Política internacional uruguaya
cuestionada en el Parlamento

El martes 1º de abril el diputado Carlos Pita, EP-CP, interpeló al canciller interino, doctor Guillermo Valles, sobre la postura del gobierno de Uruguay ante la guerra en Irak. Lo que sigue es el fundamento de voto del legislador del Encuentro Progresista

SEÑOR PITA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: aunque resulte superabundante, fundamos el voto en las profundas discrepancias de naturaleza coyuntural, estratégica y de principios que tenemos con la posición adoptada por el Poder Ejecutivo, que está contenida en la declaración oficial de la semana pasada. 

 Creemos absolutamente pertinente el ejercicio de la facultad constitucional del llamado a Sala al señor Ministro interino de Relaciones Exteriores para fundar nuestra posición y para cuestionar la del Poder Ejecutivo. En este sentido, ya hemos tramitado ‑con la colaboración y el acuerdo del señor Presidente de la Cámara, y cubriendo los aspectos reglamentarios‑ la posibilidad de que el señor Ministro interino de Relaciones Exteriores concurra en muy pocos minutos a esta Casa a fin de llevar adelante la interpelación. Si luego de los fundamentos de voto todavía no se ha hecho presente el señor Ministro interino de Relaciones Exteriores, ya dejamos planteada una moción para que la Cámara pase a intermedio por el término de quince minutos.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: vamos a iniciar la exposición central de esta interpelación señalando, en primer término, que el asunto que la motiva es uno de los que menos dudas me han generado en la historia, a esta altura ya bastante prolongada, de mi vida parlamentaria en cuanto a iniciativas de interpelación. No debe haber otro tema que haya repercutido en forma más intensa y generalizada en toda la ciudadanía y, sin duda, en todos los seres humanos que habitan este planeta en los últimos tiempos. No hay familia que no esté pendiente de lo que está sucediendo. No hay ser humano insensible ante el horror que se está viviendo. Yo diría que quien está investido como Representante Nacional siente, más que un derecho otorgado por la Constitución de la República, el deber de promover en estas circunstancias ‑como veremos después desarrollado‑ este llamado a Sala.

 Este debe ser uno de esos temas que nunca se borrarán de la memoria de los ciudadanos, tal como sucede con las épocas de horror de la Segunda Guerra Mundial, que aún son recordadas por la gente que en ese entonces tenía conciencia y pudo sobrevivir. Este es, sin duda, para las generaciones que habitan el planeta, un fenómeno impactante.

 No debe haber habido instancia más conmovedora en los últimos lustros, que haya movilizado los sentimientos y el pensamiento de los uruguayos como esta que está viviendo el mundo. En el medio de la depresión más grande, en el medio de las privaciones más grandes, en el medio de la recesión más terrible de la historia, los uruguayos están conmovidos por la suerte de seres humanos que viven a miles de kilómetros de distancia. Son seres humanos que tienen valores humanos que los identifican y que los hacen compartir el sufrimiento con el semejante, más allá de donde se encuentre y a pesar de que habite un país tan distinto al nuestro.

 Desde el punto de vista político, esta es, además, una interpelación promovida a partir de la necesidad de sustanciar una discrepancia profunda con un posicionamiento del Poder Ejecutivo que no compartimos y que rechazamos.

 Rechazo también, y lo haré en el debate posterior, cualquier adjudicación de intenciones o de otros motivos que los que he expresado y expresaré en relación con esta interpelación que mi bancada me ha permitido el honor de protagonizar.

 En lo que respecta al problema de salud del señor Canciller Opertti, todos los legisladores de las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras saben de mi sensibilidad y solidaridad con la situación que atraviesa y de mi alegría por su anunciada y pronta recuperación. También saben ‑y consta en las versiones taquigráficas‑ que planteé al señor Ministro interino Valles la posibilidad de analizar, en el propio seno del Poder Ejecutivo, la conveniencia de buscar una fecha propicia que permitiera contar con la presencia del Canciller Opertti y del propio Ministro interino Valles. Me dijo que lo iba a estudiar con el Poder Ejecutivo y que haría la evaluación correspondiente, pero que era su voluntad concurrir apenas se votara la moción de interpelación. Consta en las versiones taquigráficas, señor Presidente; así lo dijimos y lo ratificamos, para que conste, en este plenario de la Cámara.

 La voluntad, entonces, de que a esta interpelación concurra el Canciller interino Valles es una decisión que le respetamos. Y las razones ajenas a la voluntad del Canciller Opertti que no le permitieron estar presente hoy no corren por nuestra cuenta ni está en nuestro poder influir en ellas.

 Hechas estas aclaraciones, también en la introducción de esta interpelación señalamos que con los asesores de nuestra bancada nos preocupamos por consultar a dos constitucionalistas sobre la circunstancia que se está viviendo: un cuestionamiento a una política ‑no a una persona o a otra‑, los hechos que se sustancian y que tienen una temporalidad definida ‑que no está en nuestro poder manejar‑, y cuál es la responsabilidad política que constitucionalmente está establecida en caso de cuestionamientos parlamentarios a la actuación de los miembros del Poder Ejecutivo. No hay la más mínima duda de que estamos haciendo una interpelación a la política que el Poder Ejecutivo ha adoptado, en torno al posicionamiento asumido, expresado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, frente a los acontecimientos que motivan el llamado. Tanto el profesor Korzeniak como el profesor Cassinelli Muñoz nos han confirmado esta interpretación de los hechos, reconociendo, evidentemente, la particularidad de la circunstancia.

 La discrepancia que nosotros vamos a intentar sustanciar aquí, señor Presidente, es coyuntural, es estratégica y es de principios, y va a tener tres ejes temáticos que están incluidos en los capítulos en los que desarrollaremos nuestra posición.

Uno refiere a los procedimientos de la toma de posición en materia de política exterior del Poder Ejecutivo, de este y de los anteriores; otro, refiere al significado y al alcance de esta toma de posición y sus consecuencias en el Uruguay y en la inserción de nuestro país en el mundo; y un tercer eje temático refiere al contenido de la declaración del Poder Ejecutivo y su carácter, que -reiteramos- a nuestro juicio fue inconsulto, tardío, inaceptable y contrario a la tradición nacional en la materia.

El capítulo primero define la historia de la construcción de lo que se ha dado en llamar una política exterior de Estado, concepto que con muchos altibajos, irregularidades e imprecisiones, todos los partidos políticos hasta no hace mucho tiempo hemos coincidido en calificar como una necesidad importante y positiva para los intereses de la nación. Básicamente, una política de Estado en materia de política exterior es una construcción práctica sobre la base de una aplicación sistemática de principios sostenidos a través de la historia de la nación: defensa de la soberanía, defensa de la autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de otros Estados y la solución pacífica de las diferencias entre las naciones. Cada uno de estos principios, con sus variantes circunstanciales y sus atenuaciones o modulaciones en función de la evolución de diversos conceptos como en el del principio de no intervención ‑debido al avance de otro principio que ha ganado un terreno impresionante y con el que estamos totalmente de acuerdo, que es el principio de la competencia universal para el juzgamiento de los crímenes que atentan contra los valores fundamentales de toda la humanidad‑ son, en definitiva, pilares de la construcción del edificio de un régimen de convivencia internacional basado en el derecho como regulador de la convivencia respetuosa entre las naciones y los pueblos del mundo.

Junto a esas definiciones de principios fundamentales también hay definiciones de consenso, trabajosamente construidas e irregularmente armadas, pero nítidamente definidas en el correr de los últimos quince años, luego de la salida de la dictadura militar, en los tres Gobiernos democráticos que la sucedieran.

Ha sido una definición, compartida hasta no hace mucho tiempo, que los intereses nacionales dependían, en primer lugar, de la defensa permanente de estos principios enunciados, junto con grandes apuestas sobre la manera de insertarse el Uruguay en el mundo. Primero fortalecernos en la región; luego fortalecernos en el continente latinoamericano, con sus respectivos instrumentos: MERCOSUR, Consenso Latinoamericano, Grupo de Río. Desde esa posición de fortaleza, primero regional y después continental, relacionarnos con los grandes bloques de poder económico, financiero y político del mundo a fin de tratar de tener la mayor fuerza posible para intentar sobrevivir en este mundo cada vez más hostil, en una realidad planetaria que hace más fuertes a los fuertes y más débiles a los débiles. Sostener una postura de equilibrio razonable entre los tres grandes bloques de poder mundial desde el punto de vista económico, político, financiero y comercial. Por un lado, Estados Unidos y Norteamérica; por otro, la Unión Europea, en crecimiento; y un tercer espacio, Asia, con dos realidades: la de Japón y otras potencias asiáticas y la de la China continental, como un segundo capítulo de ese tercer gran bloque de poder.

Esto fue desarrollado y hay doctrina en la materia. Como veremos después, son innumerables los documentos parlamentarios y extraparlamentarios que abonan estas definiciones. Y estas definiciones se construyeron sobre estas bases que estoy mencionando, señor Presidente.

El primer Canciller de la democracia posdictadura, Enrique Iglesias, daba una pista nítida del principio de esta construcción: "el país es demasiado pequeño para hablar de protagonismo en algún campo, salvo aquel que surge de una presencia digna que se destaca por sí sola".

Esto ha seguido después de la gestión de Iglesias, reconociendo puntos altos en Cancilleres como Gros Espiell, Sergio Abreu y el propio Opertti, a los que vamos a citar. Lo señalamos porque ellos hicieron doctrina y práctica, con distinto grado de intensidad, de esta construcción a la que aludimos.

Yo mismo participé de consultas previas a la toma de decisiones de la Cancillería en las épocas de Gros Espiell. El país supo elaborar, en medio de grandes desavenencias ‑y a pesar de ellas‑, construcciones de participación de la pluralidad del espectro político y social nacional en las apuestas regionales. Se formaron comisiones políticas y político-técnicas. Haciendo un poco de memoria, recuerdo comisiones político-técnicas integradas por figuras de economistas como Alberto Couriel, Celia Barbato, Macadar, Porto, participando junto a dirigentes políticos y cuadros político-técnicos de todos los partidos a fin de armar una posición nacional en torno a la construcción de un proyecto de integración; todo basado en una política de principios. El entonces Canciller Héctor Gros Espiell tanto defendió la política de principios que definía con extrema dureza ‑dureza que compartimos‑ cuestiones como esta: viendo las dificultades de los países pequeños para posicionarse frente a los poderes mundiales tratando de imponer sus intereses, decía: "Entonces, simplemente, frente a las dificultades, mantener los principios y la dignidad; la indignidad del arrastrarse no paga, no es buen negocio".

