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Mesa de dialogo inter partidario sobre las bases
propuestas por el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez
en Educación, Economía y Relaciones Internacionales.
El viernes 29 de enero en
el Palacio Legislativo, el gobierno electo precedido por el Dr. Tabarè
Vázquez inició el diálogo multipartidario en busca de acuerdos
programáticos en economía, educación y política exterior.
Al finalizar la reunión que continuará en febrero Tabaré Vázquez, Jorge
Larrañaga, Julio María Sanguinetti y Pablo Mieres brindaron
declaraciones a la prensa el presidente electo manifestó que "de lo que
se trata es establecer un camino de diálogo, en temas vitales para la
calidad de vida de todos los uruguayos
"Lograremos acuerdos o no los lograremos. La democracia no dramatiza las
diferencias, al contrario, las valoriza porque no son buenas las
unanimidades. Si existen bien fundamentadas, bienvenidas".
Julio María Sanguinetti, se refirió al diálogo como la característica de
la vida política uruguaya. "En muy pocos países del mundo se pueden
sentar como nos sentamos nosotros, con la mente abierta y el corazón
calmo a tratar de lograr entendimientos", manifestó el Secretario
General del Partido Colorado,
Jorge Larrañaga, coincidió con Vázquez en la importancia del encuentro y
del diálogo más allá de las diferencias. "El Partido Nacional llega con
ánimo de dialogo, de construir para la gente porque además es la
responsabilidad que todos tenemos".
Pablo Mieres, un proceso de transición que no era fácil, está culminando
de la mejor manera con el aporte de todos los partidos y de los valores
institucionales que los uruguayos tenemos”
Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo con equipos especializados
en las distintas áreas que el documento entregado por el gobierno electo
a cada
una de las tres fuerzas políticas establece. Según declaraciones del
presidente electo Tabaré Vazquez, éste espera que en un plazo de 15 días
se llegue a un principio de acuerdo, que le permita ponerlos en marcha a
partir del 1º de Marzo, al iniciar su periodo de gobierno.
Texto completo de las
bases de negociación entregadas
por el nuevo equipo de gobierno al Partido Colorado,
Partido Nacional y Partido Independiente.
Educación
Concebimos a la educación, como un área fundamental para el
desarrollo integral de las personas, para la información de
seres libres, críticos; como sustento de un país socialmente
integrado y productivo, que condicione un desarrollo sustentable
con equidad, para mejorar la calidad de vida de todos los
uruguayos.
La educación como Derecho Humano.
Defendemos a la educación, como parte de los derechos
fundamentales garantizados por la Constitución de la República
que expresan la mejor tradición nacional. Reivindicamos el
carácter de derecho esencial y patrimonio nacional de la
educación en todos sus niveles, y rechazamos los proyectos
mercantilistas promovidos internacionalmente. Por tanto
impulsaremos un proceso sostenido, orientado a dar cumplimiento
al objetivo de "educación para todos a lo largo de toda la vida"
proclamado por la UNESCO.
La educación como.construcción de ciudadanía
Consideramos que uno de los objetivos esenciales del proceso
educativo, es la construcción de ciudadanía que apunte a la
defensa y promoción de los valores y principios morales de
libertad, justicia, bienestar, la defensa de los derechos
humanos en su más amplia concepción y la forma
democrático-republicana de gobierno. Valores y principios, todos
ellos, que hacen a las bases fundamentales de la nacionalidad.
Principio histórico de la laicidad.
Es precisamente desde esos valores que consideramos fieles a
nuestra concepción de siempre, y acorde a las mejores
tradiciones nacionales que debe garantizarse dentro del sistema
educativo en su conjunto, el principio histórico de la laicidad
en su sentido más amplio y profundo.
Equidad.
Impulsaremos un sistema educativo, que asegure a todos los
uruguayos igualdad de acceso a la educación y a la cultura en
similares condiciones de calidad.
El principio de equidad, requiere políticas activas que
enfrenten las marcadas diferencias y la desigualdad de
posibilidades que hoy se verifican entre sectores sociales, y
que se han visto fuertemente agravadas por la prolongada crisis
económica y social que padece el país. Debe recuperarse el papel
integrador social inherente a la educación y la cultura.
Calidad y pertinencia.
