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Documento
congreso FA: "Compromiso por el cambio para el nuevo
siglo"
La
ONDA publica en exclusiva el texto completo del documento de
actualización ideológica del Frente Amplio, elaborado por una
comisión designada por la Mesa Política de la coalición de
izquierda. Este trabajo, una vez analizado por la Mesa Política
y el Plenario Nacional, será la base de un nuevo documento que
se presentará al Congreso del Frente Amplio, que se realizará
en la primera mitad del segundo semestre de este año. El
escrito no es apoyado por la Corriente de Izquierda, que lidera
el ex edil Jorge Zabalza. Los subtítulos son de La ONDA.
Ante
un mundo que se ha modificado en las décadas transcurridas
desde su fundación, el Frente Amplio ha encarado en profundidad
un proceso de análisis e interpretación crítica de la
realidad; recogiendo experiencias y valores acumulados a lo
largo de la historia por las generaciones que nos precedieron en
la formulación de utopías, caminos y luchas por la
superación del hombre; y proyectando todo ello hacia el futuro
como horizonte hacia el cual avanzamos. Entendemos que la
actualización ideológica, al igual que la actulización
programática y estratégica, constituyen un proceso permanente
y necesario en tanto formamos parte de la sociedad -tan
cambiante como las circunstancias-, y es un proceso unitario de
pensamiento y acción en torno a los valores y principios que en
1971 motivaron la fundación del Frente Amplio.
Vivimos
un tiempo de transformaciones civilizatorias. El vertiginoso
avance científico técnico de las últimas décadas del siglo
XX ha transformando profundamente todos los aspectos de la vida
humana.
Las cambios
ocurridos en el mundo, que sin embargo no han modificado sus
realidades más hirientes; la situación por la que atraviesa
nuestro país, luego de transcurridos largos años desde la
reapertura democrática sin que se concretaran las justificadas
expectativas de los uruguayos; las crecientes responsabilidades
que la ciudadanía ha otorgado a nuestra fuerza política y los
desafíos que nos esperan por delante; así como la esencia
misma de nuestra condición de izquierda -sujeto y objeto de
cambio permanente en la búsqueda del progreso-; motivaron un
proceso de reflexión colectivo, llevado a cabo por los
frenteamplistas a lo largo y ancho de todo el país durante un año,
que tuvo como resultado las siguientes definiciones que renuevan
nuestra convocatoria a los uruguayos para construir una realidad
más justa y solidaria para las mujeres y los hombres de nuestro
país y del mundo.
El
desarrollo humano y la liberación del individuo en sociedad
como horizonte de la izquierda
Nuestra
historia nos impulsa moral y políticamente. Treinta años después
de aquel entonces los frenteamplistas reafirmamos nuestra vocación
humanista.
La
razón de ser del Frente Amplio son los hombres y mujeres de
nuestro tiempo y del tiempo por venir. Trabajamos por la plena
realización de cada uno de ellos en el marco de una sociedad
donde la plena vigencia de los Derechos Humanos en cuanto
pilares universales, interdependientes, indivisibles y en
evolución, sea una realidad cotidiana.
Creemos
que es posible construir una sociedad más humana que la actual.
Una sociedad en la que los derechos de la gente no sean
considerados mercancías; en la que el trabajo sea
efectivamente el valor sobre el cual se sustente la
supervivencia y la prosperidad de la gente; y en la cual
el Estado opere como un articulador entre los diferentes
sectores de la misma, capaz de asegurar cohesión social y
territorial, acceso universal a los servicios esenciales, y el
desarrollo de actividades que requieren inversiones de gran
alcance y a largo plazo.
Reivindicamos
también la libertad y la igualdad como nuestros principales
valores
La
libertad es la condición más fascinante de la vida humana. Sin
ella no hay paz, ni democracia, ni pueden desarrollarse
las personas.
El
compromiso con la libertad es nuestra razón de ser. Un
compromiso de emancipación colectiva basada en el respeto a
cada individuo y, simultáneamente, en el compromiso solidario
de todos.
En
lo que a la igualdad refiere, creemos que los seres humanos no
solamente han de ser iguales ante la ley, lo que ya es
importante, sino que más allá de ello han de serlo ante
la vida, lo que es más importante aún.
En
función de ello, postulamos la igualdad de oportunidades
como principio rector en la organización y funcionamiento de
una sociedad más justa y solidaria.
Reafirmamos
nuestra condición de herramienta política comprometida
con la paz , la democracia y el desarrollo sustentable.
Porque
sólo desde la política , desde los valores que le dan
sentido ético y desde la acción para hacerlos realidad, se
pueden afrontar exitosamente los desafíos del mundo actual y de
la sociedad en que vivimos para construir entre todos un futuro
mejor para nuestra generación y las generaciones venideras.
Sólo
a partir de los instrumentos políticos –partidos e
instituciones democráticas-, podremos organizar también
una convivencia pacífica, plural, tolerante e
integradora
Queremos
más y mejor democracia. Y ello pasa por mejorar los mecanismos
de información, participación y representación ciudadana.
Queremos
una sociedad plural en su mayor amplitud. El respeto a la
diversidad, de las diferencias culturales, de raza, de orientación
sexual, de las capacidades diferentes, y de la plena
igualdad entre los sexos, con pleno ejercicio de sus derechos.
Asumimos la igualdad en la diferencia como una de los desafíos
del nuevo tiempo.
Para
los frenteamplistas la ciudadanía es, con lo que ella implica
en derechos y responsabilidades, sujeto y objeto de nuestra acción.
Trabajamos
por un desarrollo sustentable, porque el crecimiento económico.
por sí solo, no implica la prosperidad de la gente.
Una
sociedad próspera es también una sociedad comprometida –
ante sí misma y ante el futuro- con los principios de
responsabilidad ecológica, que apuesta decididamente al
desarrollo de la cultura, la construcción colectiva de la
identidad nacional, y con acceso democrático a la información
y al conocimiento.
Hoy,
como ayer, expresamos nuestro irrenunciable compromiso con
los más desposeídos, que son quienes más sufren los
desvastadores efectos del llamado modelo neoliberal.
Queremos
y trabajamos por un Uruguay sin exclusiones, y por eso mismo no
somos neutrales ante las hirientes condiciones de desempleo,
pobreza, marginalidad e incertidumbre que hoy padecen tantos
compatriotas.
Fieles
a José Artigas, para quien “los más infelices” han de ser
“los más privilegiados”, el compromiso con quienes
viven en tales condiciones es la mayor riqueza del
Frente Amplio
No
nos resignamos a vivir en un mundo hegemonizado por fuerzas e
intereses que cuestionan la paz, la soberanía y la identidad de
los pueblos. Rechazamos el imperialismo, el
colonialismo y toda otra manifestación de intolerancia y
chauvinismo.
Impulsamos
una auténtica integración regional en el marco de una
Latinoamérica más unida y fuerte en la lucha contra toda forma
de violencia y contra la pobreza (que también es una forma de
violencia), y a favor de la globalización de la paz, la
democracia, la justicia y el progreso en esa patria común de la
humanidad que es planeta en el cual vivimos. Porque sólo sobre
la dignidad de los pueblos puede edificarse una auténtica
convivencia internacional.