Con el doctor Sergio Abreu ‑fíjense que estoy hablando de Ministros de Relaciones Exteriores de distintos Gobiernos del Partido Colorado y del Partido Nacional‑ estuvimos, no una sino varias veces, reunidos en la propia Cancillería con la autoridad política partidaria, con los representantes de nuestra bancada en las Comisiones de Asuntos Internacionales y con los especialistas en los temas que íbamos a tratar de las Comisiones de programa de nuestro Partido, analizando las posiciones que se iban a asumir en nombre de la nación frente a distintas instancias en las que el país, como Estado, tenía que pronunciarse.

Sin duda, es una virtud que el país demostró, habiendo sabido construir ‑reitero‑ con discrepancias internas, con diferencias que en muchos casos no fueron de matices, pero sabiendo encontrar, por encima de esas diferencias aun profundas, aquellos aspectos vertebrales que nos hacían mantener principios fundamentales y una manera de encontrar el rumbo del país, pensando en el futuro sin renunciar a construir el mundo en el que vivimos como seres humanos integrantes de una comunidad nacional que conforma la nación que es la República Oriental del Uruguay.

¡Si habrá habido diferencias políticas con el primer Gobierno del doctor Sanguinetti! ¡Si habrá habido diferencias políticas con el Gobierno del doctor Lacalle! ¡Si habrá habido diferencias políticas con el segundo Gobierno del doctor Sanguinetti! Pero todos supimos tratar de buscar consensos fundamentales, a la hora de construir una permanencia en el tiempo, que permitieran encontrar los espacios para las señales de identidad nacional por encima de los partidos, en la lucha tan dura, tan cruel y tan difícil por defender nuestros intereses frente al mundo.

Existe una definición de carácter doctrinario del Canciller Opertti, cuyos aspectos sustanciales voy a leer porque me parecen muy positivos.

En ocasión de asumir el cargo como Canciller de la República, decía: "Naturalmente que un Gobierno de esta naturaleza es un Gobierno sin exclusiones, ya que si bien es cierto que esta concertación es de dos partidos," ‑se refería al Gobierno anterior‑ "no es menos cierto que la Política Exterior es una Política de Estado, es una política del país. Y el país pertenece a todos; no pertenece solo a las dos colectividades históricas que en una época le dieron nacimiento.- Por lo tanto, política de concertación en la gestión, pero política de Estado en la interpretación de las orientaciones globales que suponen el consenso, ese consenso habilitante, legitimante, que le da al Estado la superación de las diferencias internas. [...] Política de Estado es aquella que concilia orientaciones e interpretaciones que pueden en su génesis ser diversas, pero que en su resultado han de ser unívocas. En definitiva, una Política de Estado es aquella que está rodeada sobre todo del entorno de conciliación, de diálogo, y de la acción de continuidad, garantía precisamente de reafirmación de determinadas líneas de gestión.- Ese es el sentido que nosotros trataremos de dar, reafirmando el concepto de Política de Estado en nuestra gestión".

Termino la cita con esta afirmación: "El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha sido, no puede ser, ni ha de ser, un Ministerio desconectado de la opinión pública".

Téngase presente estas cuatro citas, incluida la última.

Estas son algunas de las características de una construcción que no idealizo. Quede claro que hay infinidad de circunstancias en las que no hemos estado de acuerdo; controversias que nos han llevado a polemizar no pocas veces; asuntos en los que hemos insistido tanto, como el de los procedimientos en dicha construcción.

Nosotros siempre hemos dicho que esta política se basa en estos principios, en estos rumbos generales, que deben marcar el piloto automático de una nación si quiere tener perdurabilidad y realización con continuidad de gestión. Pero también los instrumentos de la construcción de esa misma política se han ido perdiendo en los últimos tiempos.

Lamentablemente, a partir de la asunción de la Presidencia de la República del doctor Jorge Batlle hemos asistido a un progresivo abandono de los pilares fundamentales en los que se había construido esta política de Estado; con una acción del Presidente de la República que ha determinado para el país ‑lo hemos dicho una y mil veces, y lo reiteramos en la Comisión y ahora en el plenario‑ una conducción de política exterior errática, contradictoria, por momentos caótica, con excesos en las gesticulaciones políticas hacia el exterior absolutamente inconvenientes e indebidas; desde las durísimas críticas a la Unión Europea ‑absolutamente fuera de tono‑, sin utilizar lenguaje diplomático alguno ni respetando normas elementales de las relaciones entre los Estados. Hizo manifestaciones de preferencia por cercanías prioritarias con la República Argentina, invocando hasta el propio Virreinato del Río de la Plata, integrando una realidad regional en la que tan importante es entender que nuestro papel en ella tiene que pasar por unir, en la medida de lo posible, los destinos de los dos grandes para que nosotros podamos tener destino en esta región en la que nacimos y de la que no nos vamos a poder mudar nunca. Tuvo actitudes que han sido objetivamente inconvenientes con respecto a la República Federativa del Brasil; situaciones de catástrofe en términos político-diplomáticos con la República Argentina, de dolorosísimo recuerdo y graves consecuencias en la realidad de nuestro país; gravísimas consecuencias en materias específicas y concretas en la vida del Uruguay.

Ha existido un permanente, intensivo y progresivo alineamiento con las posiciones del Gobierno de los Estados Unidos de América encabezado por el Presidente George Bush, en una clara apuesta al bilateralismo excluyente, en desmedro de los intereses regionales y del necesario equilibrio con los otros grandes bloques de poder económico, financiero y comercial del mundo. Todos estos procedimientos fueron realizados sin consulta partidaria y con negación de la consulta partidaria.

En reiteradas ocasiones hemos formulado propuestas de intercambio sobre todos los temas que hemos podido. Cuando se estaba analizando qué política llevar adelante en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este legislador, acompañado del señor Diputado Pintado, concurrió a la Cancillería. Allí dejamos una propuesta de estrategia en materia de protagonismo uruguayo en dicha Comisión, sugiriendo una línea de trabajo que nos evitara ser vistos como instrumentos de intereses ajenos a la defensa del interés nacional; con un concepto de pragmatismo absolutamente anclado en principios fundamentales y en la defensa de los derechos humanos, conciliando el principio de no intervención y el de competencia universal en materia de defensa y promoción de los derechos humanos.

Ya entonces, en la Comisión de Derechos Humanos, vivimos un episodio, el de la presentación de la moción referente a la República de Cuba, que después de una serie de agravios intercambiados y de epítetos absolutamente ajenos a cualquier lenguaje político diplomático, culminó con la incompartible ruptura de relaciones diplomáticas, sin que nadie se enterara, a no ser después de leerlo en los diarios o verlo en la televisión. Fue este uno de los ejemplos más contundentes del carácter inconsulto de la conducción de una política exterior; al grado de que todos los partidos políticos de este país se enteraran por los diarios de que habíamos roto relaciones con un país hermano, haciendo del Uruguay un ejemplo originalísimo en el mundo, en un momento en que Estados Unidos estaba buscando fortalecer, ampliar y desarrollar la Oficina de Relaciones Comerciales con la República de Cuba. En ese momento dijimos que se había escrito una página negra en la historia de la política exterior uruguaya por todo lo que significaba para nosotros el procedimiento y el contenido de dicha decisión política.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PITA.- Sí, señor Diputado, pero pido expresamente que me dejen continuar con la exposición, por lo menos en este capítulo.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: en términos casi telegráficos digo que esto, de contradicción, no tiene absolutamente nada. El grado de alineamiento incluye hacer lo que otro Estado no quiere, y para eso se pide a alguien que lo haga en su lugar. Tan claro es esto que en esa ocasión sustituimos a otra República en la presentación de una moción. Estados Unidos y su Departamento de Estado habían estado buscando quien presentara esa moción ‑todos sabemos que es así‑ y fue Uruguay el que la presentó. Además, se nos dijo hasta el último momento que no había nada definido. Tanto es así que sobre este capítulo se pudo desarrollar un profundo análisis y un extenso debate en el Senado en ocasión de un llamado a Sala al señor Canciller Opertti.

Ninguno de estos cambios que se fueron sustentando fue consultado ni anunciado. El Gobierno del Partido Colorado, con el doctor Jorge Batlle como candidato, no lo había dicho antes de las elecciones de 1999. Él reafirmó la política de Estado y en alguna ocasión habló de sus virtudes. No lo dijo en el balotaje ni en ningún otro momento. Sinceramente, a partir de la primera investidura nacional, de quien representa sin duda a la nación ante el mundo, el Presidente de la República, se adopta un cambio de rumbo mediante el cual se transforma el acuerdo bilateral comercial, supuestamente posible de lograr con los Estados Unidos, en una prioridad absoluta a la que se subordinan todas las demás acciones y se condicionan los instrumentos de política exterior.

Vayamos al procedimiento de toma de decisión sobre este episodio que es el centro del análisis: la guerra. Coincidimos totalmente con el señor Canciller Opertti cuando decía hace pocos días, antes de la guerra, en la Comisión del Senado, que este no era un tema coyuntural y que en función de cómo se resolviera y de cómo evolucionaran los acontecimientos se iban a determinar muchísimos aspectos de la marcha del mundo por mucho tiempo. Ya en ese momento ‑y este es un aspecto importantísimo de la exposición‑ hablamos de lo que significaba la doctrina actualizada el año pasado por Condolezza Rice ‑esta importante jerarca del Gobierno de los Estados Unidos‑ sobre la teoría de la legítima defensa preventiva, de la guerra preventiva o de la guerra cautelar. Ya en ese momento expresábamos una crítica a la posición sostenida por Uruguay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de nuestro representante, el Embajador Paolillo, no por lo que dijo ‑que lo compartimos‑, sino porque no había desarrollado el rechazo frontal a lo que define esa tesis y a lo que implicaba en caso de aplicarse.

Tanto fue analizado esto ‑y pido a los señores legisladores que presten atención‑ que en versiones taquigráficas consta que el Canciller de la República dijo: "Primero, supusimos que estábamos interpretando a todo el espectro político nacional con esta posición, y es la primera razón por la que no consultamos. Y, en segundo término, por la urgencia que teníamos de hacer escuchar nuestra voz en esa audiencia del Consejo de Seguridad. Pero en el futuro consultaremos". Lo dice textualmente en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores: "Es decir que en este caso hubo razones de urgencia" ‑leo textualmente‑ "pero seguramente si mañana hay un proyecto de documento sobre la guerra preventiva, sobre la intervención cautelar o sobre cualquier otra cosa, que tenga el carácter de una propuesta llamada a permanecer como un sistema normativo de Naciones Unidas, al menos quien habla vendrá a esta Casa, al Cuerpo que el propio Parlamento designe, para explicar y anticipar su contenido".