Será un objetivo prioritario del próximo gobierno, lograr
los más altos niveles de calidad y pertinencia en todas las
etapas del sistema educativo. En materia educativa no basta con
acceder, permanecer y egresar, es imprescindible lograr niveles
de calidad acordes con las exigencias del mundo contemporáneo
así como, responder de forma pertinente a las demandas,
necesidades y carencias de la sociedad.
Sistema Educativo Nacional.
Es condición necesaria, para dar cumplimiento con eficiencia
y eficacia al objetivo de incrementar la calidad, la pertinencia
y la equidad de la educación en su conjunto, conformar un real
Sistema Educativo Nacional hoy inexistente. Deberán evitarse las
superposiciones, las omisiones y la fragmentación del proceso
educativo. Para ello deberán crearse las condiciones necesarias
para que los diversos organismos que intervienen en el proceso
educativo, coordinen adecuadamente sus actividades, cooperen
entre sí y se complementen en la conformación de un todo
coherente que responda a los objetivos propuestos.
Reconstrucción del diálogo y promoción a la participación.
Para lograr estos objetivos, que deberían ser comunes a toda la
ciudadanía, se hace imperioso reconstruir la imprescindible
confianza entre los diversos sectores sociales relacionados con
la educación (autoridades, maestros, profesores, alumnos,
padres, sociedad civil) a efectos de obtener su aporte, desde
las distintas visiones de cada uno de ellos, en el diseño de
políticas, desarrollo y ejecución de planes, y programas. La
promoción del diálogo y la participación activa de todos los
involucrados es una meta irrenunciable del futuro gobierno.
Asignaciones presupuéstales en materia educativa.
Es prioridad de la propuesta progresista del futuro
Gobierno, incrementar las asignaciones presupuéstales en materia
educativa. Se pondrá énfasis en el aumento de las remuneraciones
de maestros y profesores, en un marco de resignificación y
redignificación de la función docente. Esto se acompañará con
los correspondientes planes de capacitación, formación
permanente así como una adecuada y jerarquizada carrera
funcional.
Se propone incrementar la inversión en educación, en relación al
PBI en forma progresiva aproximándose a los niveles promedio
regionales teniendo como horizonte las recomendaciones de
UNESCO.
Plan de Emergencia.
No menos importante, en la actual coyuntura de emergencia
social, será la participación y el aporte del sistema educativo
en la implementación del Plan de Emergencia.
Deberán definirse e instrumentarse programas que encaren, con
urgencia, la solución del problema de los niños que han
abandonado la escuela y de los miles de jóvenes que no estudian
ni trabajan, entre otras situaciones de emergencia.
Los organismos de la educación primaria y secundaria, podrán
aportar a la valiosa y expandida red nacional la cual se dispone
en todo el país, en una perspectiva de inclusión social, y de
optimización del conjunto de sus recursos. Con referencia a
algunos aspectos particulares de la educación destacamos:
Educación inicial.
Se avanzará en la universalización de la educación inicial,
especialmente en contextos socialmente desfavorecidos. En esta
misma dirección, se extenderán las escuelas de tiempo completo
con el objetivo a largo plazo, de establecer este sistema como
matriz de enseñanza primaria.
Educación secundaria.
Se buscará universalizar el acceso y el egreso del ciclo
básico de educación secundaria. Sobre esta base, se tendrá como
objetivo de mediano plazo alcanzar el 80% de egresos en
educación media superior.
Educación formal obligatoria.
En acuerdo con el objetivo anterior, se propone avanzar
hacia el mínimo de 15 años de educación formal obligatoria,
incluyendo los tres de educación preescolar.
Formación
docente.
La formación docente apuntará a calificar con excelencia al
plantel de educadores. Se potenciará así su desempeño
profesional a través del impulso de la titulación, la
capacitación permanente, y los estímulos adecuados para una
constante actualización del conocimiento.
Educación técnico profesional.
Se potenciará y jerarquizará la educación
técnico-profesional en consonancia con el desarrollo productivo,
la ciencia, la tecnología y la innovación. A tales efectos, se
impulsará una fluida cooperación y coordinación con la
Universidad de la República. Asimismo, los niveles de calidad
exigidos deberán dar cuenta de los desafíos que a la Nación le
presenta la integración regional en el MERCOSUR.
Educación no formal.
La actual diversidad de las demandas sociales y su rápida
mutación, requiere de los sistemas educativos un mayor grado de
flexibilidad. La educación no formal deberá cumplir un papel
relevante para el logro de este objetivo de flexibilización del
sistema educativo; por lo que se impulsarán medidas para
combinar adecuadamente los niveles de educación formal y no
formal.