En
tanto herramienta política del pueblo uruguayo, el Frente
Amplio es un proyecto y un proceso de progreso.
Para
vivir el presente y construir el futuro no hay
testamentos. Nuestra tradición, una tradición de la cual nos
sentimos orgullosos, no nos ata ni inmoviliza. Por el
contrario, nos impulsa a nuevos inicios en este nuevo
siglo que reclama una ilusión que le dé contenido y sentido a
la vida de los uruguayos.
Mundialización
de las oportunidades y de los problemas, globalización de la
economía e integración regional
Vivimos
en un mundo interdependiente y en el cual ninguna nación, por
poderosa que sea, puede resolver por sí sola sus
problemas o imponer a las demás su voluntad Hay una
situación internacional nueva marcada por la globalización
manifiesta en los niveles tecnológicos, de las
comunicaciones y financiero, que define las relaciones
internacionales y tiene enorme trascendencia en la evolución
interna de los países. El fenómeno de la mundialización o
globalización como se le ha dado en llamar, es un dato
gravitante de la realidad en el mundo que nos toca vivir. Supone
la progresiva transformación de la estructura de las relaciones
económicas, sociales y culturales a escala mundial en un
sistema transnacional cada vez más integrado, único y global,
en un contexto marcado por las condiciones creadas por el nuevo
esquema unipolar posterior a la caída del Muro de Berlín, y la
extensión del neoliberalismo como ideología hegemónica.
La
mundialización, globalización o internacionalización,
entendida como el proceso de acercamiento e integración de
culturas, naciones y estados, es un proceso inevitable y
conveniente y se ha dado a lo largo de la historia de la
humanidad y particularmente a partir de los siglos XV y XVI con
distintos grados de intensidad y velocidad. Ese proceso tiene
hoy dos características básicas: por un lado su extensión
y velocidad con la que se desarrolla como
consecuencia del despliegue de la revolución científico-técnica
y el desarrollo de las comunicaciones; y a su vez la relación
asimétrica en “dominados” y “dominadores” que la
caracteriza y que ha contribuido a agravar las ab desigualdades
de la sociedad contemporánea.
El
incremento sustancial del grado de mundialización se manifiesta
en mayor nivel de intercambio comercial, financiero, productivo
y tecnológico y en nuevas y más profundas formas de
relacionamiento y comunicación Ello se ha acompañado de
cambios en las políticas económicas con una hegemonía de políticas
de apertura y liberalización en los países dependientes, para
una mayor inserción y expansión del capitalismo central. El
propio desarrollo de las fuerzas productivas a llevado al
sistema capitalista a una nueva fase de “capitalismo global”
en la que se persigue mediante la recomposición de la tasa de
plusvalía, el alza de la tasa de ganancia mediante la combinación
de una profunda reconversión tecnológica -en especial en los
países centrales- y un deterioro de las condiciones de trabajo
a nivel global, y en especial, en los países dependientes. El
pensamiento neoliberal se ha “apropiado” de la globalización
a nivel ideológico. A nivel económico, el mundo se ha
convertido en la principal "unidad operativa" para el
capital financiero y las Empresas Transnacionales, produciendo
cuantiosos beneficios injustamente distribuidos. La
“globalización financiera” permite cuantiosos movimientos
de capital en forma instantánea, que ante la carencia total de
regulación, es predominantemente de carácter especulativo, en
desmedro de su orientación hacia la producción y aumentando la
vulnerabilidad de las economías nacionales. Hoy surge con
claridad que el neoliberalismo conduce a callejones sin salida,
que es inviable y que, por ende, puede ser enfrentado, contenido
y derrotado por la lucha unida de los pueblos, por una conjunción
de máxima amplitud de la izquierda unida y de los movimientos
populares y sociales. Luchar por un nuevo orden internacional más
justo reafirmando nuestra clara postura antiimperialista.
El
propio imperialismo se ha transnacionalizado y modificado. Ya no
se trata de la dominación económica y cultural de un Estado
sobre otros, sino de un conjunto de multinacionales que a través
de la concentración de poder económico y del conocimiento
científico-tecnológico, controlan y dominan los mercados
mundiales definiendo incluso las políticas de los Estados más
poderosos de la Tierra, impulsando, por supuesto, la no
intervención estatal en los mercados.
Un
orden mundial injusto, que sus beneficiarios han querido
entronizar como un pretendido “nuevo orden mundial” al que
no nos resignamos.
Crecientes
desigualdades entre países ricos y pobres; concentración del
desarrollo económico en escasas áreas del planeta y en pocas
manos mientras al mismo tiempo regiones inmensas sufren de
hambre y carencias sanitarias elementales; enormes diferencias
sociales; incapacidad para erradicar la pobreza, la marginalidad
y la inseguridad; intolerancia ante las diversidades culturales;
imposiciones militares a los más débiles, el drama ecológico
producto de la depredación del medio ambiente, y tantas otras
injusticias que presenciamos habitualmente, son las características
de ese orden de cosas al que nos resistimos y que queremos
cambiar.
No
confundimos la realidad de la globalización del mundo, con la
ideología que ha hegemonizado este proceso a un altísimo
costo.
La
liberalización absoluta de las economías, la desregulación,
las privatizaciones, la reducción del estado y del rol de la
sociedad a su mínima expresión, no son, como se pretende,
realidades inexorables propias del fenómeno de la globalización,
sino una opción ideológica que no compartimos. A nivel de la
relación entre los pueblos y naciones, se han perpetuado prácticas
imperialistas, se ha consolidado la existencia de una hegemonía
militar en el nuevo contexto unipolar post guerra fría, y
persisten términos de intercambio y un relacionamiento desigual
entre países pobres y desarrollados.
Ante
esta realidad sostenemos que otro mundo es posible y que el
desarrollo de las fuerzas productivas y la creatividad humana
puede y debe volcarse a favor de la superación del estado
actual de cosas. Otro puede y debe ser el rumbo y la orientación
del proceso de globalización mundial en curso, que minimice sus
impactos negativos y despliegue las enormes oportunidades que el
actual desarrollo de la humanidad ha alcanzado en beneficio de
las grandes mayorías del planeta. .
Nuestros
pueblos tienen ante sí la tarea de gobernar la globalización.
La mayor participación pública y de la sociedad civil
organizada en el proceso, la democratización de los organismos
internacionales, del desempeño los medios de comunicación, y
la regulación de los procesos económicos desatados,
constituyen aspectos centrales de esa reorientación.
Particularmente, el impulso de la administración democrática
del conocimiento, la información y la cultura, y de mecanismo
reguladores del control de los flujos financieros como la Tasa
Tobin u otros mecanismos aplicables a las transacciones al
contado de divisas con el objetivo de promover los movimiento de
largo plazo y la inversión productiva desalentando la
especulación, y de aumentar la autonomía de las políticas
monetarias nacionales.
