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Tres documentos: Resolución general encuentro formativo de seguridad social coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur CCCSCS Los
representantes de las 8 centrales sindicales nacionales (CGT y CTA
de Argentina; CUT, CGT y FS de Brasil, CUT de Chile, CUT de
Paraguay y PIT-CNT de Uruguay)[1]
de los 5 países
integrantes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono
Sur (CCSCS) reunidas en Montevideo, entre el 27 y 30 de agosto de
2002, convocadas por dicha Coordinadora, con la organización del
PIT-CNT y el auspicio de la ORIT – CIOSL, resuelven recomendar a
las centrales nacionales e internacionales, así como promover en
sus respectivos países, en la región, a nivel internacional y en las organizaciones relativas al
tema, lo siguiente: 1.-
Nuevamente el movimiento sindical advierte a la comunidad
internacional, y en particular a los trabajadores/as y sus
familias, a los millones de pobres y excluidos, las graves
consecuencias de las reformas impuestas bajo el modelo del Banco
Mundial en América Latina y en particular
la capitalización individual administrada por sociedades
anónimas (AFP, AFJP, AFAPs, AFORES),
están causando para las grandes mayorías nacionales, para
los países y sus estados, en pérdida brutal de derechos humanos
fundamentales, laborales y de seguridad social,
rebaja de cantidad y calidad de las prestaciones,
produciendo creciente endeudamiento externo y pérdida de soberanía,
aumentando los costos individuales y generales (incluídos los de
transición no previamente estudiados), con riesgos e
incertidumbres críticas. En particular, en la subregión, esto es
claramente apreciable en Argentina, Uruguay y Chile. Los
cotizantes a las administradoras a diciembre del 2001 han caído
al 44 % de los afiliados; los jóvenes, las mujeres y los pobres e
informales son particularmente perjudicados, además de las
poblaciones en general, especialmente por sus más bajas aún
densidades de aportación; las
comisiones de administración en general siguen subiendo
promediando a la misma fecha el 27 % del aporte en bruto y 39 %
del neto, desmintiendo las promesas de bajar el costo anterior;
el endeudamiento externo ha crecido a un ritmo superior al
doble del crecimiento del PBI;
la cobertura (o
sea la protección a los trabajadores/as y sus familias, a la
población en general) cae, y en particular en los países
privatizados, como lo señalan recientes informes de OIT, CEPAL,
etc; las
rentabilidades prometidas no se cumplen y caen;
en Chile estudios oficiales estiman que el 50 % de los
afiliados a las AFP no llegarán a alcanzar la pensión mínima (y
el 60 % de las mujeres), luego de más de 20 años de régimen;
la reciente crisis financiera evidencia claramente que los
riesgos y las incertidumbres son exclusivamente asumidos por los
trabajadores/as mientras incluso las administradoras informan de
sus ganancias empresariales propias, lo cual confirma el
importante negocio lucrativo que realizan. 2.-No
obstante ello, fruto
de la lucha de los trabajadores y los pueblos, de la investigación
y formación, de los expertos y organizaciones serias, y
principalmente del fracaso de los regímenes llamados de ahorro
individual y de las reformas implantadas en la región, y del
crecimiento del conocimiento y la conciencia de la gente, se
observa un enlentecimiento del empuje neoliberal en este terreno y
el avance de las fuerzas progresistas, con algunos síntomas como
la detención de estos procesos en países de Europa central y del
este donde habían comenzado con tanta fuerza como en América
Latina impulsado también por el mismo modelo del Banco Mundial;
las fuertes críticas del ex vicepresidente del mismo
Joseph Stiglitz y otros especialistas; el plebiscito en Nueva Zelanda rechazando este modelo;
el proceso de análisis para una reforma del sistema que se
inicia en Argentina; la propuesta elaborada por los trabajadores
en Uruguay desde 1999; el compromiso del gobierno chileno para
producir necesarios cambios del sistema previsto para el 2003;
la importancia de varios aspectos de la resolución de la
89ª. Conferencia de OIT ; los
avances del Foro Social Mundial en cuanto a políticas sociales; etc. 3.-
Ratificar las resoluciones adoptadas en distintos eventos del
movimiento sindical latinoamericano y del Conosur,