Nueva Ley de Educación.
Se considera prioritario impulsar la discusión, elaboración
y aprobación de una nueva ley de educación. El próximo Gobierno
se compromete a impulsar la discusión, elaboración y sanción de
una nueva Ley de Educación, lo que se hará con la más amplia
participación de todos los sectores directa o indirectamente
involucrados. En la nueva Ley se reafirmará y optimizará el
concepto de autonomía técnica, se apuntará a la incorporación de
una gestión política y administrativa democrática y
participativa de la enseñanza y se avanzará en la construcción
de un Sistema Educativo Nacional.
Definiciones, principios y
lineamientos
de la política internacional
La política exterior expresa la
representación del Estado ante los miembros de la comunidad
internacional, la forma de relacionamiento con otros Estados y
agentes del orden internacional, y la incidencia de nuestro país
ante los mismos, en consonancia con el interés nacional. La
definición de esta política por parte del Gobierno Progresista
deberá ser llevada a cabo con absoluta independencia y
autonomía, sin presiones políticas o económicas de terceros
Estados, de organismos internacionales o de grupos económicos
nacionales o internacionales. La misma deberá ser en un todo
coherente con el plan de desarrollo económico y social que
defina el Gobierno Progresista.
Deberá proponerse como objetivo de gobierno propender a la
obtención de los mayores consensos en la materia, a los efectos
de crear las condiciones que nos permitan llevar adelante una
verdadera Política de Estado. Entendiendo por tal una estrategia
de relacionamiento internacional del país, que si bien emana de
las definiciones programáticas de nuestra fuerza política en el
gobierno, se basará en la aplicación consecuente de principios
fundamentales, que hacen al Derecho Internacional y a la defensa
de la soberanía nacional, y que dada su importancia deberá
trascender tanto la gestión de un período de gobierno de una
fuerza política, como la alternancia con otras en el ejercicio
del mismo.
Como Estado integrante de las Naciones Unidas, la política
exterior del Estado uruguayo deberá sustentarse en el estricto
cumplimiento de la Declaración sobre los principios de Derecho
Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas (Res. 2625-XXV del 24/10/70) La defensa de la
soberanía de los Estados, el principio de no intervención, la
solución pacífica de controversias, la defensa de los derechos
humanos, el cumplimiento de buena fe de los tratados
internacionales, han sido normas que nuestro país ha incorporado
a su política exterior, la cual, sustentada en estos principios,
deberá trascender a los gobiernos de turno.
En el marco de estos principios, reafirmamos aquel referente a
la autodeterminación de los pueblos, interpretada como el máximo
respeto al ejercicio de la soberanía, y el derecho de cada
pueblo a elegir sus formas e instituciones políticas y sociales
de gobierno.
Basado en estos principios y de acuerdo con las resoluciones
adoptadas oportunamente por nuestra fuerza política el Gobierno
Progresista, recientemente electo, procederá al inmediato
restablecimiento de las íntegras relaciones diplomáticas con la
República de Cuba.
Asimismo se procederá a analizar, en forma inmediata, el
eventual establecimiento de relaciones diplomáticas o
comerciales con otras naciones.
Dado que la coyuntura internacional está caracterizada por el
debilitamiento del orden internacional que rige las relaciones
entre los Estados, en la que la proliferación de conflictos es
una constante, y la violación del Derecho Internacional vigente
es cada vez más grosero y frecuente, es imprescindible la
reivindicación del Derecho Internacional y la jerarquización del
rol que debe desempeñar la Organización de las Naciones Unidas.
A tales efectos, resulta imprescindible impulsar modificaciones
en esta Organización, tales como, la modificación de la
integración de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad
y la ampliación de poderes de la Asamblea General. Se deberá
reafirmar que la paz y la Legalidad internacional sólo pueden
recuperarse y preservarse con un absoluto e irrestricto respeto
al Derecho Internacional Público. Se establecerá como objetivo,
que recogiendo las mejores tradiciones del país y de sus valores
ético-morales, se desarrolle, conjuntamente con otros países de
nuestra América Latina y aquellos otros que se incorporen a la
propuesta, una acción proactiva destinada a quebrar la
unilateralidad existente, reafirmando el multilateralismo, como
única forma de restablecer la vigencia del Derecho Internacional
y la preservación de la Paz en las relaciones internacionales.