Las
respuestas a las inequidades de la globalización hegemonizada
por el capital financiero y el pensamiento neoliberal, y a las
nuevas formas de la opresión y sujeción que suponen,
deben ser nacionales, regionales y mundiales. En ese sentido los
movimientos progresistas del mundo deben asumir el desafío de
pensar y actuar local y globalmente a la vez, lo que supone la
necesidad de proyectar las políticas locales a los planos
regional y mundial articulando alianzas entre países con
intereses comunes, y estrechando los vínculos con quienes
piensan igual a lo largo y ancho del planeta. La reciente
victoria de Sudáfrica y el movimiento social coordinado que lo
respaldó frente a las multinacionales del medicamento que querían
impedirle la fabricación de medicinas a bajo costo para
enfrentar el SIDA, muestra uno de los caminos que las luchas
antiimperialistas pueden tomar en este milenio recién iniciado.
A nivel político partidario, practicando y fomentando la
coordinación entre movimientos y partidos afines, y a nivel
social, vinculando los esfuerzos desarrollados a nivel de la
sociedad civil en este sentido. Los acentos internacionalistas
planteados por los movimientos populares y socialistas desde su
origen son un punto de apoyo desde dónde avanzar en este campo.
A su vez, a nivel particular, la experiencia del Foro de San
Pablo desarrollada desde 1990, y la del Foro Social Mundial
lanzada en enero de 2001, constituyen experiencias valiosas en
esa dirección que nuestra fuerza política ha alentado y
asumido con responsabilidad, pero aún resta mucho por hacer.
En
las estrategia nacionales, adquiere singular importancia la
perspectiva de la integración regional, particularmente para
los países de menor desarrollo
El
proceso de interrelación de los procesos económicos ha sido
acompañado de otro de similar importancia: la consolidación de
grandes bloques regionales en torno a la principales potencias
económicas del globo: en América del Norte, el Sudeste Asiático
y la Unión Europea. Los procesos de integración en el resto de
las regiones y países para interactuar con ellos desde mejores
condiciones de fuerza, resulta necesario y políticamente
conveniente. Debemos enfrentar este mundo de bloques con un
relacionamiento basado en la cooperación y en la unidad de América
Latina, que permita un relacionamiento de nuevo tipo con los
organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, con las grandes
transnacionales, y con la potencia hegemónica en la región
-los Estados Unidos de América-, con mayor paridad y sin
condicionamientos ni intervensionismos. El Plan Colombia es un
claro ejemplo del modo de relacionamiento entre pueblos y países
que no compartimos, en tanto supone la intromisión en los
asuntos internos de un país hermano que vulnera su soberanía y
compromete la seguridad e independencia del conjunto del
continente.
La
integración de los pueblos latinoamericanos ha sido y es un
objetivo histórico fundamental para el Frente Amplio. Concebida
con la riqueza y amplitud que el concepto supone, trasciende los
acuerdos meramente comerciales con los que se ha pretendido
identificar el programa de integración en la región. La
verdadera integración debe incluir acuerdos comerciales
pero no limitarse a ello en el marco de un proyecto global de
mayor aliento. Debe incluir, la coordinación económica y
financiera, la complementación productiva, el intercambio
tecnológico, la cooperación y emprendimiento de proyectos
comunes de investigación científica, la coordinación de políticas
de transporte y comunicaciones, el encare de problemáticas
sociales comunes y el despliegue de una integración cultural de
nuestros pueblos.
En
esta perspectiva el proyecto del MERCOSUR emprendido en 1990 por
nuestro país representa una oportunidad para el Uruguay y la
región, que aún no ha sido aprovechada en su potencialidad
debido a las orientaciones neoliberales que han prevalecido en
los gobiernos de sus países, lo que ha contribuido al franco
deterioro de las condiciones de vida en la región y ha reducido
en los hechos el proyecto de integración regional provocando su
estrechamiento, de alguna manera expresado en su propia
denominación, en tanto nuestra región no es solamente un
mercado ni puede ser reducida a ello.
El
hecho de que el MERCOSUR sea una herramienta imperfecta no
invalida la integración en sí. Por el contrario, es necesario
replantear el MERCOSUR desde una perspectiva de izquierda.
Impulsamos un proyecto de integración regional económica, pero
también social, política y cultural, para lo cual resulta
necesario desplegar nuevos esfuerzos para establecer
entendimientos y plataformas comunes con los movimientos
progresistas de la región, propiciar la institucionalización,
la democratización del proceso, y la mayor participación de la
sociedad en él.
El
ingreso mismo del país al MERCOSUR fue objeto de un amplio
debate al interior de la sociedad uruguaya, producto del
intercambio fecundo del conjunto de los actores políticos, y
constituye una apuesta estratégica asumida colectivamente por
el país que ha significado costos elevados para importantes
sectores de uruguayos. Cualquier cambio de esas definiciones o
emprendimientos nuevos en materia de integración, deben
procesarse con los mayores niveles de transparencia y amplitud
democrática sobre la base de la defensa de los intereses
nacionales; encarado sobre la base de la igualdad y reciprocidad
de los países, desde dentro del MERCOSUR, y sin aceptar
condicionamientos unilaterales que supongan la desprotección de
nuestra economía en beneficio de las más desarrolladas sin
contrapartidas que beneficien al país.
Un
acuerdo social por el crecimiento económico con progreso humano
en un modelo de desarrollo sustentable
Nunca
antes como ahora la humanidad tuvo tanta capacidad de innovarse
ni dispuso de tanta riqueza, pero también nunca antes ha sido
tan grande la diferencia entre ricos y pobres, ni ha habido
tantas expresiones de fracturas y exclusiones sociales. No ha
sido la izquierda la única o mayor responsable del actual
estado de cosas. Pero ello no la exime de la responsabilidad
histórica de elaborar e impulsar un proyecto que, como
alternativa al decadente fundamentalismo conservador, revitalice
el humanismo y ponga la economía al servicio de la gente.
Asumir en relación a ello la importancia del desarrollo económico,
del crecimiento, para lograr la superación de la calidad de
vida de la población, y la búsqueda de los caminos de diálogo
y encuentro de la sociedad en torno a ese objetivo, constituye
un desafío fundamental.
La
inmensa mayoría de los analistas coinciden en que el impacto de
las reformas estructurales de los noventa en Uruguay,
-inspiradas casi al pie de la letra en las recetas del Consenso
de Washington- se vio amortiguado, si se los compara con el
conjunto de la región. Este desempeño de las políticas puede
tener explicación en: las condiciones de entorno externo
favorable que vivió el país hasta 1998; y el vigor mostrado
por las organizaciones de la sociedad civil, que encontraron vías
de acuerdos y de movilización que frenaron los embates más
fundamentalistas de la derecha. Para dar sólo dos ejemplos:
Plebiscito contra la ley de empresas públicas de 1992 y reforma
constitucional sobre ajustes de pasividades de 1989. Esto
muestra de que si se plantean objetivos claros, de extendido
impacto existe en nuestra sociedad espacio para acuerdos que
involucren a amplios y disímiles sectores.
La
aplicación de las políticas dominantes, - que además de sus
contenidos económicos y sociales implican un modelo
institucional con signos autoritarios, no dialogante y de
imposición unilateral de resoluciones – que orientan los
innegables cambios sociales, culturales y en la base productiva,
van generando fragmentación, crisis de representación y
legitimidad de las organizaciones sociales históricas,
surgimiento de otras nuevas, repliegue hacia lo individual y
cuestionamientos a la efectividad de la acción colectiva.