realizados acerca de la seguridad social, en particular,
desde setiembre de 1998 en México convocados por OIT, así como
sus antecedentes del mismo año
en Santiago y Montevideo, las
de los cursos de formación en OIT Turín de 1999 y 2002,
la del Seminario de Evaluación y Seguimiento de Viña del Mar en
diciembre 2001 y otras afines, así como en especial, la posición
del movimiento sindical latinoamericano representado en la Comisión
de Seguridad Social de la 89ª. Conferencia de OIT de junio
2001, destacando su incidencia en ese ámbito tripartito
mundial para la Resolución finalmente allí adoptada. 4.-
Conformar un Equipo permanente técnico sindical del Conosur a
partir de esta reunión, objetivo central de la misma, para apoyar
la acción en cada país y de cada central; que de seguimiento a
los procesos; que apoye a las organizaciones y sus representantes,
que elabore diagnósticos y propuestas serias y posibles; que
contribuya a la información, difusión, educación en este
derecho humano fundamental; que reclame y desarrolle una mayor
participación coordinada en la OIT y otros ámbitos
internacionales en actividades, investigaciones y cooperación. En
este sentido, especialmente se recomienda a las centrales
que los representantes sean permanentes e idóneos. 5.-
Reclamar la inclusión de cláusulas de protección social en los
acuerdos internacionales , y alertar en particular sobre la
inclusión de condicionamientos que afectan la seguridad social en
las negociaciones en curso en la Organización Mundial de Comercio
(OMC) y el peligro del ALCA que está previsto entrar en vigencia
para el 2005. En este sentido, como lo dice la Resolución de la
89ª. Conferencia de OIT: Ante la mundialización, la seguridad
social es más necesaria que nunca; 6.-
Tomar acciones concretas y coordinadas de todas las centrales del
Conosur para la denuncia ante OIT del incumplimiento de los
convenios internacionales y bilaterales de seguridad social, en
los países de la región con la aplicación de estos regímenes
de capitalización individual obligatoria administrada por
sociedades anónimas, así como otras formas y medidas adoptadas.
A tales efectos se coordinará una acción concreta entre expertos
jurídicos de las centrales hacia dicho objetivo a partir de esta
reunión, solicitando a las centrales que remitan antes del 30 de
noviembre un informe nacional de los principales incumplimientos .
El objetivo es que
el/los documentos estén aprobados por la CCSCS en el primer
semestre de 2003, antes de la Conferencia de OIT de junio . En
este contexto, fortalecer y desarrollar el marco jurídico de las
normas nacionales e internacionales, impulsar su implementación,
en sus contenidos y órganos de aplicación(como el Acuerdo
Multilateral de Seguridad Social aún no vigente). 7.-
Compilar todos los datos e información de los países de la región,
utilizar el sitio web (www.redsegsoc.org.uy)
y Base de Datos demográfica, socio económica y de seguridad
social elaborada por el ERT para OIT/ACTRAV Lima, y procurar los
instrumentos para su permanente actualización 8.- Solicitar a las centrales nacionales en cada país un informe actualizado sobre diagnóstico y propuesta de cambio posible, con sustento técnico, en un plazo de 3 meses, a presentar antes del 30 de noviembre 2002, tratando que en aquellos países donde hay más de una central, se busque el consenso entre las mismas. Dichos
informes serán inicialmente resumidos por el ERT para convocar a
una reunión del Equipo de la CCSCS integrado por lo menos por un
representante por central a realizarse en Montevideo, donde se
elaborará un documento básico de diagnóstico y propuesta
subregional, que será remitido posteriormente a todas las
centrales nacionales para su consideración previa a la realización
de un próximo evento similar al presente, para adoptar una
resolución al respecto, que deberá realizarse en el primer
semestre del 2003. Dichos
informes deberán considerar aspectos claves como la extensión de
cobertura, la realidad demográfica (incluyendo las expectativas
de vida indebidamente aplicadas por las aseguradoras), el
financiamiento progresivo y sustentable, etc. 9.-
La Propuesta general básica a impulsar por las centrales de
trabajadores/as del Conosur, de acuerdo a los análisis y
discusiones de esta reunión y a los antecedentes de las ya