El Gobierno Progresista, reivindica el principio de la solución
pacífica de las controversias entre los Estados, y en este marco
reafirma su más enfático rechazo a todo tipo de acción
terrorista llevada a cabo tanto por un Estado, como por
cualquier tipo de organización o individuo.
Vivimos en un mundo marcado, por una brecha cada vez mayor,
entre los países ricos y los países pobres en los que se han
profundizado las situaciones de injusticia y pobreza. La
globalización se manifiesta con un nivel superior de intercambio
comercial, financiero, productivo y tecnológico; en nuevas y más
profundas formas de relacionamiento y comunicación. Este proceso
se ha caracterizado por las políticas de apertura y
liberalización en los países dependientes, que han hecho posible
una mayor inserción y expansión del capital internacional.
Definiciones, principios y lineamientos de la política
internacional. Se pretende la construcción de un nuevo orden
económico, en que se tiende a dejar en manos de burocracias
técnicas las decisiones sobre temas tan cruciales, como el
futuro de las comunicaciones, los servicios de salud, educación,
saneamiento, agua potable, calidad del medio ambiente, reglas de
juego laborales, las patentes, los derechos de autor, y tantos
otros.
Ante estas tensiones una postura consecuentemente progresista
implica el reforzamiento de la capacidad de los Estados
Nacionales para decidir sobre los asuntos públicos. Esto es, una
posición que no se resigna a lo existente ni se paraliza ante
los nuevos desafíos, sino que aporta a la construcción de una
sociedad mundial sustentada por valores humanitarios, de
solidaridad, democracia y justicia social; a su vez respetuosa
de la diversidad cultural, de las distintas civilizaciones y de
los equilibrios medioambientales.
La existencia de grandes espacios económicos, y la marginación
resultante de los pequeños países como el nuestro, nos lleva a
afirmar que, para insertarnos de una manera no subordinada en el
concierto político y económico internacional, debemos apostar
fuertemente a un relacionamiento basado en la integración
política, económica, social y cultural de América del Sur y
América Latina. La consolidación del MERCOSUR coadyuva a tales
efectos y reafirmamos que consideramos a este proceso de
integración subregional como una prioridad, y que su
fortalecimiento constituye la mejor estrategia para potenciar el
desarrollo económico y las mejoras en el bienestar de nuestra
población.
En el marco de este Acuerdo proponemos una integración integral,
en sus dimensiones políticas, económico-comerciales, sociales y
culturales, cuyo resultado sea, por ende, una verdadera
integración de pueblos y gobiernos. Resulta de vital importancia
la incorporación de nuevos asociados al bloque lo cual
facilitará el equilibrio de las grandes asimetrías existentes.
Se debe propugnar la negociación en las instancias
internacionales que se están desarrollando (UE, OMC, CAN, ALCA,
etc.) con voz única, a efectos de encarar en conjunto los
perjuicios del intercambio desigual a los que se ven sometidos
cada uno de nuestros países por separado.
Asimismo, el Uruguay debe presentarse en el concierto de las
negociaciones del bloque como un articulador que facilite las
instancias de fortalecimiento institucional del mismo; en ese
sentido entendemos de relevancia el avanzar hacia la
constitución del Parlamento del MERCOSUR.
La coordinación de las políticas macroeconómicas, debe ser un
proceso gradual y progresivo que tenga como horizonte el llegar
a una instancia en la cual podamos tener una moneda común.
Se deberá propender al desarrollo de infraestructura, al impulso
de regiones con menor desarrollo productivo, y a la creación de
fondos estructurales que posibiliten el financiamiento para el
logro de estos objetivos.
El hecho de ser integrantes del Acuerdo regional no implica una
limitación a la búsqueda constante, en forma individual, de
acceso a mercados en donde el Uruguay pueda colocar su
producción exportable.
En tal sentido resulta prioritario el mantener y ampliar el
acceso a mercados de vital importancia, como lo es hoy el de los
EE.UU.
Tal línea de acción deberá ser llevada adelante en la medida en
que la misma no resulte violadora de los acuerdos establecidos
en el marco del pacto regional.