El
retroceso del Estado, la sobre-exposición a los choques
externos, el desmantelamiento del aparato productivo y la crisis
de participación han ambientado el debilitamiento cada vez
mayor de las redes solidarias, de seguridad y equilibrio social.
Se destaca entre estos el fenómeno de la concentración de la
pobreza en los sectores más jóvenes de la sociedad lo que
anuncia, de no ser abordado urgentemente, una polarización de
la sociedad uruguaya de imprevisibles consecuencias.
El
pacto social, el acuerdo tras un modelo de desarrollo justo y
con futuro, implica dar cuenta de estos fenómenos, saber que si
bien el modelo de la derecha tiene todavía margen de aplicación,
no puede dar más, a no ser aumentar la deuda social y
productiva. Se le agota cada vez más rápidamente la capacidad
de generar consensos activos entorno a sus políticas.
Los
desafíos del crecimiento sustentable, de la superación de las
desigualdades, de la profundización democrática con el fin de
ampliar y profundizar la creación de ciudadanía deben ser
recogidos por un proyecto de país de amplio consenso, que al
principios del nuevo milenio le de a las grandes mayorías
esperanzas, horizontes de realización individual y colectiva;
que permita la expresión de los más débiles, que escuche a
las organizaciones de trabajadores, de productores y empresarios
con voluntad de acuerdo. Desde nuestro punto de vista la
construcción de este proyecto nacional pasa por la convocatoria
al un Acuerdo Social por el crecimiento económico con progreso
humano en un modelo de desarrollo sustentable.
La
seña de identidad central del pacto social tiene que ser la
democratización, el involucramiento de todos los sectores que
apuestan al progreso y el crecimiento con justicia. Hay que
apostar a la potencialidad del rico tejido social de
organizaciones, asociaciones, gremios, sindicatos y cámaras. Se
trata de una convocatoria totalmente amplia, sin exclusiones, en
la que cada sector deberá contribuir a los objetivos
planteados.
El
acuerdo no elimina el conflicto sino que debe generar una manera
distinta de resolverlo y de búsqueda de síntesis. Insistimos,
bajo el signo de la participación, del involucramiento y del
compromiso.
El
proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos no se puede agotar
en los temas económicos sino que tiene que incluir a aquellos
derechos sociales y culturales que construyen ciudadanía, los
que pueden dotar de sentido de desarrollo integral al mero
crecimiento productivo.
De
lo que se trata es de generar un modelo de crecimiento que
genere los consensos sociales que hoy no existen.
Por
una nueva relación entre Estado y Mercado
Los
derechos sociales y económicos de la gente y el necesario
desarrollo económico para su plena realización requieren de la
intervención pública sobre la economía para garantizar su
vigencia. La naturaleza, el rol y la gestión del Estado
adquiere verdadero sentido en relación a los objetivos
perseguidos para una sociedad y por extensión para su modelo
económico en un momento determinado. Las nuevas circunstancia
de la situación mundial y nacional suponen la necesidad de
reflexionar sobre la relación estado-mercado, redefinir su
naturaleza y su rol en nuestras sociedades, y encarar su
transformación y reforma. Pero ello debe hacerse, a diferencia
de lo que sostiene el pensamiento conservador, en función de
objetivos claros que redunden en beneficio del conjunto de la
sociedad y en definitiva, en su superación y transformación en
una nueva sociedad que garantice el desarrollo pleno de los
individuos en un marco de justicia, de igualdad y de libertad.
Es precisamente a partir de esa nueva sociedad, de ese nuevo
horizonte de valores según el cual queremos organizar nuestra
vida, que definimos qué Estado y qué servicios públicos
necesitamos y cómo gestionarlos, y en ello se fundamenta
nuestra defensa de un Estado que sea capaz de combinar
eficiencia económica y redistribución social.
Vivimos
en una sociedad donde el mercado tiene un papel importante y
debemos saber aprovechar para todos sus oportunidades,
pues la competencia en el mercado es clave para que los
ciudadanos puedan disponer de mercancías y servicios
mercantiles en cantidad, calidad y precios razonables. Pero el
libre funcionamiento del mercado no asegura que éste opere
adecuadamente. Por eso mismo, impulsamos un proceso de reforma
reguladora del mercado que evite sus frecuentes
descompensaciones y efectos desigualitarios. En nuestro proyecto
el Estado y el mercado no son incompatibles ni enemigos.
Propugnamos un mejor Estado y un mejor mercado. Ello supone un
Estado concebido actor que opera en distintos ámbitos
articulando el conjunto de la sociedad. No hay contradicción
Estado / mercado, pues mientras el Estado es un actor que opera
en distintos ámbitos, el mercado es uno de esos ámbitos en lo
que opera el Estado. Una de las funciones centrales del Estado
es evitar las prácticas monopólicas u oligopólicas que muchas
de las grandes empresas privadas producen en el mercado,
distorsionándolo o anulando los aspectos beneficiosos para los
consumidores, con el objetivo de maximizar su ganancia o su
poder.
Vivimos
en un mundo a su vez, donde se ha desarrollado una nueva área
de trabajo a nivel de la sociedad que no pertenece a la órbita
estatal ni a la de la empresa capitalista, sino a la del
conjunto de instituciones y emprendimientos sociales con fines públicos
o privados y sin fines de lucro, denominado “tercer sector”.
Modalidad que en nuestro país se ha expresado, con matices, en
mutualistas, cooperativas, clubes deportivos, Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs), fundaciones, proyectos auspiciados por
iglesias, etc. Este sector puede ser concebido como
complementario del Estado y de las instituciones regidas por la
lógica de la ganancia empresarial, razón por la cual el
relacionamiento del Estado con esta área debe ser asumido con
creatividad desde una lógica progresista y transformadora.
No
revisar y adaptar el actual modelo estatal a los nuevos tiempos
es la mejor forma de condenar al Estado a una lenta agonía.
Asumimos el desafío de reformar el modelo de Estado, tanto por
compromiso ético como porque el Estado es importante garantía
de cohesión social. La reforma del Estado no supone
inexorablemente la reducción genérica de su tamaño,
transciende este aspcto; debe orientarse a desarrollar un nuevo
modelo de relacionamiento entre el sector público y la sociedad
civil, entre el sector público y los actores económicos, y
entre el funcionario público y el ciudadano.
Nuestro
objetivo es lograr la conformación de un Estado que vele por
los derechos esenciales de la gente y reasigne recursos para dar
cumplimiento a los mismos; un Estado que gestione y controle los
sectores estratégicos de la nación; un Estado articulador,
orientador, coordinador de grupos e iniciativas, técnicamente
capacitado para ejercer el liderazgo en los emprendimientos
colectivos así como para apoyar iniciativas privadas que
apuntalen el desarrollo económico y promoverla y orientarla en
aquellas áreas que no puede o decide no ecarar en función de
sus objetivos prioritarias; un Estado regulador de la
actividad privada cuando la misma no contemple el bienestar
general, el medio ambiente o el patrimonio nacional. Un Estado
que, en definitiva, controle las áreas estratégicas vitales
para el desarrollo del país, y oriente, promueva o se asocie
con el capital privado cuando sea necesario, en función del
beneficio del país y el objetivo superior de lograr la superación
de la calidad de vida de las grandes mayorías de la sociedad.