Se me podrá decir que, literalmente, a lo que se compromete el señor Canciller Opertti es a concurrir al Cuerpo que el Parlamento determine y a consultar sobre la doctrina de la guerra preventiva. Se imaginarán que si el compromiso fue consultar sobre dicha doctrina de la guerra preventiva, ¿cómo alguien podía siquiera suponer que no se nos iba a consultar sobre la concreción práctica de la primera acción de la guerra preventiva llevada adelante por la decisión de dos Gobiernos, de dos países miembros de las Naciones Unidas?

Se comprometió a consultar y no lo hizo, señor Presidente. El Canciller de la República no cumplió con ese compromiso. Pudo hacerlo y debió hacerlo, y no cumplió con ese compromiso. El Ministerio de Relaciones Exteriores no lo hizo. ¿Por qué? Se debió y se pudo haber consultado, pero no se quiso consultar; no hay otra interpretación. Después no se puede decir que en lugar de la consulta se emite un pronunciamiento que, según la exclusiva y excluyente interpretación de quien lo realiza, respeta e interpreta las declaraciones de los demás partidos políticos en las Cámaras de Representantes y de Senadores, y hasta la carta que los jóvenes de mi sector político entregaron a los Cancilleres reunidos en el Uruguay.

No es de recibo esta afirmación. Es evidente que la voluntad de los partidos políticos era participar en una decisión de esta naturaleza en forma anterior a que hubiera un pronunciamiento como posición en nombre de la nación. ¡Nosotros somos miembros de esa nación, Representantes Nacionales! ¡Pedimos y exigimos consulta! ¡Se nos excluyó expresa y deliberadamente! ¡Si habrá motivos para interpelar! Solo esto basta para fundamentar una interpelación. Y el énfasis que yo estoy dando a mis palabras es conceptual. Aquí no hay ni un solo calificativo. No preciso, para defender mis convicciones, utilizar agravios, atribuir intenciones ni usar adjetivos descalificantes, que rechazo terminantemente.

Vamos a hacer una breve reseña histórica de los hechos y circunstancias previos al desencadenamiento de la agresión. Esta guerra es innecesaria. Desde la primera resolución del Consejo de Seguridad sobre Irak, la N° 660 de 1990, hasta la Resolución N° 1441 de 2002, todas incluyen la reafirmación de la obligación de todos los Estados de respetar la soberanía y la integridad territorial de Irak, Kuwait y los Estados vecinos. Todas, señor Presidente.

La comunidad internacional, a través del Consejo, estuvo atenta y operativa desde entonces en forma permanente, periódica y rigurosa. La Resolución N° 1284 de 1999 ya evaluaba ‑yéndonos más hacia el momento presente‑ los avances logrados y señalaba las cuestiones pendientes, expandiendo el programa de petróleo por alimentos iniciado en la Resolución N° 986 aprobada en 1995.

Es bueno compartir con todos ‑para que nadie se llame a engaño‑ que este programa de petróleo por alimentos se controla en forma rigurosísima, de manera que no se puede desviar un centésimo para otro destino que no sea el fijado. El programa determina alimentos y suministros médicos. Tanto es así que se crea una cuenta que administra el Secretario General de las Naciones Unidas. No había posibilidad alguna de que se desviara un centésimo de ese programa para otro fin que no fuera su propio destino.

Desde la aprobación de la Resolución N° 1441 se habían verificado avances incontrastables, documentados, absolutamente comprobables, en la prosecución del objetivo del desarme de Irak. Todos los informes de las Naciones Unidas lo testimonian; en particular, son elocuentes las afirmaciones del Jefe de los inspectores, Hans Blix, y voy a referirme a sus últimas cuatro declaraciones para no cansar a nadie con esta exposición inicial.

El 14 de febrero, Blix afirmó que hasta ese momento los inspectores no habían encontrado armas de destrucción masiva en Irak, sino "solo un pequeño número de ojivas vacías", pero advirtió que hay "muchos componentes prohibidos" que Irak no ha declarado.

La información de prensa continúa diciendo: "Así, sin pedir formalmente más tiempo para continuar las inspecciones, Blix dejó entender que su misión debe continuar para asegurar el desarme, especialmente ahora que Irak ha facilitado las inspecciones aéreas".

El próximo informe es del 16 de marzo y expresa: "El jefe de inspectores de la Organización de las Naciones Unidas, Hans Blix, informó hoy al Consejo de Seguridad de esta entidad que no ha hallado armas de destrucción masiva durante sus pesquisas en Irak. Asimismo, se indicó que tampoco se encontraron evidencias de que el régimen de Saddam Hussein haya reanudado su programa de armamento nuclear".

Más adelante se expresa: "El colega de Blix, Mohamed El Baradei, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo que los inspectores no encontraron evidencias de que Irak haya reanudado su programa de armamento nuclear y que los inspectores no requieren necesariamente de la cooperación total de Irak para su labor".

El 27 de marzo, el Jefe de inspectores señala nuevamente que no hay evidencias de que los misiles tengan un alcance mayor a los 150 kilómetros. Dice: "De momento, no representa una violación". Y plantea: "El Consejo de Seguridad no ha derogado nuestro mandato". Ya estaba en plena discusión el tema de la continuidad de las misiones inspectivas. Continúa: "Los inspectores van a volver cuando las condiciones de seguridad lo permitan".

La última declaración de Hans Blix, días después de que la guerra se desató, es conmovedora. La publicó el diario "El País" el 30 de marzo, y dice así: "'Los resultados de las investigaciones de los inspectores en los lugares iraquíes asesorados por los servicios secretos norteamericanos resultaron miserables', subrayó Blix.- 'Descubrimos armas solamente en tres de los lugares a los cuales fuimos enviados. Y ni siquiera se trataba de armas ilegales de destrucción masiva', recalcó Blix".

Sobre el tema de Irak y el terrorismo, que después de un tiempo fue dejado de lado por insustentable, hay informes que señalan con claridad la incompatibilidad del régimen iraquí con Al Qaeda. Aquí hay opiniones en ese sentido de Madeleine Allbright, de Jimmy Carter, documentos de la CIA e informes de los servicios secretos británicos que tengo en mi poder, de publicaciones absolutamente creíbles.

            Señor Presidente: este aspecto fue dejado de lado por la existencia de datos concretos señalando que entre el régimen laico de Saddam Hussein y la organización terrorista Al Qaeda no solo no había relaciones de proximidad, sino que eran verdaderos enemigos, considerando esta organización terrorista al régimen iraquí como apóstata y objeto de repudio y condena.

Estuvieron presentes en la consideración del Consejo de Seguridad dos propuestas muy importantes: el borrador de la propuesta de Francia, Alemania y Rusia, que hacía más rigurosas las condiciones y mucho más perentorios los plazos para su cumplimiento en torno al objetivo del desarme, y una propuesta, realmente histórica, que quiero comentar porque para mí es un ejemplo que será recordado en la historia como uno de los puntos más altos de dignidad nacional llevada adelante por un país, no tan pequeño como el nuestro pero pequeño al fin, de esta América Latina.

El 14 de marzo, la República de Chile, integrando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hace una propuesta ‑si las presiones son grandes para todos los países, imaginemos lo que son para Chile‑ que incluye cinco puntos. Estos desarrollan en términos máximos las obligaciones del desarme completo para tener la más absoluta y total garantía de su cumplimiento estricto, hablando inclusive de armas específicas y concretas ‑que en otras resoluciones no se mencionaban‑, como lo establece la segunda condición. Por sobre todas las cosas, establecía para su cumplimiento un plazo perentorio de veintiún días. Escúcheseme bien, señor Presidente, lo que estoy diciendo: la propuesta de Chile, que integraba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, planteaba un plazo de veintiún días para el cumplimiento pleno y total de las cinco condiciones. Y si alguna de estas no era cumplida en su totalidad, automáticamente se autorizaba el uso de la fuerza para completar por ese medio el desarme de Irak.

Esta posición de Chile desnuda, a mi juicio, con meridiana claridad el propósito que anima a los Gobiernos que decidieron iniciar la guerra contra Irak. No solamente no se quiso esperar tres semanas más para ver si se podía evitar el espantoso horror de esto que estamos viviendo, que uno no encuentra palabras para calificar porque conmueve cada día ‑a uno lo enferma ver la televisión y escuchar las noticias‑; a esta altura da la sensación de que no querían que fuera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que tuviera el control de las acciones y participara directamente de la etapa de la posguerra, si pasados los veintiún días hubiera sido necesario recurrir al conflicto armado. Eso es evidente. Se me preguntará con qué lo pruebo. Con mi convicción, después de analizar la conducta que se ha llevado adelante por parte de quienes decidieron esta acción militar en contra del derecho internacional, desconociendo las resoluciones vigentes de las Naciones Unidas y las competencias de su Consejo de Seguridad.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR PITA.- Le pido que me permita terminar el capítulo e inmediatamente le doy la interrupción. Le pido disculpas; no es mi intención negársela.

Es realmente un claro propósito de intereses ajenos a los motivos que se invocan lo que lleva a estas dos grandes naciones del mundo a protagonizar esta guerra de agresión y este brutal ataque a los principios fundamentales del derecho internacional, a la legalidad y al edificio sobre el cual fue construida la comunidad de naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Como conclusión, es evidente que la guerra era evitable si el fin buscado hubiera sido realmente el que proclamaban los agresores.

Es una guerra indiscutiblemente ilegal. En el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas ya se determina con claridad que son los pueblos del mundo, resueltos a no seguir matándose como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, los que buscan y encuentran mecanismos para tratar de preservarse de los horrores de guerras futuras. Por lo tanto, buscan cómo regular, tratando de impedir, en todas las El numeral 4° del ar­tículo 2° de la Carta establece la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza por parte de los Estados Miembro. Es un principio de la formación del organismo; la razón de ser de su existencia. La gente dijo: si queremos sobrevivir no nos sigamos matando; construyamos un mundo de paz; prohibamos la guerra, maldición de la humanidad. Y reguló el uso de la fuerza, admitido por la Carta solo en dos situaciones. En primer lugar, en caso de ser aceptado por el propio Consejo de Seguridad ‑según lo establece el ar­tículo 42‑ y una vez agotadas todas las situaciones previstas en los ar­tículos anteriores del Capítulo VII. Y, en segundo término, en la situación establecida en el ar­tículo 51 del Capítulo VII, que regula el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva ‑fíjese, señor Presidente, qué importancia tiene lo que dice‑ en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.