Principales orientaciones
de la
conducción económica del gobierno electo
1. Objetivos prioritarios
a) Lograr un ritmo relativamente alto y sostenido de
crecimiento de la producción. b) Mejorar el nivel y la calidad
del empleo. C) Transformar profunda y positivamente la calidad
de vida de la mayoría de la población uruguaya, con especial
referencia a los sectores más débiles y desprotegidos, así como
a las condiciones de salud, educación, vivienda y seguridad
social. Para la consecución de estos objetivos, el gobierno
comenzará de inmediato a formular y aplicar un conjunto de
cambios estructurales, y administrará, coherentemente con
aquellas finalidades, diversos instrumentos de la política
económica de corto plazo.
2. Cambios estructurales
a) Uruguay debe proponerse duplicar su tasa de inversión
bruta interna durante el transcurso del próximo período de
gobierno. Para lograrlo, será preciso: I - promover una
creciente especialización productiva a altos niveles de calidad
en aquellos complejos de actividades con ventajas competitivas;
II - estimular la conformación de un ámbito propicio a la
inversión, por la vía del establecimiento y el mantenimiento de
reglas claras de juego, el control sobre el desempeño de las
actividades estimuladas, el respeto a los contratos y la
promoción de las ventajas que ofrece el país, especialmente en
el entorno regional. b) Será preciso impulsar cambios de fondo
en el sistema financiero, con la finalidad de conformar un
mercado de capitales en moneda nacional a mediano y a largo
plazo, al tiempo que se avanza en la desdolarización de la
economía nacional. Todo ello supondrá progresar en la
recuperación de la confianza en la moneda nacional y las
siguientes acciones I - reformas estructurales en la banca
estatal; II - ampliación sustancial de los alcances de operación
de la unidad indexada; III - instauración de un seguro de
depósitos; IV - estímulos a la utilización creciente de nuevos
productos financieros, como el fideicomiso, los certificados de
depósito, los warrants y el leasing operativo de los inmuebles
rurales. C) El gobierno electo iniciará un proceso de reforma
del Estado que involucrará los siguientes aspectos
fundamentales: I - la presencia de una mayor solvencia técnica y
profesional en los ámbitos de decisión del sector público, lo
que supondrá tomar progresiva distancia de las prácticas de
clientela y cuota político-partidaria; II - la formulación y la
aplicación de estatutos objetivos en materia de funcionarios, de
modo de comenzar un imprescindible proceso de racionalización de
la caótica situación vigente; III - la descentralización de la
gestión; IV - un mayor control social sobre la misma; VII - la
preparación de las empresas públicas para la competencia,
incluyendo modalidades de alianzas y asociaciones con capitales
públicos o privados.
d) Se diseñará una reforma tributaria cuya aplicación,
sustituyendo al actual sistema, será gradual. Estará orientada
por los criterios de justicia (mayor apego a la capacidad
contributiva de la población), eficiencia (menor número de
tributos nacionales con mayor capacidad recaudatoria) y
coherencia con la necesidad de estimular la expansión de la
inversión productiva. Su base fundamental será el impuesto a la
renta de las personas físicas y exigirá, en particular I - la
reforma de la Dirección General Impositiva, apoyada en el
principio fundamental de la dedicación exclusiva de sus
funcionarios técnicos y la incompatibilidad entre sus
actividades de asesoramiento a empresas. Asimismo, habrá que
preparar a la Dirección para encarar el nuevo sistema
tributario, lo que supondrá, desde la formación de capital
humano, hasta la incorporación de avances en el campo de la
tecnología de la información; II - una muy estrecha coordinación
entre las actividades inspectivas y recaudatorias de la
Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas y
el Banco de Previsión Social.
e) habrá que definir rumbos estratégicos claros en lo que
respecta a la inserción económica internacional. El proyecto
MERCOSUR continuará constituyendo una prioridad indiscutible
sobre la base de los siguiente criterios: I. el enfoque de
región abierta, que lejos de representar una estación terminal,
resulte una verdadera plataforma de lanzamiento hacia otras
áreas para todos los miembros del bloque; II. el reconocimiento
que el MERCOSUR enfrenta hoy severos problemas que abarcan,
desde dificultades elementales en el plano comercial, hasta la
inexistencia prácticamente total de coordinación de las
políticas económicas de los países miembros. Antes de proponer
metas más ambiciosas, Uruguay deberá dedicar esfuerzos para
contribuir a superar esos obstáculos; III. el país deberá
persistir en sus intentos de mejorar su inserción más allá de la
región sin incurrir en contradicciones con el funcionamiento del
proyecto MERCOSUR.