En ese sentido las empresas públicas constituyen un patrimonio
colectivo que debe ser preservado en función de todo ello,
gestionadas con eficacia, eficiencia, y con los niveles
necesarios de control que garanticen la necesaria transparencia
al conjunto de los ciudadanos que son, en definitiva, sus únicos
“accionistas” legítimos.
Una
sociedad integrada, que no deje “nadie afuera” implica un
compromiso de todos los actores. Implica un Estado responsable,
capaz de articular políticas públicas de integración social,
de orientación de la actividad productivas, de investigación e
innovación. Un Estado dinámico que gaste con objetivo de
ayudar al desarrollo y que recaude con justicia, con fines
redistributivos e incentivando la producción. Un estado capaz
de llevar adelante políticas exteriores que defienda el lugar
del país en el mundo.
Un
Estado que deje lugar al mercado como asignado de recursos, en
forma auténtica, ayudando con regulaciones transparentes a
aquellos sectores más débiles como las pequeñas y medianas
empresas urbanas y rurales. De lo que se trata aquí es de
establecer regulaciones que habiliten la competencia y que
persigan con efectividad las prácticas oligopólicas y monopólicas,
preservando realmente los derechos de los consumidores. Hay que
generar reglas que permitan el desarrollo del sector social de
la economía, incentivando a partir de políticas crediticias,
comerciales, tributarias y de capacitación los emprendimientos
de carácter asociativo. Nuestro país cuenta con un
sector cooperativo muy desarrollado, con capacidad de propuesta
y variadas experiencias asociativas que es fundamental que
cuenten con un marco institucional que propicie su desarrollo.
Un
Estado que promueva la eficiencia y el compromiso de sus
funcionarios públicos, cambiando la práctica clientelística
para el ingreso y el ascenso; recuperando la carrera
administrativa que vincule el ascenso al desempeño y no al
tiempo transcurrido en el cargo o al favor del jerarca de turno;
recuperando el concepto de “servidor público” que, sobre la
base de un salario digno, y la participación en la planificación,
ejecución y control de las tareas en la medida de la
especificidad de cada una, comprometa a los funcionarios en el
desempeño de su tarea al servicio del pueblo, que es quien en
última instancia los contrata. Enfrentando al burocratismo, al
corporativismo, y a la corrupción que tanto daño le ha hecho
al funcionamiento del Estado y a la sociedad en su conjunto.
Educación,
tecnología, trabajo y empleo.
Una
de las características más sobresalientes de la realidad a la
que nos enfrentamos es la importancia que ha adquirido la
capacidad de innovación y el saber en el mundo contemporáneo.
Vivimos en la “sociedad del conocimiento” con las
oportunidades y los desafíos que ello supone.
La
globalización económica y el nuevo entorno tecnológico han
alterado radicalmente el propio concepto de trabajo, las formas
de producción, y ha provocado cambios profundos en la
estructura ocupacional. A su vez, el desarrollo científico y técnico
ha adquirido una relevancia estratégica y tiene implicancia
concreta en la conformación de las relaciones de poder en el
mundo y en las sociedades. Ahora como nunca el
conocimiento y la información es poder. Ello explica el
importante crecimiento de la inversión en investigación científica
y desarrollo producido en las últimas décadas del siglo XX en
los países desarrollados, encarado a nivel privado por las
empresas y a nivel público por los Estados. La capacidad de
innovación adquiere una importancia creciente en las sociedades
y en las economías por su fuerte impacto productivo e
incidencia en los aspectos cultural y social. Por tanto en la
actualidad, la consistencia del desarrollo económico y la
prosperidad de los países está cada vez más ligado a su
desarrollo tecnológico, y a la posesión de sistemas educativos
fuertes y sistemas de comunicaciones modernos y potentes.
En
esta perspectiva resulta indispensable tanto el despliegue de
políticas activas en investigación y educación y desarrollo a
nivel nacional, como la superación de las enormes diferencias
en el acceso y la distribución que en este plano existe entre
países y regiones del mundo con importantes consecuencias de
dominación y subordinación. La socialización del saber
constituye una reivindicación central en el programa de la
izquierda en el siglo XXI. Es condición elemental para la
democratización indispensable de la sociedad del conocimiento.
La
inteligencia humana y el conocimiento son en última instancia
las claves determinantes de todo progreso. Por ello, promovemos
una fuerte apuesta a la educación en todos sus niveles como
espacio fundamental para la enseñanza, el desarrollo, la
consolidación y la elaboración colectiva de los principios éticos
aplicables a toda la actividad humana. Hoy más que nunca
importa que los jóvenes aprendan y obtengan capacidades
que les habilite su desempeño laboral; pero resulta fundamental
además, que desarrollen un espíritu crítico y solidario que
los prepare para el pleno ejercicio de sus derechos, sus
responsabilidades ciudadanas, y para hacer frente a los nuevos
desafíos que un mundo en permanente transformación les depara.
Ese
peso que la educación, la investigación y el avance que la
tecnología ha adquirido, ha transformado el mundo del trabajo y
nos plantea el desafío de eliminar las dificultades y potenciar
la oportunidades que ello representa para los trabajadores. El
Uruguay no es ajeno a esas transformaciones que se manifiestan
en una peligrosa dualidad: mientras algunos sectores trabajan,
producen y consumen como nunca, otros parecen ser productiva y
socialmente excluidos para siempre, aún también de la
posibilidad de trabajar, o ven afectados su ingresos y
beneficios sociales. Asumir esta realidad para modificarla es y
será parte medular de nuestro compromiso fundamental.
En
este marco la educación ocupa un lugar clave y un papel que
debe ser privilegiando. Reafirma la importancia que la educación
ha tenido y debe tener en la sociedad. Es una necesidad vital
para el individuo, como proceso de adaptación e incidencia en
el medio físico y social, y para la sociedad como forma de
aprovechar mejor el principal recurso, el recurso humano.
La
educación debe ser un proceso permanente, porque la sociedad
implica relaciones muy diversas, complejas y cambiantes y porque
el nivel de conocimientos y técnicas requeridas se acrecienta
en la actualidad. Tenemos un sistema educativo de historia muy
prestigiosa pero que ha sido devaluado por sucesivos gobiernos
conservadores al punto de que en la actualidad no se ajusta a
las necesidades nacionales. Por tanto queremos un sistema
educativo que responda a las necesidades de nuestro pueblo.
Los
principios consagrados históricamente en las bases programáticas
del Frente Amplio en cuanto a laicidad, obligatoriedad,
gratuidad, autonomía, participación, asistencialidad, que
deben servir de base a la Educación Pública, forman el núcleo
principal de la profunda transformación del sistema que
promovemos, garantizando así el derecho fundamental de los
seres humanos a la educación. El Estado debe ser el responsable
principal de la educación permanente de la comunidad, asumir
sus compromisos ineludibles en esa área, con la preocupación
fundamental de que la enseñanza pública en todos los niveles
sea de la más alta calidad y no una enseñanza inferior
destinada a los sectores carenciados de la sociedad.
