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Ex presos políticos se movilizan
molestos por contenido de ley jubilatoria
El pasado 14 de
diciembre, Crysol realizó una concentración en la explanada del
Palacio Legislativo, para expresar su disconformidad con
el proyecto de ley jubilatoria para ex presos políticos,
exiliados y militantes clandestinos, que ingresó a consideración
del Senado de la República. En la oportunidad, Crysol dio
lectura a una proclama expresando sus puntos de vista al
respecto. La misma fue leída por Gastón Grisoni a nombre de la
Comisión Coordinadora. Lo que sigue es el texto completo de la
proclama.
“Muchas gracias a todas y
a todos por haber concurrido a esta nueva instancia de movilización
convocada por nuestra organización en nuestra lucha por lograr de que en
el país haya Verdad y Justicia y una ley jubilatoria justa y digna para
todas y todos los ex presos políticos del Uruguay.
Hace 57 años, la comunidad de naciones proclamaba solemnemente que el
desconocimiento y el menosprecio de los DDHH han originado crímenes
ultrajantes para la conciencia de la humanidad.
Este mismo desconocimiento y menosprecio de los derechos iguales e
inalienables de todas las personas originó que en nuestro propio país
durante el período del terrorismo de Estado, miles de uruguayas y de
uruguayos fueran sometidos en forma sistemática, masiva y generalizada a
torturas brutales y despiadadas que condujeron a que muchos de quienes
las padecieron murieran mientras las sufrían y prueba elocuente de lo
cual son los restos óseos recientemente descubiertos y que han conmovido
a toda la ciudadanía.
Al día de hoy más de 200 compatriotas permanecen desaparecidos. Muchos
fueron asesinados en las cámaras de tortura y otros fueron directamente
asesinados con premeditación y alevosía. La verdad, toda la verdad y la
justicia necesaria e indispensable para que esos crímenes no vuelvan a
ocurrir, es un legítimo derecho de las víctimas directas, de sus
familiares y de la sociedad en su conjunto para que los sucesos del
pasado no vuelvan a reiterarse. Y la ley de Caducidad fue una ley que
impidió avanzar en ese camino y vulneró nuestros legítimos derechos.
Verdad, Justicia y Reparación son los tres pilares del accionar del
Estado para que la sociedad pueda reconciliarse en un funcionamiento
democrático que asegure el Nunca Más como lo afirmara el representante
para América Latina de la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones
Unidas, el Dr. Roberto Garretón.
En el camino de la reparación de los daños ocasionados a quienes
sufrieron las torturas, la privación de la libertad, la prisión
prolongada en condiciones inhumanas y degradantes y a los ciudadanos que
para eludirlas debieron exiliarse y para quienes sobrevivieron en la
clandestinidad durante el período dictatorial, recientemente el Poder
Ejecutivo ha enviado al Parlamento un Proyecto de Ley con propósitos
jubilatorios y pensionarios.
El proyecto de ley, a estudio de la Cámara de Senadores en la
actualidad, introduce una serie muy importante de modificaciones a la
mezquina ley 17.449 que son bienvenidas porque demuestran una
sensibilidad distinta y progresista y son el resultado de más de 20 años
de movilización al respecto. Significan un avance importantísimo en una
temática que tiene que ver con la calidad de la democracia y de la cual
depende la vejez de centenares y miles de uruguayos.
Dicho esto, nos parece importante destacar que el proyecto en cuestión,
tal como ha sido redactado y enviado al Parlamento por el Ministerio de
Trabajo, no cumple el objetivo que pretende alcanzar y tiene graves
insuficiencias que deberán ser solucionadas si se pretende hacer
justicia definitiva en este ámbito.
En primer lugar, no da una solución a la situación de centenares de ex
presos políticos que al día de hoy tienen más de 60 años y que no tienen
y no van a tener nunca 35 años, ni siquiera 20, de aportes reconocidos
aunque se les compute a los efectos jubilatorios el período transcurrido
en los cuarteles, en los centros de reclusión o en los antros
clandestinos de cautiverio de quienes enfrentamos el terrorismo de
estado.
La prisión política en Uruguay estuvo asociada a la tortura, a largos
períodos de reclusión en condiciones muy duras. Cuando recuperamos la
libertad, algunos recién en 1985, lo hicimos en condiciones de
inferioridad a nivel laboral y estigmatizados a nivel social y
empresarial, integrando listas negras que hasta el día de hoy siguen
vigentes.
En estas condiciones, con gobiernos que omitieron promover una auténtica
reinserción laboral, como correspondía, para que quienes recuperaban la
libertad pudieran reinsertarse laboral y socialmente, centenares de
sobrevivientes nunca lograron reinsertarse y desarrollar una vida
normal.
Este proyecto de ley, así como está, no ampara y no cubre a estos
compañeros y por lo mismo no hace justicia.
En segundo lugar, este proyecto de ley tampoco da solución a centenares
de compañeros que no tienen aún 60 años de edad, que no lograron
reinsertarse exitosamente a nivel laboral, que no han podido desarrollar
una vida laboral normal y regular, que han sobrevivido haciendo changas,
trabajando en la informalidad y que se encuentran desocupados hoy mismo.
A estos centenares de compañeros que todos conocemos, que no ocupan
cargos políticos de relevancia, que han sido, son y seguirán siendo
anónimos y modestos militantes de las causas del pueblo uruguayo, este
proyecto no los ampara en forma justa. No les da solución ahora y
tampoco se las dará cuando si logran sobrevivir lleguen a los 60 años
pues tampoco tendrán seguramente los aportes requeridos para obtener una
jubilación.
