero. De liquidarse algunos de los bancos suspendidos, cosa que el Poder Ejecutivo mantiene si no se capitalizan y obtienen liquidez, un importante número de funcionarios perderán su empleo. AEBU ha hecho propuestas para evitar el cierre, pero hasta ahora no han sido aceptadas y varios dirigentes están buscando alternativas laborales para los funcionarios. La prórroga de la suspensión determina que la solución se dilate, pero sin duda éste es el tema potencialmente más conflictivo, pues no sólo afectará a los funcionarios sino también a las empresas e individuos que tienen sus cuentas en ellos. Es decir que el sector público, la banca, más la salud cuya crisis continúa, determinan que los meses siguientes seguirán siendo de elevada conflictividad

El nuevo rumbo debe pasar por una
visión de la tierra (recurso no renovable)
patrimonio de la nación

MADUR Movimiento Agropecuario del Uruguay
por ING. Pedro Hernandez

UNA NUEVA PROPUESTA DE GREMIALISMO RURAL

 

El país se encuentra hoy ante una crisis socioeconómica sin referente histórico en el último siglo.

A lo largo de los últimos 50 años el agro en particular y el país en general han vivido sucesivas crisis económica-financiera. Todas tienen una alineación común con las crisis, casi cíclicas que ha padecido el agro. La explicación de las mismas surge del hecho histórico de que la economía del país está fundada principalmente a partir de la producción agropecuaria. El agro está estancado en su principal rubro, la ganadería, desde hace 70 años; los demás sectores han tenido un mayor dinamismo en los últimos años. Surge de los datos históricos una economía estancada en los últimos 50 años. Entre 1950 y 1975 la tasa de crecimiento del producto interno bruto fue de 1,1%. La más baja del continente. Más baja que la de Haití (1,4%). El de América Latina fue de 5.5%. Entre 1963 y 1975 Uruguay perdió alrededor de  350000 habitantes. Estos datos de la realidad configuran un grave problema de carácter estructural.

 

No podemos seguir hablando de las consecuencias, debemos buscar las causas de este estancamiento.

La primera observación es que la economía está fundada a partir de la confiscación de rentas del agro, a productor perdido y a costa de su marginación socio- económica.Debemos agregar que un alto costo social han pagado desde siempre, los eternos olvidados del campo,los peones rurales y sus familias. Ellos en realidad son los más marginados. Ni siquiera tienen un gremio que los defienda, salvo pequeños sectores que sí lo estan. Ellos y la inmensa mayoría de los productores rurales no participaron, ni participan, de los beneficios de la vida urbana (electrificación, acceso a los bienes culturales, más halla de la escuela rural y ello con grandes restricciones). La electrificación rural se desarrolló en la década del 90, con una campaña muy despoblada y los productores ya muy endeudados, se endeudaron para pagar el 50% del costo, en un intento desesperado por mantenerse en el campo.

Algunas cifras y comentarios del maestro Miguel Soler realizados en 1987, nos eximen de mayores comentarios, sobre la indiferencia de los gobiernos, hacia el campo:

"En 1911 los alumnos de las escuelas rurales eran 39572; el alumnado creció hasta 1963, año en que llegó a 59545; después desaparecen aproximadamente 1000 alumnos  por año, hasta llegar a  37947 en 1985 (casi dos mil menos que en 1911.) Hoy  los niños rurales andan en el entorno de los 20000.                  

La suerte de la infancia campesina está ligada a la contradicción nacional de base: el país es agropecuario por vocación natural y en gran parte por exclusión de otras posibilidades; no obstante, la sociedad uruguaya, negándose a sí misma, ha sido incapaz de organizarse de manera que la vida en el campo y del campo sea posible.

Lejos estamos de la situación de hace 30 años (1957 ). Entonces se encontraban en pleno funcionamiento más de 100 escuelas granjas y otros institutos para la educación rural.

Falta hoy una política agraria favorable al hombre del campo y al interés nacional. Falta también una política educativa atenta a las necesidades de los niños, adolescentes y adultos que todavía quedan en nuestras cuchillas". Hasta aquí los comentarios del maestro Soler.

 En función de como  incide el agro, en la formación de la economía del país, sus crisis repercuten en forma directa en ésta. Algunas cifras nos mostraran la importancia final de los productos agropecuario: participan directamente en el 25% del PBI; participan del 60% del PB industrial, del 22% de la masa salarial del país y el 80% de las exportaciones.

Pero los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos 50 años, han  ignorado al agro, basados en su condición de rehén.  Pero hoy estamos convencidos, de que hay razones más profundas que impiden al país tomar un camino de desarrollo sostenido y sustentable, con un modelo económico integrado. La gran causa  es el manejo clientelístico del país; que instaló la corrupción y de ahí la falta de cristalinidad en la conducción y administración  de la cosa pública.