El
sistema educativo debe procurar recuperar el sentido de
identidad nacional. Las transformaciones requeridas en tanto
manifestación y práctica de la vida social, se deberán llevar
adelante con el protagonismo del conjunto de la sociedad,
especialmente de los docentes y de todos los sectores vinculados
a la educación, tomando como referencia la amplia elaboración
aportada a lo largo de los años.
La
acción educacional que llevan a cabo los organismos públicos
tiende en nuestro proyecto, a desarrollar en los educandos la
capacidad para vivir en un mundo cambiante, dinámico, con
aceleradas transformaciones culturales (técnicas, ideológicas,
políticas) incidiendo en ese mundo con creatividad y
responsabilidad, siendo capaces tanto de promover cambios como
de resistirlos cuando éstos afecten los valores
esenciales (aquellos que hacen a la solidaridad, la libertad, la
cooperación, el respeto a la individualidad) promoviendo una
nueva ética de relacionamiento social basada en el respeto a la
diversidad cultural, étnica y de género. El sistema educativo
propenderá a eliminar las discriminaciones por razones de raza,
género o condición social para que los resultados sean
realmente justos. La noción de cultura productora será una guía
firme de la enseñanza pública; ella implicará que todos sus
educandos aprendan a trabajar pensando y a pensar trabajando.
Democracia
y ciudadanía
La
profundización y la extensión de la democracia configuran en sí
mismas un objetivo fundamental para la izquierda. La defensa de
las instituciones democráticas y de los derechos que implica ha
sido y es parte esencial de nuestra propuesta, tal como ha
mostrado la historia reciente con el esfuerzo y el sacrificio
que miles de frenteamplistas brindaron para obtener su
recuperación y consolidación. El sufragio universal, el
pluripartidismo, las libertades de expresión, reunión y
asociación; las garantías de los derechos humanos; el estado
de derecho, el gobierno de las mayorías y el control de las
minorías, han sido sostenidas a lo largo de nuestra vida política.
La
profundización del sistema democrático, constituyen pilares
fundamentales: la ampliación de los canales de participación y
los mecanismos de incidencia efectiva de los ciudadanos
descentralizando el poder; la mayor democratización de los
medios de comunicación masivos, garantizando el acceso efectivo
a todos los sectores e individuos que quieran utilizarlos para
expresar sus ideas, y no sólo a aquellos que tienen poder de
compra de los espacios o los medios; la democratización de la
economía, entendida como la búsqueda de una mayor igualdad en
la distribución de la riqueza y en el poder de decisión que
ello implica. El desarrollo de los medios de producción de hoy
en día, permitiría eliminar sin mayores dificultades las
situaciones más extremas de pobreza y exclusión social a nivel
mundial; la democratización del conocimiento, mediante el
derecho a acceder a un mayor número de años de educación a
todos los individuos, y la limitación de los derechos de
propiedad intelectual individual de acuerdo a normas de uso
colectivo y a un período de tiempo limitado; la transparencia
financiera de los partidos políticos a través de la publicación
periódica de sus ingresos y egresos (detallando sus gastos en
publicidad) y la prohibición de las donaciones anónimas altas;
el control de los actos del Estado no sólo en cuanto a su forma
(legalidad), sino también en cuanto a su contenido, así como
el establecimiento del derecho de acceso a los expedientes
“habeas data”.
Reivindicamos
la política como el ámbito de resolución de los asuntos públicos
que conciernen a la sociedad en su conjunto, como espacio de
acción colectiva y de servicio. Quienes detentan mayor poder
económico y el poder político desde un punto de vista
conservador, devalúan la política como campo de acción e
incentivan la despolitización de la sociedad, porque ello les
permite afirmarse en su poder.
Asumimos
la ciudadanía como objeto y sujeto de la acción política. En
esa doble condición debemos fortalecerla renovando las bases
democráticas de la sociedad y promoviendo mecanismos que
acerquen más la política a la gente; que permitan su mayor
protagonismo en forma organizada e individual.
En
ese marco, las formas de garantizar el pleno ejercicio de los
derechos, el contrapeso de los poderes (los clásicos, pero
también otros como el de los medios de comunicación), la
transparencia de todo acto que incida sobre la ciudadanía y
–especialmente- la mejora de los mecanismos de representación
y participación popular, merecen una atención jerarquizada de
nuestra parte. En las políticas de izquierda del mundo actual
cobran cada vez mayor importancia las políticas fundadas en el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos en tanto que tales,
protagonizados en forma individual o colectiva. Desde las
audiencias públicas por problemas ambientales u otros, a los
boicots de los consumidores, a la llamada “desobediencia
civil” en distintas cuestiones, pasando por las experiencias más
innovadoras en materia de reclamos de acceso a la información o
de protección frente a la burocracia, la lucha contra la
discriminación por sexo, raza u orientación sexual.
Promovemos
la descentralización y la jerarquización adecuada del ámbito
local en tanto expresión cercana y directa de lo que es la
sociedad civil. La acción municipal, por su proximidad a los
ciudadanos, es tal vez el campo más fértil para el desarrollo
de una acción política innovadora, transparente y progresista.
Un campo en el que hemos hecho mucho y en el que aún tenemos
mucho más por hacer.
El
trabajo en todas sus formas, columna vertebral de nuestro
proyecto
Nuestro
proyecto político reconoce en el trabajo su principal
referencia. El valor de la creación productiva, del esfuerzo
innovador, son insustituibles no como componentes del
crecimiento económico sino como cimientos de un modelo de
desarrollo integral. Construir una sociedad en la que el
trabajo, en sus múltiples expresiones, sea la principal
preocupación colectiva es nuestro gran desafío.
El
trabajo estuvo en el origen del ser humano, es la base de la
organización social y por lo tanto en la base del desarrollo de
las sociedades. La historia de la sociedad es la historia de la
organización del trabajo, así como la historia de las
concepciones políticas es la historia de cómo se organizan los
pueblos para trabajar.
No
ha habido desarrollo del valor creciente del individuo y del ser
social al margen de la historia de la organización del trabajo.
El papel cada vez más importante del individuo en la historia
del desarrollo de las sociedades está íntimamente ligado al
aumento de la dignidad del trabajo y, al mismo tiempo, de la
dignidad de los trabajadores.
Las
ideas de libertad, democracia y participación estuvieron
siempre unidas a la forma y al papel que le cupo a hombres y
mujeres en la organización del trabajo.
El
trabajo, en definitiva, es un valor sobre el que se levantaron
todos los demás valores. Y por esta razón, tiene que estar en
la base de las tareas del Frente Amplio, tendientes al rescate y
la actualización de los valores ideológicos sobre los que se
asentó toda su práctica, desde sus orígenes y sus
antecedentes a la actualidad y los tiempos de cambio y de
transformaciones que se avecinan y que protagonizarán los
frenteamplistas para realzar el destino de los orientales. Ello
va unido, indudablemente, a la lucha por seguir enalteciendo el
valor del trabajo y la dignidad de los trabajadores.