Hay una realidad evidente, notoria, que todos conocemos pero que se
ignora en los ámbitos de las organizaciones políticas que
individualmente cada uno de nosotros integrábamos o integramos:
reconocer y computar como trabajados los años en prisión no es
suficiente para hacer justicia a nivel previsional.
La prisión no fue solamente dejar de hacer aportes previsionales. La
prisión significó también la pérdida de los trabajos, la pérdida de
habilidades y hábitos de trabajo, impidió desarrollar carreras
laborales, cercenó el aprendizaje y el desarrollo de destrezas y
competencias y significó la reinserción en condiciones de inferioridad
frente al resto de los ciudadanos.
Si todos estos aspectos del problema no son atendidos al mismo tiempo,
es imposible aprobar una ley que haga justicia, que cierre de una vez
por todas esta herida que es un remanente de la dictadura y que afecta a
un sector importante de la sociedad.
Además, hay que saberlo, estos ciudadanos son los ciudadanos que al
momento de ser detenidos eran trabajadores, peones, changadores,
empleados, de Montevideo y fundamentalmente del interior del país.
Con este proyecto, así como está, se deja desamparados a los que más
sufrieron. Se deja desamparados a los compañeros que al sufrimiento de
la prisión agregaron el sufrimiento de veinte años sin poder ejercer su
legítimo derecho al trabajo por haber enfrentado el autoritarismo y el
terrorismo de estado.
En tercer lugar, el proyecto de ley en cuestión considera en forma
equivocada que la tortura, la privación ilegítima de la libertad y las
condiciones extremadamente rigurosas de reclusión no deben ser
consideradas ni resarcidas en un proyecto previsional.
De acuerdo a la normativa de DDHH quienes fuimos “víctimas directas del
terrorismo de estado” tenemos derecho a que, aún en el campo
previsional, estos delitos que son de lesa humanidad, que son
imprescriptibles y no pueden ser amnistiados, sean contemplados y
resarcidos.
Deben ser contemplados y resarcidos por la gravedad de ellos y por los
efectos que los mismos tienen en cuanto a disminuir significativamente
la expectativa de vida de quienes los padecieron como lo atestiguan los
trabajos científicos nacionales e internacionales y la legislación
europea para situaciones similares que están disponibles.
Estamos marcados por la vida y por la lucha, por el terrorismo desatado
al servicio del capital financiero y los sectores privilegiados: quienes
padecimos la prisión política y la tortura tenemos menores expectativas
de vida que el resto de los ciudadanos y así lo ha demostrado con un
magnífico trabajo el cro. Profesor Dr. Ricardo Elena en estos días.
A veinte años de la reinstauración democrática, cuando los
sobrevivientes sobrepasan promedialmente los 56 años de edad, cuando es
imprescindible para hacer justicia resarcir el daño original, el daño
colateral asociado y los daños emergentes por la omisión del estado en
cuanto a reparar el daño ocasionado, la solución que se impone, la más
simple, la más sencilla, la más legítima y por sobre todas las cosas, la
más justa y digna es la que propone Crysol: conceder la causal
jubilatoria en forma inmediata, cualquiera sea la edad y el número de
años de aportes reconocidos, a todas las ex presas y a todos los ex
presos políticos.
Por eso, vamos a seguir movilizándonos para que en el trámite
parlamentario que se ha iniciado, al proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo, se le introduzca un artículo que contemple esta situación y
que haga justicia con los ex presos políticos.
Vamos a movilizarnos para que se introduzca un nuevo artículo que
exprese: Al momento de promulgarse esta ley, todas las ex presas y todos
los ex presos políticos configurarán causal jubilatoria en forma
inmediata, cualquiera sea la edad y el número de años de aportes
reconocidos.
Y para evitar seguir siendo discriminados, en el mismo artículo queremos
que se establezca que el monto jubilatorio de las jubilaciones a
percibir por los ex presos políticos será similar al promedio
jubilatorio de las ex presas y de los ex presos políticos que se
jubilaron, hace 20 años, al amparo de la ley 15.783, siguiendo la lógica
de la normativa constitucional vigente.
En la propuesta que en los próximos días Crysol hará llegar al Poder
Ejecutivo, a los senadores y a todos los diputados, de todos los
partidos políticos, a la Mesa Política del FA para que colectivamente se
expida, vamos a incluir también otras modificaciones que hacen a la
justicia con los familiares de quienes han fallecido y que se refieren
al régimen pensionario que tiene, también, que ser justo y digno y que
tiene que hacer justicia con los padecimientos de 20 años.
Compañeras y compañeros: Es imprescindible conceder la causal
jubilatoria en forma inmediata para hacer justicia, para evitar que se
repita el bochorno democrático de que el Parlamento Nacional tenga que
conceder, como lo hizo hace unos días con Aníbal Sampayo, una pensión
graciable a alguien que hace más de 20 años debería haber podido
acogerse a una ley jubilatoria justa y digna.
Compañeras y compañeros como Aníbal hay, lamentable y dolorosamente,
centenares en este Uruguay. A nuestro entender, es hora de que haya
Verdad y Justicia y también en el campo previsional.
Compañeras y compañeros: los convocamos y nos convocamos a seguir
unidos, a no bajar los brazos, a seguir movilizándonos en forma
organizada y masiva para lograr nuestros objetivos.
Como decía el Gral. Seregni: una luz puntual nos espera. Sí compañeras y
compañeros: una luz puntual nos espera y unidos y movilizados la vamos a
alcanzar.
¡Claro que sí! Muchas gracias a todos”. LA
ONDA®
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