Ha decaído así la moral republicana en virtud del reparto de cargos por cuota política- partidaria ( El conocido "3 y 2" ). Esto ha posibilitado la utilización del agro como proveedor de divisas y recursos fiscales sin importar su situación. Ha sido tratado como el rehén que es. Se ha tratado al agro con total impunidad; su estructura  es peor hoy que a la fecha de la creación del Instituto Nacional de Colonización por ley del 12 de enero de 1948.No se cumplió con el artículo 1ro. de la ley que dice: “A los efectos de esta ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”. 

El manejo político-partidario criticado ya en la década del 60, frustró la última ley relevante para el agro. Han pasado casi 54 años desde su creación y  Colonización se enfrenta a la desaparición y los colonos  soportan a un gravísimo endeudamiento. El agro en su condición de rehén sufre las peores consecuencias de esta forma de conducir el estado. No están los mejores y más capacitados en los lugares claves de la economía, sino los que resultan de las cuotas politico-partidaria. El interés partidario-electoral por encima del interés nacional ha sido la tónica de los últimos cincuenta años. Este es el peor y mas grande costo del estado. El agro ha funcionado a productor perdido y los datos  que siguen  son la confirmación contundente. 

En 1954 había alrededor de 90000 productores y la campaña estaba poblada por unas 450000 personas. Según el censo del año 2000, hay alrededor de 57000 productores y en  la campaña residen unas 190000 personas. Han desaparecido  del orden de mil productores por año ya que sólo se verifica la continuidad del predio entre censo y censo. Han abandonado el campo del orden de 16 personas por dia en los últimos 46 años. Frente a hechos sociales de esta magnitud ningún gobierno se sensibilizó más allá del discurso electoral. La estructura de tenencia de la tierra desvelo del legislador al crear el I. N de Colonización se sigue agravando. Los números muestran la realidad. Según el censo de l año 2000 surgen los siguientes datos:

El total de productores es 57115.El total de la tierra censada es de 16:333.939 Ha. 

  • 1122 productores (2% del total) mayores de 2500 Ha.poseen el 32% de la tierra 5:259.698 Ha. 

  • 2879 productores (5% del total)  de  1000 a 2500 Ha. Poseen el 27% de la tierra 4:390.582 Ha. 

  • 10617 productores (19% del total) de  200 a 1000 Ha.poseen .30% de la tierra 4:856.001 Ha. 

  • 42497 productores (74% del total) de 1 a 200 Ha. poseen  el 11% de la tierra 1:827.658 Ha. 

Los datos de la estructura de tenencia de la tierra, son elocuentes. Miles de productores eficientes y pioneros en la adopción de tecnología, como es el caso de los lecheros, esperan por más tierra. La herramienta está,basta cumplir con el artículo 1 de la ley de creación del I.N. de Colonización. 

A pesar de ser  una economía que confisca recursos a un sector rehén y a productor perdido, no se ha  logrado  estabilidad  y  crecimiento sostenido. Esta economía “facilonga”, funcional al manejo clientelístico,ha discurrido en la medida de que el sector rehén contó con recursos para confiscar. Hoy el campo está agotado, no tiene más para dar y de ahí la magnitud de la crisis  en la economía nacional. Después de 50 años entregando recursos, el campo debería esperar alguna devolución. Pero la realidad es muy otra. ¿Que se hizo con las enormes cifras de dinero que se extrajo del agro en este tiempo?( diferencias de cambio, detracciones, atraso cambiario en la década del 90). ¿Se invirtieron en obras de infraestructura, se mejoró la calidad de vida? Muy poco volvió al campo, se utilizaron esos recursos para “sobornar “ al país urbano. Así sucedió en la década del 90, donde la mayoría creyó que era rica y no entendió que la “fiesta” se pagó mayoritariamente con el dólar subsidiado, por los productores fundidos o severamente endeudados, tal los frutos del atraso cambiario. Hoy la fiesta terminó, debemos asumir todos la realidad, sus causas, si queremos encontrar los caminos que nos permitan cambiar de rumbo, para construir un país más justo, más solidario, entre todos y para todos. Las enseñanzas de la historia no pueden ser ignoradas  permanentemente. La gran  enseñanza es, que no hay economía sana y sólida si todos sus actores no interactuan en un pié de igualdad. 

