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En el año 85 del siglo pasado empezamos, hoy hace 20 años, que
reclamamos ser contemplados en una ley jubilatoria Integrante de la Comisión de Asuntos Políticos y DDHH y de la Comisión Coordinadora de Crysol Muchas gracias a todas y a todos por haber concurrido a esta Asamblea convocada por Crysol para discutir en forma colectiva la temática de nuestra ley jubilatoria. La verdad es que siempre hay muchos temas y asuntos para discutir pero pensamos que en esta reunión nos debíamos concentrar básicamente en este tema, la ley jubilatoria, un asunto que a medida que transcurren los años viene adquiriendo más importancia y desde la perspectiva y la visión de las ex y de los ex presos políticos exclusivamente. Para vuestra tranquilidad, este informe que presentaremos será breve y sintético, no durará más de 15 minutos para aumentar el número de intervenciones que se hagan. Hasta hace unos días pensábamos proponer a esta asamblea un proyecto de ley para sustituir la ley 17.449. Contactos políticos que llevamos a cabo en estos días y consejos que hemos recibido, nos han aconsejado que es preferible presentar un proyecto para modificar simplemente esa ley ya aprobada porque es un camino más rápido y viable a nivel parlamentario. Por lo mismo, les presentaremos algunos criterios básicos que pensamos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de redactar un proyecto modificativo. Pensamos que debemos discutir colectivamente estos criterios, acordarlos entre todas y todos y luego encargar a los especialistas que nos asesoran la labor de plasmarlos en un proyecto. Es bueno recordar y tener presente el hecho de que hace ya 20 años que quienes hemos padecido la prisión política venimos movilanzándonos a los efectos de lograr que los años que estuvimos detenidos nos fueran computados y reconocidos como trabajados a los efectos jubilatorios. Desde la Comisión Nacional de Liberados allá por el año 85 del siglo pasado y la Comisión por el Reencuentro, inquietudes y propuestas de este tipo se las formulamos a Sanguinetti, a Lacalle, se las reiteramos a Sanguinetti en su segundo gobierno y también al Presidente Batlle que fue quien promulgó la ley 17.449 que es la que pretendemos modificar sustancialmente. No es entonces, de ahora, que planteamos este tema, hace años que venimos cinchando por este tema. Obviamente los últimos resultados electorales, no sólo nos han alegrado enormemente sino que han generado las condiciones indispensables para que también se haga justicia con todos quienes padecimos la prisión política en el país. Los criterios que presentamos ahora son el resultado de muchos meses de trabajo y de muchas compañeras y compañeros. Recogen los 20 años de experiencia acumulados trabajando en estos temas, los puntos de vista madurados colectivamente cuando se discutió la ley 17.449, incorporan también los aportes de todos aquellos que en múltiples instancias han venido contribuyendo y han sido acordadas por sucesivos plenarios de Crysol. Son criterios básicos y simples que deben ser mejorados, pensamos, en forma colectiva con el aporte de todas y todos, en esta instancia democrática. A lo mejor está demás decirlo, pero conviene aclararlo: no queremos favores ni gauchadas. Queremos una ley jubilatoria justa y digna, aprobada mediante los mecanismos constitucionales que regulan estos temas y de acuerdo a toda la normativa vigente en el país, en especial la normativa de protección y de promoción de los DDHH, considerando los antecedentes de las leyes de reposición de los funcionarios públicos destituidos, la ley 17.833 de reparación a los funcionarios públicos y todas las leyes que se relacionan con esta temática. Nuestras aspiraciones, obviamente, tienen costos económicos que no se pueden eludir. Todas las cuestiones de la convivencia social, la solución de los problemas y de todas las situaciones no pueden ser vistas solamente a luz de la lógica del “cuanto me cuesta”. Las normas legales vigentes, las consideraciones éticas, los valores democráticos y de justicia y las consideraciones políticas y sociales deben ser también consideradas y serena y justamente sopesadas. Básicamente lo que pretendemos es que los años en los cuales estuvimos detenidos nos sean computados y reconocidos a los efectos jubilatorios, sin limitaciones, sin exclusiones, incluyendo a los estudiantes, a los que no habían ingresado al mundo laboral, a los que estaban desocupados o debían trabajar en condiciones irregulares, a todos los que no fueron amparados por la ley de los funcionarios públicos. Y las fechas a tener en cuenta, deben reflejar la realidad del país: las torturas, la ilegalidad y las violaciones sistemáticas de los ddhh comenzaron mucho antes del 9 de febrero de 1973 y esto debe incorporarse. Obviamente, se cae de su propio peso, una ley jubilatoria justa y digna para las ex presas y los ex presos políticos tiene que ser una ley con características especiales porque fuimos y somos en los hechos, un grupo social específico con características propias y distintivas. Lo decimos con toda franqueza, no nos gusta la denominación que las normas jurídicas nos dan a todas y a todos. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la normativa de los DDHH, todas y todos somos “víctimas directas del terrorismo de estado” aunque nos sintamos y sigamos siendo ex presas y ex presos políticos. Este aspecto nos parece muy importante y trascendente. También jurídicamente somos los que sufrimos una violación de nuestros derechos civiles y políticos y esto debe ser tenido en cuenta. Por lo mismo los aportes que correspondan por los años que estuvimos detenidos deben ser realizados por el Estado, porque las violaciones a los ddhh las hicieron en forma sistemática órganos e instituciones del Estado. Y para probar la condición de ex presas y ex presos deben ser tenidas en cuenta, sin limitaciones, todas las pruebas, documentales y no documentales que son válidas en la jurisprudencia uruguaya. Creemos también que en la Comisión Especial Implementadora de la ley, es legítimo, necesario y positivo que haya un representante por lo menos de Crysol. Siguiendo criterios técnicos de justicia, pensamos que el ficto salarial que se tome en cuenta para el período de detención debe ser de 3 salarios mínimos nacionales al valor de 1975 actualizado por el Indice de Precios al Consumo (IPC), aproximadamente $ 15.807 de hoy. Y la tasa de reemplazo no debe ser inferior a la que se tomó para los funcionarios públicos o la vigente para otros casos especiales. Para las pensiones generadas por todos aquellos que fallecieron en el correr de estos años pensamos que debe existir un régimen que haga justicia con las postergaciones sufridas y los perjuicios y sufrimientos generados. Proponemos, además, que haya para todas las ex presas y todos los ex presos políticos una jubilación mínima. Proponemos que haya una jubilación mínima que asegure una vejez digna a todos los viejos luchadores sociales, gremiales y políticos. Simplemente reconocer y computar como trabajados los años en prisión no basta para contemplar y abarcar en toda su dimensión, en toda su complejidad, en toda su dramaticidad los daños que causó la prisión desde el punto de vista laboral y jubilatorio a todos los que la padecieron. La dictadura militar, el terrorismo de estado fue una tragedia nacional, golpeó absolutamente a todos los sectores populares y afectó a toda la sociedad. Nosotros somos un reducido y pequeño grupo. Y no reivindicamos nuestros sufrimientos. Estamos orgullosos de haber combatido y de haber luchado por la libertad, por la democracia y por haber ayudado a alumbrar en el país un horizonte progresista que también es nuestro. Y si hacemos mención de algunas cuestiones referidas a las condiciones de vida es simplemente para especificar y detallar condiciones específicas que no pueden dejar de señalarse cuando se aborda la modificación de una ley que se ajuste a nuestra especificidad. Nada más. Creemos que se debe tener en cuenta que el régimen de reclusión fue brutal y perverso. Sin excepciones, los presos y detenidos por razones políticas, ideológicas y gremiales nos vimos sometidos a las más variadas formas de tormento. La tortura física y psicológica fue un componente esencial, una herramienta básica del régimen para alcanzar sus objetivos represivos y se prolongó hasta sus últimas consecuencias en el régimen carcelario. La prisión significó para miles de uruguayas y uruguayos la pérdida del trabajo que tenían en el momento de su detención. Aparejó también la pérdida de habilidades y hábitos de trabajo, impidió el desarrollo de carreras y el crecimiento laboral. Colocó a todos los que la padecieron en una situación de inferioridad para lograr una reinserción laboral que les permitiera rehacer su vida al recuperar la libertad. Quienes contaban con menos formación profesional o técnica o provenían de sectores sociales de menos recursos y con menor capacitación fueron más vulnerables a dichos efectos. Lo mismo ocurrió con aquellos que al recuperar la libertad volvieron a sus ciudades y pueblos del interior del país. Y también le sucedió a aquellos que estaban en una edad crítica para ingresar al mercado laboral por tener más de 40 años. Los que salieron de los Penales y de los cuarteles mientras perduraba la dictadura se las vieron en figurillas para conseguir trabajo. Tenían que presentarse en los cuarteles, por lo menos una vez a la semana, para “firmar”. Debieron ocultar su pasado, inventar historias de vida, recurrir a la solidaridad (que nunca faltó) para reinsertarse laboralmente. Muchísimas veces consiguieron trabajos de poca calidad, mal pagos y hasta trabajando en negro. Por todos estos motivos que mencionamos, la gran mayoría, tenemos, sin duda, una historia laboral totalmente irregular, marcada a fuego por la experiencia vivida y por las omisiones que en materia de reinserción laboral a nivel de la actividad privada se llevó a cabo desde el primer gobierno de Sanguinetti hasta el día de hoy. A esta altura de la vida, compañeras y compañeros, a 20 años de la salida democrática, establecer una jubilación mínima es la única manera de asegurar que quienes fuimos presas y presos políticos podamos acceder a una vejez digna. Y por eso lo planteamos y lo proponemos directamente. Con respecto al monto de esa jubilación mínima, pensamos que ella debe establecerse en función de los índices de la canasta básica. A nuestro entender debe incluir Disse y el acceso a la vivienda para aquellos que por su consagración a la lucha democrática han quedado postergados