citadas, debe contemplar, de acuerdo a las realidades nacionales,
las correlaciones de fuerzas sociales y políticas y las
posibilidades financieras, los siguientes principios y criterios: Una
seguridad social fundamentalmente pública que no significa volver
atrás, sino reivindicar la universalidad de modo de alcanzar
progresivamente a la totalidad de la población y prioritariamente
a los más excluidos y nuevos excluidos;
con progresividad también hacia la integralidad de las
diferentes prestaciones de largo y corto plazo, de pasividad y de
actividad; con
suficiencia de las mismas y financiamiento progresivo y
sustentable; con
justicia social; con
una administración democrática, eficiente y participativa,
fundamentalmente pública; con solidaridad vertical y horizontal; considerada como un derecho humano fundamental y una
responsabilidad ineludible del Estado, que fortalezca las
instituciones públicas de seguridad social. En
particular, analizar propuestas inmediatas para Argentina, Uruguay
y Chile, para la mejora del sistema y la cobertura en Brasil y
para la creación de un auténtico sistema universal en Paraguay. 10.-
Apoyar el Proyecto E 5082 de formación de representantes de
trabajadores, jubilados y pensionistas, empresarios y gobiernos en
los organismos de seguridad social,
a consideración del Centro de Formación de
OIT Turín, solicitando la incorporación de Chile al
mismo, como población beneficiaria. [1] También participa como observador la UTI de Argentina. Análisis sobre conflictividad laboral en Agosto 2002 realizado por el Programa Modernización de las Relaciones Laborales de la Universidad Católica 1. La conflictividad laboral aumentó
En el mes de Se confirma la
tendencia creciente registrada en todo el año 2002. La
conflictividad global del período enero-agosto fue 84 % mayor que
la del año anterior, explicada por la sucesión de paros
generales. La sectorial fue 60% mayor (Grafico 1) En este mes hubo
dos paros generales. El 1º, limitado a Montevideo de 11 a 15hs.,
cuya plataforma fue “por soluciones alternativas para sacar
al país de la crisis” y el día 7, en todo el país, de 10
a 24hs. con la plataforma: “en rechazo a la conducción económica,
por democracia, en defensa de la soberanía y contra el FMI”.
El principal conflicto sectorial fue el de la Universidad de la
República, donde se está desarrollando un paro por tiempo
indeterminado con suspensión de todos los cursos de grado. Hubo
además movilizaciones sin paro donde, se destaca la del 25 de
agosto, calificada como jornada cívica, bajo la consigna “la
causa de los pueblos no admite la menor demora” convocada
por el PIT-CNT, la Concertación para el Crecimiento y otras
organizaciones sociales, en rechazo a la política económica y
por medidas de reactivación productiva. 2.
El sector público fue el más conflictivo
Los
confli En
el sector privado la mayor conflictividad se constató en la
construcción donde se sumó una movilización contra la posible
modificación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario y
ocupaciones de obras ante atraso en el pago de salarios. Le siguió
el transporte donde sigue
creciendo la inseguridad ante la reiteración de rapiñas, pero
además hay inestabilidad laboral ante recortes de líneas y la
extensión del sistema de conductor-cobrador. También hubo
conflictos en la salud privada y en la banca, aunque en este caso
representó sólo del 1% del total. 3.
Rechazo a la política económica fue la principal causa de
conflictividad
Las
plataform 4.
Perspectivas La mayoría de los
conflictos del mes no se solucionaron, por lo que se mantendrán
el mes siguiente. La Rendición de cuentas, que motiva importantes
conflictos en el sector público y la suspensión de cursos en la
Universidad de la República y en algunos liceos, ha dilatado su
aprobación por la oposición del Partido Nacional a votar en el
Senado la totalidad del proyecto aprobado en Diputados. Mientras
no sea aprobada es previsible que estas medidas sindicales se
mantengan. El
nuevo rumbo debe pasar por una UNA
NUEVA PROPUESTA DE GREMIALISMO RURAL El
país se encuentra hoy ante una crisis socioeconómica sin
referente histórico en el último siglo. A
lo largo de los últimos 50 años el agro en particular y el país
en general han vivido sucesivas crisis económica-financiera.