Utilizando palabras de Gros Espiell, solo la "unánimemente despreciada y rechazada doctrina de la legítima defensa preventiva o cautelar, podría pretender en vano justificar otra cosa". Tengo en mi poder una declaración de la Facultad de Derecho, suscrita por su Decano y por los Directores de los Institutos de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Público, que establece lo que acabamos de decir en sus numerales 1), 2), 3) y 4). Sobre la guerra preventiva dice: "[...] A) Se ha dicho que la intervención se fundaría en la aplicación del concepto de legítima defensa preventiva, lo cual implica utilizar la fuerza contra alguien antes de haber sido atacado, vaciando de contenido el precepto. Por lógica y por el simple hecho de evitar los abusos que la aceptación de tal figura implicaría en el orden internacional, la legítima defensa preventiva no está prevista en el ámbito del derecho internacional, siendo además contraria a la noción misma de Derecho, el que solo se aplica a acciones externas.- B) Se ha dicho que el fundamento legal de la intervención se encuentra en la Resolución 1.441 de las Naciones Unidas de noviembre pasado. Esto no es correcto, dicha Resolución no incluye una autorización automática para usar la fuerza armada en caso de que Irak no la cumpliera. De haber sido así no hubiera sido aprobada por unanimidad. Queda claro de su lectura que era necesaria otra Resolución para usar la fuerza si Irak no cumpliera, lo cual no se ha logrado".

Este concepto es, además del contenido en las opiniones que he leído y en mi opinión como legislador que hace muchos años se dedica a la política exterior en la Comisión especializada, la opinión del Canciller de la República. No existe la más mínima duda. La Resolución N° 1441 no habilita el uso de la fuerza de modo automático. "Pero hay un hecho" ‑dice el Canciller Opertti‑ "que va por encima de lo que pueda ser nuestra interpretación ‑que no tiene más valor que el de ser una interpretación‑" ‑la interpretación del Canciller de la República‑ "y es que Estados Unidos está buscando una nueva resolución. Quiere decir que si está buscando una nueva resolución es porque no se siente habilitado para automatizar el funcionamiento de la resolución anterior".

Esto es evidente, es claro; lo dijo el Canciller de la República. Esta era la posición que venía sosteniendo el Uruguay. Esto es lo que sostenía el Uruguay, según dijo el Canciller en la Comisión del Senado, en el Parlamento y frente al Parlamento. Como comprenderá, señor Presidente, rechazamos absolutamente que se nos pretenda decir ahora que porque hay dos miembros del Consejo que señalan que la Resolución N° 1441 autoriza el uso de la fuerza, Uruguay no será árbitro en esta discrepancia. En la Comisión nadie estaba pidiendo al señor Canciller interino Valles que fuera árbitro de nada. Se le estaba pidiendo que no cambiara la posición que Uruguay sostenía, que había estampado en las actas del Senado y que es la única posición absolutamente clara que corresponde frente a esto.

Que esto es una guerra innecesaria e ilegal no lo discute nadie en términos reales en el mundo; por lo menos, esta convicción la tiene todo el mundo. Además de ser innecesaria e ilegal, tiene un componente tremendamente cuestionable desde el punto de vista ético y moral, y corresponde hablar de estas cosas. La expresión de la fuerza sin la razón y el derecho que la justifiquen y la amparen, califica a la misma. En este caso en particular, uno no solo tiene derecho a hablar de la inmoralidad de esta guerra, sino que los que la llevan adelante lo obligan a uno a hablar de la inmoralidad de esta guerra, porque invocan valores fundamentales del ser humano. Hablan de la vida, de la libertad, de la independencia, y es inaceptable escuchar en silencio las tesis que se presentan en esas invocaciones: "Porque quiero defender tu vida, te mato", "Porque quiero defender la paz, te hago la guerra", "Porque quiero que tengas libertad e independencia, ocupo tu territorio". Es una contradicción grotesca. Nadie tiene derecho a invocar valores de la humanidad erigiéndose en representante de esos valores por sí y ante sí, no solo no consultando, sino además yendo en contra de la voluntad expresada de acuerdo a derecho por la comunidad internacional y violando las normas que organizan la convivencia entre los pueblos.

La cuestión de Irak y el terrorismo ha sido desacreditada, como ya dijimos, pero las características de esta guerra y la ausencia de valores reales que invoca tienen que ver con un documento histórico que me conmovió muchísimo. Me refiero a la carta de Robin Cook, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Tony Blair, Presidente de la Cámara de los Comunes, que explica las razones por las que deja el Gobierno el 19 de marzo. Dice así: "He dimitido del Gobierno porque creo que se ha violado un principio fundamental de la política exterior laborista. Si creemos en una comunidad internacional fundada en normas e instituciones vinculantes, no podemos simplemente dejarlas de lado cuando producen unos resultados inconvenientes para nosotros.- No puedo defender una guerra sin acuerdo internacional".

Más adelante dice: "La cruda realidad es que se está pidiendo a Gran Bretaña que se embarque en una guerra sin que haya acuerdo en ninguno de los organismos internacionales de los cuales somos miembro destacado. Ni en la OTAN. Ni en la Unión Europea. Ni ahora tampoco en el Consejo de Seguridad [...]. El aviso de Estados Unidos de una campaña de bombardeos que ha de 'espantar y sobrecoger'" ‑se refiere al título que, traducido, puede leerse como "conmoción y espanto" o "espanto y sobrecogimiento"; ¡miren lo que es esto!‑ "hace verosímil que las bajas se cuenten como mínimo por millares. La fuerza militar iraquí es actualmente menos de la mitad de lo que era en la última Guerra del Golfo".

Más adelante continúa: "No podemos fundar nuestra estrategia militar en que Saddam es débil y al mismo tiempo justificar un ataque diciendo que es una seria amenaza. Es probable que Irak no tenga armas de destrucción masiva en el sentido habitual de la expresión. A saber, un artefacto creíble, susceptible de ser lanzado contra objetivos urbanos concretos". Y obsérvese lo que dice: "Es probable que tenga todavía toxinas biológicas y municiones químicas para el campo de batalla". Y agrega: "Pero las tiene desde la década de 1980, época en la cual Estados Unidos vendió a Saddam los agentes de ántrax y el Gobierno británico construyó sus fábricas de productos químicos y de municiones". Más adelante pregunta: "¿Por qué es tan urgente ahora emprender una acción militar para eliminar una capacidad militar que lleva allí 20 años y que nosotros hemos ayudado a crear? ¿Y por qué es necesario ir a la guerra esta semana, si la ambición de culminar su programa nuclear" ‑se refiere al régimen de Saddam Hussein‑ "se ve frustrada por la presencia de los inspectores de la ONU?".

La verdad es que esto es una crudísima descripción de la inmoralidad de una guerra. Si hay alguna guerra que merece un calificativo de esta naturaleza ‑creo que todas lo merecen‑, esta es, por definición, una guerra inmoral.

A ello se le pueden agregar algunas reflexiones. Existen convenios internacionales no votados por la primera potencia mundial que está protagonizando, con la ayuda de Gran Bretaña, esta guerra desatada. Estados Unidos no suscribe el Protocolo de Kyoto; Estados Unidos suscribió, no ratificó y luego retiró la suscripción del Tratado de la Corte Penal Internacional; Estados Unidos no ha votado el Protocolo de 1995, en el marco del Convenio de 1971 sobre control de armas químicas o biológicas; Estados Unidos tiene varios contenciosos con respecto a convenios relativos al control de armas de destrucción masiva y de armas nucleares. Tanto es así que en una encuesta realizada en la Europa clásica, en la Europa vieja, en la Europa Occidental ‑no en los países que integraban la vieja Europa del Este‑, después de una campaña de saturación informativa sistemática, tan intensa como no recuerda otra la historia del mundo, definiendo a Irak como la principal amenaza a la seguridad y a la paz mundial, el 87% de la opinión pública ‑escúcheseme bien: el 87% de la opinión pública‑ de países gobernados por Presidentes legitimados recientemente ‑como la Gran Bretaña de Blair, la España del Presidente Aznar, la Italia de Berlusconi‑, respondía que la principal amenaza para la seguridad y la paz en el mundo eran los Estados Unidos de América.

Para mí, y creo que para una cantidad muy grande de gente en el mundo ‑las encuestas lo dicen, por abrumadora mayoría, casi por unanimidad‑, esta es una guerra innecesaria, una guerra ilegítima, una guerra inmoral.

Antes de pasar al siguiente capítulo, con mucho gusto doy una interrupción al señor Diputado Díaz.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: con mucho gusto he dado la interrupción al señor Diputado Díaz y le contesto en términos telegráficos. Sobre esa interpretación histórica voy a hacer una referencia muy desarrollada en el siguiente capítulo de mi intervención, cuando hablaré de cómo asumir una realidad compleja en la vida del mundo, peligrosa para el derecho internacional y para todas las naciones que quieren la paz pero con dignidad.

Con respecto a la visión idílica, no es tal. Desde ya dejo constancia en la versión taquigráfica ‑no es necesario, pero viene bien‑ de que considero al régimen de Saddam Hussein como tiránico, oprobioso, violador sistemático de los derechos humanos, protagonista de verdaderos genocidios con esas repudiables armas químicas que le fueron suministradas para utilizar contra su propio pueblo, contra etnias minoritarias.

También digo que si esto es motivo para desencadenar algo así en todos los países acusados de conductas similares, de violaciones a los derechos humanos o de tener reales o supuestas e invocadas fundadas sospechas de vinculaciones terroristas, creo que estaríamos configurando la vigencia plena y absoluta de la ley de la selva. Si esto es así, salvo Irán, que tiene un sistema electoral de continuidad democrática permanente pero muy particular, en convivencia con un poder religioso muy decisivo en la toma de las principales acciones del Gobierno, prácticamente ninguno de los Estados vecinos de la región ‑aclaro, casi todos aliados de los Estados Unidos, en los que este país tiene bases militares y con los que tiene permanentemente negocios de toda índole y comparte intereses de todo tipo; precisamente ahora están atacando a Irak‑ tiene un régimen democrático. No hay casi ninguno que no haya sido objeto de denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y muchos de ellos han sido, una y otra vez, acusados de tener vínculos con el terrorismo fundamentalista islámico, a diferencia del régimen iraquí.