y relegados. Y un elemento no menor a la hora de presentar nuestro proyecto, es tener en cuenta todas las normas legales que hoy por hoy están vigentes en nuestro país. Y decimos todas, compañeras y compañeros, porque es muy fácil olvidar, que en este país está vigente la fatídica Ley de Impunidad que no es una ley jubilatoria en sí misma pero que tuvo, tiene y seguirá teniendo efectos a nivel jubilatorio. La ley de caducidad ha permitido y permite que quienes avasallaron las instituciones democráticas, pisotearon las libertades y violaron los derechos humanos computen sus años dedicados a actividades delictivas y criminales como años de servicio. Por lo mismo, cualquier ley jubilatoria seria y justa debe contemplar esta realidad. Las condiciones jubilatorias para las víctimas en ningún caso pueden ser inferiores a las que poseen los victimarios. En caso contrario, se seguirá premiando y recompensando a los victimarios y discriminando injusta y vergonzosamente a los protagonistas populares. Un último aspecto en cuanto a nuestro proyecto y muy vinculado a lo anterior tiene que ver con el hecho de que consideramos, a 20 años de la reconquista democrática, considerando las omisiones e incumplimientos del estado uruguayo en cuanto a promover una auténtica reinserción laboral, teniendo en cuenta los efectos a nivel laboral de la prisión, lo totalmente irregular y a esta altura de la vida irreversible de la historia laboral de la gran mayoría de las compañeras y de los compañeros muchos de los cuales están desocupados, consideramos que en una ley jubilatoria debe establecerse que todas y todos debemos tener causal jubilatoria cuando se promulgue esta ley. Estos son en grandes rasgos los principales criterios que ponemos a vuestra consideración. Queremos señalar además, que pensamos que la vida nos ha mostrado que es necesario que todas y todos los ex presos políticos, sin distinciones y sin exclusiones de ningún tipo estemos unidas y unidos como lo estuvimos en los penales en los años de plomo. Que tenemos que estar organizados en forma constante y permanente. Que es necesario que exista una organización que nos cobije y nos ampare. Que es imprescindible que contemos con una organización democrática, plural, fraterna y solidaria, profundamente fraternal y solidaria que nos cobije y nos ampare a todas y a todos. Que es necesario que todos ayudemos día a día, a construir, fortalecer y desarrollar esa casa común tan necesaria para nosotros, para nuestros familiares, para la democracia y la profundización del proceso de cambios que se ha iniciado. Este es el sentido y el espíritu vivo de Crysol. Para nosotros, para los que fundaron Crysol y a quienes les rendimos hoy el tributo sincero que se merecen, para los que participan activamente desde hace años, para los que se incorporan todos los días, eso es Crysol. Aprovechamos esta instancia para exhortar y convocar a todos para que se arrimen a Crysol, a que vengan, a que se incorporen, sin prejuicios, sin temores, para que siga creciendo y desarrollándose con el aporte de todas y de todos. Por último compañeras y compañeros, le atribuimos una gran importancia al hecho de lograr a corto plazo una ley jubilatoria justa y digna. Hace ya 20 años. 20 años de injustas postergaciones. 20 años de padecimientos que involucran incluso a nuestros familiares y a los familiares de todas y de todos los que han fallecido. Sobran los ejemplos de los luchadores que están en la más mísera condición. Es imprescindible lograr una rápida modificación de la ley 17.449 que nos de tranquilidad y seguridad, una vejez digna a todas y a todos. Y las semanas que vienen, compañeras y compañeros serán decisivas para nuestras aspiraciones y debemos asumirlo con la mayor responsabilidad. De nuestra movilización, constante, permanente, masiva, junto a nuestro gobierno, junto a nuestros parlamentarios, a nuestros ministros dependerá el éxito o una nueva postergación. Nuestro gobierno ha demostrado hasta el momento sensibilidad y buena disposición para encarar esta temática. En la medida en que trabajemos y nos movilicemos todas y todos, lograremos que en el Parlamento se apruebe una ley que modifique sustancialmente la lamentable ley 17.449 en un sentido positivo. Pero tenemos que movilizarnos, todas y todos. Es ahora o tendremos que esperar otros 5 años más. Y la verdad es que la gran mayoría de nosotros no estamos en edad de aguardar otros 5 años más. Por último, terminamos este informe introductorio convocando a todas y a todos a expresar libremente, como siempre lo hemos hecho entre nosotros, nuestras ideas y propuestas. Los convocamos a criticar lo que haya de criticable en nuestra propuesta que es una propuesta de trabajo para discutir fraternalmente, entre compañeros, para elaborar un proyecto que no sea patrimonio de nadie sino de todas y de todos. Muchas gracias por vuestra atención compañeros. Que haya un buen debate. Que haya un debate creativo, enriquecedor, fraternal, amplio y positivo. Ahora, compañeros, es tiempo de cambios en todo el país. Ahora es tiempo de verdad y justicia. Creemos sinceramente que ahora es también tiempo de una Ley Jubilatoria justa y digna para todas las ex presas y todos los ex presos políticos del Uruguay. LA ONDA® DIGITAL |
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