Todas tienen una alineación común con las crisis, casi cíclicas
que ha padecido el agro. La explicación de las mismas surge del
hecho histórico de que la economía del país está fundada
principalmente a partir de la producción agropecuaria. El agro
está estancado en su principal rubro, la ganadería, desde hace
70 años; los demás sectores han tenido un mayor dinamismo en los
últimos años. Surge de los datos históricos una economía
estancada en los últimos 50 años. Entre 1950 y 1975 la tasa de
crecimiento del producto interno bruto fue de 1,1%. La más baja
del continente. Más baja que la de Haití (1,4%). El de América
Latina fue de 5.5%. Entre 1963 y 1975 Uruguay perdió alrededor de 350000 habitantes. Estos datos de la realidad configuran un
grave problema de carácter estructural. No
podemos seguir hablando
de las consecuencias, debemos buscar las causas de este estancamiento. La
primera observación es que la economía está fundada a partir de
la confiscación de rentas del agro, a productor perdido y a costa
de su marginación socio- económica.Debemos agregar que un alto
costo social han pagado desde siempre, los eternos olvidados del
campo,los peones rurales y sus familias. Ellos en realidad son los
más marginados. Ni siquiera tienen un gremio que los defienda,
salvo pequeños sectores que sí lo estan. Ellos y la inmensa
mayoría de los productores rurales no participaron, ni
participan, de los beneficios de la vida urbana (electrificación,
acceso a los bienes culturales, más halla de la escuela rural y
ello con grandes restricciones). La electrificación rural se
desarrolló en la década del 90, con una campaña muy despoblada
y los productores ya muy endeudados, se endeudaron para pagar el
50% del costo, en un intento desesperado por mantenerse en el
campo. Algunas
cifras y comentarios del maestro
Miguel Soler realizados en 1987, nos eximen de mayores
comentarios, sobre la indiferencia de los gobiernos, hacia el
campo: "En
1911 los alumnos de las escuelas rurales eran 39572; el alumnado
creció hasta 1963, año en que llegó a 59545; después
desaparecen aproximadamente 1000 alumnos
por año, hasta llegar a 37947
en 1985 (casi dos mil menos que en 1911.) Hoy
los niños rurales andan en el entorno de los 20000.
La
suerte de la infancia campesina está ligada a la contradicción
nacional de base: el país es agropecuario por vocación natural y
en gran parte por exclusión de otras posibilidades; no obstante,
la sociedad uruguaya, negándose a sí misma, ha sido incapaz de
organizarse de manera que la vida en el campo y del campo sea
posible. Lejos
estamos de la situación de hace 30 años (1957 ). Entonces se
encontraban en pleno funcionamiento más de 100 escuelas granjas y
otros institutos para la educación rural. Falta
hoy una política agraria favorable al hombre del campo y al interés
nacional. Falta también una política educativa atenta a las
necesidades de los niños, adolescentes y adultos que todavía
quedan en nuestras cuchillas". Hasta aquí los comentarios
del maestro Soler. En
función de como incide
el agro, en la formación de la economía del país, sus crisis
repercuten en forma directa en ésta. Algunas cifras nos mostraran
la importancia final de los productos agropecuario:
participan directamente en el 25% del PBI; participan del 60% del
PB industrial, del 22% de la masa salarial del país y el 80% de
las exportaciones. Pero
los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos 50 años,
han ignorado al agro,
basados en su condición de rehén.
Pero hoy estamos convencidos, de que hay razones más
profundas que impiden al país tomar un camino de desarrollo
sostenido y sustentable, con un modelo económico integrado. La
gran causa es el
manejo clientelístico del país; que instaló la corrupción y de
ahí la falta de cristalinidad en la conducción y administración de la cosa pública. Ha
decaído así la moral republicana en virtud del reparto de cargos
por cuota política- partidaria ( El conocido "3 y 2" ).