Nada justifica que una nación, por sí y ante sí, pretenda hacer justicia por mano propia y transformarse en la policía del mundo, barriendo con cuanta cosa se le ocurra, sin reconocer límite alguno del derecho internacional y del derecho de las naciones que habitan este planeta.

El tercer capítulo, que titulo "La agresión desatada", es muy breve. Se ha dado la confirmación del horror. Si habíamos pensado que esto iba a ser un espanto, nos quedamos cortos. Por encima de todos los horrores que sabíamos que se iban a vivir, creo que casi nadie se imaginó que el horror iba a durar tanto tiempo como está durando y mucho menos que fuera a durar más tiempo, como parece que va a durar. ¡Es una cosa espantosa!

Los cables que llegan son impresionantes. Los términos utilizados son repugnantes. Uno está asqueado de escuchar hablar de "bombas inteligentes", de "bombardeos quirúrgicos", de ver cómo las bombas inteligentes, los misiles y las operaciones quirúrgicas caen encima de las casas de la gente, en los mercados, en cualquier lado y revientan a las familias, matan a todo el mundo, pero no caen en un solo pozo petrolero. ¡Es una cosa terrible!

Una presentación increíble fue la de las primeras imágenes nocturnas del bombardeo a Bagdad que trasmitió la CNN y que llevaron a que mi hija más chica, que tiene dos años y tres meses ‑mire lo que voy a decir, señor Presidente‑ preguntara a su madre si eran fuegos artificiales. Es una presentación increíble de este tema. ¡Todos los días nos llegan imágenes así! Vimos lo que pasó con la primera bomba o misil atribuido por el Jefe de Operaciones en el terreno del Pentágono al Gobierno iraquí; también vimos los horrores de una bomba en el mercado y luego de otra. ¡No sé qué es lo que pasa!

Sobre el horror y la muerte cabe citar un cable de AFP de hace pocas horas, referido a Janabiyé ‑zona ubicada al sudeste de Bagdad‑ en el que se dice: "[...] está sembrado de cuadernos de escolares ensangrentados, de ropa de niños desgarrada, en medio de cadáveres de vacas descompuestos y malolientes que le da un aspecto desolador.[...], se aprecia el edificio central que fue pulverizado, un segundo que se encuentra calcinado y el tercero parcialmente destruido. Según un vecino, dos misiles sorprendieron a las cinco familias del lugar mientras dormían, en la noche del 29 al 30 de marzo, dejando 20 muertos, once niños, siete mujeres y dos hombres. Otras 10 personas que resultaron gravemente heridas fueron trasladadas al hospital". Más adelante agrega: "'En esta casa, cinco niños se convirtieron en antorchas vivientes por los tanques de gas que había', relató uno de los dos sobrevivientes que se preguntan aún como Dios los salvó, mientras los otros cuatro miembros de otra familia resultaron heridos". Luego dice: "Quieren que los recibamos con flores. Miren lo que le han hecho a nuestras familias".

Estas cosas que publican algunos medios de comunicación, insospechados de tener preferencias por el espantoso y repudiable régimen de Saddam Hussein, tienen que ver con otras reflexiones. Vuelvo a citar a Cook, que dice: "Si es realmente tan difícil controlar la ruta que lleva a Bagdad e intentar progresar hacia Basora, ¿qué pasará cuando estemos en Bagdad? ¿No sería mejor reconocer que debemos retirarnos?". En un duro ar­tículo periodístico, Robin Cook acusó al Presidente norteamericano y a su Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, de no saber qué hacer ahora que sus esperanzas de una capitulación rápida del régimen iraquí parecen esfumarse. Él dijo: "Nadie debería comenzar una guerra con la hipótesis de que el ejército enemigo va a cooperar. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha hecho el Presidente Bush [...] No hay forma más brutal de hacer la guerra que un sitio. La gente pasa hambre [...]. Los niños mueren". Con esto Robin Cook no se refiere a lo que ha pasado, sino a lo que va a pasar si la estrategia anunciada por Donald Rumsfeld se aplica. Donald Rumsfeld ha anunciado que va a aplicar una nueva táctica: antes de entrar en Bagdad, instalarse en el exterior de la ciudad y esperar a que las fuerzas que la defienden se rindan.

El sentimiento que uno experimenta es contradictorio; uno no sabe cómo rogar a Dios que esto termine, si pidiéndole que ilumine a Bush, a Blair y a los ciudadanos que todavía los apoyan, o pidiéndole a Hussein que se rindan cuanto antes o que se vaya. ¡No sé qué hay que hacer para parar esto! ¡Lo que uno lee es terrible! Uno escucha las informaciones de las peleas que hay entre el Gobierno de Gran Bretaña y el de Estados Unidos por las concesiones a las empresas para la reconstrucción de las cosas que la guerra destruye. No voy a hablar acerca de si la empresa adjudicada para reconstruir el único puerto del sur de Irak, destruido por la invasión en la primera fase, es del Vicepresidente... ¡Yo qué sé! Esa es una cuestión que tiene que resolverse en Estados Unidos, pero es algo terrible. Están discutiendo de quiénes van a ser los derechos para hacer los contratos con las empresas para la reconstrucción de algo que todavía no han terminado de destruir; no ya de los contratos petroleros, sino de las empresas que van a reconstruir la infraestructura de los puertos, de la caminería, etcétera, de uno de los países más ricos del mundo. ¡Si habrá para conseguir plata! Y esto no tiene nada que ver ‑olvidé contestar esto al señor Diputado Díaz‑ con el programa de ayuda y de intercambio de petróleo y alimentos. Lo que dije fue que el programa que las Naciones Unidas había estructurado para tratar de mitigar los efectos devastadores en la población de Irak debido a los bloqueos salvajes a los que ha sido sometida, era rigurosamente controlado y que el Consejo de Seguridad, tan criticado, se había ocupado estricta y celosamente de que no fuera un solo centésimo de ese programa, organizado por las Naciones Unidas, a los bolsillos del régimen de Saddam Hussein, a fin de que no fuera destinado a comprar armas o cualquier otra cosa.

Es realmente una guerra espantosa; uno tiene hasta la impresión de que Gran Bretaña está resultando un aliado molesto, como si a esta altura Estados Unidos quisiera estar hasta solo en este emprendimiento ‑estoy hablando desde el punto de vista estratégico militar y no político‑, a efectos de definir, también por sí y ante sí, sin tener que andar discutiendo con Tony Blair y con el Gobierno de Gran Bretaña, los contratos en función de esta guerra para la cual se invocaron valores humanos fundamentales de la civilización.

Quiero hacer una última reflexión sobre este capítulo y luego pasaré al final de mi intervención. Me quiero referir a la cobertura informativa de esta agresión. Si no fuera por la actitud valiente, corajuda y firme de una buena cantidad de periodistas del mundo, de todas las naciones, sería difícil que conociéramos la parte que suponemos es solo una porción de lo que allí se está viviendo. Sé que este horror lo compartimos absolutamente todos; que a nadie se le vaya a ocurrir pensar que quien habla puede tener la insensatez y hasta la falta de humanidad de pensar que no les importa a los colegas de la Cámara, por lo menos, de la misma manera que a mí, lo que está pasando; esto debe quedar absolutamente claro.

La conclusión en este capítulo es la misma que en el segundo; todo lo que dijimos sobre la guerra antes de que empezara lo reafirmamos un millón de veces más fuerte y más convencidos después que empezó. Los hechos no hacen más que confirmar el incalificable sentimiento de horror, de indignación, de impotencia y de repudio que sentimos por esta barbarie. No hay nada bueno que se pueda hacer de esta manera; absolutamente nada bueno se construye para la humanidad con esto.

El capítulo cuarto se refiere a qué hacer frente a esto. ¿Qué se puede y se debe hacer frente a esto, ante el horror de la muerte, la destrucción y la desolación humanas, ante el horror del daño a las Naciones Unidas, ante el ataque a los principios fundamentales que le dieron origen, ante la involución histórica que significa regresar del siglo XXI al XIX, pero con la tecnología de destrucción y de muerte del siglo XXI, ante los peligros de una guerra que cada vez el mundo teme que se extienda primero a todo el mundo árabe y después más allá, peligro que otros compañeros desarrollarán con datos concretos de estudios estratégicos especializados en el tema. Frente a todo esto ¿hacia dónde vamos? A un mundo que puede determinar que la teoría y la práctica de la guerra preventiva se extiendan a otras supuestas amenazas a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Pero que también puede llevar a que la práctica de la guerra preventiva se extienda a terceros países y a que, si se legitima este ejemplo práctico, a Pakistán se le ocurra aplicarlo contra la India, ¿o acaso Pakistán tiene un régimen democrático? ¿O acaso Pakistán no tiene denuncias de violaciones a los derechos humanos? ¿O Pakistán no tiene un régimen agresivo? ¿O acaso Pakistán no tiene la bomba atómica, y no la tiene para jugar a las damas? ¿Qué pasaría si a Pakistán se le ocurriera pegar un bombazo atómico a la India porque se siente amenazado, o viceversa, si lo hiciera la India porque tiene miedo y se siente amenazada por Pakistán? ¿O a Rusia con respecto a Ucrania, y viceversa, que tienen bombas atómicas? ¿O a las Coreas entre sí?

¿Qué pasaría igualmente con países que no tuvieran bombas atómicas, pero supongo que sí armas muy poderosas? En el territorio latinoamericano, si esta fuera la manera de proceder, a algún país de este continente se le ocurriría, con algún apoyo estratégico, invadir otra nación para prevenirse de posibles agresiones. ¿O acaso no hay tensiones en las fronteras entre naciones de América Latina que constituyen un peligro potencial de conflictos gravísimos, con una acumulación de armamento terriblemente peligrosa, como está ocurriendo en el entorno colombiano, debido al tremendo problema del terrorismo, del narcotráfico y de los problemas internos que se están dando en esa nación?