No sirve una economía, como la que se lleva adelante, en la cual unos deben perder para que otros ganen. Tampoco si no hay cristalinidad, base de la credibilidad. En  las últimas décadas, hubo de todo, menos esto. En el marco de un  manejo clientelístico, que conlleva impunidad y corrupción no podía suceder otra cosa que lo que ha sucedido. Con impunidad, dilatorias y promesas electorales que no se cumplen es como se sigue ignorando los problemas de los productores. Para el agro en los últimos 50 años el país no resolvió los problemas estructurales  de tenencia de la tierra, cuya tarea estuvo prevista en la ley de creación del I. N. de Colonización. 

En definitiva constatamos una política no escrita, de licuación de productores y despoblación de la campaña. Los números  así lo indican y la falta de soluciones lo corroboran.

En los últimos 50 años, no se ha estabilizado a los distintos sectores productivos, por el contrario cada  poco tiempo son desestabilizados por la falta de una política económica, alineada con el principal actor de la economía nacional. Este es el gran debe político del país. No podrá haber estabilidad económica, con un agro sujeto a tantas incertidumbres y crisis. Hoy después de haber realizado el mayor esfuerzo de reconversión tecnológica en la  década del 90,habiendo aumentado la productividad en forma extraordinaria en los rubros de la agricultura, lechería, arroz, etc., se comprueba la gran paradoja; Entre 1990 y 1998,el PBIA creció del orden del 80% el endeudamiento, creció 400%. El país claramente se benefició y los productores perdieron. Pese a ello han sido sometidos a escarnio público,como los eternos llorones.Los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años, no quieren reconocer los efectos nefastos sobre el agro de la política monetaria (atraso cambiario). La impunidad también opera desinformando a la opinión pública, al no considerar las causas de fondo de los problemas. El tema del endeudamiento de los productores, sigue sin resolverse ya que las soluciones dadas hasta ahora no sirven, porque no consideran el impacto de la política monetaria en el mismo. El gremialismo rural no es ajeno a la situación de los productores. Históricamente ha estado alineado con lo político-partidario y con los intereses económicos dominantes del agro. Esto ha permitido que los distintos gobiernos, nunca hayan resuelto los problemas de la mayoría, pequeños y medianos productores, que hoy se encuentran  sobreviviendo (pero siguen generando riqueza para el país) sin, soluciones a la vista.

Este gremialismo ha permitido que en la década del 90, en un acto de impunidad  político-tecnocrático jamas visto, se pusiera a los productores ante la disyuntiva de aumentar la productividad o desaparecer. El productor fue obligado así a una reconversión impuesta en el marco de un aumento de costos (vía atraso cambiario),lo que técnica y políticamente constituye todo lo contrario de una reconversión productiva de cualquier sector de la economía, agravado en el caso del agro por su condición de rehén. En definitiva los gobernantes han apuntado a cargar toda la responsabilidad del endeudamiento sobre los productores. Pero es muy claro que el crecimiento exponencial del mismo, en la década del 90 no se puede justificar por un mal  manejo empresarial, por tanto es la política monetaria la que desnaturalizó el justo equilibrio de las relaciones contractuales. Es el estado, el garante del equilibrio de las cargas en la economía, quien ha  violado el Marco de Contrato. Entonces los tecnócratas y dirigentes políticos deben asumir, que la solución a este gravísimo problema pasa por asumir cada uno las responsabilidades que surgen de los hechos. Teniendo en cuenta esta realidad histórica del campo uruguayo, asumiendo nuestros errores  como dirigentes gremiales, iniciamos un nuevo camino. Cansados de deambular por los distintos niveles de la administración y de volver a nuestros pagos con las manos  vacías una y otra vez en los últimos años, decimos que no queremos aparecer más como mendicantes de nuestros derechos. Muchos de nosotros hemos vivido y vive  en carne propia esta crisis. Hemos visto con impotencia,  a nuestros vecinos empobrecerse, marginarse y fundirse trabajando, comprobando la distancia que hay entre el discurso y la realidad. Hoy decimos basta  a esta forma cínica y electoralista de tratarnos. La magnitud de la crisis, nos ha permitido ver la magnitud del engaño histórico y el impacto sobre el país todo. Por ello decimos una vez más,  asumimos, que por distintas razones no hemos estado a la altura de la gravedad de los acontecimientos, pero que con humildad y a partir de reconocer los errores, invitamos a dirigentes rurales, productores y población en general a acompañarnos en este nuevo camino, que a partir del agro nos permita la recreación de un país más justo y solidario, e integrado. No más las chacritas, sino la chacra nacional. Este nuevo camino que emprendemos como gremialistas es en defensa de los productores, pensando en el interés nacional. Sin ataduras politico-partidarias que tanto daño le han hecho al gremialismo y al pais. Con esta visión queremos rendirle homenaje al más grande, nuestro José G. Artigas y es por ello que el lanzamiento de este movimiento, el MADUR, se realiza precisamente un 10 de setiembre, en memoria al 10 de setiembre de 1815, fecha en la cual Artigas firma en Purificación, el Reglamento de Tierras. Por primera vez desde el agro se recuerda la ley fundamental del proyecto Artiguista, una prueba bien contundente de que hemos sido conducidos por los mismos intereses  económicos  que el combatió.