Esto ha posibilitado la utilización del agro como proveedor de
divisas y recursos fiscales sin importar su situación. Ha sido
tratado como el rehén que es. Se ha tratado al agro con total
impunidad; su estructura es
peor hoy que a la fecha de la creación del Instituto Nacional de
Colonización por ley del 12 de enero de 1948.No se cumplió con
el artículo 1ro. de la ley que dice: “A los efectos de esta
ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a
adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión
de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y
mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar
del trabajador rural”. El
manejo político-partidario criticado ya en la década del 60,
frustró la última ley relevante para el agro. Han pasado casi 54
años desde su creación y Colonización
se enfrenta a la desaparición y los colonos
soportan a un gravísimo endeudamiento. El agro en su
condición de rehén sufre las peores consecuencias de esta forma
de conducir el estado. No están los mejores y más capacitados en
los lugares claves de la economía, sino los que resultan de las
cuotas politico-partidaria. El interés partidario-electoral por
encima del interés nacional ha sido la tónica de los últimos
cincuenta años. Este es el peor y mas grande costo del estado. El
agro ha funcionado a productor perdido y los datos
que siguen son
la confirmación contundente. En
1954 había alrededor de 90000 productores y la campaña estaba
poblada por unas 450000 personas. Según el censo del año 2000,
hay alrededor de 57000 productores y en
la campaña residen unas 190000 personas. Han desaparecido
del orden de mil productores por año ya que sólo se
verifica la continuidad del predio entre censo y censo. Han
abandonado el campo del orden de 16 personas por dia en los últimos
46 años. Frente a hechos sociales de esta magnitud ningún
gobierno se sensibilizó más allá del discurso electoral. La
estructura de tenencia de la tierra desvelo del legislador al
crear el I. N de Colonización se sigue agravando. Los números
muestran la realidad. Según el censo de l año 2000 surgen los
siguientes datos: El
total de productores es 57115.El total de la tierra censada es de
16:333.939 Ha.
Los
datos de la estructura de tenencia de la tierra, son elocuentes.
Miles de productores eficientes y pioneros en la adopción de
tecnología, como es el caso de los lecheros, esperan por más
tierra. La herramienta está,basta cumplir con el artículo 1 de
la ley de creación del I.N. de Colonización. A
pesar de ser una
economía que confisca recursos a un sector rehén y a productor
perdido, no se ha logrado
estabilidad y
crecimiento sostenido. Esta economía “facilonga”,
funcional al manejo clientelístico,ha discurrido en la medida de
que el sector rehén contó con recursos para confiscar. Hoy el
campo está agotado, no tiene más para dar y de ahí la magnitud
de la crisis en la
economía nacional. Después de 50 años entregando recursos, el
campo debería esperar alguna devolución. Pero la realidad es muy
otra. ¿Que se hizo con las enormes cifras de dinero que se
extrajo del agro en este tiempo?( diferencias de cambio,
detracciones, atraso cambiario en la década del 90). ¿Se
invirtieron en obras de infraestructura, se mejoró la calidad de
vida? Muy poco volvió al campo, se utilizaron esos recursos para “sobornar
“ al país urbano. Así sucedió en la década del 90, donde
la mayoría creyó que era rica y no entendió que la “fiesta”
se pagó mayoritariamente con el dólar subsidiado, por los
productores fundidos o severamente endeudados, tal los frutos del
atraso cambiario. Hoy la fiesta
terminó, debemos asumir todos la realidad, sus causas, si
queremos encontrar los caminos que nos permitan cambiar de rumbo,
para construir un país más justo, más solidario, entre todos y
para todos. Las enseñanzas de la historia no pueden ser ignoradas
permanentemente. La gran
enseñanza es, que no hay economía sana y sólida si todos
sus actores no interactuan en un pié de igualdad. No
sirve una economía, como la que se lleva adelante, en
la cual unos deben perder
para que otros ganen. Tampoco si no hay cristalinidad, base de
la credibilidad. En las
últimas décadas, hubo de todo, menos esto. En el marco de un
manejo clientelístico, que conlleva impunidad y corrupción
no podía suceder otra cosa que lo que ha sucedido. Con impunidad,
dilatorias y promesas electorales que no se cumplen es como se
sigue ignorando los problemas de los productores. Para el agro en
los últimos 50 años el país no resolvió los problemas
estructurales de
tenencia de la tierra, cuya tarea estuvo prevista en la ley de
creación del I. N. de Colonización. En
definitiva constatamos una política no escrita, de licuación de
productores y despoblación de la campaña. Los números
así lo indican y la falta de soluciones
lo corroboran. En
los últimos 50 años, no se ha estabilizado a los distintos
sectores productivos, por el contrario cada
poco tiempo son desestabilizados por la falta de una política
económica, alineada con el principal actor de la economía
nacional. Este es el gran debe político del país. No podrá
haber estabilidad económica, con un agro sujeto a tantas
incertidumbres y crisis. Hoy después de haber realizado el mayor