Nos quedan dos opciones. Una de ellas es la vía del pragmatismo, sin anclaje en valores ni en principios, que implica la legitimación por el acuerdo, el silencio cómplice, la comprensión, la resignación, el cálculo, la especulación y su inevitable consecuencia: la descapitalización política ineludible y la descapitalización ética de quien elija ante su propio pueblo una opción de esta naturaleza ‑que es lo más importante de todo‑, pero también ante la potencia poderosa que se pretenda atender, lo que termina habitualmente saliendo mal en los cálculos. Me refiero a la consecuencia de quedarse con un mundo regulado por un edificio institucional vacío de contenido real. De aquí en más, si no salimos en su defensa real, solo podrá funcionar cuando la potencia hegemónica quiera, con organismos que serán citados solo cuando el poder hegemónico quiera, para tratar los temas que el poder hegemónico quiera y en la oportunidad y el tiempo en que el poder hegemónico quiera. Eso es lo que ya está pasando, cuando se difunden al mundo entero documentos, con papeles o sin ellos, trasmitidos de manera oficial u oficiosa, en los que se les trasmite a las naciones que una convocatoria a la Asamblea General será tomada como un acto contra Estados Unidos y que tal posición en el Consejo de Seguridad será considerado un acto contra Estados Unidos. Ese es el destino del edificio construido sobre la base del derecho internacional que le espera al mundo si no reacciona con toda la inteligencia posible, con toda la mesura y la prudencia que los hechos determinen, pero con la claridad, los principios y los valores que deben guiar la acción en el escenario mundial.

Esto tendrá otras consecuencias. Adoptar un camino de estos implica, para el Uruguay, abandonar en términos dramáticos la política exterior de Estado que reconoció permanentemente ejemplos en esta materia, y significa adoptar otra. Significaría adoptar en el mundo una postura de comprensión frente a la acción ilegal; de neutralidad frente a la violación del derecho; de no ser árbitro de esa violación flagrante del derecho que se ha cometido y de no señalarla; de callarnos y construir un destino nacional diferente en donde los principios no serán el anclaje de nuestra acción; en donde los valores que instrumente el organismo que organice esos principios no serán el punto de referencia guía de nuestra acción; en donde nos condenaremos a acompañar, haciéndonos cargo de la responsabilidad política, los emprendimientos que como este, en el futuro, la potencia hegemónica del mundo decida realizar en cualquier lugar del planeta.

Esto es lo que yo creo que está pasando. ¿Cuál es el otro camino que nos queda? Es el camino de la defensa de los valores y de los principios. No otra cosa que valores fundamentales son los que los hombres de la Tierra trataron de defender cuando construyeron las instituciones de la posguerra mundial, buscando regular de manera civilizada la convivencia entre las naciones. La ONU del mundo y la Unión Europea son creaciones humanas para defender la vida y la libertad de los pueblos, para que no se sigan matando entre ellos, para no seguirse matando entre los hombres y para tratar de defender la mayor libertad posible de cada ser humano y de cada comunidad nacional que conforma la base de los Estados.

En ese sentido, quisiera leer una cita del Canciller de la República, doctor Didier Opertti. Dice así: "Los Principios que inspira Naciones Unidas son en definitiva valores, porque cuando uno observa la Organización, observa que esta nació al rescate de valores fundamentales, como son la paz y la seguridad. Fue la respuesta a una catástrofe, pero luego fue la afirmación de un modo de entender el mundo internacional. La pregunta que cabe hacernos cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad en Naciones Unidas o con respecto a Naciones Unidas es: ¿esos valores son de administración exclusiva de Naciones Unidas?". Atiéndase bien lo que estoy leyendo, señor Presidente: "¿Es ella la única que tiene el deber, la obligación, la perentoriedad de consagrarlos, de obedecerlos, de ponerlos en práctica, o son también con ella y dentro de ella los Estados, que han de observar y fomentar esos valores? [...] La responsabilidad por la observancia de los valores es una responsabilidad compartida. En definitiva, no existe un centro de imputación exclusiva de valores. Los valores permean por ósmosis al conjunto de las naciones, y por cierto de las naciones a las organizaciones y de estas a las naciones". Más adelante expresa: "[...] es evidente que la responsabilidad por la paz y la seguridad, la preservación a través de tomas de decisión adoptadas institucionalmente, es de las Naciones Unidas. Pero son los Estados los que tienen básicamente la obligación de observar ese código que Naciones Unidas preserva en el nivel de la comunidad internacional, y que cada uno debe preservar al interior de su respectiva jurisdicción y en relación a la acción fuera de fronteras".

Y continúa: "Naciones Unidas, en definitiva, no es sino un instrumento, no es sino un escenario adoptado por los países. Las Naciones Unidas tienen una vida que proviene y nace de la toma de decisiones de sus órganos, pero en definitiva quienes inspiran esa voluntad y ese poder de decisión son los Estados. Y los Estados tienen aquí una suerte de vademécum de referencia del cual no pueden sustraerse, que es ese código de conducta internacional adoptado en la Carta de San Francisco. Y ese código de conducta internacional no tiene un solo veedor, un solo tutelador, un solo guardián. Cada Estado es también o debe ser guardián de ese propio código tutelador. Para que Naciones Unidas no sea la suma de las patologías asociadas en conductas erráticas o imprevisibles infractoras de la Carta [...]".

Esta definición de las Naciones Unidas que hace el doctor Opertti centra en dos conceptos clave una respuesta al quehacer de la hora: la defensa de valores y la responsabilidad que los Estados tienen para que las Naciones Unidas tengan el sustento de los valores que le dieron su propia vida y su propia existencia. Esta reflexión es clara, es la guía. Si los Estados nacionales no salen al rescate del edificio institucional sobre el cual se regulaba la convivencia entre naciones, grotescamente dañado por estas decisiones, nadie puede hacerlo. No hay nadie que lo haga por nosotros; no hay nadie, señor Presidente. Y si no lo hacemos, nos vamos a condenar al papel que señalaba en la primera opción: el pragmatismo sin anclaje en los valores.

Hasta ahora, Uruguay no ha hecho otra cosa que recorrer el camino que he relatado. Antes de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría y después de la Guerra Fría, Uruguay ha recorrido este camino. Ha recorrido este camino en circunstancias dificilísimas.

El mismo pequeño país, Uruguay, hizo lo que relata el Canciller Opertti cuando decía: "Casi nadie recuerda que cuando se produce el ingreso de fuerzas militares en Panamá, el Consejo Permanente de la OEA rechaza ese acto como una acción unilateral producida por los Estados Unidos. Era yo entonces Embajador, y allí el Consejo Permanente ‑que me tocaba presidir‑ no convalida ese acto". Era el mismo Uruguay, la misma pequeña nación, defendiendo valores, aplicando principios frente a la misma potencia hegemónica.

Ya en ese momento el Pacto de Varsovia estaba disuelto en términos prácticos; el COMECON no era más que una formalidad que se derrumbaba en esos tiempos; ya la perestroika de Gorbachov estaba en proceso de liquidación de la vieja Unión Soviética; Estados Unidos tenía todo ese gigantesco poder militar de la época y Uruguay salió a decir, presidiendo el Consejo Permanente de la OEA, que no convalidaba ese acto unilateral contrario a derecho. No es que no se animaba a ser árbitro de una discusión; o que si le preguntaban a Estados Unidos, Estados Unidos iba a generar unanimidad en el Consejo Permanente para decir que era legal su acción de invasión militar. Es impresentable ese argumento.

Esto es lo que dice el doctor Opertti sobre el tema: "[...] ese acto estaba dirigido a obtener la detención de una figura que nadie defendía en términos personales o en términos de otra naturaleza ‑el General Noriega‑, pero que ponía en juego la integridad de una nación que estaba siendo objeto de una invasión simplemente para producir la detención de esa persona. Jamás quizás se dispuso en el mundo de un aparato militar más poderoso y más sofisticado para detener a una persona que en ese instante. La OEA no convalida ese acto, la OEA sale al cruce de ese acto y hace un pronunciamiento de rechazo".

Quien promueve eso es un pequeño país que en esa época ya era tan pequeño como ahora porque, que yo sepa, la mayor trayectoria histórica no aumenta el territorio ni hay ningún otro factor material que lo agrande.

Hay otro ejemplo concreto, mucho más importante y trascendente, y más cercano en el tiempo. Me refiero al tema de la guerra de los Balcanes. Aquí el escenario son las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, el Canciller Opertti, de este pequeño país, que tenía el mismo tamaño que ahora y que antes, decía: "Quizá pudiéramos discutir ese tema" ‑se refería a una interpretación del ar­tículo 53 de la Carta‑ "pero en todo caso lo que no podemos discutir, lo que no admite a nuestro juicio dos opiniones ‑no por dogmatismo sino por imperio de la norma‑ es que no es un grupo de Estados el que puede por sí y ante sí decidir si allí se dan las condiciones para intervenir". En esa época la doctrina invocada era otra: era la doctrina de la intervención humanitaria. No tenía nada que ver la doctrina en juego, pero era la respuesta al concepto de que ni un Estado ni un grupo de Estados, por más poderosos que sean, pueden decidir por sí y ante sí, violando las normas del derecho internacional, intervenir en otro país.

Frente a ese hecho también histórico en el mundo, el doctor Opertti se preguntaba cuáles son nuestros seguros, qué nos preserva nuestra identidad nacional, en nuestra vocación de pueblo independiente, soberano, con perfiles propios. Y se respondía: "El respeto por el Derecho". No existe ninguna otra garantía. Y continúa: "El Derecho es el escudo de los débiles ha dicho Gamio; yo diría que es el escudo de los débiles y también el de los fuertes, porque los fuertes solo son fuertes si obedecen al Derecho". Más adelante expresa: "Es probable que el Consejo de Seguridad" ‑seguimos en el tema de los Balcanes y de Kosovo‑ "se vuelva a ocupar del asunto. Es probable que haya alguna resolución más del Consejo y que China y Rusia no utilicen el veto. Pero también pensamos" ‑escuche bien, señor Presidente‑ "que si Naciones Unidas, en su próxima Asamblea General, no es capaz de recuperar" ‑entiéndase bien lo que decía el doctor Opertti: era una decisión unilateral no solo de Estados Unidos; era de Estados Unidos y de todos los poderosos miembros de la OTAN juntos‑ "un discurso de reivindicación del Derecho por sobre la fuerza, habrá traicionado el espíritu de sus creadores y la letra de su Carta. Y de ello va a depender en gran medida la suerte de aquellos Estados que hoy ven en ese espejo internacional, no un juego de poderes sino una articulación de pensamiento. Por eso me parece que este debería ser un tema que puertas adentro de esta Universidad y de otras, puertas adentro de este país, y de otros, puertas adentro de esta región y de otras, se convirtiera en una clara señal de opinión pública. Creo que ningún Estado se puede substraer a ella, ningún grupo de Estados puede desconocerla. Me alarma un Alain Touraine defendiendo la acción de la OTAN en Le Monde, pero me reconforta un Carlos Fuentes repudiándola. Yo creo en eso". Así terminaba diciendo el señor Opertti.