La experiencia de los últimos años no sólo demuestra que se
puede obtener buenos resultados, sino también que estos últimos
pueden ser aprovechados por el bloque en su conjunto, como
ocurrió con el tratado de libre comercio con México.
Es alta prioridad del próximo gobierno comenzar la realización
de profundas transformaciones estructurales en lo que refiere a
las condiciones esenciales de vida de la población uruguaya,
como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social.
Aunque estas materias son objeto de tratamiento especializado en
otros aportes documentales referidos exclusivamente a las
mismas, su evidente articulación a la conducción económica y a
la evolución que el país vaya experimentando desde este punto de
vista, exige considerarlas a la hora de presentar el conjunto de
cambios de fondo que el futuro gobierno se propone encarar.
g) El mismo razonamiento precedente se aplica a otra gran
prioridad del Uruguay, que es la que apunta al progreso
científico y tecnológico, tan imprescindible para un país que
debe proponerse la estrategia de la especialización productiva a
altos niveles de calidad, y tan venido a menos después de tantos
ajustes fiscales que lo relegaron a niveles irrelevantes de
desde el punto de vista presupuesta.
3. Administración de los instrumentos de la política
económica de corto plazo.
Además de la coherencia con la orientación de las reformas
estructurales expuestas precedentemente, la administración de
los instrumentos de la política económica de corto plazo tendrá
que considerar la prioridad del plan social de emergencia -de
aplicación inmediata para atenuar el sufrimiento de los
compatriotas que se encuentran en peor situación- y las enormes
restricciones que impone la mayor deuda pública de la historia
del país. habida cuenta de estos puntos de partida, cabe
señalar: a) sólo una conducta fiscal rigurosa, que sin renunciar
a una recomposición de los gastos y los ingresos públicos, se
proponga la generación de un importante superávit primario,
pueden hacer compatibles las diferentes prioridades comentadas
antes. Así, como un lado es una condición esencial para dotar de
sustentabilidad al programa de tratamiento de la deuda, y por
otro también lo es para la estabilidad básica con la que es
necesario contar para expandir significativamente la inversión,
el empleo y la producción;
b) el gobierno electo respetará en todos sus términos el canje
de deuda pública con tenedores de bonos efectuado en 2003 y se
propone negociar con los organismos multilaterales de crédito
una mejora de las condiciones vigentes, aprovechando -y a la vez
cuidando siempre- el indiscutible capital acumulado por la
conducta cumplidora del Uruguay.
c) se mantendrá el régimen actual de política monetaria, que por
otra parte es compartido por los demás países socios plenos del
MERCOSUR. Es lo suficientemente flexible como para progresar en
lo que refiere a una creciente incidencia de las metas de
inflación, así como para tener en cuenta la conducta del tipo de
cambio nominal e intervenir en caso que se considere necesario.
Precisamente, así habrá de determinar la evolución de la base
monetaria y las operaciones de mercado abierto, reconociendo que
la estabilidad de precios no es el único objetivo a alcanzar;
que hay otros muy importantes, como la competitividad de la
producción nacional; que a veces puede haber contradicciones
entre ambos, pero también que la evolución del tipo de cambio
nominal no es la única condición para mejorar dicha
competitividad;
d) desde la perspectiva de los estímulos económicos a la
inversión, la producción y el comercio exportador, el gobierno
electo se propone mejorar el funcionamiento de la ley de
inversiones de 1998, hoy afectado por importantes problemas
burocráticos, y utilizar los instrumentos de la devolución de
impuestos y la prefinanciación de exportaciones. Al mismo
tiempo, es intención del próximo gobierno, apelar a todos los
mecanismos autorizados por los organismos internacionales que el
país integra, para defender a la producción nacional contra la
competencia desleal.
Ello exigirá, asimismo, una mejora sustancial en el tratamiento
interno que se asigna al comercio importador, como pro ejemplo
el que refiere a la valoración de las mercancías;
e) por todo lo señalado antes, pero además por la negativa y
reiterada experiencia que ha sufrido el país al respecto, el
gobierno electo habrá de evitar siempre el manejo irresponsable
de las cuentas públicas, el endeudamiento destinado a financiar
sus resultados negativos y el régimen de tipo de cambio nominal
fijo. LA
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