esfuerzo de reconversión tecnológica en la
década del 90,habiendo aumentado la productividad en forma
extraordinaria en los rubros de la agricultura, lechería, arroz,
etc., se comprueba la gran paradoja; Entre 1990 y 1998,el PBIA
creció del orden del 80% el endeudamiento, creció 400%. El país
claramente se benefició y los productores perdieron. Pese a ello
han sido sometidos a escarnio público,como los eternos
llorones.Los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos
años, no quieren reconocer los efectos nefastos sobre el agro de
la política monetaria (atraso cambiario). La impunidad también
opera desinformando a la opinión pública, al no considerar las
causas de fondo de los problemas. El tema del endeudamiento de
los productores, sigue sin resolverse ya que las soluciones dadas
hasta ahora no sirven, porque no consideran el impacto de la política
monetaria en el mismo. El gremialismo rural no es ajeno a la
situación de los productores. Históricamente ha estado alineado
con lo político-partidario y con los intereses económicos
dominantes del agro. Esto ha permitido que los distintos
gobiernos, nunca hayan resuelto los problemas de la mayoría,
pequeños y medianos productores, que hoy se encuentran
sobreviviendo (pero siguen generando riqueza para el país)
sin, soluciones a la vista. Este
gremialismo ha permitido que en la década del 90, en un acto de
impunidad político-tecnocrático
jamas visto, se pusiera a los productores ante la disyuntiva de
aumentar la productividad o desaparecer. El productor fue obligado
así a una reconversión impuesta en el marco de un aumento de
costos (vía atraso cambiario),lo que técnica y políticamente
constituye todo lo contrario de una reconversión productiva de
cualquier sector de la economía, agravado en el caso del agro por
su condición de rehén. En definitiva los gobernantes han
apuntado a cargar toda la responsabilidad del endeudamiento sobre
los productores. Pero es muy claro que el crecimiento exponencial
del mismo, en la década del 90 no se puede justificar por un mal
manejo empresarial, por tanto es la política monetaria la
que desnaturalizó el justo equilibrio de las relaciones
contractuales. Es el estado, el garante del equilibrio de las
cargas en la economía, quien ha violado el Marco de Contrato. Entonces los tecnócratas y
dirigentes políticos deben asumir, que la solución a este gravísimo
problema pasa por asumir cada uno las responsabilidades que surgen
de los hechos. Teniendo en cuenta esta realidad histórica del
campo uruguayo, asumiendo nuestros errores
como dirigentes gremiales, iniciamos un nuevo camino.
Cansados de deambular por los distintos niveles de la administración
y de volver a nuestros pagos con las manos
vacías una y otra vez en los últimos años, decimos que
no queremos aparecer más como mendicantes
de nuestros derechos. Muchos de nosotros hemos vivido y vive
en carne propia esta crisis. Hemos visto con impotencia,
a nuestros vecinos empobrecerse, marginarse y fundirse
trabajando, comprobando la distancia que hay entre el discurso y
la realidad. Hoy decimos basta
a esta forma cínica y electoralista de tratarnos. La
magnitud de la crisis, nos ha permitido ver la magnitud del engaño
histórico y el impacto sobre el país todo. Por ello decimos una
vez más, asumimos,
que por distintas razones no hemos estado a la altura de la
gravedad de los acontecimientos, pero que con humildad y a partir
de reconocer los errores, invitamos a dirigentes rurales,
productores y población en general a acompañarnos en este nuevo
camino, que a partir del agro nos permita la recreación de un país
más justo y solidario, e integrado. No más las chacritas, sino
la chacra nacional. Este nuevo camino que emprendemos como
gremialistas es en defensa de los productores, pensando en el
interés nacional. Sin ataduras politico-partidarias que tanto daño
le han hecho al gremialismo y al pais. Con esta visión queremos
rendirle homenaje al más grande, nuestro José G. Artigas y es
por ello que el lanzamiento de este movimiento, el MADUR, se
realiza precisamente un 10 de setiembre, en memoria al 10 de
setiembre de 1815, fecha en la cual Artigas firma en Purificación,
el Reglamento de Tierras. Por primera vez desde el agro se
recuerda la ley fundamental del proyecto Artiguista, una prueba
bien contundente de que hemos sido conducidos por los mismos
intereses económicos
que el combatió. A
partir de esta fecha, iniciaremos un nuevo estilo de lucha, por un
cambio de la política económica que tanto daño ha hecho al país
y por una integración del mismo, sin sectores excluidos, ni
marginados. La verdadera economía
deberá considerar a cada sector, en función de sus
especificidades. No debe
haber dominancia de unos sobre otros. Para ello el manejo
clientelístico del estado debe ser proscripto. Una secuela
importante del mismo, la “ viveza criolla”, la del acomodo, la
de la gauchada debe ser desterrada y combatida, para darle
cristalinidad y credibilidad a las políticas y para que todos
sientan que son tratados con justicia y equidad. El
agro debe ser declarado en emergencia nacional
y denunciar a los que pretendan lucrar en esta hora tan crítica
(desde dentro como fuera del mismo) ¿ Y porque no se le declara
de interés nacional?.