¿Es o no es una tradición nacional esto que acabo de decir? ¿Es o no es un pilar fundamental de la política de Estado que identificó al Uruguay, este tipo de posiciones? ¿Han sido o no ejemplos de dignidad los que ha dado el Uruguay al mundo en la defensa de valores y de principios? Y sobre esa base ha construido el capital político que citábamos al inicio de esta intervención, según dijera el primer Canciller democrático de la etapa posdictadura, el contador Iglesias, hoy Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál es el camino? Ese que está señalado, el que ya hemos recorrido con el apoyo de todos los partidos y también con el apoyo de toda la opinión pública y de la nación, que sabe perfectamente entender las modulaciones del lenguaje diplomático, porque es por lo menos igual de culta que nosotros, los dirigentes de un Parlamento o los miembros de un Poder Ejecutivo. Cualquier uruguayo es por lo menos igual de culto, de inteligente, y capaz de entender y descifrar cuestiones de concepto y cuestiones de palabras.

¿Por qué Uruguay hacía esto? Lo hacía porque era la manera de mantener una identidad nacional. Lo hacía porque era la manera de hacerse respetar en el mundo, porque no tenemos otra. Lo hacía, además, porque esa postura pagó siempre bien a la hora de luchar con mayor o menor éxito, con más o menos dificultades en la defensa de los intereses materiales.

He escuchado algunas cosas terribles de algunos periodistas y analistas políticos, que dijeron la tamaña barbaridad de que con los principios no se come. Nosotros respondemos permanentemente que con los principios se vive, que con los principios se come, que con los principios se es libre y que con los principios se puede luchar en la vida por mejorarla y hacerla más feliz. Es también una posición que muestra la voluntad de incidir, de ser protagonista en el mundo, de ser constructor de un destino.

¿Cómo venía Uruguay procesando este tema? Aquí voy directamente a la parte final. Con matices, como ya señalamos, venía procesándolo en una línea de conducta que, aunque para nosotros insuficiente por los motivos que ya explicamos en un capítulo anterior, era compatible con esta tradición. Es más: después de la declaración de guerra y del ultimátum pronunciado en el discurso del señor Presidente Bush, en declaraciones formuladas en el exterior ‑creo que en Asunción; tengo aquí las publicaciones‑ el Canciller Opertti describía en los siguientes términos la realidad del mundo: como la ley de la selva, frente a la cual teníamos que reaccionar saliendo al rescate del derecho.

La verdad es que todos estos antecedentes que obraban en el Uruguay, de acuerdo con la mejor tradición nacional, van en una dirección inversa a la de la declaración del Poder Ejecutivo que vamos a desarrollar.

La declaración fue dada a conocer de la manera que comentamos, en forma absoluta y deliberadamente inconsulta, violentando un compromiso asumido por la Cancillería en cuanto a realizar las consultas correspondientes. Su contenido nos resultó decepcionante ‑nosotros la calificamos duramente‑, constituyendo el centro de nuestro cuestionamiento, que sintetizaremos a continuación.

Esta declaración invoca principios fundamentales de la política exterior uruguaya y, frente a los hechos, luego resuelve declarar cosas que no defienden esos principios como deberían, ni honran las tradiciones nacionales.

El primer resultando es el más grave de todos. Leído del derecho y del revés, genera, no solo en nosotros sino prácticamente en todos, las mismas opiniones políticas y periodísticas, salvo las del Partido de Gobierno. Claramente, esto traslada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a las Naciones Unidas la responsabilidad de la agresión bélica desatada. No se dice una palabra ‑invito a que alguien la encuentre‑, no hay una sola letra ni un punto o una coma ‑si los puntos y comas pudieran significar algo‑ que tengan que ver con la responsabilidad de los Estados que en forma unilateral han decidido el inicio de una acción bélica en desconocimiento del derecho internacional, configurando por tanto un acto ilegítimo. Ni directa ni indirectamente hay una afirmación programática de compromiso activo en defensa de la paz. No se pide el cese de hostilidades. No se plantea el respeto de la integridad territorial del país invadido ni el retorno inmediato ‑como corresponde en este caso‑ de este tema al ámbito de los organismos competentes de las Naciones Unidas. ¡Ni qué hablar de que no se pide la convocatoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas!

Y digo, absolutamente convencido, que si las Naciones Unidas no se reúnen ahora para analizar la situación que vive el mundo, por muchísimo tiempo en el futuro, salvo que se convoque con el permiso de Estados Unidos y de Gran Bretaña para tratar los temas que Estados Unidos quiera y en la oportunidad que ese país lo desee, este organismo no va a ser convocado más. Este organismo no solo tiene el deber sino la obligación de reunirse para tratar la situación del mundo. Es clarísimo que puede y debe ser convocado con procedimientos contemplados en sus anexos reglamentarios, sencillísimos de instrumentar si existen las voluntades políticas. Y si no se reunieran las voluntades políticas, igual habría que hacer el intento porque, de lo contrario, estaríamos legitimando, con nuestra inacción y nuestra omisión, lo que está pasando en el mundo con el derecho internacional, además de los horrores de esta guerra.

El diario "El País" ‑no un diario de izquierda‑ titula de la única manera que interpretaron todos la declaración uruguaya: "Gobierno criticó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". ¿Qué otra cosa entendieron quienes escucharon y leyeron esta declaración? Por si fuera poco el texto, tan interesante como él resulta leer las preguntas. Miren las preguntas que algunos periodistas formulan al Canciller interino en la publicación de la Presidencia ‑no sé si es todo; me imagino y descuento que sí‑: "Periodista: ¿Qué visión se tiene a nivel uruguayo de la actitud de los Estados Unidos," ‑¡miren la pregunta!‑ "que un poco desoye el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y decide atacar Irak?". Diría que el periodista fue más que prudente, recatado, al decir "que un poco desoye el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y decide atacar Irak". La respuesta del señor Canciller interino Valles es muy importante. Dice: "En primer lugar, el Consejo de Seguridad finalmente no tomó posición". ¡Miren ustedes!: no tomó posición. "Esto es bien claro para todos". Me declaro absolutamente incapaz de comprender la lógica que anima estas declaraciones porque esto no tiene claridad para nadie. Y continúa: "Aquí no se está desoyendo a un Consejo que haya emitido una opinión compartida". Resulta que los reglamentos que regulan la manera en que toma decisiones un organismo de la importancia del Consejo de Seguridad de la ONU no tienen validez, aunque sean respetados, si la resolución no es compartida por todos. Quizás el Canciller haya querido decir: "que haya emitido una opinión compartida por algunos". ¡Esta respuesta es impresentable!

Aquí lo que tenemos es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no llegó a un acuerdo. Y el punto en el que no llegó a un acuerdo fue autorizar el uso de la fuerza. Por lo tanto, la resolución está vigente y quien la desconoce, desconoce el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No hay una interpretación realmente sensata que pueda sustentar lo contrario.

Después dice: "Va de suyo, va de suyo, que el Uruguay lamenta profundamente que las decisiones no se hayan tomado dentro del Consejo de Seguridad". Y bueno, ¡bárbaro!, pero ¿por qué no se dice? No solo no lo dice la declaración, sino que no lo dice la respuesta aclarativa de la declaración ante la pregunta que le hacen sobre ella. Es algo que realmente no puedo comprender del Canciller interino.

Otro periodista le pregunta al Canciller interino: "Pero no podemos olvidarnos [...] que de esta forma Uruguay estaría aceptando el concepto de guerra preventiva, entonces". Esto le pregunta el periodista; no debe ser un periodista que quiera molestar al Gobierno. Y el Ministerio declara: "Ese es un concepto que está en el debate, ese es un concepto que está en la discusión académica". ¡Por favor, señor Presidente! ¡Eso es una barbaridad! ¿Discusión académica? ¿De qué está hablando? Discusión académica habrá tenido no sé en qué academia. Discusión y pico, si quiere. Agrégueme veintiocho mil quinientas conferencias discutiendo, pero la guerra preventiva se instaló y llegó para quedarse, si no la denunciamos y no la rechazamos, si no decimos por lo menos que esto es inaceptable. ¿Qué discusión académica? ¡Están masacrando al pueblo de una nación en función de esa doctrina y dicen que es un concepto que está en el debate y que es una discusión académica! Esa no es una respuesta aceptable; absolutamente no lo es, señor Presidente. Rechazo terminantemente este tipo de afirmaciones.

SEÑOR MINISTRO INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PITA.- Le pido disculpas al señor Canciller, pero permítame terminar este concepto que es la clave de mi intervención.

Lo digo con toda sinceridad y con todo respeto; en ningún momento nadie quiere ofender a quien piensa lo contrario. Yo tengo una convicción profunda acerca de lo que está pasando. Tengo mis sentimientos y los expreso como me sale de adentro. Esta declaración, para mí, es decepcionante, es contraria a la tradición nacional, es una posición que tira por tierra la política exterior de Estado, que no respeta los principios fundamentales que la identifican, que implica un cambio de rumbo estratégico en las prioridades de la inserción de Uruguay en el mundo y que significa renunciar a la defensa de la institución y de las legitimidades en el mundo del derecho internacional. Significa renunciar a construir el mundo en el que estamos, para hacerlo distinto; significa resignarse a la unipolaridad de la hegemonía dominante y no pretender cuestionar los efectos negativos que sobre todos los países, sobre el orden internacional y en particular sobre las pequeñas naciones del mundo tiene esa unipolaridad; significa echar por tierra los conceptos construidos hasta ahora en torno a la necesidad de crear una nueva multipolaridad para tener un poco más de libertad y para tratar de sobrevivir en este mundo cada vez más hostil.

A mí me resultó indignante, y cuando digo que a mí me resultó indignante yo no estoy lanzando a nadie ningún agravio. A mí me indigna porque no considero que esta declaración interprete las mejores tradiciones del país en una situación que marca en términos profundos la vida de los seres humanos, la vida de los pueblos y de las naciones.

Realmente, no comparto esa posición. Se podrá decir cualquier cosa sobre la pertinencia de una interpelación. Respetuosamente, creo que hubiera sido una barbaridad, pensando lo que pensamos, no hacer la interpelación, más allá del resultado, que evidentemente me importa, porque yo quiero la reconstrucción de una política de Estado. Quiero rectificar el rumbo que adopta el Gobierno y quiero terminar con la apuesta a un bilateralismo excluyente, a todas luces evidente, más allá de la sistemática invocación de que no es excluyente, de que no se trata de bilateralismo y de que no se olvidan otras preferencias y otras apuestas. La práctica sistemática de los últimos tres años ha ido marcando un rumbo que no es el que nosotros queremos para el país.