En
la época actual porcentajes importantes de nuestra población
son condenados a vivir sin trabajo, sin seguridad social o sin
ingreso suficiente para sus necesidades vitales y las de su
familia. La primacía absoluta del capital sobre el
trabajo, y en particular del capital especulativo sobre el
capital productivo, nos parece absolutamente irracional y
antihumana.
La
legislación laboral debe ser actualizada de acuerdo con las
realidades económicas y sociales de nuestro tiempo y en tal
sentido se requieren urgentemente normas revitalizadas sobre
consejos de salarios, convenios colectivos, fuero sindical,
seguros, estímulo a la sindicalización y protección a los
trabajadores no organizados.
La
creación de fuentes de trabajo estable y con salario digno es
la prioridad absoluta y solamente es posible con un apoyo sistemático
y sostenido al sector productivo básico que es el único que
puede crearlos en las cantidades que se requieren.
La
seguridad social que cubre necesidades vitales del ser humano
desde el nacimiento hasta la muerte, debe ser proporcional a las
necesidades de los distintos sectores de la sociedad y no puede
ser objeto de negocio ni de especulación por parte de empresas
privadas.
La
participación de los trabajadores organizados en la dirección
de las empresas e instituciones del Estado es una garantía de
eficiencia y contralor que ha probado ser socialmente muy
conveniente.
Consideramos
que los sindicatos han sido el instrumento principal que han
tenido los trabajadores en la larga y difícil lucha por sus
derechos y, en particular, creemos que la constitución de la
central única es el mayor logro en la historia laboral de
nuestro país y de la región.
La
lucha por un país productivo y solidario está en el centro del
esfuerzo de los frenteamplistas y ello está indisolublemente
ligado a la lucha por el trabajo y por una nueva organización
del trabajo. El Frente Amplio ha tratado y trata de ser la
organización que expresa al más amplio espectro de
trabajadores y de gente vinculada al trabajo: trabajadores
manuales e intelectuales, asalariados, propietarios y vinculados
a la producción familiar, administrativos y profesionales
universitarios, los que están en actividad y los que se han
jubilado, formales e informales, del campo y la ciudad, de la
industria y del comercio... El Frente Amplio trata de expresar a
todos los orientales que, de una forma u otra están o
estuvieron vinculados al mundo del trabajo y que forman la
inmensa mayoría de la población.
El
principal objetivo del Frente Amplio es la construcción de una
nueva organización del trabajo, sobre bases solidarias y en las
que se resalte la cooperación y la exaltación de las
relaciones de iguales entre sus iguales, pues de lo que se trata
es de darle un lugar en la nueva sociedad a todos los que de una
forma u otra, ahora o en los tiempos por venir, están
dispuestos a encontrar nuevas formas de relación con el
trabajo, con la producción y el intercambio, con el comercio y
con las profesiones universitarias.
El
pleno ejercicio del derecho al trabajo y su dignidad para el
pleno desarrollo del ser humano, para su liberación de las
necesidades materiales básicas y el ejercicio del derecho al
descanso y el disfrute del timpo libre, constituye un objetivo
central de nuestro proyecto y motivo permanente de nuestro
trabajo.
El
combate de la pobreza como compromiso
ético y desafío prioritario
La
pobreza es el problema número uno de la sociedad contemporánea.
Siempre hubo desigualdades en la sociedad humana, pero nunca han
sido tan aberrantes como las que se dan hoy entre ricos y
pobres, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Se ha
desarrollado el fenómeno de la exclusión social como realidad
que castiga a un numero creciente de personas. En nuestro país,
como agravante, la pobreza afecta fundamentalmente a los niños
y por tanto al futuro de la sociedad. Descuidarla ahora no
implica solamente traumatizar el presente sino también y más aún
comprometer el porvenir. Un futuro ya comprometido por la
creciente emigración de jóvenes uruguayos que buscan las
oportunidades que aquí no se dan fuera de frontera.
Se
pueden utilizar varios criterios para cuantificar la pobreza.
Todo ellos registran su dramático crecimiento. En todos los
casos la pobreza implica grandes desigualdades, ingresos
insuficientes, carencias vitales de alimentación, salud,
educación, vivienda, seguridad social y condiciones de vida
digna, deterioro biológico, psíquico, social y ambiental y algún
grado de marginación o exclusión social.
La
pobreza tiene su origen en la estructura de un sistema económico
y social esencialmente injusto y por tanto los enfoques
parciales son insuficientes y solamente un enfoque integral
puede ser eficaz. El necesario enfoque integral para enfrentarla
supone combinar políticas de empleo y de ingreso, de distribución
de la riqueza, la inversión compensatoria en los servicios públicos
básicos, participación popular y democratización de la
sociedad. Además de integral, el enfoque de la pobreza debe ser
diferencial. Se deben corregir las tremendas desigualdades de
hoy y para ello es imprescindible un tratamiento preferencial
para los sectores más carenciados, por lo menos en lo que
respecta a las necesidades vitales de salud, educación y
seguridad social. En el Uruguay de hoy esos tres sistemas
-necesarios para el ser humano desde su nacimiento hasta su
muerte- son inversamente proporcionales a las necesidades de la
gente. Los que necesitan más de la salud, de la educación y de
la seguridad social son los que tienen menos y peores servicios.
Y por tanto es absolutamente prioritario, modificarlos para que
sean directamente proporcionales a dichas necesidades.
Solucionar
el problema de la pobreza requiere también un enfoque
participativo que involucre no solamente a los afectados por el
problema sino a toda la sociedad en su conjunto. La pobreza no
tiene un origen individual sino social, y no es solamente una
cuestión económica, sino también una cuestión social,
cultural, ecológica y hasta moral. Supone sin duda también,
implementar junto al conjunto de modificaciones económicas que
impulsamos, instrumentar cambios radicales en el sistema
impositivo de modo de que no se grave a todos por igual, sino
que pague más quien tiene más, y pueda encararse las medidas
necesarias para enfrentar y erradicar la pobreza.
El
principio básico de justicia que inspira toda la política
social progresista y especialmente el tratamiento de este
problema, no es otro que el gran principio rector de la revolución
artiguista: “¡Que los más infelices sean los más
privilegiados!”
El
Frente Amplio: una fuerza política al servicio de los
uruguayos
El
Frente Amplio es una fuerza política profundamente
arraigada en el colectivo social, una herramienta de cambio y
para los cambios progresistas al servicio del pueblo uruguayo.
No nos conformamos con administrar el futuro sino que
pretendemos liderarlo, construirlo colectivamente, entre todos,
aportando nuestros valores, principios, experiencias y
esperanzas como contribución a la superación de la sociedad
uruguaya y el mejoramiento del país.
Una
fuerza política esencialmente pluralista en que confluyen
organizaciones y personas progresistas de distintos orígenes
filosóficos, ideológicos y sociales, convencidos de la
necesidad de promover e instrumentar cambios en la sociedad
uruguaya que mejoren la vida de sus gente, recogiendo de la
tradición y del ideario artiguista buena parte de su propuesta
y su vocación de lucha transformadora.