¿Tiene menos importancia que un gran número de pequeñas
empresas que si lo han sido?. De esta emergencia tenemos que salir
con un nuevo rumbo, que debe definirse para no tener una nueva
frustración, como tantas en el pasado reciente. El nuevo rumbo
debe pasar por una visión de la tierra (recurso no renovable)
patrimonio de la nación, asiento y usufructo de las generaciones
que nos sucederán. El productor tendrá la responsabilidad de su
conservación, que la sociedad contribuirá a pagar. Los
principales postulados del
nuevo rumbo son: 1)
Definir una política agropecuaria, que trate distinto lo que es
diferente.Las condiciones de rehén deben ser levantadas en el
marco de ésta. Que se defina en un marco de pais integrado y no
como hasta ahora, en la que unos sectores deben perder para que
otros ganen. 2)
Reclamamos un modelo económico que integre al agro en un pié de
igualdad con los demás sectores
de la economía, contemplando sus especificidades, en
especial su condición de rehén. 3)
Tratamiento del endeudamiento y del sobreendeudamiento, teniendo
en cuenta los efectos del atraso cambiario. Esta crisis es en gran
medida fruto de una decisión de política económica, que trasladó
enormes cifras al resto de la economía. No pedimos privilegios,
si equidad y trato justo. 4)
De acuerdo con el punto (2) , acordar soluciones para
recrear la rentabilidad, única manera de generar recursos
genuinos para hacer frente a las distintas obligaciones. 5)
El crédito deberá ser diferencial; por sistema productivo y por
condiciones agrológicas; con reglas de juego claras y riesgos
compartidos. (productor-banco-gobierno) . La experiencia de los
'90 debe ser el ejemplo de lo que no debe repetirse. 6)
La tributación debe ser diferencial, en la misma línea de lo
expresado para el crédito. 7)
Bregaremos por un programa de información
campo-ciudad y ciudad-campo. El país no saldrá adelante
si no hay una toma de conciencia de quien es quien en la vida del
mismo. No pueden existir sectores marginados fácilmente
“utilizables”. 8)
Otro aspecto del
nuevo gremialismo, será la instrumentación
de mecanismos que permita a todos los productores tener acceso a
la información calificada y relevante de todo lo que tenga relación
con su actividad productiva. Así podrá hacer las previsiones
posibles, al tomar las decisiones. Decimos
una vez más, las “soluciones”planteadas para resolver los
problemas del endeudamiento, no son equilibradas, ni defienden el
interés nacional, cargan
toda la responsabilidad del mismo, sobre los productores,
ignorando la confiscación de recursos vía atraso cambiario que
benefició a otros sectores de la economía en la década del '90. Estamos
dispuestos a movilizar todos los recursos disponibles para
producir, pero exigimos una
clara señal política de que es entre todos la salida. La tasa de interés que
se prevé cobrar por los préstamos para cultivos de verano, etc.,
son una señal de sometimiento para el actor que corre los mayores
riesgos. Esta película la venimos viendo desde hace décadas y no
estamos dispuestos a avalar más la liquidación de productores. Creemos
que el país necesita urgentemente reactivar la producción; el
tema del endeudamiento debe ser considerado en forma diferencial y
a partir de la reactivación. Esta no debe quedar subordinada. Con
las mismas reglas que nos condujeron a ésta situación, no
saldremos. Debemos,
entre todos, encontrar mecanismos para la emergencia. LA ONDA® DIGITAL |
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