Yo termino esta primera intervención, señor Presidente, sin hacer una lista de preguntas concretas pero extensas, como muchas veces suele hacerse en este tipo de casos. No me gusta hacerlo. Los cuestionamientos creo que son evidentes, ya que surgen notoriamente. Lo digo con total franqueza, pero hablando claramente: surgen de la interpelación, de esta exposición. Después debatiremos, en función de lo que nos digan, y defenderemos aspectos que no estén cubiertos, pero que surgen con claridad, sobre todo a partir de las opciones que sentimos tenemos ante nosotros. Rechazamos totalmente una que ‑creemos‑ es la que ha tomado el Gobierno y reivindicamos la otra que, a nuestro juicio, ha abandonado y que es la que interpreta mejor a la nación y a los partidos políticos de este país.

Por lo tanto, formulamos tres preguntas, cada una de ellas más que simples y escuetas, pero que ameritan respuestas categóricas, sin ambages, diferentes a las que se han dado, que ‑me parece‑ son absolutamente inadecuadas para un nivel de discusión franco y sincero, como creemos debe tener esto.

La primera pregunta, señor Presidente, es si el Poder Ejecutivo considera que esta guerra de agresión desatada unilateralmente por el Gobierno de los Estados Unidos contra la República de Irak y apoyada por el Gobierno del Reino Unido constituye un acto ilegítimo. Acá la única respuesta que se pide y exige al señor Ministro interino, señor Presidente, es que diga si considera que sí o que no. Reitero: ¿considera que esta guerra de agresión desatada unilateralmente por el Gobierno de los Estados Unidos contra la República de Irak, apoyada por el Gobierno del Reino Unido, constituye un acto ilegítimo? ¿Sí o no?

La segunda pregunta es la siguiente: más allá del lenguaje, ¿el Poder Ejecutivo está dispuesto a pronunciarse oficialmente en ese sentido? Pedimos, exigimos como parlamentarios de la oposición y Representantes de la nación ‑lo somos todos‑ que se nos responda sí o no.

En tercer lugar, ¿el Poder Ejecutivo está dispuesto a pronunciarse oficialmente pidiendo el cese de las hostilidades, la restauración de la paz y el respeto a la integridad territorial de Irak? Pedimos y exigimos una respuesta categórica, afirmativa o negativa, por sí o por no.

Es cuanto queríamos decir en esta primera intervención, señor Presidente.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: haciendo un esfuerzo muy grande de concentración en los aspectos centrales ‑diría yo‑ de la exposición de la Cancillería, quiero decir, en primer lugar ‑la interrupción que solicitaba tenía que ver con esto último‑, lo siguiente.

Relaté con claridad la discusión que tuvimos con el Canciller en el Senado. Se estaba exigiendo al Canciller ‑y leyó bien, porque leyó lo mismo que quien habla: leímos todo lo que se dijo allí‑ una respuesta frente a la invocación de la guerra preventiva que desde el punto de vista doctrinario estaba haciendo no una Cancillería cualquiera: la Cancillería que estaba presionando al Consejo de Seguridad para que votara otra resolución que le autorizara el uso de la fuerza era la Cancillería de los Estados Unidos. La señora Condoleezza Rice era quien la estaba elaborando. Y en torno a la invocación de esa doctrina se estaba justificando y anunciando que aunque no hubiera autorización, igual iban a hacer uso de la fuerza, pasando por encima del derecho internacional. Si en ese momento era perentoria una respuesta sobre el tema, ¿cómo se puede imaginar que no era necesaria una respuesta ante la inminencia de la concreción de esa doctrina en la práctica, ante la declaración de la guerra y del ultimátum, y cómo se puede imaginar que no es necesario un pronunciamiento sobre el tema después de la declaración de guerra y del ultimátum, vencido el cual se practica esa doctrina?

            (Ocupa la Presidencia el señor Representante Chápper)

Esto es inexplicable, señor Presidente. Reitero que me parece carente de toda lógica ‑lo digo nuevamente‑ lo que acaba de decir la Cancillería en esta Sala, más cuando sobre ese tema se comprometió a consultar. Hay, entonces, dos discrepancias radicales, de fondo: el incumplimiento del compromiso de la consulta y la reiteración del concepto de que no es necesario pronunciarse sobre una doctrina. Y después todavía se dice que no es necesario pronunciarse sobre la aplicación de la doctrina: ¡Por favor! Me parece de una contradicción flagrante con la lógica y el sentido común.

Con respecto al concepto de consulta, que es parte central de este cuestionamiento, creo sinceramente que todo el mundo entiende que no es de recibo el concepto de consulta al que se refiere el señor Ministro interino Valles. Consulta es pretender interpretar por sí y ante sí, en forma excluyente, el contenido de las declaraciones. ¿Cómo es posible que se entienda que cualquier definición de un Estado o grupo de Estados al margen de lo establecido por las Naciones Unidas es un acto ilegítimo ‑lo establecen las declaraciones‑ y se pretenda decir que esta declaración lo representa? ¿Cómo se entiende interpretar la posición de un partido que dice que hay que denunciar la violación al derecho internacional y convocar a la Asamblea General de la Naciones Unidas para discutir políticamente las gravísimas violaciones al derecho internacional cometidas por quienes desataron unilateralmente la guerra y, al mismo tiempo, afirmar que esta declaración la interpreta? Es clarísimo que no la interpreta. ¿Quién puede sostener lo contrario sin faltar al sentido común? ¿Cómo puede sostenerse que la declaración de la Cancillería interpreta la posición del Frente Amplio o del Partido Nacional ‑lo digo con todo respeto: ¡allá el Partido Nacional con lo que define!‑ que dice claramente que cualquier acto de un Estado o grupo de Estados, al margen de las Naciones Unidas, configura un acto ilegítimo? ¿Dónde está, entonces, la interpretación en ese particular concepto de la consulta que el Canciller dice? No, señor; no es así. Esa consulta implícita no refleja el posicionamiento que contienen esas declaraciones, señor Presidente. Y eso es objetivo; no es una cuestión interpretativa.

Con respecto al exordio de la declaración, ya lo hemos dicho: es clarísimo que nadie puede pretender, en una introducción de una declaración, invocar principios, así como en los resultandos no referirse a la flagrante violación de esos principios que se está cometiendo en el mundo. A eso nos referimos. ¿Qué sentido tiene introducir la invocación al principio de la vigencia del derecho internacional y no decir que las acciones que se están llevando adelante se realizan en contra y en desconocimiento de ese derecho por parte de quienes la realizan y no por parte de quienes las defendieron ni de la institución que trata de defenderlas, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Yo creo que esto es absolutamente claro.

En este esfuerzo telegráfico por agotar la sesión y, con todas las posiciones, votar el proyecto de declaración que vamos a presentar, digo que no es cierto, que no es así: la Asamblea General de las Naciones Unidas, como he señalado, se puede y se debe convocar. El procedimiento reglamentario lo habilita, además, en forma operativa y expeditiva. Que no se logre convocar es otra cosa, pero tiene todo un sentido político de determinación.

En la misma línea, digo que discrepar no es ofender; rechazar no es romper relaciones; denunciar no es considerar enemiga a una nación. Nadie está hablando de utilizar términos; estamos hablando de utilizar conceptos. Se insiste en una posición en la que se reitera que nosotros estamos reclamando palabras. No estamos reclamando palabras, sino conceptos bien claros, dichos de la manera que se quiera pero dichos, y actitudes en consonancia con esos dichos. Eso no está en la respuesta del Canciller.  

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PITA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: vamos a ahorrar a la Cámara la abundante serie de declaraciones y pronunciamientos de Gobiernos de América Latina, de Presidentes, que tienen como contenidos claras y explícitas definiciones de las responsabilidades de quienes han actuado de la forma como lo han hecho, iniciando esta guerra contraria al derecho, y de las consecuencias.

            Omito el discurso del Presidente Lula después del ultimátum, la declaración de Brasil con todos los contenidos del documento de la Cancillería ‑además de lo expresado por su Embajador y de las posiciones relatadas por el señor Diputado Pintado‑ y del mensaje a la nación, complementario y posterior, en distintas etapas. Son todos pronunciamientos referidos a las etapas posteriores a la declaración de la guerra, al ultimátum y al inicio de las acciones militares en la guerra de agresión.

SEÑOR SCAVARELLI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PITA.- Si es brevísimo, porque si no, incumplo el compromiso que asumí para poder terminar en hora.

            Señor Presidente: me solicita una interrupción el señor Diputado Scavarelli, que no puedo negarme a concederle.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: habría que reiterar los conceptos de la necesidad que tienen las Naciones Unidas de que los Estados, representando a los pueblos de las naciones que organizan, concurran a la defensa de la institucionalidad afectada y gravemente dañada. El Consejo de Seguridad acaba de ser objeto de un brutal golpe en contra de sus competencias, y compete a las naciones la responsabilidad de ir al salvataje del edificio institucional de las Naciones Unidas. Como lo hiciéramos en otras ocasiones, debemos hacerlo ahora.

            Omito otras referencias. Quiero señalar con claridad que todos los dichos y citas al Canciller Opertti, tanto en aquello con lo que discrepamos frontalmente ‑como el caso del compromiso no cumplido y asumido por él respecto de la consulta frente a la aplicación práctica de la doctrina de la guerra preventiva‑, como en lo que coincidimos, se refieren a la construcción de una política que tuvo continuidad y que, desde nuestro punto de vista, está siendo abandonada con estas posiciones.

            En cuanto a las afirmaciones del Canciller con respecto a que las preguntas no son necesarias, en realidad nos está diciendo que no quiere pronunciarse respondiendo a las interrogantes. Creo que el quid del asunto está en ver si las respondemos, y enfáticamente le reitero lo mismo que le dije al final de mi primera intervención: ¿se considera o no que esta guerra es ilegítima? ¿El Poder Ejecutivo está dispuesto a pronunciarse en este sentido, en el que no se pronunció? ¿Cómo podía pronunciarse antes de la guerra desatada si esta no se había producido? ¿Cuál es la lógica que se pretende invocar para decir que los pronunciamientos anteriores a la guerra implican un pronunciamiento sobre esta si aún no había comenzado? ¿Cuál es la lógica de esta respuesta?

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