A partir de esta fecha, iniciaremos un nuevo estilo de lucha, por un cambio de la política económica que tanto daño ha hecho al país y por una integración del mismo, sin sectores excluidos, ni marginados. La verdadera economía  deberá considerar a cada sector, en función de sus especificidades. No debe haber dominancia de unos sobre otros. Para ello el manejo clientelístico del estado debe ser proscripto. Una secuela importante del mismo, la “ viveza criolla”, la del acomodo, la de la gauchada debe ser desterrada y combatida, para darle cristalinidad y credibilidad a las políticas y para que todos sientan que son tratados con justicia y equidad. 

El agro debe ser declarado en emergencia nacional y denunciar a los que pretendan lucrar en esta hora tan crítica (desde dentro como fuera del mismo) ¿ Y porque no se le declara de interés  nacional?. ¿Tiene menos importancia que un gran número de pequeñas empresas que si lo han sido?. De esta emergencia tenemos que salir con un nuevo rumbo, que debe definirse para no tener una nueva frustración, como tantas en el pasado reciente. El nuevo rumbo debe pasar por una visión de la tierra (recurso no renovable) patrimonio de la nación, asiento y usufructo de las generaciones que nos sucederán. El productor tendrá la responsabilidad de su conservación, que la sociedad contribuirá a pagar. Los principales postulados  del nuevo rumbo son: 

1) Definir una política agropecuaria, que trate distinto lo que es diferente.Las condiciones de rehén deben ser levantadas en el marco de ésta. Que se defina en un marco de pais integrado y no como hasta ahora, en la que unos sectores deben perder para que otros ganen. 

2) Reclamamos un modelo económico que integre al agro en un pié de igualdad con los demás sectores  de la economía, contemplando sus especificidades, en especial su condición de rehén. 

3) Tratamiento del endeudamiento y del sobreendeudamiento, teniendo en cuenta los efectos del atraso cambiario. Esta crisis es en gran medida fruto de una decisión de política económica, que trasladó enormes cifras al resto de la economía. No pedimos privilegios, si equidad y trato justo. 

4) De acuerdo con el punto (2) , acordar soluciones para  recrear la rentabilidad, única manera de generar recursos genuinos para hacer frente a las distintas obligaciones. 

5) El crédito deberá ser diferencial; por sistema productivo y por condiciones agrológicas; con reglas de juego claras y riesgos compartidos. (productor-banco-gobierno) . La experiencia de los '90 debe ser el ejemplo de lo que no debe repetirse. 

6) La tributación debe ser diferencial, en la misma línea de lo expresado para el crédito. 

7) Bregaremos por un programa de información  campo-ciudad y ciudad-campo. El país no saldrá adelante si no hay una toma de conciencia de quien es quien en la vida del mismo. No pueden existir sectores marginados fácilmente “utilizables”. 

8) Otro aspecto  del nuevo gremialismo, será la  instrumentación de mecanismos que permita a todos los productores tener acceso a la información calificada y relevante de todo lo que tenga relación con su actividad productiva. Así podrá hacer las previsiones posibles, al tomar las decisiones. 

Decimos una vez más, las “soluciones”planteadas para resolver los problemas del endeudamiento, no son equilibradas, ni defienden el interés nacional,  cargan toda la responsabilidad del mismo, sobre los productores, ignorando la confiscación de recursos vía atraso cambiario que benefició a otros sectores de la economía en la década del '90. 

Estamos dispuestos a movilizar todos los recursos disponibles para producir, pero exigimos una clara señal política de que es entre todos la salida. La tasa de interés que se prevé cobrar por los préstamos para cultivos de verano, etc., son una señal de sometimiento para el actor que corre los mayores riesgos. Esta película la venimos viendo desde hace décadas y no estamos dispuestos a avalar más la liquidación de productores.

Creemos que el país necesita urgentemente reactivar la producción; el tema del endeudamiento debe ser considerado en forma diferencial y a partir de la reactivación. Esta no debe quedar subordinada.

Con las mismas reglas que nos condujeron a ésta situación, no saldremos.  Debemos, entre todos, encontrar mecanismos para la emergencia.

Todo el país debe ser informado con la mayor transparencia, para que los esfuerzos para salir de la crisis sean comprendidos y asumidos cabalmente.

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