Una
fuerza política unitaria. La unidad sin exclusiones de la
izquierda en torno a un programa y la construcción de una
estructura para el trabajo común en función del objetivo
compartido, es una experiencia histórica destacada y la razón
última del crecimiento y el protagonismo adquirido por el
Frente Amplio en el Uruguay a lo largo de sus treinta años de
historia. La unidad en la diversidad ha sido un pilar
fundamental en su desarrollo.
Una
fuerza política con experiencia y vocación de gobierno al
servicio de los cambios. A partir de 1989 la ciudadanía nos
confió el gobierno municipal en la capital del país;
responsabilidad y distinción refrendada consecutivamente en los
próximos actos electorales por un número creciente de
montevideanos. Así lo quiso en el año 1989 el 34 %, en el año
1994 el 44%, y en el año 2000 el 58% de los ciudadanos
montevideanos. El Frente Amplio al frente de la Intendencia
Municipal de Montevideo ha demostrado a lo largo de una década
de que hay otra forma de gobernar. Se ha transformado
radicalmente el departamento a través de la implementación de
tres líneas rectoras del programa presentado a la ciudadanía:
la descentralización política y administrativa abriendo la
participación social y política a los montevideanos con la
intención manifiesta de compartir el poder con la sociedad y
acercar la gestión pública al ciudadano; la implementación
de un plan ambicioso de políticas sociales dirigidas a aquellos
sectores que más lo necesitan con protagonismo de la población
involucrada y articulando la experiencia acumulada en la
sociedad sobre el enfoque integral de las mismas; y la aplicación
de un plan de obras de fuerte impacto en la calidad de vida de
los montevideanos, dentro del cual se destaca la extensión del
servicio de saneamiento a prácticamente la mitad de la población
del departamento que carecía de este servicio de salubridad e
higiene ambiental básico. Junto a ello, la justicia tributaria;
la revalorización del espacio público; las políticas de
viviendas con oferta de predios para su construcción
mayoritariamente por la modalidad cooperativa; la preservación
ambiental; el apoyo a la producción en el Montevideo Rural y el
Mercado Modelo; la reforma de la gestión municipal a través
de su informatización y nuevas modalidades de gestión de los
recursos humanos y materiales; la cooperación internacional y
la apuesta al desarrollo cultural y a la construcción de un
imaginario colectivo de contenido progresista.
Hemos
demostrado en los hechos que hay otra manera de hacer política
y de gobernar. El ejercicio del diálogo y la articulación de
las diversas realidades e intereses en beneficio del interés
general, así como la transparencia en la gestión a través de
un manejo del manejo de recursos, diversos mecanismos de control
institucional y social, y la elaboración participativa del
presupuesto; son señas de identidad de su experiencia de
gobierno, que se diferencia claramente de los estilos de
gobiernos practicados con anterioridad en el país.
El
Frente Amplio es en definitiva una fuerza política que encarna
una esperanza. Expresa el anhelo creciente de los uruguayos por
construir un país más justo y solidario con oportunidades para
todos. Es por eso una fuerza política profundamente progresista
y democrática, pacífica y pacificadora, que convoca a recorrer
juntos, el camino del cambio a la uruguaya y la transformación
nacional.
Una
causa común para todos los progresistas uruguayos por un mejor
país para un nuevo siglo
Somos
una fuerza joven tenemos más sueños que recuerdos. Queremos
hacer realidad nuestros sueños y sabemos que ello sólo será
posible sobre bases de amplios y sólidos consensos políticos.
Hay
una mayoría social que cree que es posible un Uruguay mejor y
que vale la pena trabajar para construirlo. Paradójicamente, la
aplicación dogmática del modelo neoliberal conservador y los
gravísimos niveles de deterioro que han provocado en la
estructura económica y social del Uruguay, han generado las
condiciones para la concreción de acuerdos amplios para su
derrota y superación. Ha crecido drásticamente el número de
uruguayos afectados por la pobreza que a su vez afecta con más
fuerza a jóvenes y niños. Los trabajadores han sumado al
problema de la reducción de sus ingresos, del salario real,
problemas nuevos como el subempleo, el empleo precario sin
prestaciones sociales básicas, y el crecimiento a niveles históricos
del desempleo como problema central de nuestro tiempo. Las capas
medias vinculadas a la industria, las actividades del sector público
y la educación, se han debilitado enormemente. La desarticulación
del aparato productivo del país, la crisis por la que atraviesa
el agro. la industria y el comercio, han aumentado los sectores
sociales desconformes con las políticas aplicadas durante los
últimos años. Las políticas aplicadas en desmedro del
desarrollo del conocimiento y la investigación científica, han
perjudicado a los sectores de intelectuales y profesionales de
la educación. Al mismo tiempo, la carencia de políticas que
afronten la superación de esos aspectos y de la nuevas problemáticas
vinculadas a la ecológica y el deterioro del medio ambiente, la
discriminación de género, étnica o sexual, los perjuicios que
afectan los consumidores, etc., han generado el surgimiento de
nuevos actores en la sociedad civil que se nuclean en
organizaciones no gubernamentales y de distinto tipo demandando
soluciones y acciones concertadas ante esta realidad. El gran
desafío es concretar la expresión política de la creciente
voluntad de cambio en nuestra sociedad en torno a un programa de
transformaciones.
Creemos
en la necesidad de agrupar a todos los progresistas uruguayos en
torno a esa causa común. La construcción del Encuentro
Progresista como alternativa real, conformado por la confluencia
de personas y sectores provenientes de las diversas tradiciones
políticas e ideológicas del país, constituye una experiencia
realmente en este sentido, y un camino por donde caminar.
La
unidad de todos los sectores progresistas de nuestra sociedad en
torno a un programa común para cambiar el país a favor del
pueblo es la mayor conquista política de la izquierda uruguaya
y un avance revolucionario hacia los cambios.
Esa
unidad política en el marco de un pluralismo democrático
a la interna y a la externa, por encima de ideologías y
tradiciones, se articula en torno a los ejes programáticos
prioritarios definidos claramente en el otro programa presentado
a la ciudadanía: La Justicia social, a través del
desarrollo de políticas sociales integradas, de salud, educación,
vivienda y seguridad social, articuladas en torno al objetivo de
corregir las gravísimas e intolerables desigualdades de nuestra
sociedad. El País productivo, mediante la implementación de
políticas económicas (tributos, producción, comercio, inversión,
investigación y tecnología) orientadas hacia el objetivo de
apoyar al sector productivo a fin de crear fuentes de
trabajo estables. Y la democratizaciòn de la sociedad y del
Estado, con políticas hacia la cultura, seguridad,
comunicaciones, medio ambiente, gestión estatal, que
profundicen la democracia dentro del país con la mayor
participación popular, y la política internacional orientada
hacia la consecución de un orden mundial más justo.
Convocamos
a la unidad de los progresistas en base a un programa de cambios
cada vez más necesario para el país y los uruguayos, desde
nuestra experiencia de trabajo junto a los uruguayos para ello,
y en torno al compromiso con los valores esenciales de la
justicia, la libertad la solidaridad y la búsqueda del progreso
de nuestra gente; convencidos de que otro mundo es posible, y de
la necesidad de la unión de todos los progresistas para lograr
un mejor país para el nuevo siglo. LA
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